Moción relativa a la declaración de Málaga como ciudad opuesta al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP) por sus nefastas consecuencias sobre el comercio y los servicios públicos.

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MOCIÓN

Que presenta el portavoz del Grupo Municipal Málaga para la gente, Eduardo Zorrilla Díaz, y la portavoz adjunta, Remedios Ramos Sánchez, a la consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno, relativa a la declaración de Málaga como ciudad opuesta al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP) por sus nefastas consecuencias sobre el comercio y los servicios públicos.

La Unión Europea (UE) y los Estados Unidos de América (EEUU) están negociando, de espaldas a la ciudadanía y a sus representantes políticos (parlamentos nacionales y europeo) un amplio acuerdo de liberalización de comercio e inversiones, que representa un serio peligro para la democracia y la debida protección de los derechos laborales, medioambientales y de salud, anteponiendo el interés comercial de los inversores y empresas transnacionales (ETN) al interés general,
El TTIP, al perseguir la liberalización total de los servicios públicos y la apertura de prestación de los mismos a las ETN, así como a las compras y licitaciones de bienes y servicios de las Administraciones Públicas, pone en peligro todos los servicios públicos y las compras públicas, en todos los niveles de poder, y compromete la habilidad de los representantes elegidos para administrar libremente sus comunidades locales y promocionar la industria, empleo e iniciativas locales.
De este modo, las leyes del comercio priman sobre cualquier otra consideración social, e ignoran cualquier legislación continental, nacional, regional o local. Las entidades legales se encuentran ellas mismas dominadas por ajustes estructurales restrictivos debidos a los acuerdos y las políticas de libre comercio y de protección del inversor. Esta lógica desmantela los servicios públicos y suprime la libertad de los poderes locales para suministrar los servicios públicos y satisfacer las necesidades sociales de sus poblaciones, atendiendo a políticas y planes de desarrollo industrial y de fomento de la industria y empleo locales.
Las Administraciones Locales:
Al estar cerca de las necesidades de sus pueblos, tienen el deber de injerencia respecto al TTIP, y un deber de respuesta, si no quieren verse acusadas de no ayudar a la población y al planeta en peligro;
Siendo los canales adecuados para promover los servicios públicos y la industria y empleo locales, se esfuerzan para su promoción como respuesta al interés común;
Están obligadas a resolver los retos sociales, económicos y medioambientales y, consiguientemente, a defender la universalidad de los servicios públicos y la protección de la ciudadanía.
Las entidades locales desean ampliar el debate público y democrático sobre lo que está verdaderamente en juego tras este acuerdo y la suerte que correrán los servicios y compras públicos:
El comercio y la inversión solamente pueden conducir a intercambios económica y socialmente beneficiosos si respeta las necesidades humanas en todo lugar, y no se basa únicamente en el beneficio de los especuladores financieros y de las empresas multinacionales;

La eliminación programada y progresiva de los servicios públicos es al mismo tiempo la eliminación programada y progresiva de la solidaridad y la democracia;
La apertura máxima de los servicios y las compras públicas a la competencia produce efectos contraproducentes en cuanto a su accesibilidad, su calidad y su coste;
Los derechos sociales son derechos inalienables, por lo que no pueden depender exclusivamente de la lógica del mercado;
Sólo la existencia de diversos servicios públicos socialmente útiles, permite asegurar una calidad de vida digna para todos y en todas partes, en estrecho nexo con el ejercicio de la democracia;
El control público debe preservarse para garantizar el acceso a los bienes comunes y a la creación de nuevos servicios públicos, así como para favorecer la industria y empleo locales.
En atención a todo lo anterior, proponemos la adopción de los siguientes

A C U E R D O S

1º.- Instar al equipo de gobierno a que organice un debate público, donde pueda informarse sobre el contenido del mismo y expresarse las distintas posiciones respecto al mismo, con presencia de los agentes sociales y colectivos afectados, sobre las consecuencias sobre el comercio y los servicios públicos.

2º.- Declarar la ciudad de Málaga como municipio opuesto al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP), defendiendo los servicios públicos básicos para la solidaridad y redistribución social.

3º.- El Ayuntamiento de Málaga reitera su apoyo al comercio y los servicios públicos malagueños e insta al gobierno central a oponerse al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP).

4º.- Solicitar del Ministerio de Administraciones Públicas su apoyo a todas las iniciativas dirigidas a mantener el carácter público de los llamados servicios socialmente útiles.

5º.- Solicitar del Ministerio de Economía la suspensión de las negociaciones del TTIP.

6º.- Dar traslado de los acuerdos al gobierno central y a los grupos parlamentarios del Congreso.

Eduardo Zorrilla Díaz                                                                          Remedios Ramos Sánchez
Portavoz Grupo Málaga para la gente                                              Concejala Grupo Málaga para la gente

Málaga, 15 de Julio de 2015

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