Moción relativa a la aprobación de protocolos de actuación para hacer frente a los desalojos, por motivos económicos, de primeras residencias o vivienda habitual y medidas para frenar los desahucios.

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MOCIÓN

Que presenta el portavoz del Grupo Mpal. Málaga para la gente, Eduardo Zorrilla Díaz, y la portavoz adjunta, Remedios Ramos Sánchez, a la consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno, relativa a la aprobación de protocolos de actuación para hacer frente a los desalojos, por motivos económicos, de primeras residencias o vivienda habitual y medidas para frenar los desahucios.

Las políticas de vivienda son garantía de cohesión social en tiempos de crisis, una crisis que ha conllevado al aumento del paro, y con ella miles de personas en una situación límite que les impide cubrir sus necesidades básicas como el pago de su vivienda habitual. Desde que estalló la crisis, es decir, entre 2008 y el primer trimestre de 2015, se han iniciado 598.747 procesos de ejecución hipotecaria.

A pesar de las casi 600.000 ejecuciones hipotecarias iniciadas en España desde 2008, el Gobierno ha adoptado medidas insuficientes, que  no han protegido la vivienda como un derecho humano. Su alcance ha sido muy restrictivo, beneficiando únicamente a 31.500 familias. Además, las autoridades han invisibilizado la gravedad de la situación, al no ofrecer datos desagregados de cuántas personas se han visto afectadas por las ejecuciones hipotecarias ni realizar evaluaciones de impacto en derechos humanos de las políticas de vivienda, incluido el impacto de género.

En materia de vivienda y desahucios, tanto cuantitativamente como cualitativamente, no hay signos de la supuesta recuperación económica, puesto que no se ha parado ni evitado la escalada de los desahucios. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ),  entre el 1 de enero y el 31 de marzo de este año, el número de lanzamientos practicados fue de 18.869, lo que supone un incremento del 2,1 % respecto a los 18.485 del mismo periodo de 2014.

El número total de inscripciones de certificaciones por ejecuciones hipotecarias iniciadas en el primer trimestre de 2015 es de 30.952, lo que supone un 0,9% más que el cuarto trimestre de 2014. El 78,2% de las viviendas de personas físicas con ejecución hipotecaria (8.802) son viviendas habituales en propiedad. Tomando como referencia las viviendas familiares (18.363.500) existentes en España en el primer trimestre del año 2015, el 0,048% iniciaron una ejecución hipotecaria en el primer trimestre. En el primer trimestre de 2015 las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas concentran el 57,5%. El 12,9% de las ejecuciones hipotecarias en el primer trimestre son sobre viviendas nuevas y el 87,1% sobre usadas.

Los datos de Estadística muestran que el 21,1% de las ejecuciones hipotecarias iniciadas sobre viviendas en el primer trimestre corresponde a hipotecas constituidas en el año 2007, el 15,2% a hipotecas constituidas en 2006 y el 11,8% a hipotecas de 2008. El periodo 2005-2008, el del apogeo de la burbuja inmobiliaria, concentra el 58,9% de las ejecuciones hipotecarias iniciadas este trimestre

Más de la mitad de los lanzamientos o desahucios, el 52,6%, se derivó del impago de alquileres en aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU); el 43,3%, de ejecuciones hipotecarias, y el 4,1%, por otras causas. Los lanzamientos consecuencia de la LAU disminuyeron un 0,3% en términos interanuales, mientras que los derivados de ejecuciones hipotecarias aumentaron un 6%.

El informe de Amnistía internacional acusa al gobierno incumplir sus obligaciones:

“El Gobierno está incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia del derecho a la vivienda. Ni siquiera ha consultado a las personas afectadas ni a las organizaciones”, ha asegurado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. “Mientras la vivienda se siga considerando como un bien de consumo e inversión, en lugar de como un verdadero derecho humano, con obligaciones para las autoridades, no se hará frente a esta situación”, ha añadido.
En un momento de crisis económica, como el actual, es cuando las personas necesitan de una mayor protección, por esto Amnistía Internacional considera que las autoridades, además de medidas insuficientes, han adoptado otras regresivas injustificadas, contrarias al derecho internacional, como la reducción, en más del 50% del gasto público en vivienda entre 2008 y 2015.

La organización recuerda que, según el derecho internacional, existe la obligación de utilizar el máximo de recursos disponibles para garantizar el acceso al derecho a la vivienda de las personas, especialmente de las que estén en situación de mayor vulnerabilidad. Sin embargo, España cuenta con uno de los porcentajes de vivienda social más bajos de la Unión Europea, un 1,1% sólo superado por Grecia y lejos de otros como Holanda (32%), Austria (23%), Reino Unido (18%) o Francia (17%).

Además, en un país con más de tres millones de viviendas vacías, aproximadamente el 30% de todas las que existen en Europa, las autoridades de ambas comunidades y el Gobierno central no han intensificado su uso, tal y como recomendaba ya en 2008 el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a una vivienda adecuada.

Asimismo, Amnistía Internacional recuerda que la Sareb (también conocida como “banco malo” es una sociedad anónima de gestión de activos transferidos por las entidades bancarias nacionalizadas y en proceso de reestructuración) tiene en su propiedad 80.000 viviendas. La organización considera que el Gobierno debería modificar el mandato de la Sareb y promover así el uso de esas viviendas, para asegurar el acceso a las mismas de un mayor número de personas.

En momentos como estos, se tienen que encontrar soluciones inmediatas y eficaces, soluciones reales a los problemas que sufre la ciudadanía, como es la situación que se está produciendo en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en Andalucía y en todo el conjunto del Estado español, en torno a los procesos de desalojos de familias de sus viviendas habituales. Tenemos que evitar las consecuencias de la crisis que no recaigan sobre la parte más vulnerable del contrato hipotecario, las familias.

Ahora más que nunca son indispensables políticas que den garantías reales a los afectados por una situación de insolvencia, de una forma inmediata y para el futuro. Las medidas adoptadas hasta el día de hoy han sido insuficientes para resolver o paliar la situación de los deudores hipotecarios. Los ayuntamientos, como Instituciones más cercanas a la ciudadanía y conocedores de primera mano de sus problemas, no se pueden quedar de brazos cruzados.

El comportamiento de los desahucios permite comprobar el poco impacto que en cómputo global tienen las diferentes oficinas de atención a los afectados creadas por los Ayuntamientos para favorecer la renegociación con los bancos y detener los lanzamientos. Y por otro lado, demuestran que la mejoría de los datos de empleo que reflejan las estadísticas no han aliviado las economías de las familias más golpeadas por la crisis, a las que les sigue resultando igual de difícil asumir los costes de la vivienda.

El Ayuntamiento abrió una oficina para atender los casos de desahucios en el año 2012, ubicada en el edificio de Servicios Múltiples Municipales del paseo marítimo Antonio Machado, con el objetivo de garantizar una asistencia ágil a los ciudadanos que acudan a ella por estar en riesgo de ser sometidos a un procedimiento de embargo de su vivienda habitual o que se encuentren inmersos ya en el mismo.

La oficina se puso en marcha en virtud del convenio para implantar un servicio de atención a los afectados, suscrito con el Colegio de Abogados el 16 de octubre de 2012. El servicio está adscrito a la Oficina Municipal de Información al Consumidor, dependiente del Área de Promoción Empresarial y del Empleo, así como al Área de Derechos Sociales y al IMV. Pero sin llegar a ser una entidad propia, sin presupuesto ni dotada de personal más allá del que aportan las mencionadas áreas a la misma.
El artículo 47 de la Constitución Española establece que los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y exhorta a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general, para impedir la especulación.

La próxima Directiva europea sobre hipotecas, exigirá a los Estados miembros adoptar medidas para proteger a los consumidores con problemas para pagar su deuda y evitar el sobreendeudamiento.

Pero más allá de la necesidad de todos los cambios legislativos y de todas las medidas políticas y jurídicas que se tienen que realizar en el ámbito europeo, estatal y en el autonómico, no podemos estar indiferentes ante este drama que afecta a familias de nuestro municipio.

En atención a todo lo anterior, proponemos la adopción de los siguientes

A C U E R D O S

1º.- Declarar Málaga como ciudad contraria a los desalojos de viviendas familiares habituales o de primera residencia, así como iniciar un proceso para aprobar, con el correspondiente apoyo y soporte técnico, y la participación y consenso de agentes sociales, asociaciones vecinales y de consumidores, y las asociaciones de afectados por los desahucios, un protocolo de actuación para así hacer frente a los desalojos, por motivos económicos, de primeras residencias o vivienda habitual para unidades familiares.

2º.- Constituir una Comisión de Seguimiento formada por el consistorio, grupos políticos, agentes sociales, asociaciones vecinales, de consumidores, y las asociaciones que trabajan con los afectados por los desahucios, e invitar cuando se considere conveniente a los técnicos responsables, que tenga como objetivo proponer medidas a nivel municipal para garantizar el derecho a una vivienda digna.

3º.- Crear un grupo de trabajo formado por el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), la Oficina Municipal de Intermediación y los Servicios Sociales Municipales para analizar las diversas situaciones específicas generadas por los procesos judiciales de lanzamientos o desahucios, y hacer propuestas concretas de intervención, siguiendo las directrices marcadas por la comisión de seguimiento y pasando también toda la información a la referida Comisión.

4º.- Estudiar la puesta en marcha de un teléfono de atención a los afectados y de información en estos procedimientos de desahucio, así como realizar una campaña de información sobre sus derechos en los casos de procesos judiciales, y sobre sus derechos de información.

5º.- Potenciar el trabajo efectivo aumentando las funciones y presupuesto, de la oficina municipal creada para atender los casos de desahucios, de forma que amplíe su objeto más allá de una mera intermediación, con acciones para buscar alternativas que eviten desahucios por motivos económicos y para para garantizar el realojo digno de las familias afectadas, y para atender en concreto los casos de procesos judiciales de lanzamientos, así como impulsar y mejorar las funciones en esta materia del Instituto Municipal de la Vivienda y de la Oficina Municipal de Información al Consumidor.

6º.- Mejorar los protocolos de actuación de los Servicios sociales en casos de desahucios, y que se aumenten los recursos y partidas presupuestarias de gasto social destinadas a ayudas de emergencia a familias que pierden su vivienda por desahucio y se quedan en la calle sin alternativa habitacional.

7º.- El compromiso de promover de forma efectiva desde este Ayuntamiento políticas de acceso a viviendas dignas, poniendo a disposición de la ciudadanía viviendas de su titularidad, prioritariamente en régimen de alquiler social.

8º.- Acordar con las direcciones de las entidades financieras, la realización de un censo de las viviendas vacías en nuestra ciudad, fruto de un impago hipotecario y/o provenientes de un lanzamiento, y negociar también el resto del parque de viviendas no vendidas, que estén en manos de las entidades financieras y/o que tienen como titular a personas jurídicas, para poder ofrecer estas viviendas en alquiler social asequible y estudiar desde la carga en el impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) hasta la suspensión temporal de uso, según las condiciones que marque la Ley.

9º.- Solicitar a las entidades financieras que operen en Málaga la suspensión de los expedientes de desalojo y la paralización de los procedimientos judiciales en curso, para así poder buscar soluciones alternativas con la intermediación del Ayuntamiento de Málaga. Solicitar a las entidades financieras que formen parte de la Comisión de Seguimiento. Así como no contratar con las entidades que se nieguen a formar parte de esta comisión y a suscribir dicho acuerdo.

10º.- Solicitar a la SAREB un inventario de las viviendas que se encuentran en nuestro municipio para recuperarlas para el parque municipal de Vivienda Social poniéndose en alquiler para las familias más desfavorecidas e impidiendo que se vendan a “fondos buitre”.

11º.- Proponer el pertinente cambio legislativo de la normativa estatal, en materia de régimen fiscal de las entidades locales, para que en caso de transmisión de propiedad de vivienda por causa de dación en pago y /o subasta de la vivienda de primera residencia y habitual, se repercuta la deuda de pago de la plusvalía a la entidad adquirente de la vivienda.

12º.-Solicitar al Gobierno Central la modificación de la Ley Hipotecaria; un cambio legislativo urgente, que adapte el marco legal a la realidad social y que dé respuestas a las necesidades de los afectados, y que recoja la Recomendación del Parlamento Europeo aprobado en Junio del 2013, basado en el Informe sobre Vivienda Social, que pide textualmente que la normativa europea incluya procesos de renegociación de la deuda o la dación en pago para los deudores o familias en situación de quiebra.

Eduardo Zorrilla Díaz                                                                                          Remedios Ramos Sánchez
Portavoz Grupo Málaga para la gente                                                              Concejala Grupo Málaga para la gente

Málaga, 15 de Julio de 2015

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