Moción relativa a la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana que supone un retroceso inaceptable de las libertades públicas y pone en riesgo el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, e invade competencias que son propias de las Entidades Locales, como el propio Ayuntamiento de Málaga.

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MOCIÓN

Que presenta el portavoz del Grupo Municipal de Málaga para la gente, Eduardo Zorrilla Díaz, y la portavoz adjunta, Remedios Ramos Sánchez, a la consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno, relativa a la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana que supone un retroceso inaceptable de las libertades públicas y pone en riesgo el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, e invade competencias que son propias de las Entidades Locales, como el propio Ayuntamiento de Málaga.

Ante la entrada en vigor de la reforma del Código Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana (más conocida como Ley Mordaza), el Grupo Municipal de Málaga para la gente tiene que manifestar que esta Ley supone un retroceso inaceptable de las libertades públicas y de las vías de participación democrática, limita y pone en riesgo el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, vulnera los principios de Seguridad Jurídica y de proporcionalidad, e invade claramente competencias que son propias de las Administraciones Regionales y de las Entidades Locales, por eso queremos que el Ayuntamiento de Málaga solicite al gobierno central la retirada inmediata de la misma.

Se trata, además, de una Ley que tiene en contra no solo a toda la oposición parlamentaria sino a organismos internacionales, como el Consejo de Europa, y de organizaciones no gubernamentales muy importantes, como por ejemplo Cáritas. Es una normativa que limita en exceso, los derechos y las libertades fundamentales, como la Libertad de Expresión o de Manifestación, y tiene como finalidad principal restringir de manera arbitraria las reivindicaciones de los ciudadanos, al mismo tiempo que obliga a los ciudadanos a demostrar su inocencia ente las sanciones administrativas.

Pese a todo esto, veintiún años después de la aprobación de la Ley de Seguridad ciudadana 1/92, también denominada “Ley Corcuera”, que tumbó en gran parte de su articulado el Tribunal Constitucional, el Gobierno del PP ha aprobado, en su tónica del “reformazo regresivo”, una nueva Ley que vendrá a sustituir la ya criticable Ley del 92, que costó el cargo al entonces Ministro del Interior, y que supone un claro retroceso social, un anacronismo constitucional, un trasnochado concepto de orden público y un claro atentado contra derechos y libertades democráticas.

Es un texto redactado en paralelo a la reforma del Código Penal, también de un marcado carácter restrictivo en derechos, y que viene a compensar la eliminación de la mayoría de las infracciones penales tipificadas como faltas, que con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana pasarían a considerarse infracciones administrativas de carácter muy grave, grave o leve.

La discrecionalidad que otorga a la administración a la hora de establecer sanciones, la elevada cuantía de las mismas, que en el caso de las infracciones muy graves podrían llegar a los 600.000€ y la fijación en la regulación de conductas habituales en las protestas ciudadanas, definen a esta Ley como la “Ley Mordaza”. Se habilita, un procedimiento administrativo que legaliza la criminalización y persecución de las movilizaciones y crea un instrumento gubernamental, para imposibilitar derechos democráticos básicos como la libertad de expresión y de manifestación que recoge nuestra Carta Magna como derechos fundamentales.

La norma pretende tipificar nuevas figuras delictivas, considerando tales como los escraches (a diferencia de la opinión del presidente del Supremo, Gonzalo Moliner, que declaró que “no es posible decir a priori si un escrache es o no legal”), las concentraciones ante el Congreso y el Senado o la escalada en fachadas oficiales (como ocurrió con el Palacio de las Cortes). Sanciona el uso de capuchas en manifestaciones, faculta a la policía a establecer “zonas de seguridad” en perímetros urbanos, y habilita a las fuerzas y cuerpos de seguridad  a retirar de forma expeditiva vehículos que taponen una vía pública, en caso de que los concentrados desobedezcan la orden de los antidisturbios de despejar la zona. No se citan expresamente, pero todo indica que apunta a impedir tractoradas, marchas de taxistas o de camioneros.

La Ley, supone una merma en los derechos de reunión y manifestación, sobre todo; además de castigar duramente la participación pacífica en una movilización para impedir un desahucio, por ejemplo.  El PP con este Ley intenta desorganizar al pueblo, que tengamos miedo de seguir luchando por  nuestros derechos, pero necesitaba dar una cobertura legal a todas las actuaciones desproporcionadas que ha realizado el Gobierno Central contra los activistas, dado que muchas de ellas se echaban para atrás en los juzgados. Es una Ley injusta, contraria a todos los derechos fundamentales.

Esta breve descripción de algunas conductas que serán reguladas por esta ley, nos indica que este proyecto de “Ley Mordaza”, vuelve a ubicar la seguridad ciudadana en la órbita del viejo concepto de orden público, muy alejado de la concepción democrática y constitucional de la seguridad.

Otra Ley más, por tanto, que supone un claro retroceso social, un anacronismo constitucional, un trasnochado concepto de orden público y un claro atentado contra derechos y libertades democráticas, que son encorsetadas en procedimientos sancionadores que pretenden impedir la protesta, cualquier crítica y la demostración cívica de desacuerdo político.

Por todo lo anterior, proponemos los siguientes

ACUERDOS

1º.- Exigir al Gobierno Central la inmediata derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana que supone un retroceso inaceptable de las libertades públicas y de las vías de participación democrática, limita y pone en riesgo el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, vulnera los principios de Seguridad Jurídica y de proporcionalidad, e invade claramente competencias que son propias de las Administraciones Regionales y de las Entidades Locales, como el propio Ayuntamiento de Málaga, tras ser aprobada en el Congreso de los Diputados, o cuando así lo permita la próxima mayoría parlamentaria.

2º.- Solicitar un debate consensuado entre todas las fuerzas políticas, para la elaboración de un texto que regule la materia de seguridad ciudadana, incluyendo, en el debate así mismo, la Reforma de la Ley 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, superada y obsoleta en muchos de sus aspectos, así como  la Ley Orgánica general penitenciaria. Todo ello, con el objetivo, de reformar con carácter integral, todos aquellos aspectos relacionados con la seguridad, que deberá conformar un amplio debate social, enfocado no únicamente desde los tradicionales aspectos reactivos sino y fundamentalmente, preventivos, enfocando el análisis del delito y su contención, como un problema social que abarca variables socioeconómicas y que requiere un amplio trabajo de carácter transversal.

3º.- Exigir la dimisión del actual Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, impulsor de la presente Ley, cuyos postulados preconstitucionales, son inconcebibles en una democracia, así como, por su reiterada disposición de conculcar los derechos humanos, defendiendo por ejemplo el uso de concertinas que dañan a numerosos seres humanos en nuestras fronteras, que solo desean una vida mejor.

4º.- Dar cuenta de los acuerdos plenarios al Ministerio del Interior, el Congreso y el Senado, a los portavoces de los grupos parlamentarios, al Sub-delegado del Gobierno de España, al Parlamento Andaluz, y a las Asociaciones de Vecinos y Colectivos Sociales de Málaga.

Eduardo Zorrilla Díaz                                                                                        Remedios Ramos Sánchez
Portavoz Grupo Málaga para la gente                                                            Concejala Grupo Málaga para la gente

Málaga, 15 de Julio de 2015

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