Moción que presenta nuestro grupo municipal relativa al cumplimiento del Pacto Social del Agua.

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MOCIÓN

Que presenta la concejala del Grupo de Málaga para la gente, Remedios Ramos Sánchez, a la Comisión de Sostenibilidad Medioambiental, relativa al cumplimiento del Pacto Social del Agua.

El Pleno ordinario de la corporación del pasado mes de septiembre de este año, aprobó que el Ayuntamiento de Málaga se adhiriera al Pacto Social del Agua, considerando que “el agua es un derecho universal esencial que debemos garantizar a todos los vecinos y vecinas de Málaga, y que el agua es también un bien común que debe regularse por un modelo de gestión pública en el que no tengan cabida el negocio ni los intereses privados”.

Asimismo, el Pleno aprobó:

“Instar al equipo de gobierno a impulsar los objetivos del Pacto Social del Agua, entre los que se encuentran la prohibición de los cortes de suministro, asegurar un mínimo vital por persona y día, garantizar tarifas sostenibles, asegurar que el dinero del agua se reinvierta solo en este ámbito, aumentar el control social sobre los recursos, el respeto al medio ambiente o que la gestión pública del suministro también sea un elemento de creación de empleo.

Instar al equipo de gobierno a impulsar la Empresa Mpal de Aguas de Málaga (EMASA) como servicio público municipal esencial, guiándose mediante criterios de equidad social, sobre la base de los principios de igualdad, no discriminación y justicia social, y con un modelo participativo.”

El Pacto Social por el Agua contiene un compromiso de la entidades firmantes por una gestión pública, integrada y participativa del ciclo urbano del agua, asumiendo unos principios fundamentales, así como por el cumplimiento de las tareas que de ellos se deriven para que sea real y efectiva la gestión pública del agua, el empoderamiento de la ciudadanía y el reconociendo de su derecho a decidir.

Entre los principios fundamentales, se destacan en el Pacto:

La consideración del agua como derecho humano universal esencial, y como bien finito indispensable para la vida que tiene que ser regulado con criterios de eficiencia y solidaridad sobre la base de los principios de igualdad, equidad, no discriminación y justicia social.

En aplicación del derecho humano al agua, se establece el compromiso por una gestión del suministro con criterios de equidad social en las políticas tarifarias, garantizando una dotación mínima, entre 60 y 100 litros por persona y día, así como la renuncia a los cortes del suministro en casos de impago justificados socialmente.

El establecimiento de planes de investigación, desarrollo e innovación del ciclo del agua en las ciudades mediante la colaboración con las universidades, colegios profesionales, expertos y organizaciones sectoriales.

El fomento de programas de cooperación en materia de recursos hídricos, con apoyo a operadores públicos de los países en desarrollo, mediante alianzas de carácter público-público y la aportación de recursos y asistencia técnica a comunidades que lo necesiten.

El reconocimiento del ciclo integral del agua, lo que implica la gestión conjunta e integrada de los servicios de abastecimiento y saneamiento, incluyendo la gestión de las aguas pluviales, el drenaje del espacio urbano, el uso eficiente de la energía, la reutilización, así como otros sectores de la gestión urbana con los que interacciona.

La consideración del agua y sus ecosistemas asociados como bienes comunes que no pueden de ser objeto de apropiación en beneficio de intereses privados, lo que implica, por tanto, un modelo de gestión pública del agua, sin ánimo de lucro, que desde una perspectiva socio-ecológica respete los derechos de los ciudadanos como servicio de interés general.

La consideración de que la gestión del ciclo integral del agua puede y debe ser un yacimiento importante para la generación de nuevos empleos y mantenimiento de los ya existentes, pero evitando la precarización de las condiciones de trabajo y de la seguridad laboral, por lo que las administraciones locales y la representación legal de la plantilla deberán consensuar y acordar las medias que garanticen los derechos del personal, las condiciones de calidad, seguridad y la estabilidad en los empleos, tanto en lo gestionado directamente por el ente público gestor como en su relación con las contratas.

El compromiso de asegurar la sostenibilidad del ciclo integral del agua en la ciudad, de acuerdo con la Directiva Marco europea, desde cuatro ámbitos diferentes: Medioambiental, Económico, Estructural, y de Gestión.

El compromiso por que todos los ingresos que se obtengan a través de las tarifas de abastecimiento y saneamiento, así como los que provengan del alquiler o cesión de las infraestructuras hidráulicas públicas, subvenciones, operaciones de crédito, o cualquier otro medio vinculado al ciclo integral del agua, se destinen a sufragar, sin ánimo de lucro, los costes de dichos servicios.

La promoción de nuevas formas de control social y de democracia participativa, que garanticen transparencia y participación ciudadana efectiva y proactiva, tal y como estableció la Convención de Aarhus, traspuesta a la normativa europea por la Directiva 2003/35/CE, de 26 de mayo de 2003, y a la normativa española por la Ley 27/2006, de 18 de julio, reguladora de los “derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente”.

En consecuencia, la apuesta por un modelo de gestión en el que el ente público gestor rinda cuentas de sus actividades y decisiones, tanto a los poderes públicos de los que dependa como a la gente, facilitando la implicación a las personas y actores sociales vinculados al ciclo urbano del agua en la planificación de la gestión, promoviendo los consensos necesarios para avanzar en base a principios comunes, y velando para que se asegure el acceso de la ciudadanía a la información básica de la gestión del ciclo integral del agua mediante varios mecanismos:

• Batería de indicadores significativos para los distintos ámbitos de la gestión (técnicos, financieros, sociales, medioambientales, patrimoniales), accesibles a través de internet y que sean comprensibles para la ciudadanía.

• Publicidad a todos los acuerdos y resoluciones que adopten los órganos de dirección del ente gestor, así como a las condiciones de prestación de los servicios contratados con terceros.

• Constitución de un Consejo Social integrado en el propio ente gestor con competencias efectivas de control sobre cuestiones clave que trate el Consejo de Administración del ente público gestor. El Consejo Social estará constituido por una asamblea integrada por diversos actores de la sociedad civil y por los agentes sociales. Se regirá por un reglamento aprobado por la totalidad de sus componentes en asamblea general. Los representantes del Consejo Social se integrarán, con voz y voto, en el Consejo de Administración del ente público gestor del ciclo integral del agua.

• Poniendo los medios necesarios que faciliten a la ciudadanía la realización de consultas públicas, solicitud de información y presentación de reclamaciones.

La cooperación del ente que preste el servicio de gestión municipal con organizaciones de operadores públicos, que promocionan de manera efectiva la gestión pública y participativa del agua.

El compromiso de impulsar campañas de fomento del agua de “grifo” y los impactos ecológicos relacionados con el agua embotellada.

El compromiso por hacer lo necesario para que las normas municipales vigentes (reglamentos, ordenanzas, etc.) se adapten al presente pacto, especialmente en todo lo relativo a la aplicación efectiva del derecho humano al agua.

Por lo anteriormente expuesto, proponemos la adopción de los siguientes

A C U E R D O S

1º.- Constituir la Mesa del Pacto Social del Agua con representantes de las formaciones policitas representadas en el pleno y de la sociedad civil (federaciones de asociaciones de vecinos, asociaciones de consumidores, comité de empresa de EMASA, sindicatos más representativos, asociaciones de comerciantes, asociaciones ecologistas con mayor implantación en nuestra ciudad, y otros agentes sociales implicados en la gestión del ciclo integral del agua) con el fin de desarrollar dicho pacto.

2º.- Instar al Consejo de Administración de EMASA a que, en la próxima sesión ordinaria del mismo, se introduzca como punto en el orden del día la entrada en la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS)

Remedios Ramos Sánchez

Concejala del Grupo Municipal Málaga para la gente

Málaga, 9 de diciembre de 2015

2015.12.09. Moción Medio Ambiente Pacto Social del Agua

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