Moción presentada por nuestro grupo municipal relativa al apoyo a las reivindicaciones de la Asociación Malagueña de Veterinarios (AEMAVE) respecto a la discriminatoria situación que impide que las mascotas de los andaluces puedan acceder en condiciones de igualdad con el resto de mascotas españolas a los tratamientos farmacológicos de uso humano

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MOCIÓN

Que presenta la concejala del grupo municipal de Málaga para la Gente, Remedios Ramos Sánchez, a la Comisión de Sostenibilidad Medioambiental, relativa al apoyo a las reivindicaciones de la Asociación Malagueña de Veterinarios (AEMAVE) respecto a la discriminatoria situación que impide que las mascotas de los andaluces puedan acceder en condiciones de igualdad con el resto de mascotas españolas a los tratamientos farmacológicos de uso humano.

La industria farmacéutica veterinaria lleva décadas poniendo a disposición de los animales excelentes medicamentos que han contribuido de forma notable a mejorar la calidad de vida y controlar las enfermedades de los animales no productores de alimentos (más popularmente conocidos como animales domésticos o mascotas).

Lamentablemente esta industria dispone de recursos mucho menores que la dedicada a la producción de fármacos para personas, por lo que el arsenal terapéutico autorizado para uso humano es mucho mayor que el autorizado para su uso en animales. Sin embargo, estos fármacos tienen propiedades y efectos igualmente útiles en los animales e, incluso, durante su proceso de registro han sido probados en animales.

Es por ello que la comunidad científica y los legisladores reconocen de forma unánime que es posible, beneficioso y deseable emplear estos fármacos para aliviar las dolencias de los animales, aunque su uso no esté registrado para ellos. Son incontables las citas bibliográficas que se pueden aportar avalando el uso de medicamentos de uso humano en los animales.

Este uso se ha producido y se produce en todos los lugares del mundo de forma habitual mediante un procedimiento conocido como “prescripción excepcional”, con el que un veterinario, de acuerdo al conocimiento científico y bajo su responsabilidad, intenta aliviar el sufrimiento de un animal o curarlo de una enfermedad mediante un principio activo o medicamento no registrado para ser usado en ese animal.

La comunidad autónoma de Andalucía, en el legítimo uso de sus atribuciones, ha establecido unas condiciones muy restrictivas en cuanto a los medicamentos de uso humano, incluido el hospitalario, que las mascotas de los andaluces pueden recibir para ser tratados de las enfermedades que padecen y que, potencialmente, podrían transmitir a la población general.

Es la única comunidad autónoma española, y la única región europea, que ha establecido un mecanismo por el que la prescripción excepcional está limitada por la existencia de un listado de principios activos autorizados. Esto trae consigo que se impida la característica esencial de la prescripción excepcional, que es aliviar el sufrimiento animal en los casos en los que no existe un medicamento veterinario que lo consiga, dado que el listado es limitante, muy limitante.

Además, dificulta enormemente, cuando no impide, la posibilidad de que se puedan poner a disposición de los animales enfermos aquellos tratamientos novedosos que se están constantemente publicando, ya que el listado no se puede actualizar con la frecuencia necesaria. Y, finalmente, contraría un principio básico del desempeño profesional de los veterinarios, cual es la posibilidad de ofrecer el mejor tratamiento existente a sus pacientes.

Los veterinarios nos han dirigido esta petición por ser los máximos conocedores de cuanto afecta a la medicina y sanidad de los animales, aun cuando no somos los máximos afectados por la existencia de un listado de presentaciones, principios activos y formas farmacéuticas que forman parte de los depósitos especiales en los botiquines veterinarios.

Afecta muy dolorosamente a dos grupos que deben ser atendidos diligente y con una gran dedicación, los andaluces y los animales que están bajo el cuidado de los andaluces. Y es que con la existencia de este listado los andaluces y sus animales han sido grave y negativamente discriminados.

En el momento actual un andaluz no puede acceder a que a su perro se le hagan de una forma inmediata todas aquellas pruebas diagnósticas que requieran del uso de un contraste, cuando sí lo puede hacer un castellano o un murciano. Ahora un andaluz no tiene derecho a que su gato reciba en el momento una salvadora inyección de adrenalina si ha sufrido una reacción alérgica, cuando sí lo puede un madrileño o un catalán.

Hoy un andaluz no puede conseguir que su chinchilla sea tratada sin demora de un edema pulmonar porque la furosemida no ha sido autorizada, cuando sí lo puede un gallego o un extremeño. Y, lo que es peor, los animales que tienen la desgracia de enfermar en Andalucía sufren una doble tragedia, la de su enfermedad y la de la oposición de aquellos que pudiendo facilitarles el acceso a un medicamento salvador lo impiden.

Hasta ahora el legislador había previsto un control para el uso indebido de los fármacos de uso humano en los animales, haciendo recaer en el veterinario la responsabilidad directa de tal uso. Con ello se asegura que sólo quienes tienen conocimientos suficientes puedan responsabilizarse del uso, conforme al “ars medica”, de los medicamentos de uso humano en los animales.

Pero en Andalucía el legislador ha creado una situación esperpéntica, pues se otorga la capacidad de crear un listado de sustancias permitidas, pero, sin embargo, no adquiere la responsabilidad de su uso, que lo mantiene en el veterinario. De esta forma no consigue un aumento del control en el uso de estos fármacos, puesto que en realidad es el veterinario quien mantiene su capacidad de prescripción y la responsabilidad de su uso, si no que únicamente restringe el derecho de los animales a ser tratados del mejor modo posible, permaneciendo inalterado el control de aquellos fármacos cuyo uso ha autorizado.

Así pues, es fácil concluir que en el lado de los perjudicados están:

a) Los animales propiedad de los andaluces, que ven limitado su derecho a ser tratados del mejor modo posible y sin demora.
b) Los andaluces, que ven como sus animales corren el riesgo de morir o de no poder acceder sin demora a los mejores tratamientos al contrario de lo que ocurre con el resto de compatriotas.
c) La administración pública, que ve cómo disminuyen los impuestos que recauda por el descenso de facturación de las oficinas de farmacia y las clínicas veterinarias.
d) Las oficinas de farmacia, que ven disminuidas sus ventas porque se impide a los veterinarios comprarles los medicamentos que necesitan para sus depósitos especiales dentro del botiquín veterinario.
e) Los veterinarios, que no pueden ejercer conforme a sus conocimientos y capacidades por verlos limitados reglamentariamente.
La mejor forma de entender la enorme discriminación que se está cometiendo con los andaluces es a través de la exposición de unas clarificadoras situaciones que se dan realmente en el día a día:

Situación real primera:

• Cualquier parte de España, excepto Andalucía. Un perro acude a la vacunación antirrábica obligatoria anual. Por desgracia sufre una reacción alérgica en grado máximo, un choque anafiláctico. Haciendo uso de su botiquín el veterinario administra inmediatamente adrenalina, antihistamínicos y glucocorticoides al perro. Debido a la rápida actuación el perro se recupera satisfactoriamente.

Andalucía: Un perro acude a la vacunación antirrábica obligatoria anual. Por desgracia sufre una reacción alérgica en grado máximo, un choque anafiláctico. Haciendo uso de su botiquín el veterinario administra inmediatamente antihistamínicos y glucocorticoides al perro, ya que hay presentaciones de uso veterinario. Pero como la adrenalina no se comercializa como medicamento veterinario y tampoco es uno de los 13 medicamentos aprobados para formar parte del depósito especial, el veterinario se ve obligado a extender una receta al propietario del perro para que acuda a la farmacia más cercana con el fin de adquirir dicho medicamento y poderle ser administrado al perro. Debido a las trabas administrativas el perro muere cuando el veterinario está intentado explicarle al propietario del perro por qué no tiene el medicamento más importante en el tratamiento de la reacción más grave que pueden producir las vacunaciones obligatorias.

Situación real segunda:

Cualquier parte de España, excepto Andalucía. Un gato está siendo intervenido quirúrgicamente. Por desgracia sufre una hipotensión. Haciendo uso de su botiquín el veterinario administra inmediatamente dopamina. Debido a la rápida actuación el gato se recupera satisfactoriamente.

Andalucía: Un gato está siendo intervenido quirúrgicamente. Por desgracia sufre una hipotensión. El veterinario decide que debería administrarse inmediatamente dopamina. Pero como la dopamina no se comercializa como medicamento veterinario y tampoco es uno de los 13 medicamentos aprobados para formar parte del depósito especial, el veterinario se ve imposibilitado para usar el medicamento más eficaz para tratar la emergencia, dado que no puede interrumpir la intervención quirúrgica para cumplimentar una receta y acudir a una oficina de farmacia a adquirir el medicamento. Debido a las trabas administrativas el gato muere.

Situación real tercera:

Cualquier parte de España, excepto Andalucía. Un conejo sufre un episodio de timpanismo. Haciendo uso de su botiquín el veterinario administra un medio de contraste para valorar radiográficamente una posible obstrucción intestinal. Al descartar una causa obstructiva el conejo es tratado médicamente y se recupera satisfactoriamente.

Andalucía: Un conejo sufre un episodio de timpanismo. Dado que los medios de contraste no se comercializan como medicamentos veterinarios y tampoco forman parte de los 13 medicamentos aprobados para formar parte del depósito especial el veterinario no puede hacer una correcta valoración radiográfica y para poder descartar una posible obstrucción se ve obligado a realizar una intervención quirúrgica, una laparotomía exploradora. Debido a las repercusiones que sobre la patología de base tienen la intervención anestésica y quirúrgica el conejo muere.
La normativa que solicitamos modificar dimana de una legislación de carácter nacional contenida en el REAL DECRETO 109/1995, de 27 de enero, sobre medicamentos veterinarios, (modificado por el REAL DECRETO 1132/2010) que se aclara en la nota informativa sobre la prescripción excepcional de medicamentos veterinarios de 14 de abril de 2011 elaborada de forma conjunta por la Subdirección General de Sanidad de la Producción Primaria de la Dirección General de Recursos Agrícolas y Ganaderos y la Subdirección General de Medicamentos Veterinarios.

Creemos que son dos los motivos que han llevado al legislador andaluz a crear el listado de presentaciones, principios activos y formas farmacéuticas que forman parte de los depósitos especiales en los botiquines veterinarios.

En primer lugar, el hecho de que en Andalucía se haya facultado a los veterinarios a prescribir medicamentos de uso humano, mientras que en el resto de España la facultad otorgada es para tratar con dichos medicamentos.

En segundo lugar, el hecho de considerar que a los depósitos especiales de los botiquines veterinarios les es de aplicación la ley 22/2007, de 18 de diciembre, de farmacia de Andalucía. Es clarificadora, en este sentido, la información de 19/03/2015 con referencia MB/CG/MJR/rr de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía.

En esta información se hace referencia a la prescripción excepcional por vacío terapéutico conforme a la redacción del art. 81 del REAL DECRETO 109/1995, en la que se señala que cuando no existan medicamentos veterinarios autorizados para una enfermedad el veterinario podrá, de forma excepcional y bajo su responsabilidad personal directa, en particular para evitar sufrimientos inaceptables, tratar al animal o animales afectados con (…)

Sin embargo, esta información no cita que en Andalucía es igualmente de aplicación el
DECRETO 79/2011, que establece que, en los supuestos de vacío terapéutico, de conformidad con el artículo 81.1. del Real Decreto 109/1995, de 27 de enero, y con objeto de evitar sufrimientos inaceptables y poder tratar al animal afectado, el personal veterinario, bajo su responsabilidad, podrá prescribir de forma excepcional un medicamento con (…)

Si bien la interpretación que hasta ahora se estaba haciendo era la de que prevalecía la disposición andaluza, la aclaración de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales alude a la efectiva aplicación de la legislación nacional en su argumentación, por lo que podemos inferir que en realidad ambas normativas no son excluyentes, de forma que, según esta información, en Andalucía los veterinarios pueden tratar y prescribir. Es una diferenciación, quizá, de escasa relevancia puesto que el tratamiento farmacológico precisa siempre de una prescripción previa, como establece el art. 37.1.e) de la LEY 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, que dice que se exigirá prescripción veterinaria para dispensar al público los medicamentos utilizados en los supuestos de prescripción excepcional por vacío terapéutico.

La legislación andaluza no modifica esta obligación del veterinario, como tampoco altera el derecho de los ciudadanos andaluces a que sus mascotas puedan ser tratados con todos los medicamentos de uso veterinario y humano, incluidos los de uso hospitalario, que tengan su comercialización autorizada. Tampoco establece una merma, respecto a la legislación nacional, de la responsabilidad que asume el veterinario cuando hace una prescripción excepcional. Se mantienen inalteradas, igualmente, las condiciones de dispensación.
Sin embargo, hay diferencias entre la legislación nacional y la andaluza. Mientras que la primera faculta a los veterinarios para tratar animales con todos los medicamentos de uso humano que consideren necesarios la segunda limita esta posibilidad, creando la figura de los depósitos especiales y regulando qué medicamentos de uso humano pueden contener con el fin de ser usados inmediatamente.

No es que se impida que los animales puedan ser objeto de una prescripción excepcional, ni que se impida que puedan ser tratados. Lo que se regula es el momento en el que pueden recibir ese tratamiento excepcionalmente prescrito.

En el resto de España la administración puede ser inmediata, puesto que no hay límite de medicamentos que pueden formar parte de los botiquines veterinarios, mientras que en Andalucía pasa por una demora obligada por la preceptiva adquisición del medicamento en la oficina de farmacia tras la prescripción, salvo en el caso de aquellos medicamentos autorizados por el listado de la orden de 20 de noviembre de 2012. En situaciones de emergencia vital, como un choque anafiláctico o una complicación intraoperatoria, esta regulación es difícilmente defendible.

La argumentación que hace la Dirección General de Planificación y Ordenación Farmacéutica de la Junta de Andalucía sobre la dispensación de los medicamentos hospitalarios de uso humano a los veterinarios es absolutamente errónea, ya que se invoca, equivocadamente, la ley 22/2007, de 18 de diciembre, de farmacia de Andalucía, como argumento para esgrimir la obligación de dispensar los medicamentos hospitalarios sólo a aquellos centros que dispongan de un depósito especial. En el art. 2.d) de dicha ley se definen los depósitos de medicamentos como aquellas unidades dependientes de los centros y establecimientos incluidos en el Título II, Capítulo IV, de la presente Ley, en los que se dispone de los medicamentos necesarios para la asistencia y atención farmacéutica en los supuestos y con los requisitos que se establecen en la presente Ley para cada caso.

La Dirección General alude, sin citarlo, al artículo 54, que dice que los centros y servicios sanitarios no regulados en los artículos anteriores, así como aquellos otros servicios prestadores de asistencia sanitaria móvil, podrán solicitar a la Consejería competente en materia de salud autorización para mantener un servicio farmacéutico o depósito de medicamentos para satisfacer los requerimientos asistenciales que se desarrollen en los mismos, y en los términos que reglamentariamente se determinen. Al tener los centros veterinarios la categoría de centros sanitarios parecería que deberían estar afectos por esta normativa.

Sin embargo, el DECRETO 79/2011 determina en su art.23.1 que corresponderá a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería con competencias en materia de sanidad animal dictar y notificar la resolución sobre las solicitudes de autorización del depósito especial. Por tanto, queda claro que no es de aplicación la ley de farmacia de Andalucía en lo que respecta a los depósitos especiales veterinarios por cuanto la autorización de los depósitos regulados por dicha ley corresponde a la consejería competente en materia de salud, mientras que los depósitos especiales veterinarios han de ser autorizados por la consejería con competencias en materia de sanidad animal.

En realidad, la justificación de que las oficinas de farmacia puedan suministrar medicamentos hospitalarios de uso humano a los veterinarios se encuentra en el art. 83.2 del REAL DECRETO
109/1995 que establece que sólo las oficinas de farmacia podrán suministrar a los veterinarios en ejercicio clínico los medicamentos de uso exclusivamente hospitalario y el art. 14.2 del DECRETO 79/2011, en el que se determina que los centros veterinarios podrán solicitar la autorización de un depósito especial, dentro del botiquín veterinario, para contar con medicamentos de uso humano, incluidos los de uso hospitalario, para su uso en animales.

El depósito especial al que se hace referencia solamente podrá ser suministrado por la oficina de farmacia o servicio farmacéutico que se especifique en la autorización del centro veterinario. Por tanto, toda oficina de farmacia que suministre los medicamentos a un botiquín especial veterinario recibe de facto autorización para la dispensación, a los veterinarios, de medicamentos de uso hospitalario.

Limitar la adquisición de medicamentos de uso humano para ser usados por los veterinarios a aquellos medicamentos autorizados por el listado de la orden de 20 de noviembre de 2012 atenta contra la libre competencia y puede originar desabastecimientos, pues no todas las oficinas de farmacia están abiertas las 24 horas del día, algunas no facilitan todos los medicamentos disponibles y otras, en ocasiones, cierran por vacaciones.

Mientas que en el resto de España, lógicamente, no se establece ningún tipo de limitación para la adquisición de medicamentos de uso humano para ser usados en los animales, en Andalucía sólo se permite que los veterinarios adquieran estos medicamentos en una única oficina de farmacia, tal y como se establece en el art. 14.2 del DECRETO 79/2011, en el que se determina que el depósito especial (…) solamente podrá ser suministrado por la oficina de farmacia o servicio farmacéutico que se especifique en la autorización del centro veterinario.

Puesto que las oficinas de farmacia tienen la obligación de reseñar en el libro de registro los medicamentos de uso humano cuando sean objeto de una prescripción veterinaria (art. 84.b) del REAL DECRETO 109/1995) y que los veterinarios tienen la obligación de conservar durante cinco años un registro de compra y uso de cada medicamento de uso humano hospitalario y no hospitalario para su uso en animales no productores de alimentos (art. 80, 81.4, y 93.2.b) del REAL DECRETO 109/1995), la limitación existente en Andalucía para que los veterinarios sólo puedan conseguir de una única oficina de farmacia los medicamentos destinados al depósito especial no permite obtener ningún beneficio en la vigilancia farmacéutica, especialmente si se tiene en cuenta que los propietarios de mascotas de Andalucía pueden adquirir esos medicamentos de uso humano objeto de una prescripción excepcional en cualquier oficina de farmacia del país. Quiere esto decir que una misma receta para un mismo medicamento para tratar a un mismo animal sólo puede ser adquirido en una única oficina de farmacia si es el propio veterinario quien adquiere dicho medicamento, pero puede ser adquirido en cualquier oficina de farmacia si es adquirido por el propietario del animal.

Siendo esto así, no es comprensible que se limite a los veterinarios a adquirir en una única oficina de farmacia los medicamentos que precisan para su desempeño profesional.

Que el DECRETO 79/2011 determine en su artículo 14.2 que los veterinarios especificarán, de acuerdo con la cartera de servicio del centro, los principios activos y formas farmacéuticas que, por no existir como medicamento veterinario, sea excepcional la utilización bajo presentación de medicamento de uso humano carece de todo sentido. Los veterinarios ejercen la medicina y, como cualquiera pueden entender, pueden atender cualquier enfermedad existente, por lo que se obliga, no al resto de veterinarios europeos, ni al resto de veterinarios españoles, si no exclusivamente a los veterinarios andaluces a presentar un documento con una relación de TODAS las enfermedades conocidas y TODOS los principios activos registrados y TODAS las formas farmacéuticas comercializadas.

En base a lo anterior, nuestro grupo propone la adopción de los siguientes acuerdos

A C U E R D O S

1º.- Apoyar las reivindicaciones de la Asociación Malagueña de Veterinarios (AEMAVE) respecto a la discriminatoria situación que impide que las mascotas de los andaluces puedan acceder en condiciones de igualdad con el resto de mascotas españolas a los tratamientos farmacológicos de uso humano.

2º.- Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a iniciar los trámites para la modificación Legislativa consistente en:

– La derogación de la disposición adicional tercera y del punto 3 del artículo 14 del
DECRETO 79/2011, de 12 de abril, por el que se establecen normas sobre la distribución, prescripción, dispensación y utilización de medicamentos de uso veterinario y se crea el Registro de Establecimientos de Medicamentos Veterinarios de Andalucía.

– La supresión del texto “Deberá hacerse constar en la solicitud y acompañar a ésta de un documento en el que se especificarán, de acuerdo con la cartera de servicio del centro, los principios activos y formas farmacéuticas que, por no existir como medicamento veterinario, sea excepcional la utilización bajo presentación de medicamento de uso humano. El depósito especial al que se hace referencia solamente podrá ser suministrado por la oficina de farmacia o servicio farmacéutico que se especifique en la autorización del centro veterinario.” en el punto 2 del artículo 14 del DECRETO 79/2011.

– La derogación de la Orden de 20 de noviembre de 2012 por la que se aprueba el listado de presentaciones, principios activos y formas farmacéuticas que entran a formar parte de los depósitos especiales en los botiquines veterinarios.

Remedios Ramos Sánchez
Portavoz Adjunta del Grupo Mpal. ‘Málaga para la Gente’

Málaga, a 14 de septiembre de 2016

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