MpG e IU exigen a Ayuntamiento y Diputación su implicación en la protección de los jóvenes investigadores para no “exportar” esta riqueza a otros países

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Málaga para la Gente e Izquierda Unida presentan en el Ayuntamiento de Málaga y la Diputación una moción encaminada a apoyar a los jóvenes investigadores para que puedan ejercer su trabajo y hacerlo dentro de nuestro país.

En los seis últimos años se han perdido en España unos 10.000 investigadores y se ha reducido la inversión en I+D en 2.845 millones de euros. En el caso de la provincia y según los datos aportados por los propios afectados, pueden haberse perdido unos cien desde 2008 y no han sido más gracias a las negociaciones de la asociación que los representa con la Universidad de Málaga.

El portavoz del grupo municipal Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, se lamenta de que a pesar de que el nivel de excelencia (la ratio inversión y obtención de resultados) es igual o superior a los países del G8; de la formación profesional y de la experiencia , estos jóvenes tengan que decidir entre un trabajo ajeno a su formación con escasa calidad o salir fuera. Una tercera opción es encontrar un hueco para investigar con contratos encadenados, bajos salarios, precariedad etc.
“Es lamentable que se hayan gastado miles de millones en rescatar a la Banca y no se les haya pedido contraprestaciones como financiar las investigaciones”, añade Zorrilla, que entiende que el Ayuntamiento tiene la obligación de ayudar instando a las otras administraciones a invertir o de otra forma, como, por ejemplo (y así se indica en la moción) colaborar en la elaboración de un censo de aquellos jóvenes que han salido para seguir sus carreras profesionales y académicas. Zorrilla entiende que al alcalde “no se le puede llenar la boca con el discurso de la Smart City” o con los proyectos de Málaga Valey “que sólo sirven para gastar dinero en hacerse una foto una vez año con grandes empresas, mientras los jóvenes investigadores están trabajando en el Burger King”.
El concejal de IU añade que el Ayuntamiento no puede permanecer “impasible y de espaldas a esta realidad. El PP debe exigir a su partido en el Gobierno un gran pacto por la ciencia que suponga recuperar el esfuerzo inversor, eliminación limites a los puestos a la tasa de reposición de empleo público en el I+D”.

Por su parte, la diputada provincial de IU, Teresa Sánchez, recuerda que tanto PSOE como PP han propiciado esta situación que impide a los jóvenes investigar curas para el cáncer, mejorar la producción agrícola y repercutir en la sociedad la inversión realizada. Entiende que estas tareas han de realizarse con inversión pública porque es la garantía de que el esfuerzo en formación que se hace tendrá un beneficio social y ello no es posible si, por ejemplo, la financiación viene de manos de grupos privados con objetivos claros, como las farmacéuticas.

La representante política entiende que la Comunidad Autónoma también debe tomar cartas en el asunto y para ello, en la moción que defenderá en Diputación, pide también que el ente supramunicipal trabaje con la UMA para la elaboración de un censo de jóvenes de la provincia “que han tenido que verse obligados a marchar de sus ciudades y pueblos en busca de proyectos, contratos o becas que les permitan continuar sus carreras profesionales y académicas iniciadas en España, con la pérdida de recursos y el impacto negativo que tiene en sus lugares de origen desde el punto de vista económico y social”.
Se adjuntan mociones mencionadas.

MOCIÓN

Que presentan el portavoz del Grupo Municipal de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla Díaz, y la portavoz adjunta, Remedios Ramos Sánchez, a la consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno, relativa a la situación de precariedad de los y las jóvenes investigadoras.

Desde el inicio de la crisis -desde 2010 a 2016- el España redujo su inversión en I+D en 2.845 millones de euros y se perdieron más de 10.000 investigadores en todo el Estado y también en Málaga. El ingente esfuerzo público para formar a este capital humano se ha dilapidado o simplemente regalado a nuestros países vecinos, que sí garantizan la continuidad de sus instituciones y sistemas. Aquí, por el contrario, parecemos incapaces de retener a una generación que había alcanzado niveles internacionales en su formación y experiencia profesional.

Estos recortes se llevaron a cabo a pesar de la elevada eficiencia de nuestro sistema de I+D. Los bajos salarios, la elevada precariedad laboral, la escasez de la financiación o el escaso interés empresarial privado, no impidieron a nuestra producción científica y tecnológica alcanzar niveles de eficiencia (productividad/euro) iguales o superiores a los de los países del G-8.

Los recortes han supuesto una grave descapitalización humana, logística y de infraestructuras en nuestro sistema de I+D. Se han cerrado definitivamente laboratorios e infraestructuras científicas que habían costado millones de euros y que volverá a costar millones recuperar, si algún día vuelven a estar disponibles.

Nuestra I+D está herida de gravedad y, si no se cambia radicalmente el rumbo, nuestros investigadores seguirán abandonando el país y la investigación estará condenada a la irrelevancia.

Esta situación es de especial gravedad para los más jóvenes, quienes soportan tasas de temporalidad y encadenamiento de contratos precarios y proyectos que, en muchos casos, ni siquiera pueden desarrollar en nuestro país, lo que les condena a un éxodo con nefastas consecuencias para la consolidación de sus carreras y proyectos de futuro.

En Málaga, existe también un número importante de jóvenes con una alta formación científica e investigadora que, o bien carecen de trabajo, o trabajan en empleos precarios completamente ajenos a su formación, sobre todo en el sector hostelero, o bien trabajan en el PTA con contratos precarios y sueldos escasos. Ello ha hecho que muchos de estos jóvenes hayan emigrado a otros países en busca de un trabajo más estable y propio de su formación y un sueldo más digno.
Es absolutamente urgente revertir este panorama y situar la investigación, el desarrollo y la innovación como una prioridad política y social para todo el país. Y es prioritario valorar la situación de nuestros jóvenes, y cómo ésta revierte en la incapacidad para salir de una crisis cuyas tasas de desigualdad y exclusión han quedado como un problema permanente.

Es imprescindible un Pacto por la Ciencia que apueste por el impulso a la investigación, el desarrollo y la innovación como prioridad y no como un lujo prescindible. Además, seguiremos exigiendo el cese de los bajos salarios, la precariedad laboral y la escasez de recursos en el sector llamado a ser un pilar en un modelo económico alternativo basado en el conocimiento, y recogiendo una preocupación social de primer orden.

En atención a lo anterior, venimos a proponer la adopción de los siguientes

A C U E R D O S

1º.- Instar al equipo de gobierno municipal a elaborar un censo de aquellos y aquellas jóvenes malagueños que han tenido que verse obligados a marchar de sus ciudades y pueblos en busca de proyectos, contratos o becas que les permitan continuar sus carreras profesionales y académicas iniciadas en España, con la pérdida de recursos y el impacto negativo que tiene en sus lugares de origen desde el punto de vista económico y social.

2º.- Instar al gobierno central y al gobierno andaluz a impulsar la investigación, desarrollo e innovación y valorar la pérdida de recursos humanos y materiales de investigadores e investigadoras jóvenes.

3º.- Instar al gobierno central a eliminar totalmente los límites a la tasa de reposición de empleo público en el sector de I+D, permitiendo la incorporación de nuevos recursos humanos de acuerdo con las necesidades reales del sistema de I+D+i

4º.- Instar al gobierno central a evaluar el impacto que tiene la pérdida de investigadores en nuestro país; y adquirir el compromiso de dar estabilidad a las carreras investigadoras de nuestros y nuestras jóvenes, que permitan que el potencial de transformación social que suponen revierta en nuestras Universidades, Centros de investigación y Hospitales públicos.

5º.- Instar al gobierno de España y al gobierno andaluz a tomar las medidas necesarias para combatir la precariedad, especialmente juvenil, entendida como una imposición desde el empleo o falta de este, falta de recursos, vivienda, oportunidades, acceso a servicios y salidas en igualdad para construir un futuro desde su condición de jóvenes. Y poner todos los medios al alcance de ayuntamientos para frenar el éxodo y revertir la precariedad.

6º.- Dar traslado del siguiente Acuerdo al gobierno de España y a los distintos grupos parlamentarios de las Cortes generales, así como al gobierno andaluz y a los grupos parlamentarios en el Parlamento Andaluz.

Eduardo Zorrilla Díaz Remedios Ramos Sánchez
Portavoz Portavoz Adjunta
Málaga, a 24 de marzo de 2017.

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