El Ayuntamiento aprueba una batería de medidas contra la Siniestralidad laboral a propuesta de Málaga para la Gente

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Sinestrialidad laboral

Málaga para la Gente ha reclamado esta mañana al Ayuntamiento una implicación clara en la lucha contra la siniestralidad laboral, a tenor del aumento de las muertes por accidentes en el trabajo, que este año es ya de un 30 por ciento.

Los concejales del grupo político, Eduardo Zorrilla y Remedios Ramos, se han hecho eco hoy de las cifras que han aportado los sindicatos CC.OO. y UGT ya que en lo que va de año han muerto 17 trabajadores “en el tajo”, habiéndose registrado hasta mayo un total de 7.939 accidentes en la provincia.

El portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, califica la situación de trágica y destaca que la mayoría de los accidentes laborales se dan en pequeñas y medianas empresas de la construcción y subcontratadas.

Zorrilla añade que no es casual que la precariedad vaya unida a los accidentes y que esta situación se ha fomentado con las reformas laborales y las políticas de empleo que se vienen promoviendo. “La supuesta salida a la crisis se está basando en la explotación, el abuso y peores condiciones laborales y de seguridad”, comenta el edil, quien afirma que la mayoría de los accidentes serían evitables.

La iniciativa Málaga para la Gente exige que el Ayuntamiento muestre “especial celo” en el cumplimiento de las normas de prevención en el marco de la dirección de las obras y servicios que son responsabilidad de la Corporación.

También que establezca como línea prioritaria en las actividades del Instituto Municipal de Fomento del Empleo (IMFE), la formación continua de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales.

Málaga para la Gente tambien ha propuesto al resto de grupos políticos, que el Ayuntamiento fomente una campaña de concienciación en colaboración con los sindicatos bajo el lema de “Málaga con los trabajadores y contra la siniestralidad laboral”.

Este es el texto completo de la moción

MOCIÓN

      Que presenta el portavoz del Grupo Mpal. Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla Díaz, a la Comisión de Economía, Hacienda, Reactivación Económica, Promoción Empresarial, Fomento del Empleo y Turismo, relativa a la adopción de medidas contra la siniestralidad laboral.

El grupo municipal de Málaga para la Gente reclama a los poderes públicos y en particular al Ayuntamiento de Málaga, una implicación más clara en la lucha contra la siniestralidad laboral, a tenor del aumento de las muertes por accidentes en el trabajo, que este año es ya de un 30 por ciento.

La siniestralidad laboral es una lacra social contra la que hay que actuar, no se puede permanecer de brazos cruzados ni mirar hacia otro lado, las cifras que han aportado los sindicatos CC.OO. y UGT hablan por sí mismas, ya que en lo que va de año han muerto 17 trabajadores en el tajo, habiéndose registrado hasta mayo un total de 7.939 accidentes en la provincia.

Esta trágica situación de accidentes laborales se da mayoritariamente en las pequeñas y medianas empresas de construcción o de mantenimiento subcontratadas. Hace tan sólo dos semanas murieron dos personas y la semana pasada hubo un accidente de una de las contratas de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Málaga.

En el ámbito del Ayuntamiento de Málaga, organismos autónomos y empresas también se están produciendo accidentes laborales, especialmente en las empresas sufrieron recortes como consecuencia del plan de ajuste como Limasa o Limposam, o en la propia plantilla municipal, como es el caso de Bomberos. No sabemos si existe un control de los accidentes laborales en las subcontratas y empresas concesionarias de servicios del Ayuntamiento de Málaga, por algunos datos que tenemos pensamos que son muchos pero no disponemos de las cifras exactas.

 

No es casual que la precariedad vaya unida a los accidentes y que esta situación se ha fomentado con las reformas laborales del PSOE y del PP y las nefastas políticas de empleo que se vienen promoviendo. La supuesta salida a la crisis se está basando en la explotación, el abuso y peores condiciones laborales y de seguridad, cuando hay que decir que la mayoría de los accidentes serían fácilmente evitables.

Nuestro grupo aboga, en primer lugar, porque se muestre un especial celo en el cumplimiento de las normas de prevención en el marco de la dirección de las obras y servicios que son responsabilidad de la Corporación.

También que establezca como línea prioritaria en las actividades del Instituto Municipal de Fomento del Empleo (IMFE), la formación continua de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales.

En la Constitución Española de 1978 queda perfectamente reflejada la voluntad del constituyente, a través de varios artículos, de exigir a los poderes públicos una serie de acciones encaminadas a la protección del trabajador.

El artículo 40.2 CE, tutela el interés del trabajador por preservar su propia integridad física en la ejecución de la prestación laboral, sobre todo cuando presenta condiciones de dificultad o de peligrosidad especiales. Se interpreta que la tutela de la seguridad e higiene es, por un lado, defensiva, negativa y conservadora, en cuanto se dirige a eliminar las agresiones directas, y de otro, ofensiva, positiva y dinámica, en tanto que supone la articulación de los mecanismos de protección para la obtención de una mejora progresiva del bienestar en el trabajo

  El derecho del trabajador a la protección de la vida e integridad física cabe entenderlo como la versión laboralizada del derecho fundamental a la vida y la integridad física y moral (art. 15 de la CE), que es un derecho pensado para todos los ciudadanos. Así, el TC en diversas sentencias, y entre otras las SSTC 120/1990, de 27 de junio  (F. 8) y 137/1990, de 19 de julio (F.6), al hablar de la protección de la vida aluden al término salud como inherente a aquélla.

  Efectivamente, la vinculación entre el derecho a la vida e integridad física del artículo 15 CE y el artículo 40.2 CE resulta manifiesta, pues se constata fácilmente la relación directa entre la vida del trabajador y/o su integridad con el modo en que realice su prestación laboral, por lo que cabe entender con la doctrina iuslaboralista (PALOMEQUE LÓPEZ) que el derecho del art. 15 CE está pensado para el ejercicio de su titularidad por todos los ciudadanos, cualquiera que sea su condición personal o profesional, pudiendo ser ejercitado por los sujetos de las relaciones laborales en el ámbito de las mismas. 

Es evidente  que del derecho a la vida, consagrado en la Constitución, derivan para el Estado dos clases de deberes: el deber de respetar y el de proteger las vidas humanas. La manifestación de éste último en el campo de las relaciones de trabajo y en el sector concreto de la seguridad y salud en el trabajo requiere el compromiso, manifestado en el artículo 40.2 CE, de actuación de los poderes públicos.

  En desarrollo del texto constitucional, y cumpliendo con el mandato de su artículo 53.3 según el cual los principios rectores de la política social y económica y entre ellos el de velar por la seguridad e higiene han de inspirar la legislación, otros textos legales de menor rango normativo se refieren al derecho del trabajador a una protección en este ámbito. Así, los derechos constitucionales a la vida y a la integridad física y moral tienen su trascripción al ámbito de las relaciones laborales en el Texto refundido del Estatuto de los Trabajadores; en estos artículos se regula un derecho y un deber del trabajador.

El derecho del trabajador a su integridad física y a una política de seguridad e higiene , recogido en el artículo 4.2 d) TRET , es el indudable marco de referencia al que conducir la responsabilidad del empresario de garantizar la seguridad y salud laboral frente a cada uno de los trabajadores,; por otro lado,  se establece el deber del trabajador de observar las medidas de seguridad e higiene [art. 5 b) TRET], como contrapartida del derecho reconocido.

  El artículo 19 TRET, específico en materia de seguridad y salud en el trabajo, contempla  tanto derechos como deberes de los trabajadores, como expresión del principio de reciprocidad de la obligación de seguridad. Así el trabajador se encuentra obligado a observar las medidas de seguridad e higiene en su trabajo y  el empresario tiene  la obligación de realizar una «protección eficaz» de sus empleados. El párrafo 3º del artículo 19 TRET se refiere a la obligación del empresario de posibilitar que el trabajador participe en el centro de trabajo, por medio de sus representantes legales, con relación a la inspección y control de las medidas de seguridad e higiene y el  apartado 4º obliga a que  la formación en esta materia  sea práctica y adecuada, la LPRL añade las características de teórica y suficiente.

  La Ley de Prevención de Riesgos Laborales de  1995  y sus normas de desarrollo culminan este proceso normativo

  A nivel de la normativa comunitaria e internacional  cabe destacar  el Convenio OIT núm. 155,  sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo y la aprobación de la Directiva 89/391/CEE, de 12 de junio

A pesar de lo antes expuesto, como hemos dicho, el número de accidentes de trabajo está creciendo a un ritmo  insoportable, con un número muy importante de muertes, en especial en el ámbito de la construcción y servicios; por tanto, el derecho constitucional a la vida se debilita en España (y en Málaga  con especial intensidad)  para miles de trabajadores todos los días cuando acuden a su puesto de trabajo.

Los sindicatos y buena parte de los estudiosos de la seguridad y la salud en el trabajo centran las causas de tan alta siniestralidad  laboral registrada en España en el incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, en las reformas laborales que han aumentado la precariedad, en la eventualidad del empleo y el alto nivel de subcontratación en la construcción. 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, establece en .artículo 1.1, que  

“1. Los Municipios son entidades básicas de la organización territorial del Estado y cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades…”

Su artículo 2 señala que

  1. Para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a las entidades locales, la legislación del Estado y la de las Comunidades Autónomas, reguladora de los distintos sectores de acción pública, según la distribución constitucional de competencias, deberá asegurar a los Municipios, las Provincias y las Islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses, atribuyéndoles las competencias que proceda en atención a las características de la actividad pública de que se trate y a la capacidad de gestión de la entidad local, de conformidad con los principios de descentralización y de máxima proximidad de la gestión administrativa a los ciudadanos.

Con base en los fundamentos constitucionales y legales señalados y en la grave situación que sufren nuestros ciudadanos en su derecho a la vida e integridad física, vengo a proponer la adopción de los siguientes

A C U E R D O S 

1.- El Ayuntamiento de Málaga muestra su más profunda repulsa por la alta siniestralidad  laboral registrada en España, y en especial en Málaga, y solicita de las instancias competentes  el refuerzo de  medios dedicados a su erradicación, con especial dedicación a la represión de los incumplimientos de son causantes de la muerte y heridas de miles de  trabajadores.

2º.- Los servicios técnicos del Ayuntamiento de Málaga elaboraran un informe para sus entrega a los miembros del Consistorio sobre la siniestralidad laboral en el ámbito del Ayuntamiento de Málaga, organismos autónomos y empresas, donde se aporten las cifras de accidentes laborales en los últimos 5 años y medidas adoptadas.

3º.- El Ayuntamiento de Málaga establecerá medias de control de los accidentes laborales en subcontratas y empresas concesionarias de servicios municipales.

  4º.- Con el objeto de contribuir al esfuerzo exigible a  todos los poderes públicos de desplegar una  ofensiva, positiva y dinámica, que suponga la articulación de los mecanismos de protección para la obtención de una mejora progresiva del bienestar en el trabajo, se compromete a :

  1. a) Mostrar un especial celo en el cumplimiento de las normas de prevención el marco de la dirección de las obras y servicios responsabilidad de la Corporación
  2. b) Proponer a la Administración Laboral competente la formalización de convenios de colaboración para que en el desarrollo de las funciones ordinarias de inspección y vigilancia de los diversos servicios de inspección municipal y de la policía local, se posibilite la inmediata comunicación a la Inspección de Trabajo de cualquier incidencia que pudiera implicar el incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales

A tal fin, se formará en este sentido a los empleados municipales.

  1. c) Establecer como línea prioritaria en las actividades del  IMFE, la formación continua de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. 
  2. d) Impulsar, en los términos que se  puedan acordar con los sindicatos y otros agentes sociales, a una campaña de sensibilización ciudadana, cuyo lema podría ser “MÁLAGA CON SUS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS. CONTRA LA SINIESTRALIDAD LABORAL. NO MÁS ACCIDENTES EN EL TRABAJO”

 

Eduardo Zorrilla Díaz

Portavoz del Grupo Málaga para la Gente

Málaga, 16 de octubre de 2017

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