Hay que investigar las conexiones entre Gurtel, Barcenas y el PP de Málaga

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Esta mañana hemos presentado en el Ayuntamiento de Málaga una moción urgente para que, entre otras cosas, se cree una comisión de investigación para aclarar si el PP se ha beneficiado en campañas electoras municipales, de los fondos provenientes de las tramas de corrupción y financiación ilegal.

MOCIÓN URGENTE

Que presenta el portavoz del Grupo Municipal de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla Díaz, y la concejala Remedios Ramos Sánchez, a la consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno, relativa a la corrupción política del Partido Popular y sus posibles conexiones con el Ayuntamiento de Málaga.

El pasado miércoles conocimos la Fiscalía expuso en su alegato final sus conclusiones sobre la trama Gürtel, a la que definió como “una red parasitaria que convivió en sintonía con cargos del Partido Popular durante años”. En este informe, que se alargó durante tres días, destacó los elevados costes de reparación social para intentar restañar el daño producido por lo que calificó como “un atentado directo contra el Estado de Derecho”. Una trama de corrupción de autoridades públicas del Partido Popular a un nivel tan elevado “que crearon mecanismos viciados perpetuados en el tiempo”. Para la fiscal, esta red corrupta no fue un hecho aislado, sino que era “una actividad duradera para delinquir” y apropiarse de fondos públicos de forma masiva mediante la adjudicación de contratos públicos, a través del contacto con cargos públicos del PP, a cambio del pago de comisiones de un “tres o cuatro por ciento”.

Según destacó la fiscal, “los hechos acreditados son hechos de extrema gravedad, no sólo por la naturaleza de los delitos cometidos y el perjuicio que ha provocado a los fondos públicos sino porque se extendieron y enraizaron como un modo ordinario de contratación pública durante un largo periodo de tiempo y en distintas administraciones gobernadas por el PP en las cuales algunas de sus autoridades aceptaron sobornos para enriquecerse con cargo a los fondos públicos que tenían responsabilidad de conservar, proteger y de salvaguardar”. La Fiscalía considera acreditado que el mecanismo de la trama Gürtel perjudicó gravemente al interés general esquilmando las arcas públicas, para lo que era necesaria la cooperación de los dirigentes del Partido Popular comprados a través de un sistema duradero de sobornos.

A través de la investigación judicial seguida en el “caso Gürtel”, conocimos la existencia de muchos millones de euros en cuentas bancarias en Suiza cuyo titular es Luis Bárcenas, ex senador y ex tesorero del Partido Popular, y cuyo avalista en alguna de las cuentas fue el propio Presidente del Gobierno Mariano Rajoy. Gracias a esta investigación también supimos con fondos procedentes de empresas y de contratistas se hacieron pagos de sobresueldos en dinero negro a cargos del PP.

Según la Fiscalía ha quedado plena y abrumadoramente acreditada la caja B del Partido Popular que se refleja en los papeles de Bárcenas y pide la condena del PP por lucrarse con la Gürtel. De igual forma concluye también que esta trama de corrupción generalizada hizo de los sobornos a cargos del PP “un modo de vida”.

De acuerdo con las conclusiones de la Fiscalía en el caso Gürtel, el Partido Popular “en su conjunto” se financió de forma ilegal con los delitos de la trama, por lo que solicitó al tribunal que este partido sea condenado como partícipe a título lucrativo.

Para la Fiscalía, estos hechos supondrían la existencia de un sistema de financiación ilegal, de corrupción masiva y organizada vinculada al PP. Según ya se ha relatado, los tesoreros del PP (en la actualidad 5 de ellos están acusados) presionaban a los alcaldes y los concejales para que manipularan concursos públicos a favor de las empresas que ellos elegían, algunas investigadas por el pago de sobornos a políticos.

Lamentablemente, la trama Gürtel no ha sido un hecho aislado. Durante, al menos, los últimos 20 años, el Partido Popular habría estado recibiendo donaciones en metálico de constructores y empresarios que a su vez obtenían adjudicaciones o contratos de la administración pública, sobre todo en Ayuntamientos y Comunidades gobernadas por el Partido Popular. El modus operandi comenzaba con la entrega del dinero en bolsas, maletines o maletas en el despacho del tesorero en la calle Génova. Todo este dinero presuntamente recibido como comisión por constructoras y empresas a las que se adjudicaban contratos públicos pasaba a formar parte de la contabilidad “B” del PP.

Así, hemos visto que en la supuesta contabilidad “B” del caso Bárcenas existen referencias en una docena de ocasiones a Málaga. También se puede constatar por escrito una supuesta transferencia “A Málaga” de la contabilidad nacional. Asientos contables en los papeles atribuidos a Bárcenas con las frases “De Málaga”, “A Málaga”, “Concejal de Málaga”. Hasta 12 veces y a su lado cantidades de 3.000 a 20.000 euros.

La persona que más veces aparece recibiendo sobres de dinero negro de las comisiones de la corrupción es Pedro Arriola, cónyuge de la ex alcaldesa de Málaga Celia Villalobos, que aparece en 99 asientos contables. El propio Mariano Rajoy recibe sobres de dinero negro en 42 ocasiones. Y Javier Arenas aparece en 24 ocasiones.

En ese sentido, recordamos que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz pidió los libros de contabilidad correspondientes al periodo del 1998 a 2011, 2004 y 2007 del PP en Málaga. Existen fundadas sospechas respecto a la posibilidad de que el Partido Popular acudiera ‘dopado’ a las elecciones municipales de 2003 y 2007, en las que el despliegue de medios fue ostensiblemente superior al resto de partidos.

En el año 2010 se realizan unas obras de adecuación de un local en la Avda. de Andalucía 26, entreplanta, sin licencia de obras (ni mayor ni menor) por parte de la GMU, tal como se acreditó tras comparecencias y preguntas de nuestro grupo. La obra fue realizada por una empresa y entregada a su finalización para albergar la sede del PP provincial. No se ha acreditado que el PP pagara la obra ni el alquiler del local.

En relación al caso Gürtel, hay que recordar que el Ayuntamiento de Málaga, adjudicó a la empresa BEGAR, del constructor José Luis Uribarri, imputado en la operación Gürtel, las obras de 280 VPO de Soliva por importe de 22,5 millones de euros, que luego dejó colgada al presentar un expediente de concurso de acreedores. Está empresa es investigada por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal, asociación ilícita y de falsedad.

Asimismo, se adjudicó a TECONSA, implicada en el caso Gürtel, las obras de remodelación de la carretera Azucarera-Intelhorce por valor de 4,38 millones de euros. La constructora subcontrató los trabajos a 6 empresas, algunas de las cuales denunció a TECONSA por no pagarles a pesar de haber inflado las certificaciones finales de las obras. Ante la falta de pago, las empresas dejaron paralizada la obra de la carretera Azucarera-Intelhorce cuando apenas se había ejecutado un 10%, por lo que el Ayuntamiento de Málaga tuvo que resolver el contrato y rescatar la adjudicación.

Según la supuesta contabilidad B presentada por Bárcenas, el PP de Málaga ingresó en sólo cuatro años 160.000 euros a las arcas del PP de la calle Génova, en concreto fueron 162.270 euros entre noviembre de 1998 y junio de 2001. Tal irregularidad sirvió para que desde la provincia malagueña saliesen pagos (hasta nueve) de tres millones de pesetas, dados en intervalos de entre tres y cinco meses. La contrapartida llegó a partir de julio del año 2000, cuando el dinero esta vez llegaba a la provincia con pagos que van desde 2 millones de pesetas, varios de hasta 160.000 y 20.000 pesetas, uno de 33.072 euros, bajo diversos conceptos.

La empresa Sando supone uno de los casos donde donaciones y adjudicaciones se solapan de forma más evidente. Según la supuesta contabilidad B del PP, donó al PP un total de 1’15 millones de euros, en varios pagos de 100.000 euros. Cada uno de los ingresos coincide en el tiempo con una adjudicación pública. Sando entregó 100.000 euros al PP en junio de 2003. El 17 de noviembre de ese mismo año, Sando entrega otros 100.000 euros. La historia se repite en febrero y junio de 2004 donde hay dos nuevos ingresos de 100.000 euros. Esta relación causa efecto se sigue repitiendo hasta 2007. A finales de mayo de ese año se produce un nuevo envío de 100.000 euros.

En este mismo periodo (2002 y 2007) la Gerencia de Urbanismo adjudicó obras por valor de 28 millones de euros a Sando, el 11 por ciento de la obra contratada a través de una veintena de adjudicaciones en un periodo de seis años, según la respuesta oficial recibida por nuestro grupo municipal.

De igual forma, Sando también recibió cuantiosos contratos en otras áreas del Ayuntamiento de Málaga, como la de Parques y Jardines, donde ha facturado a través de su filial Althenia unos 22 millones de euros en los últimos años.

También, según las hemerotecas, en las fechas en las que supuestamente Sando entrega todo este dinero al PP, se adjudica lo que en su día se denominó “el contrato del siglo”, que fue la adjudicación a la UTE formada por FCC, Urbaser y Sando del contrato de Limasa III, la empresa mixta que gestiona la recogida de basura y la limpieza de calles. Por el que estas empresas reciben muchos millones de euros del presupuesto público cada año. En aquel momento nuestro grupo denunció presiones políticas en la adjudicación de este contrato. (Cinco Días, 28-08-03).

En el periodo que se está juzgando, las otras dos empresas que forma la UTE de LIMASA, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y ACS-Urbaser, además del contrato de LIMASA también recibieron miles de millones en contratos públicos. De igual forma que lo hacen otras grandes constructoras como Sacyr y OHL (Thyssen).

Existen en nuestro país cientos de casos de políticos condenados por corrupción política, la inmensa mayoría del Partido Popular, que en muchos casos no han pasado por la cárcel o han sido indultados por el gobierno. No son “hechos aislados” sino una parte de todo un problema institucional que ha agravado la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones. Ante el creciente aumento de los casos de corrupción política, en muchos casos ligados a contratos de la administración local, es necesaria una respuesta rápida de los partidos políticos ante las acciones corruptas, que se adopten los mecanismos de investigación y las reformas legislativas oportunas.

Es por ello que consideramos que ante la corrupción, es necesario garantizar y reforzar el control público y situar la transparencia en la primera línea de la agenda política, aprobar leyes y tomar medidas para cortarla de raíz. A estas prácticas, se une la resistencia a la trasparencia, a dar explicaciones o dirimir responsabilidades sobre prácticas poco justificables en la gestión de lo público.

En el ámbito del Ayuntamiento de Málaga, y dado que existen numerosos indicios de conexiones de la corrupción política del Partido Popular con la administración municipal, creemos necesaria la creación de una comisión de investigación que aclare las posibles implicaciones que pudiese tener el equipo de gobierno en la presunta trama de financiación ilegal del Partido Popular.

Después de las conclusiones del caso Gürtel, y de las investigaciones del caso Bárcenas, es imprescindible que se aclaren muchas circunstancias que hoy quedan oscuras para así recuperar así la confianza de los ciudadanos en la política y en el sistema democrático.

En atención lo anterior, proponemos la adopción de los siguientes

A C U E R D O S

1º.- El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en virtud de lo establecido en el art. 172.2 del Reglamento Orgánico de Pleno (ROP), acuerda la constitución de una Comisión de Investigación para aclarar si el Partido Popular se ha beneficiado en campañas electorales municipales, de fondos procedentes de las presuntas tramas de corrupción y financiación ilegal.

2º.- Mostrar el rechazo de la Corporación a la corrupción y hacia todas aquellas personas, entidades, partidos o empresas privadas que, aprovechándose de sus cargos públicos, de su poder político o económico, o de su cercanía a quienes lo ostentan, información privilegiada, o cualquier otra causa, han realizado o realizan prácticas corruptas.

3º.- Instar al Gobierno central y al Congreso de los Diputados a realizar las reformas legislativas oportunas para luchar contra la corrupción, siguiendo las recomendaciones del Grupo contra la corrupción del Consejo de Europa, así como hacer reformas necesarias para que las empresas no puedan dar dinero a los partidos ni de forma anónima ni pública.

4º.- Exigir la dimisión del Presidente del Gobierno Mariano Rajoy, por dignidad democrática, ya que está deslegitimado por los graves casos de presunta financiación ilegal que se están conociendo y porque no puede continuar gobernando con la enorme acumulación de casos de corrupción que afectan al partido del que ha sido Presidente en todos esos años.

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