Garantizar el acceso a las instalaciones deportivas municipales a personas desempleadas y con escasos recursos

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Esta mañana Remedios Ramos ha llevado a la Comisión de Derechos Sociales  del Ayuntamiento de Málaga una iniciativa para garantizar a personas desempleadas y con escasos recursos el acceso a as instalaciones deportivas municipales.

MOCIÓN

Que presenta la portavoz adjunta del Grupo Municipal de Málaga para la Gente, Remedios Ramos Sánchez, a la Comisión de Derechos Sociales, Cultura, Educación, Deporte y Juventud, relativa a medidas para favorecer el acceso de  colectivos desfavorecidos, personas desempleadas y con escasos recursos, o con necesidades especiales a las instalaciones deportivas municipales.

La UNESCO, en su Carta Internacional de la Educación Física, la Actividad Física y el Deporte proclama que “los recursos, el poder y la responsabilidad de la educación física, la actividad física y el deporte deben asignarse sin discriminación alguna, ya sea esta sexista o fundada en la edad o la discapacidad, o de cualquier otro tipo, a fin de superar la exclusión experimentada por los grupos vulnerables o marginados”.

Ese documento subraya también que la educación física, la actividad física y el deporte pueden reportar diversos beneficios individuales y sociales relacionados con la salud, el desarrollo social y económico, el empoderamiento de jóvenes y mujeres, la reconciliación o valores como el fomento de la paz.

De ese modo, la carta proclama en su artículo 1 “que la práctica de la educación física, la actividad física y el deporte es un derecho fundamental” y desarrolla en el punto 1.1 “que todo ser humano tiene el derecho fundamental de acceder a la educación física, la actividad física y el deporte sin discriminación alguna, ya esté está basada en criterios étnicos, el sexo, orientación sexual, el idioma, la religión, la opinión política o de cualquier otra índole, el origen nacional o social, la posición económica o cualquier otro factor”.

Para alcanzar esos legítimos objetivos, el punto 1.2 señala “que la posibilidad de desarrollar el bienestar y las capacidades físicas, psicológicas y sociales por medio de estas actividades debe verse respaldada por las instituciones gubernamentales, deportivas y educativas”.

Además de la referencia de la UNESCO, la Constitución Española establece en su artículo 43.3 que “los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte”.

Hay que hacer constar que el deporte tiene “la condición de factor corrector de desequilibrios sociales” como, además, indica la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, que también incide en cómo “contribuye al desarrollo de la igualdad entre los ciudadanos, crea hábitos favorecedores de la inserción social y en que, asimismo, su práctica en equipo fomenta la solidaridad”.

En el contexto andaluz, la Ley del Deporte de Andalucía establece “que las Administraciones de Andalucía, dentro del ámbito de sus competencias, dirigirán su acción de gobierno de modo que el acceso de la ciudadanía a la práctica del deporte se realice en igualdad de condiciones y de oportunidades”. La práctica deportiva tiene en esta Ley la consideración de actividad de interés general, precisamente, por cumplir funciones sociales, culturales, educativas, económicas y de salud.

Una vez remarcado el importante papel social que juega el deporte y la práctica deportiva, cabe destacar que son los Ayuntamientos, los principales gestores de los servicios deportivos públicos, debido al grado de proximidad al domicilio familiar de los deportistas y al mayor conocimiento y uso de las instalaciones deportivas locales. Asimismo, los Ayuntamientos son las entidades locales que más y mejor favorecen y posibilitan el desarrollo y fomento de la actividad deportiva.

En Málaga la gestión de  la mayoría de las instalaciones deportivas se realiza, de manera indirecta a través de concesiones demaniales a empresas privadas que se encargan de su gestión y explotación, un modelo que no compartimos entre otros motivos porque se ha incumplimos porque se ha incumplido rotundamente lo que se manifestaba de que “los ciudadanos disfrutarán de un mejor servicio al mismo precio”, dado que el servicio es peor, con discrecionalidad en el acceso, incumpliendo los principios de igualdad, precios inaccesibles para determinados colectivos sociales, hacinamiento en algunas horas del día o en determinadas actividades que se realizan, entre otros problemas detectados respecto a estas externalizaciones.

Todo lo anteriormente mencionado motiva que desde el Grupo Municipal de Málaga para la Gente consideremos necesario que se pongan en marcha descuentos, bonificaciones, becas y ayudas para el uso de instalaciones deportivas en el caso de personas desempleadas y con escasos recursos con dificultades para acceder a estos servicios públicos, así como personas mayores, personas con movilidad reducida o que necesitan rehabilitación.

Esa petición cobra más sentido que nunca si se considera la actual situación económica de nuestra ciudad, con unos elevados índices de desempleo, una elevada precariedad, bajos salarios, elevados índices de pobreza y exclusión social. Ante esa realidad, entendemos que el Ayuntamiento tiene que ser sensible e introducir estas medidas de equilibrio social en el acceso a un servicio público como el que se presta en las instalaciones deportivas, con la finalidad de que el conjunto de la ciudadanía, independientemente de su nivel de renta, pueda tener la posibilidad de practicar deporte en los espacios públicos municipales.

Especialmente queremos que las bonificaciones, becas y ayudas se establezcan en instalaciones deportivas municipales cuya gestión se ha externalizado a través de concesiones demaniales a empresas privadas. Sabemos que algunos de estos pliegos de las concesiones establecen pagos en especie, y algunas de las instalaciones, como el centro ACB Aviva del Palo, a partir de la petición realizada por la representante de Málaga para la Gente en la Junta de Distrito Este, han puesto en marcha fórmulas para permitir que, sobre todo personas mayores y con escasos ingresos, pudieran acceder a la piscina del complejo deportivo de gestión privada, ya que no existe allí ningún centro de gestión pública. En concreto, la mencionada instalación facilitará becas a 40 vecinos y vecinas que no tendrán que abonar cantidad económica alguna y además, contarán con la asistencia y guía de un monitor especializado.

De igual forma sabemos que existen centros deportivos, como Inacua, que han regalado a algunos concejales de la corporación abonos para que puedan utilizar las instalaciones de forma totalmente gratuita, pero que no dan ayudas ni becas para las personas de los mencionados colectivos desfavorecidos.

Nos congratulamos de que se hayan puesto en marcha experiencias de este tipo para el uso de las instalaciones y la práctica deportiva individual, y lo que proponemos es que se extiendan al conjunto de los distritos e instalaciones deportivas. Ya que la política deportiva de externalizaciones pasa por no querer disponer de instalaciones públicas de gestión pública, que respondan a las necesidades de sus vecinos por igual, creemos necesario llegar más lejos por razones de justicia social,  estableciendo un sistema de tarifas reducidas, descuentos, bonificaciones, becas y ayudas para el uso de instalaciones deportivas municipales.

Por todo lo anteriormente expuesto, solicitamos que se adopten los siguientes

A C U E R D O S

            1º.-Instar al equipo de gobierno a que ponga en marcha medidas para favorecer el acceso de colectivos desfavorecidos, personas desempleadas y con escasos recursos, o con necesidades especiales a las instalaciones deportivas municipales.

           2º.- Instar al equipo de gobierno a que, especialmente, acuerde esos descuentos, bonificaciones, becas y ayudas, con las empresas privadas que tienen la concesión de instalaciones deportivas municipales externalizadas, con la finalidad de que personas desempleadas y escasos recursos, personas con movilidad reducida o que necesiten rehabilitación, pueda tener acceso a los servicios que se prestan en esas instalaciones.

Remedios Ramos Sánchez

Portavoz Adjunta del Grupo Málaga para la Gente

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