Tomar medidas contra la pobreza energética

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El grupo municipal Málaga para la Gente ha elaborado una propuesta para que el Ayuntamiento incida ante el Gobierno para atajar la situación de pobreza energética.

En la provincia de Málaga hay más de 60.000 hogares afectados por la pobreza energética, según datos proporcionados por Cruz Roja, esta organización ha atendido en Málaga a más de 21.500 personas con dificultades para pagar la luz o el agua, ha explicado esta mañana la viceportavoz, Remedios Ramos. “Nuestro grupo piensa que la energía, luz y gas, son bienes esenciales para la vida y que deben ser gestionados desde lo público y no supeditados al interés privado, por lo que hemos propuesto medidas que garanticen los suministros básicos vitales a las personas y familias en riesgo de exclusión social”.

Para este grupo, el Ayuntamiento de Málaga no puede vivir de espaldas a esta realidad, por lo que debe adoptar medidas específicas dirigidas a prevenir el fenómeno de la pobreza energética que sufren cada vez más familias, para garantizar unos consumos mínimos vitales a todas las personas y familias, en función del número de miembros y de períodos estacionales, en riesgo de exclusión social.

Según el estudio de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) existen más de 7 millones de personas con enormes dificultades para hacer frente al recibo de la luz, debiendo dar prioridad o elegir qué cuestiones de subsistencia se pueden permitir.

Por otra parte, el INE señala que más del 9% de los hogares españoles no pueden mantener su casa a una temperatura adecuada, con los riesgos que eso supone para las personas con factores de riesgo más alto como niños, ancianos o enfermos.

“La factura de la electricidad sube este invierno un 10% mientras que las tres grandes compañías eléctricas de nuestro país (Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa) acumulan ganancias de 56.624 millones de euros desde que comenzó la crisis. Por eso es urgente que se afronte la reforma en profundidad de la legislación del sector eléctrico y energético llevando a cabo una transición hacia un modelo energético limpio, fundamentado en las energías renovables y el autoconsumo”.

Ramos también ha aludido a los datos que del Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU) sobre la distribución de la renta en la ciudad de Málaga Málaga (Índice de Gini, Curva de Lorenz, Desigualdad y Pobreza en Málaga) en el que se reflejaba el incremento del riesgo de pobreza y exclusión social en Málaga.  “Ese estudio se debería de actualizar puesto que faltan las cifras de años más recientes, pero intuimos que no existe mucho interés en hacerlo ya, que lejos de mejorarse, los datos nos señalaría que la desigualdad ha crecido todavía más en nuestra ciudad”.

Según los datos de OMAU en 2011, un 22,58% de los habitantes estaban en riesgo de pobreza y exclusión social, “ponderando estos datos podemos afirmar que había 128.000 malagueños/as en esta situación de riesgo de exclusión social, y teniendo en cuenta que la tendencia era y es que la misma aumenta más de un punto cada año, en la actualidad podría situarse en más del 25%, lo que supone que hay unas 150.000 personas en riesgo de pobreza y exclusión social en Málaga, datos que cuadran con las cifras que manejan los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Málaga”.

El  22,58% de los malagueños está en riesgo de pobreza, que se distribuye territorialmente de la siguiente forma: La Zona Nordeste, 27,16%; Zona Oeste, 23,36%; y Zona Este 9,72%.

Por otro lado, según el OMAU, más de la mitad de los menores de 16 años viven en hogares que llegan a fin de mes con dificultad (índice de pobreza subjetiva) y casi 4 de cada de 10 malagueños (37,53) tiene dificultades para llegar a fin de mes, más de 10 puntos por encima de la media estatal (27,2). El Riesgo de pobreza en Málaga ha ido aumentando en más de un punto cada año.

En este contexto, “La pobreza energética tiene un impacto profundo en la vida de las personas y puede influenciar en su esperanza de vida y en el agravamiento de enfermedades crónicas. Se estima que la pobreza energética puede ser responsable de más de 2.300 muertes prematuras anuales frente a las 1.480 provocadas por accidentes de tráfico. Muchas familias tienen que decidir si se calienta el hogar o dan el desayuno a los niños”.

“Después de casi un año de que PP y PSOE llegaran a un acuerdo de estado sobre la pobreza energética y nuevo bono social eléctrico y se llenasen la boca prometiendo una regulación que evitase que casi 5 millones de personas en España sigan viviendo sin acceso al suministro energético, el Gobierno acaba de publicar su nueva regulación sobre el bono social eléctrico,  muy insuficiente y que recae en los ayuntamientos”.

Según ha explicado Remedios Ramos, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha realizado un estudio pormenorizado en el que se analiza al detalle, el impacto que la aplicación de esta nueva regulación tiene en el territorio, en especial sobre las corporaciones locales sobre las que recae en exclusividad el deber de cubrir los gastos generados por su aplicación. Es de destacar  la responsabilidad penal en la que pueden incurrir algunos alcaldes por los próximos cortes de luz de determinadas familias calificadas como vulnerables o muy vulnerables según el criterio del Ministerio de Energía.

“La voz de los servicios sociales la pone la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de forma especialmente certera y contundente remarcando las terribles consecuencias que tendrá la aplicación de este Decreto, en especial en la economía de Corporaciones Locales al obligar a realizar un gasto no contemplado previamente, ni presupuestado”.

Las propuestas que Málaga para la Gente presenta en la comisión de servicios sociales son:

1º.- Instar al gobierno central a la aprobación de una Ley de medidas para prevenir la pobreza energética que regule el sistema de suministros básicos del hogar garantizando que las tarifas no sean objeto de mercado, estableciendo precios sociales y elementos de fiscalidad energética favorables para las familias con bajos ingresos.

2º.- Manifestar la preocupación del Consistorio por el escaso alcance y notable insuficiencia de la nueva regulación sobre el bono social eléctrico, y en particular por hacer recaer en las corporaciones locales el deber de cubrir los gastos generados por su aplicación en vez de que los gastos sean asumidos por las compañías eléctricas.

3º.- Instar al gobierno central a que se reforme esta nueva regulación sobre el bono social eléctrico, para ampliar su cobertura y mejorar su alcance, para tener en cuenta también las condiciones de la vivienda y el nivel de ingresos familiares y no sólo la potencia contratada o la situación familiar/laboral, así como que los gastos de su aplicación sean asumidos por las compañías eléctricas.

4º.- Instar al equipo de gobierno a poner en marcha acciones contra la pobreza energética en nuestra ciudad adoptando medidas con el objetivo de garantizar el derecho de la ciudadanía a los suministros básicos del hogar que permita identificar, prevenir y corregir las situaciones detectadas.

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