En defensa de las personas dependientes de Málaga

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El grupo municipal de Málaga para la Gente ha presentado una moción para su debate en la comisión de Derechos Sociales, Cultura, Educación, Deporte y Juventud en la que piden que el Ayuntamiento inste al Gobierno central a que pague la deuda de 97 millones de euros con Málaga por la ley de dependencia.

En concreto, según ha explicado la viceportavoz de Málaga para la Gente, Remedios Ramos, estas cantidades “se corresponden con las no abonadas desde 2012 por este concepto” y que “beneficiaría en más de un tercio de esa cantidad, a las personas dependientes residentes en Málaga capital, lo que a modo de ejemplo permitiría construir al menos tres hospitales de altas prestaciones en Málaga, entre ellos el tan ansiado tercer hospital para la zona oeste de nuestra ciudad”, ha dicho.

En este punto, ha recordado que la financiación de los recursos necesarios para atender a las personas dependientes corresponde al 50 por ciento a la Junta y al Gobierno central, tal como marca la Ley de Dependencia, “pero el recorte de esas partidas por parte del Ejecutivo del PP hace que se haya acumulado la mencionada deuda y que la administración autonómicas haya tenido que asumir una cantidad superior a 50 por ciento que le correspondía”.

Ramos ha señalado que la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha dado recientemente unos datos en relación con “la deficiente financiación” de la Ley de Dependencias en España “que arroja cifras escalofriantes y que plantean la necesidad de rebelarse ante los brutales recortes en esta materia”.

Ha lamentado, en este sentido, que en el pasado año 40.647 dependientes fallecieron sin llegar a percibir las prestaciones a las que tenían derecho según reconoce el propio Ministerio, lo que supone 111 personas cada día.

En concreto, según los datos oficiales 335.201 personas en situación de dependencia están en lista de espera, de ellos un 36 por ciento son Dependientes Severos y Grandes Dependientes (Grados II o III). “En 2016 se redujo la lista de espera en 36.017 personas (saldo neto) a lo que contribuyen los fallecimientos de personas en espera de recibir atención”, ha señalado.

Asimismo, ha señalado que “el compromiso” que adquirieron PP y Ciudadanos en el pacto de investidura de Mariano Rajoy “apuntaba a la recuperación de los recortes de 2012 incrementando la financiación en 480 millones”, pero Málaga para la Gente ha criticado que ambos partidos “han antepuesto a este objetivo social, el cupo vasco y los más de 4.000 millones de inversión extraordinaria pactados con el PNV y más de 200 con Nueva Canarias”.

“Sólo recuperar los recortes de financiación estatal permitiría disminuir la lista de espera en 90.000 personas, y se generarían más de 20.000 empleos en un año”, ha asegurado Ramos, al tiempo que ha incidido en que si la aportación Estatal fuese del 50 por ciento del gasto público en Atención a la Dependencia, como establece la propia Ley, y manteniendo la aportación autonómica “se aseguraría la plena atención a los 335.000 personas que actualmente están en lo que se conoce como Limbo de la Dependencia”.

No obstante, ha continuado, “si se persiste en el incumplimiento de la Ley y violando derechos subjetivos, este año fallecerán 36.000 personas que tenían un derecho reconocido, sin poder recibir servicios ni prestación alguna”.

Por otro lado, la viceportavoz ha mostrado su preocupación por que “los recortes no se refieren a la financiación en exclusiva, sino que están sustentados en la precariedad de las personas contratadas para prestar estos servicios”.

Ha señalado que en el modelo de gestión de la ley de dependencia “se ha optado por un modelo privatizador, que empobrece la calidad de los servicios y precariza a las trabajadoras que los prestan”, asegurando, además, que “la ayuda a domicilio, gestionada por los ayuntamientos, también está privatizada en buena parte de estos”.

En el caso de Málaga, ha dicho Ramos, el Ayuntamiento “tiene contratada a Clece, cuando existe una empresa municipal de servicios sociales que podría prestarla, la empresa municipal ‘Mas Cerca”.

En este sentido, ha añadido que “la progresiva externalización de los servicios sociales municipales es uno de los ejes de acción del equipo de gobierno que afecta a áreas tan sensibles como la Dependencia, la Ayuda a Domicilio, cuidado de la población desasistida o la atención a la infancia”, entre otros.

“REVISIÓN DE LOS RECORTES”

Por otro lado, también Málaga para la Gente pide en la moción que el Ayuntamiento, en defensa de los derechos de las personas dependientes, inste al Gobierno central “a la reversión de los recortes practicados en el año 2012”.

En concreto, ha explicado Ramos, se trataría de dotar esta partida con 1.673 millones de euros en lugar de los 1.262,2 aprobados en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 20172, “entendiendo que esta propuesta es una transición hacia el total cumplimiento de la Ley de Dependencias que supone la financiación del sistema mediante la aportación del 50 por ciento del coste total por parte del Estado”.

De igual modo, instan al Ejecutivo central a la incorporación de una Disposición Adicional en los presupuestos para 2018 por la que se apruebe como cuantías “de nivel mínimo garantizado 264,22 millones de euros para el Grado III; 123,06 millones de euros para el Grado II y 77,33 millones de euros para el Grado I”.

Por último, piden rechazar “el modelo de privatización” de la gestión de la Ley de Dependencia “basado en la explotación y precariedad de las trabajadoras que realizan esta labor, que cobran sueldos de miseria”, que, además, “ha llevado a las quejas y protestas de las mismas por su situación de explotación y precariedad, así como aplicar cláusulas sociales en la adjudicación de estos contratos en las que se tengan en cuenta las condiciones de las trabajadoras que van a prestar estos servicios”.

Texto completo de la iniciativa:

MOCIÓN

           Que presenta la concejala del Grupo Mpal. Málaga para la Gente, Remedios Ramos Sánchez, a la Comisión de Derechos Sociales, Cultura, Educación, Deporte y Juventud, relativa a la situación de las personas dependientes y a la aplicación de la Ley de la Dependencia en nuestra ciudad.

La deuda del Gobierno central por la ley de la Dependencia con Málaga es de 97 millones de euros, que se corresponde con las cantidades no abonadas desde 2012 por este concepto, lo que permitiría construir al menos tres hospitales en Málaga de altas prestaciones, entre ellos el ansiado tercer hospital para la zona oeste de la capital.

La financiación de los recursos necesarios atender a las personas dependientes, corresponde al 50 por ciento a la Junta y al Gobierno central, tal como marca la Ley de Dependencia, pero el recorte de esas partidas por parte del Ejecutivo del PP hace que se haya acumulado la mencionada deuda y que la administración autonómicas haya tenido que asumir una cantidad superior a 50% que le correspondía.

 

La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha dado recientemente unos datos con respecto a la deficiente financiación de la Ley de Dependencias en España que arroja cifras escalofriantes y que plantean la necesidad de rebelarse ante los brutales recortes en esta materia. En el pasado año 40.647 dependientes fallecieron sin llegar a percibir las prestaciones a las que tenían derecho según reconoce el propio Ministerio (o lo que es lo mismo 111 personas cada día).

Según los datos oficiales 335.201 personas en situación de dependencia están en lista de espera, de ellos un 36% son Dependientes Severos y Grandes Dependientes (Grados II o III). En 2016 se redujo la “lista de espera” en 36.017 personas (saldo neto) a lo que contribuyen los fallecimientos de personas en espera de recibir atención.

El compromiso que adquirieron PP y C’s en el pacto de investidura de Rajoy apuntaba a la recuperación de los recortes de 2012 incrementando la financiación en 480 millones. Un acuerdo fijado en la medida 57 del documento “150 compromisos para mejorar España”, con una dotación prevista de 440 millones, y también en el Pacto de Estado suscrito por todos los grupos parlamentarios (con la excepción del PP y PNV) con ocasión del X Aniversario de la Ley de Dependencia.  Sin embargo el PP y C´s han antepuesto a este objetivo social, el cupo vasco y los más de 4.000 millones de inversión extraordinaria pactados con el PNV y más de 200 con Nueva Canarias.

Sólo recuperar los recortes de financiación estatal permitiría disminuir la lista de espera en 90.000 personas, y se generarían más de 20.000 empleos en un año.

El dato más importante es que si la aportación estatal fuese del 50% del gasto público en Atención a la Dependencia, como establece la propia Ley, y manteniendo la aportación autonómica anual , se aseguraría la plena atención a  los 335.000 personas que actualmente están en lo que se conoce como Limbo de la Dependencia”.

Sin embargo si se persiste en el incumplimiento de la Ley y violando derechos subjetivos, este año fallecerán 36.000 personas que tenían un derecho reconocido, sin poder recibir servicios ni prestación alguna.

En los Presupuestos Generales vigentes se contempla una cuantía para el nivel mínimo de financiación de tan sólo 1.262´2 millones de euros. Sólo con recuperar los recortes del 2012 y sin rebajar el esfuerzo autonómico actual se generarían más de 18.000 empleos nuevos en un año. Se pasaría de atender a 865.564 dependientes a 939.341 con este esfuerzo y se pasaría de 348.309 personas en lista de espera a 274.532. Una hipótesis que supone incrementar 481 millones en gasto público de los que se recuperarían de manera directa 191 (el 40%) por retornos de cuotas a SS, IRPF, Impuesto de Sociedades, etc.

Si nos fijamos en Andalucía, la financiación del nivel mínimo garantizado fue de 233´7 millones de euros. Pero si se revirtieran los recortes del año 2012 la cuantía a percibir sería de 331´1 millones de euros y si estuviéramos en un escenario en el que se cumpliera la Ley de Dependencias, es decir con una financiación garantizada por parte del Estado del 50% estaríamos en 550´5 millones de euros.

Por otro lado, nos preocupa que los recortes no se refieren a la financiación en exclusiva, sino que están sustentando en la precariedad de las personas contratadas para prestar estos servicios. En el modelo de gestión de la ley de dependencia se ha optado por un modelo privatizador, que empobrece la calidad de los servicios y precariza a las trabajadoras que los prestan. La ayuda a domicilio, gestionada por los ayuntamientos, también está privatizada en buena parte de estos. El Ayuntamiento, tiene contratada a CLECE, cuando existe una empresa municipal de servicios sociales que podría prestarla, la empresa municipal “Mas Cerca”.

La progresiva externalización de los servicios sociales municipales es uno de los ejes de acción del equipo de gobierno que afecta a áreas tan sensibles como la Dependencia, la Ayuda a Domicilio, cuidado de la población desasistida o la atención a la infancia. Clece, empresa filial del grupo ACS, propiedad del actual presidente del Real Madrid CF, Florentino Pérez, es la encargada de aplicar en la capital malagueña la Ley de Dependencia. Estas adjudicaciones, se están realizando sin aplicar clausulas sociales ni tener en cuenta las condiciones de las trabajadoras de esta empresa, a las que se les está pagando sueldos de miseria, lo que ha llevado a las quejas y protestas de las mismas por su situación de explotación y precariedad.

La empresa CLECE (del grupo ACS, Florentino Pérez) que gestiona los contratos de la Ley de la Dependencia y otros contratos del Área de Servicios Sociales, facturó al Ayuntamiento de Málaga 16.710.011 euros en 2015 y esa cantidad por servicios que se han externalizado se aumentó hasta los 18.488.00 en 2016, aumentando 1.778.000 euros a costa de asumir servicios que antes prestaban directamente los Servicios Sociales Municipales. Esa tendencia sigue incrementándose en 2017 aunque todavía no se ha cerrado la facturación y liquidación de dicho ejercicio presupuestario.

Por todo ello, el Grupo Mpal. de Málaga para la Gente, propone los siguientes

A C U E R D O S

1º.- El Ayuntamiento de Málaga insta al gobierno central a que page la deuda de 97 millones de euros con Málaga, que se corresponden con las cantidades no abonadas desde 2012 por este concepto, que beneficiaría en más de un tercio de esa cantidad, a las personas dependientes residentes en Málaga capital, lo que a modo de ejemplo permitiría construir al menos tres hospitales de altas prestaciones en Málaga, entre ellos el tan ansiado tercer hospital para la zona oeste de nuestra ciudad.

2º.- El Ayuntamiento de Málaga, en defensa de los derechos de las personas dependientes de nuestro municipio, insta al gobierno central a la reversión de los recortes practicados en el año 2012 (una propuesta recogida e incumplida de manera flagrante en el acuerdo PP/CIUDADANOS de investidura). Se trataría de dotar esta partida con 1.673 millones de euros en lugar de los 1.262´2 aprobados en los PGE 2017. Entendiendo que esta propuesta es una transición hacia el total cumplimiento de la Ley de Dependencias que supone la financiación del sistema mediante la aportación del 50% del coste total por parte del Estado.

3º.- El Ayuntamiento de Málaga, en defensa de los derechos de las personas dependientes de nuestro municipio, insta al gobierno central a la incorporación de una Disposición Adicional en los presupuestos para 2018 por la que se apruebe como cuantías de nivel mínimo garantizado 264´22 millones de euros para el Grado III; 123´06 millones de euros para el Grado II y 77´33 millones de euros para el Grado I.

4º.- Rechazar el modelo de privatización de la gestión de la Ley de Dependencia basado en la explotación y precariedad de las trabajadoras que realizan esta labor, que cobran sueldos de miseria, lo que ha llevado a las quejas y protestas de las mismas por su situación de explotación y precariedad, así como aplicar clausulas sociales en la adjudicación de estos contratos en las que se tengan en cuenta las condiciones de las trabajadoras que van a prestar estos servicios.

5º.- Enviar copia de todos los acuerdos adoptados a la Presidencia del Gobierno, a todos los Grupos Políticos presentes en el Parlamento de Andalucía y Congreso de los Diputados , a la FEMP y a la FAMP.

Remedios Ramos Sánchez

Concejala del Grupo Municipal de Málaga para la Gente

Málaga, a 12 de febrero de 2018

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