#PensionesDignas En apoyo y defensa de las demandas de los mayores

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El grupo municipal de Málaga para la Gente presenta a la comisión informativa una moción para que el Ayuntamiento apoye las protestas de los mayores  que están luchando en defensa de sus derechos sociales y en particular para mantener su calidad de vida en vez de seguir empeorándola con los recortes y la pérdida de su poder adquisitivo.

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La concejala de este grupo político, Remedios Ramos, recuerda que Caritas Diocesana ha denunciado en un informe que 1,5 millones de hogares se encuentran en situación de exclusión severa, el doble respecto a hace seis años y que en 1 de cada 5 hogares con todos sus miembros en paro, vive una persona mayor de 65 años cuya pensión se hace imprescindible. “Los ingresos de las pensiones en las economías familiares, son el ingreso principal en el 31,4% de los hogares. Eso pese a que nuestro país está a la cola de los países europeos en cuanto a las pensiones, unas pensiones tan bajas que casi el 40% de los y las pensionistas viven por debajo del umbral de la pobreza”.

El colectivo más afectado por estos recortes generalizados de los pilares del Estado del Bienestar, y en particular debido a que el modelo mediterráneo está basado en la fortaleza de la sanidad pública y del sistema público de pensiones, son los mayores y pensionistas, “que han dicho Ya Basta”.

IU-Málaga para la Gente considera imprescindibles y más que justas las movilizaciones que se han desarrollado en los últimos meses en todo el Estado exigiendo pensiones dignas frente a la miserable subida del 0,25% impuesta por el Gobierno el PP, que supone un durísimo golpe al poder adquisitivo de estas personas.

En su moción, además de apoyar las protestas de los mayores, se propone  rechazar los recortes sufridos en sanidad y en la atención a las personas en situación de dependencia, “que afectan a personas y familias quedando relegadas de su derecho lo que, sin duda, agravará la situación también de las personas mayores”.

Texto completo de la iniciativa

MOCIÓN

           Que presenta la concejala del Grupo Mpal. Málaga para la Gente, Remedios Ramos Sánchez, a la Comisión de Derechos Sociales, Cultura, Educación, Deporte y Juventud, en defensa de los derechos sociales de las personas mayores.

El Estado del Bienestar es un concepto que se refiere a todo el conjunto de las intervenciones dirigidas desde el estado y orientadas a garantizar unos derechos sociales mínimos a la población a través de unos sistemas públicos de protección.  Los cuatro pilares del Estado de Bienestar son los siguientes:

– La sanidad, basada originalmente en un sistema universal y gratuito, que se ha ido recortando tanto en su financiación y en su inversión, privatizándose servicios o estableciendo fórmulas para las que las personas contribuyan a financiar los servicios, como el “medicamentazo” y el copago o repago farmacéutico.

– La seguridad social, cuya principal partida son las pensiones contributivas de jubilación, pero que también ofrecen cobertura ante otras contingencias, la viudedad, orfandad o situaciones de incapacidad. El sistema público de pensiones también se ha recortado en la última década. El gobierno del PSOE congeló las pensiones, retrasó la edad de jubilación y modificó el sistema de cálculo de la pensión para rebajarlas en el futuro; y el PP estableció una subida del 0,25 anual que provoca la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones, negándose a ligar la subida anual al IPC.

– Los servicios sociales, dedicados a proveer asistencia en situaciones donde no se han alcanzado prestaciones contributivas o en ayudas a la dependencia. También el gasto social, las prestaciones y las ayudas a la dependencia se han recortado de una forma considerable, como hemos puesto de manifiesto en varias mociones que hemos presentado en los último meses en esta comisión y como ha denunciado la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

– El cuarto pilar, es la educación pública, con carácter universal, gratuita hasta ciertos niveles y subvencionada en niveles secundarios o superiores. También se ha recortado intensamente y se está privatizando en las últimas décadas.

En cuanto a los modelos del Estado de Bienestar, en función de las variables, el grado de protección social o el reparto del peso en la provisión de servicios del sector público, encontramos cuatro modelos diferenciados de Estado de Bienestar:

  1. a) El modelo Nórdico en el que la protección social es universal y elevada, con importantes prestaciones e innumerables ayudas. Las prestaciones se financian vía cotizaciones y es el Estado el principal proveedor de servicios, con altos estándares de calidad. La prestación de sus servicios está basada en el principio de la ciudadanía, lo que supone un acceso generalizado a los mismos por parte de la población.  

 

  1. b) El modelo continental, basado en el principio contributivo, donde empleados y empresas cotizan para crear un plan de previsión para necesidades sociales y ofrece prestaciones no contributivas y subsidios, algunos de ellos no sujetos a ningún tipo de acciones o compromisos de reinserción en el mercado laboral.

 

  1. c) El modelo anglosajón, donde la protección social, a nivel de prestaciones contributivas como de ayudas sociales, es mucho más limitada. Tienden a cubrir necesidades básicas, delegando en la responsabilidad de los individuos la completa cobertura de sus necesidades. Los criterios de concesión de ayudas y subsidios son menos laxos y están sujetos a acciones activas de empleabilidad.

 

  1. d) El modelo Mediterráneo, que es el que tenemos en nuestro país, se basa en pensiones y sanidad, con protagonismo del Estado en la provisión de servicios, y bajo nivel en prestaciones y servicios sociales debido a peculiaridades culturales como la presencia de la familia en la vida de los individuos, que cubre ciertas necesidades que en otros modelos son cubiertas por el Estado, como cuidado de los hijos o de ancianos.

 

Según la declaración universal de los derechos humanos, con referencia a las personas mayores, en su artículo 25 señala lo siguiente:

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y en otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”

Caritas Diocesana ha denunciado en un informe que tenemos 1,5 millones de hogares que se encuentran en situación de exclusión severa, el doble respecto a hace seis años y que en 1 de cada 5 hogares con todos sus miembros en paro, vive una persona mayor de 65 años cuya pensión se hace imprescindible. Los ingresos de las pensiones en las economías familiares, son el ingreso principal en el 31,4% de los hogares. Eso pese a que nuestro país está a la cola de los países europeos en cuanto a las pensiones, unas pensiones tan bajas que casi el 40% de los y las pensionistas viven por debajo del umbral de la pobreza.

Especialmente graves resultan los recortes sufridos en sanidad, que tienen repercusiones negativas en la salud y bienestar de las personas mayores. En este sentido, tiene especial impacto la extensión del copago farmacéutico al colectivo de pensionistas con una definición además regresiva, el medicamentazo que retiró de la financiación pública más de 450 fármacos de bajo coste y, más recientemente, la inclusión del copago de parte de los medicamentos que se dispensan en las farmacias hospitalarias. Todas estas medidas, ajenas al criterio terapéutico, obedecen a objetivos de ahorro del gasto público, que se transfieren como gasto al bolsillo de los mayores.

La reformulación de la Ley Estatal de Atención a las personas en situación de dependencia pervierte uno de los objetivos de la ley (su carácter preventivo), lo que significará un incremento de las personas en esta situación, a la par que considera como colectivo no prioritario a las personas con una dependencia moderada. Muchas personas y familias, por lo tanto, quedan relegadas de su derecho  lo que, sin duda, agravará la situación de estas personas de una manera mucho más rápida e intensa.

El colectivo más afectado por estos recortes generalizados de los pilares del Estado del Bienestar, y en particular debido a que el modelo mediterráneo está basado en la fortaleza de la sanidad pública y del sistema público de pensiones, son los mayores y pensionistas, que han dicho Ya Basta! El pasado mes de febrero miles de jubilados secundaron las concentraciones en defensa del sistema público de pensiones, organizadas por la coordinadora estatal de jubilados y pensionistas.

Nuestro grupo considera imprescindibles y más que justas las movilizaciones que se han desarrollado en los últimos meses en todo el Estado exigiendo pensiones dignas frente a la miserable subida del 0,25% impuesta por el Gobierno el PP, que supone un durísimo golpe al poder adquisitivo de las/os pensionistas.

Los mensajes que se están lanzando desde el ejecutivo del Partido Popular y sus aliados de Ciudadanos van dirigidos desde hace tiempo a imponer una misma idea: Hay que ahorrar y abrir planes de pensiones privados. No les importa que eso sea imposible para el poder adquisitivo de la inmensa mayoría de la ciudadanía, aunque tienen claro que es necesario para mantener y aumentar el negocio millonario de las grandes empresas del sector de seguros privados y bancos, a costa del riesgo para los ahorros de quienes los contratan.

Es rotundamente falso que el sistema público de pensiones sea insostenible. No estamos ante un problema técnico, sino claramente político y de prioridades. Lo que pasa en realidad es que las políticas de austeridad impuestas lastran el crecimiento económico, condicionan la creación de empleo, deterioran los salarios y la calidad del mercado laboral, afectando de lleno a los ingresos del sistema público de pensiones, que es donde radica el principal problema, no en el gasto destinado a las mismas.

De forma sutil pero constante se repiten argumentos que están culpabilizando a la propia ciudadanía de la escasez de recursos. La pretensión clara no es otra que hacernos creer que los responsables de una supuestamente inevitable inviabilidad del sistema de pensiones es de las personas, por ser muy mayores o por tener pocos hijos incluso, por tener trabajos escasos y poco remunerados.

Desde hace años venimos denunciando todas estas tesis están basadas en la voluntad de mantener las actuales políticas de austeridad a ultranza, concurriendo con las que se fundamentan en presentar, desde sectores con intereses mercantiles, a las pensiones públicas como inviables, al tiempo que se ofrecen como alternativa sistemas privados de pensiones, obviando que no son, en modo alguno, capaces de proteger mejor a la población pensionista.

Los poderes públicos deben apostar por garantizar desde el sistema público, pensiones suficientes como herramienta fundamental  para mantener y reforzar la cohesión social. Las cotizaciones procedentes del empleo, que deben mejorar su disminuida aportación actual y el refuerzo de la financiación pública, como elemento de redistribución de renta, son piezas esenciales.

Las cotizaciones a la Seguridad Social no son, como se repite para intentar denostarlas, un impuesto que tienen que pagar los empresarios y en menor medida los trabajadores. La cotización a la seguridad social es salario diferido que se entrega al  Estado para que sea el garante de nuestras prestaciones y para tener cubiertas las situaciones de enfermedad, fallecimiento o vejez.

El problema no está en el sistema, cuyas necesidades futuras son conocidas y previsibles, está, entre otras causas, en la voluntad de reducir su nivel de cobertura, el debilitamiento de sus fuentes de financiación procedentes del mercado de trabajo, debilitando los mecanismos de distribución de renta en la empresas y en la sociedad, en el uso que, en ocasiones, se hace de la recaudación destinando el dinero, a otros fines para los que no estaba previsto.

Con estos datos podemos concluir que  no se cumple con lo establecido en el Art. 50 de nuestra Constitución: “Los poderes públicos garantizaran mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio”.

En atención a lo anterior, proponemos la adopción de los siguientes

A C U E R D O S

 1º.- Apoyar las legítimas protestas de las personas mayores  que están luchando en defensa de sus derechos sociales y en particular para mantener su calidad de vida en vez de seguir empeorándola con los recortes y la pérdida de su poder adquisitivo.

 2º.- Apoyar las reivindicaciones de las personas mayores, jubiladas, pensionistas exigiendo pensiones dignas y en defensa del sistema público garantizado y por tanto rechazar la miserable subida del 0,25% impuesta por el Gobierno el PP, que supone un durísimo golpe al poder adquisitivo de las y los pensionistas.

3º.- Rechazar los recortes sufridos en sanidad, que tienen unas repercusiones negativas en la salud y bienestar de las personas mayores, así como las medidas que afectan a los medicamentos que se transfieren como gasto al bolsillo de los mayores.

4º.- Rechazar los recortes sufridos en la atención a las personas en situación de dependencia, que afectan a personas y familias quedando relegadas de su derecho lo que, sin duda, agravará la situación también de las personas mayores.

Remedios Ramos Sánchez

Portavoz Adjunta del Grupo Municipal de Málaga para la Gente

Málaga, a 12 de marzo de 2018

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