La dilación premeditada de la declaración de Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS)

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MOCIÓN

           Que presenta el portavoz del Grupo Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla Díaz, y la portavoz adjunta, Remedios Ramos Sánchez, a la consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno, relativa a la masificación del centro y la dilación premeditada de la declaración de Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS).

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La Asociación de Vecinos del Centro Antiguo y otros colectivos ciudadanos han criticado recientemente la dilatación premeditada, que sitúa al equipo de gobierno al margen de la legalidad, de la declaración de Zonas Acústicamente Saturadas, a la que por Ley está obligado y que llego a trasladar como un punto para su aprobación en el mes de febrero aunque tras la presión de los lobbies de empresarios de bares de copas retiró del orden del día, aplazando dolosamente sine die su aprobación.  

En vez de cumplir con la legislación andaluza y con los acuerdos de la moción del grupo municipal de Málaga para la Gente aprobados en febrero por el Pleno, el equipo de gobierno en connivencia con los lobbies de empresarios de bares de copas usarán la artimaña de una supuesta consulta popular (que siempre se han negado a utilizar para otros temas como el Guadalmedina, el Astoria o los terrenos de Repsol) para no aprobar la declaración de Zonas Acústicamente Saturadas que llevan años estudiando y negociando con los afectados, incluso cuando ya se llevó este punto para su aprobación y se retiró plegándose a presiones de grupos empresariales que tienen intereses privados, poniendo esos intereses particulares por encima de los intereses generales, más aun cuando se trata del derecho constitucional al descanso, reforzado en la legislación, lo que incluso podría motivar una demanda contra el Consistorio.

La estrategia dilatoria del equipo de gobierno desplaza al menos hasta finales de 2018 cualquier solución/regulación del problema de la saturación del ruido que impide el descanso de los vecinos, lo que supondría dos años de incumplimiento de la Ley por parte del Ayuntamiento y casi cuatro de desamparo de los vecinos y vecinas de estas zonas. No se trata, como se quiere dar a entender, de intereses contrapuestos entre dos partes, en absoluto, sino de intereses privados frente al interés público.

El derecho al descanso está recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 40 de la Constitución Española, pero parece que el equipo de gobierno del PP y sus socios de C’s sólo son constitucionalistas para aquellos artículos que les interesa y en otros se niegan a aplicar la Constitución. Se están vulnerando los derechos constitucionales de 4.800 residentes con problemas reales, que no pueden conciliar el sueño, que tienen que vivir con un exceso de ruido constante, que asisten desprotegidos a la sistemática violación de la intimidad de sus viviendas.

No entendemos dicha paralización, muy cuestionable legalmente, más aún cuando la junta de gobierno local aprobó el 2 de febrero de 2018 una primera propuesta, que después retiró del orden del día de los órganos municipales, lo que motivó que nuestro grupo presentara una moción urgente a la sesión plenaria del 23 de febrero de 2018, que fue aprobada, instando al equipo de gobierno a poner en marcha de forma inmediata las ZAS y la revisión de Pepri Centro, también paralizado desde 2014, que son los instrumentos adecuados para regular y poner límites a la saturación por ruido en determinadas zonas.

A la vista de todas las quejas y reclamaciones por la saturación de ruido, sus efectos respecto a la pérdida de población residente del centro histórico, de la actual invasión indiscriminada de los pocos espacios públicos libres, si no se toman medidas urgentes este proceso va a seguir siendo irreversible. El problema que denuncian los residentes no queda ahí sino van más allá, el equipo de gobierno no sólo impide la aplicación de la Ley sino que opera como vehículo de intermediación, dando facilidades para esta masificación y para la saturación de un ruido insostenible.

La Asociación de Vecinos del Centro Antiguo denuncia que hay barra libre, hasta el punto que dicen que quién tiene que hacer cumplir la ley, es el primero que la incumple, que no está pendiente de los horarios de cierre de los bares y tampoco aplica sanciones.

Ante todo esto el equipo de gobierno está desarrollando una política muy errática y servil con los lobbies y grupos con un interés privado particular, toda esta impunidad favorece la continuidad de esta ley de la selva, perpetuando esta situación en vez de plantear actuaciones para la corrección de los problemas y poner coto a esta situación.

Las declaraciones de representantes de estos lobbies de que afirman haber llegado a un acuerdo con el equipo de gobierno para que el centro histórico pierda la condición de zona residencial, preocupa y ha alarmado enormemente a los vecinos y vecinas del centro, quienes están convencidos de que existe un pacto para ejecutar un plan político para así expulsarles de sus casas. Nos parecería inaudito e insólito que se cambiara la naturaleza residencial del centro. Es el colmo de la desfachatez que lo que se ha convertido de hecho en un parque temático de hostelería y turismo masificado, lo sea también de derecho.

La errática política del equipo de gobierno respecto al centro histórico, junto a su incapacidad o dejadez para hacer cumplir las ordenanzas y para poner en marcha de una forma efectiva instrumentos reguladores que tiene a su alcance, como las ZAS o el PEPRI Centro, está ocasionado un verdadero desastre al desequilibrarse los distintos usos que deben albergar estos espacios provocando la expulsión de los residentes del centro.

 

Lejos de intentar equilibrar y de poner en marcha estos instrumentos reguladores para un desarrollo turístico sostenible, algunos sectores han dicho que los mismos no son necesarios, que los bares y terrazas de pueden autorregular, algo que no han hecho hasta el momento, pero van más allá al proponer algo inédito e inviable jurídicamente: que el centro histórico sea sólo comercial y turístico y que los residentes se marchen del centro, lo que eliminaría las limitaciones actuales y eximiría del cumplimiento de las ordenanzas.

Esta propuesta sería la culminación de un modelo de explotación intensiva de un espacio público muy pequeño por parte de un reducido número de agentes, que operan apropiándose de los beneficios de la ciudad, destruyendo además empleos en el comercio tradicional y proximidad que se sustituyen por empleos precarios con sueldos de miseria.

Esta dejación de funciones nos lleva camino de un modelo de turismo “low cost” y de baja calidad, convirtiendo nuestro centro histórico en un parque temático de bares y apartamentos turísticos, cada vez más próximo al modelo de Magaluf.

El equipo de gobierno demuestra a cada paso su incapacidad en la gestión política, y en el centro tenemos varios ejemplos de ello, no sólo retrasa la declaración de ZAS en el centro, sino que también paralizó la revisión del PEPRI Centro, que anunció tras 25 años. También ha fracasado con el plan del tráfico, la falta de resolución del problema de la limpieza, el ruido y el exceso de ocupación de la vía pública.

Las quejas vecinales se han visto confirmadas por un informe del Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU), en el que se recoge la escalofriante cifra de que el 92% de los bares del centro incumplen alguna normativa municipal, y que más de la mitad no reserva el espacio peatonal al que obliga la legislación. Este informe advierte que este modelo de centro urbano, con una alta densidad de establecimientos y los problemas que esto lleva aparejado, están provocando un “éxodo vecinal” ya que la degradación de la calidad de vida de la zona la hace cada vez menos atractiva.

La vigencia de modelos de sobreoferta hostelera y de franquicias, junto con la prevalencia de los servicios terciarios y apartamentos turísticos sobre la residencia y los equipamientos, ha dejado de ser un fenómeno subyacente al desarrollo turístico y se ha convertido en un elemento distorsionador y negativo respecto a la calidad.

Los centros históricos que se basan en la sobreoferta hostelera y de apartamentos turísticos, están abocados al fracaso. Las primeras consecuencias son la pérdida de calidad y la expulsión de los residentes del centro histórico, que no tienen más remedio que irse ante el alza de precios y las condiciones hostiles.

Lejos de calmarse la tendencia, los procesos de transformación del centro histórico se están acelerado, como denunció el OMAU, la ocupación absoluta y relativa de los usos hosteleros, bancarios, el aumento del precio de viviendas, locales comerciales y alquileres son los síntomas de un escenario de creciente especulación y especialización abusiva de lo que se ha dado en llamar monocultivo turístico.

Por su parte el equipo de gobierno ha manifestado una clara falta de voluntad para acotar el desarrollo desbocado de las tendencias de atropellos urbanos cometidos al amparo de las secuelas económicas del desempleo y la crisis, bajo el falso pretexto de que son necesarios para el crecimiento del empleo.

Las acciones del equipo de gobierno se producen sin prevenir impactos; sin fijar actuaciones de contención de los daños colaterales; sin adoptar políticas de reequilibrio.

Sin soluciones alternativas ni equilibrio en espacios y edificios donde la vida en las áreas centrales pueda tener lugar con un mínimo de sosiego y calidad urbana, la vida de los residentes se hace complicada y al final terminan manchándose o son expulsados.

En atención a todo lo anterior, proponemos la adopción de los siguientes

A C U E R D O S

1º.- Reprobar al concejal delegado de Medio Ambiente y al equipo de gobierno por  la dilación premeditada de la declaración de Zonas Acústicamente Saturadas, a la que por Ley está obligado, aplazando dolosamente sine die su aprobación.  

2º.- Reiterar los acuerdos adoptados de la moción urgente a la sesión plenaria del 23 de febrero de 2018, instando al equipo de gobierno a la aprobación inmediata de las ZAS y la revisión de Pepri Centro, también paralizado desde 2014, que son los instrumentos adecuados para regular y poner límites a la saturación por ruido en determinadas zonas.

3º.- Mostrar el apoyo y solidaridad de toda la corporación con los vecinos y vecinas del centro histórico y rechazar que su barrio sea considerado exclusivamente como zona comercial y turística  y tengan que marcharse del mismo.

4º.- Instar al equipo de gobierno a que se adopten medidas urgentes para impedir la expulsión de residentes del centro histórico, y para la defensa de los vecinos y vecinas respecto a los problemas que reducen o acaban drásticamente con su calidad de vida.

5º.- Instar al equipo de gobierno a que se adopten medidas urgentes respecto a la masificación y saturación de determinadas zonas por la sobreoferta de hostelería y bares de copas, que contemple e integre los informes, recomendaciones y elementos recogidos en la Agenda 21 y del Observatorio del Medio Ambiente Urbano (OMAU)

 

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