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Frenar las prácticas abusivas y la competencia desleal de Uber y cabify

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El portavoz del grupo municipal de IU-Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ha alertado hoy sobre las prácticas abusivas y competencia desleal de plataformas como Uber y cabify a los taxistas malagueños, “un tema muy grave que afectas a muchas familias e incluso a la imagen de la ciudad”. “No queremos que se vuelvan a producir los conflictos que tuvieron lugar el verano pasado con los trabajadores del taxi por la proliferación sin control de las VTC (vehículos de transporte concertado)”, ha subrayado Zorrilla.

Zorrilla ha señalado que “el taxi no es sobre todo un servicio público, además de un medio de vida para muchas familias de Málaga. En Málaga ciudad hay 1435 licencias de taxi, no sabemos exactamente cuantos VTC existen en la ciudad en este momento, porque además de la falta de control por parte de las administraciones competentes, como cada verano a nuestra ciudad se desplazan decenas de VTC haciendo una competencia desleal al sector del taxi”. Los profesionales del taxi calculan que hay entre 600 y 700 de estos vehículos, una proporción cercana a un vehículo VTC por cada dos taxis.

“La irrupción de plataformas como Uber y Cabify que desarrollan prácticas abusivas aprovechando vacíos legales y la falta de actuación por parte de las administraciones ha supuesto un perjuicio muy importante a las más de 1400 familias que viven del taxi en nuestra ciudad. Pedimos que se cumplan las  leyes, las normas laborales de los trabajadores de estas plataformas que están sometidos a condiciones de precariedad, y que se cumplan las normas de transporte porque no puede ser que estos vehículos estén estacionados en las inmediaciones de sitios de gran afluencia, como estaciones de trenes, autobús o el Aeropuerto. Que es algo que prohíbe la Ley puesto que los VTCs solo pueden prestar el servicio una vez que han sido precontratados, y no pueden ir a la caza del cliente”.

Estos incumplimientos de la normativa deben ser vigilados y sancionados por las administraciones; en nuestro caso el Ayuntamiento a través de la policía local debe evitar que se produzcan estas situaciones. Por este motivo, llevamos una moción al próximo pleno para que el Consistorio muestre su apoyo al sector del taxi en la ciudad, al tiempo que pedimos rechazar la concesión de nuevas licencias para este tipo de vehículos puesto que ya existen demasiadas. Asimismo, pedimos al gobierno central que de competencias a ayuntamientos y comunidades autónomas para que se cumplan las normas de transporte y la proporción, avalada por el tribunal Supremo, de 1 licencia de VTC por cada 30 de taxi.

 

Por último, en la moción presentada pedimos más vigilancia e inspección de las VTC y que la Policía Local lleve a cabo “labores de vigilancia en la estación de autobuses, la del tren y en el Aeropuerto, para evitar el intrusismo y la competencia desleal. Además, de estudiar personarse en los procedimientos contencioso administrativos, como hacen otros ayuntamientos, abiertos a instancias de las asociaciones de taxistas.

Por su parte, ha intervenido Miguel Martín, presidente de la Asociación Malagueña de Autónomos del Taxi (AMAT), que ha manifestado el total apoyo del colectivo que representa a dicha moción, ya que se trata de un problema gravísimo el que está padeciendo el sector del taxi en Málaga ciudad y la provincia, debido a que “estas plataformas han llenado la ciudad de estos vehículos que están día a día operando sin ningún tipo de control y haciéndonos una competencia desleal en toda regla”.

Según Martín “estas empresas contratan a conductores con unas condiciones precarias y con una escasa preparación y formación, que salen a trabajar a la calle sin respetar la Ley estando estacionados en zonas de afluencia con las aplicaciones abiertas. Además están captando clientes en la calle y trabajando a mano alzada como si fueran  taxis. Esta situación se ha convertido en un auténtico problema y estamos viviendo momentos muy tensos que podrían desembocar en una situación que todos podríamos lamentar”.

El presidente de AMAT ha manifestado que “Si la administración no pone los medios oportunos el sector del taxi  nos vamos a movilizar para que se nos escuche y se solucionen estos problemas. Lo que queremos es que se cumpla la Ley por parte de estas empresas, que nos están quitando el trabajo y riéndose de nosotros, de la Policía Local y de la propia administración. El pasado verano con la huelga y con los coches que vinieron de Madrid para la Feria, el Ayuntamiento, aunque tarde, tomó unas medidas para controlar este problema que nosotros queremos que sean de manera permanente.

Martín se ha lamentado de que “Este año es posible que ya haya entre 600 y 700 de estos vehículos, pero al no existir control no se sabe el número exacto. Hemos pedido más presencia y vigilancia policial a lo que nos contestan que hay muy pocos efectivos, por que pedimos que se cree un grupo de la Policía Local especializado en materia de transporte, intrusismo y piratería. Asimismo ha reclamado “establecer el control telemático en el Aeropuerto que no sabemos por qué no se ha implantado”.

El presidente de AMAT a pedido al alcalde que, que al ser la ciudad más afectada de toda España, solicite al Ministerio de Fomento que se haga cumplir la Ley y la proporción de 1/30 (1 licencia de VTC por cada 30 de taxi) frente a la actual proporción cercana al 1/2 (1 licencia de VTC por cada 2 de taxi) y que, al igual que en Barcelona, se trabaje en establecer una licencia municipal que daría al Ayuntamiento la potestad de controlar estos vehículos.

Por último, Martín ha reclamado al Ayuntamiento de Málaga que proteja a las más de 1400 familias que viven del taxi en nuestra ciudad, puesto que han perdido más de un 30% de ingresos por culpa de esta competencia desleal.  

MOCIÓN

Que presenta el portavoz del Grupo Mpal. de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla Díaz, y la concejala del mismo, Remedios Ramos Sánchez, de apoyo al sector del taxi frente a las prácticas abusivas y competencia desleal de Uber y Cabify

Unas 12.000 familias viven del sector del taxi en Andalucía, por lo que la irrupción en el mercado de plataformas como Uber o Cabify, entre otras, está provocando conflictos por sus prácticas abusivas y competencia desleal al sector del taxi en toda la comunidad, y la presentación de propuestas, en muchos ayuntamientos, y en el Parlamento andaluz, en defensa de los taxistas, para pedir al Gobierno andaluz que ponga en marcha medidas de inspección, control y eliminación de las prácticas de intrusismo y competencia desleal que ejercen las empresas de vehículos con conductor (VTC).

 

En el país hay más de 66.000 licencias de taxi y más de 5.500 de VTC. Éstas últimas han experimentado un importante incremento desde 2012, aunque fue en 2015, cuando aún no existía un límite de licencias para vehículos con conductor, cuando se alcanzó las 4.000 licencias, cuando un año antes había 2.700. A partir de ahí han sido creciendo.

 

En septiembre del año pasado, tras un verano conflictivo por el desplazamiento de vehículos de Uber y Cabify a Málaga, nuestro grupo municipal dio su apoyo a los taxistas en sus protestas contra el intrusismo que trae la liberalización del sector, ya que lo único que pedían y piden es que se cumpla con la legislación y que se refuerce la inspección para hacer frente a la competencia desleal que padecen.

 

No queremos que vuelva a pasar, igual o peor, lo mismo que este pasado verano, y nos parece que las administraciones implicadas no se están tomando en serio la situación, por eso hacemos hincapié en la necesidad de garantizar que las empresas de vehículos de transporte concertado (VTC) cumplan las normas laborales y de transporte y, ya de paso, paguen impuestos aquí como todo el mundo.

 

Nuestro grupo siempre se ha opuesto a la liberalización del sector del Taxi y en los últimos años hemos denunciado que muchas de las plataformas que conectan a usuarios con conductores con licencia VTC están parasitando la profesión de taxista y la forma de vida de muchas familias. Para Málaga para la Gente el transporte en Taxi es un servicio público y no un negocio, y ese carácter está reconocido por la Ley.

 

A lo que asistimos es a una desregularización encubierta del sector en toda regla. Parece increíble que, con lo mal que lo está pasando la gente por la crisis, se permita esta competencia desleal a personas a las que les cuesta mucho mantener su trabajo.

 

No solo se trata de exigir que se mantenga la proporción 1/30, que fija la ley, ahora avalada por una sentencia, entre las licencias de VTC y las de taxi, sino que hay que asegurar que se esté cumpliendo dicha proporción, algo que en el caso de Málaga y sobre todo durante el verano constatamos que no se está cumpliendo.

 

Además, debe velarse porque se cumpla la normativa, no sólo como ha dicho el equipo de gobierno vigilando que no haya VTC en las paradas ni circulando en busca de clientes. Deben de estar en su base, y eso tampoco se está cumpliendo. Además, exigimos que se proceda a la retirada de autorizaciones en caso de que haya mala praxis.

 

Por ello y para ello hay que tomar las medidas jurídicas necesarias para rechazar la concesión de nuevas licencias de VTC, así como para la defensa del sector del taxi como un servicio público que es. Asimismo debería de estudiarse la posibilidad de personarse en los procedimientos contenciosos administrativos en trámite ante los juzgados y tribunales, en el ámbito territorial en el que se esté produciendo la solicitud de estas autorizaciones de transporte para el arrendamiento de vehículos con conductor.

 

También, pedimos a la Junta de Andalucía que consulte al Ayuntamiento antes de conceder nuevas licencias VTC que permitan ejercer su actividad en nuestra ciudad, y atender las consideraciones que el Consistorio haga al respecto, en defensa de una regulación justa y eficiente del servicio de taxi.

 

De igual forma, reclamamos al equipo de gobierno municipal se comprometa a poner en marcha medidas en favor del sector del taxi en la ciudad, y que la Policía Local lleve a cabo labores de vigilancia en el entorno de la estación de autobuses, la del tren, aeropuerto y otros lugares para evitar el intrusismo y la competencia desleal

 

Hay que proteger a los trabajadores del sector del taxi  que llevan mucho tiempo sufriendo una situación penosa frente a estas prácticas abusivas y esta competencia desleal, sino se toman medidas que a nadie le extrañe luego que estallen conflictos entre verano o durante la Feria, ya que durante esos 10 días de celebraciones las empresas de vehículos con conductor hace un gran despliegue.

 

A los grupos de PP y C’s pedimos que apoyen esta moción como han hecho en otros ayuntamientos, que si es verdad que apoyan a los autónomos también deben hacerlo con los taxistas y buscar soluciones a estos problemas, en vez de criminalizar a los taxistas ya que son más de mil familias afectadas en Málaga capital.

 

A la vez no entendemos que estos grupos apoyen el TTIP (Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones) y el CETA (Acuerdo Económico y de Comercio de la UE con Canadá), que en la práctica nos llevan a una desregulación del sector del  taxi.

 

En atención a lo anterior, proponemos la adopción de los siguientes

 

A C U E R D O S

 

1º.- El Ayuntamiento de Málaga muestra su apoyo al sector del Taxi en nuestra ciudad y rechaza la concesión de nuevas licencias para VTC.

 

2º.- El equipo de gobierno tomará las medidas jurídicas necesarias para rechazar la concesión de nuevas licencias de VTC, así como para la defensa del sector del taxi como servicio público que es, estudiando la posibilidad de personarse en los procedimientos contencioso administrativos en trámite ante los juzgados y tribunales, en nuestro ámbito territorial, en los que se esté produciendo la solicitud de autorizaciones de transporte para el arrendamiento de vehículos con conductor.

 

3º.- Instar a la Junta de Andalucía que consulte al Ayuntamiento antes de conceder nuevas licencias VTC que permitan ejercer su actividad en nuestra ciudad, y atender las consideraciones que el Consistorio haga al respecto, en defensa de una regulación justa y eficiente del servicio de taxi, así como que se refuerce la inspección y extreme la vigilancia a las empresas de vehículos con conductor para el cumplimiento de la normativa.

 

4º.- El Ayuntamiento de Málaga se compromete a poner en marcha medidas en favor del sector del taxi en la ciudad, y a velar porque se cumpla la normativa, no sólo vigilando que no haya VTC en paradas o lugares frecuentados por turistas, ni circulando en busca de clientes, sino asegurándose de que los vehículos están en su base y que se proceda a la retirada de autorizaciones en caso de que haya mala praxis.

 

5º.- El Ayuntamiento de Málaga desde la Policía Local y áreas implicadas, llevará a cabo labores de vigilancia y reforzará el control del cumplimiento de la normativa y ordenanzas en el entorno de la estación de autobuses, la del tren, Aeropuerto y otros lugares para evitar el intrusismo y la competencia desleal de las VTC al sector del taxi.

 

Pedimos responsabilidades políticas por el acoso a Bomberos con expedientes disciplinarios injustificados

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El portavoz del Grupo Municipal de IU- Málaga para la Gente pedirá, a través de una moción al pleno del próximo jueves, responsabilidades políticas al equipo de gobierno por el acoso a los Bomberos con expedientes disciplinarios injustificados, así solicitará que el pleno repruebe al Concejal de Seguridad por sus imputaciones falsas a la plantilla acusándoles por la comisión de delitos graves de abandono de servicio público, desobediencia y denegación de auxilio.

Asimismo en la mencionada moción instará al equipo de gobierno a que se incoen expedientes disciplinarios al Inspector y Subinspector del Cuerpo y demás oficiales del cuerpo, responsables de promover las Diligencias Previas contra 61 bomberos que han sido sobreseídas.

El portavoz de IU-MPG ha recordado que en la actualidad de los más de 100 expedientes disciplinarios y sancionadores abiertos a bomberos, 50 se han archivado y 61 aún siguen abiertos y en curso, y ha destacado que el Bombero que rescató a una niña colgada de una 8 planta en la barriada virgen de Belén ha estado suspendido de empleo y sueldo por parte de la jefatura en vez de estar en la calle salvando vidas. “Esto no es lógico y por eso desde IU-MPG nos hemos plantado y hemos dicho que basta ya debomberos sin medios, que tengan que hacer rescates acuáticos con un peto de pescador, que tengan que enfrentarse a rescates en edificios altos a los que no llega la escala que tenemos, no lo vamos a permitir”, ha subrayado.

Zorrilla ha criticado la falta de personal y la desarticulación del servicio de bomberos, y que el equipo de gobierno lejos de atender sus demandas de más medios, como poder contar con una Unidad Médica de Emergencia operativa o con un camión escala para edificios de gran  altura en sus intervenciones, se dedica a criminalizarles y les haya imputado delitos falsos por los que han tenido que ir a declarar como investigados sin haber hecho nada. “Están siendo continuamente recriminados, sancionados y acosados por la jefatura”, ha declarado.

El edil izquierdista señaló que “Nuestro grupo pedirá a través de la moción que se cumplan los acuerdos ya aprobados por el pleno, que los bomberos pueda disponer de inmediato del brazo articulado para intervenciones en grandes alturas, que no se les obligue a hacer horas extras para suplir la falta de personal sino que se les dote de más medios humanos y materiales.

Según Zorrilla “Todo ello frente a la profesionalidad de los bomberos, salvando vidas pese a que no tener ni los medios ni el personal suficiente, sin equipos de protección adecuados, cuando Málaga es una de las capitales más un portantes de España tenemos la ratio más baja de bomberos por habitante, por eso queremos reconocer la gran labor que están realizando”, a lo que añadió, “Vamos a felicitarles por sus últimas intervenciones como el rescate de la niña o el incendio de calle Cabriel en la Palmilla, pero a la vez vamos a exigir las responsabilidades políticas oportunas y que se expediente a la jefatura”, concluyó.

MOCIÓN

Que presenta el portavoz del Grupo Mpal. de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla Díaz, y la portavoz adjunta del mismo, Remedios Ramos Sánchez, relativa a falta de medios en el servicio de extinción de incendios y expedientes disciplinarios injustificados para criminalizar y desprestigiar a los Bomberos de la ciudad.

Tras año y medio de la huelga indefinida del Cuerpo de Bomberos de Málaga, el equipo de gobierno continúa sin ceder en nada ni dar pasos para resolver el conflicto y mantiene en una campaña de denuncias y expedientes disciplinarios injustificados con el objetivo de criminalizar y de desprestigiar a los Bomberos de la ciudad que hacen un trabajo abnegado e intachable, que no sólo perjudica el servicio público de extinción de incendios y salvamento sino sobre todo la seguridad de los ciudadanos de Málaga.

 

Los bomberos llevan años solicitando mejoras en el servicio y han soportado los incumplimientos de diversos acuerdos de funcionarios en cuanto a su organización y regulación, las reducciones de los medios materiales y humanos de que disponen, y la falta de inversiones en los parques de Bomberos. Pero el equipo de gobierno no ha negociado sino que se ha empeñado en desarrollar iniciativas de sanción con la única intención de amedrentar a los bomberos en vez de mejorar la prestación del servicio.

 

El Concejal de Seguridad, que no asume responsabilidades y parece desentenderse del servicio, ha llegado a imputar la comisión de delitos al Comité de Huelga.

 

Asimismo, no sólo se han abierto medio centenar de expedientes disciplinarios, todos archivados salvo tres, que se encuentran además recurridos, sino que han llegado a promover unas Diligencias Previas contra 61 bomberos por denegación de auxilio, lo que obligó a esos bomberos a declarar como investigados.

 

Las Diligencias Previas fueron archivadas mediante un Auto de Sobreseimiento Libre que alerta de la falta de regulación del servicio e incide en que existen carencias importantes en cuanto a las normas necesarias que deben regular estas situaciones por parte del Ayuntamiento de Málaga.

 

El resultado de estas Diligencias, que lo mismo que en el caso de los expedientes disciplinarios, tienen un alto coste para las arcas públicas.

 

Las consecuencias de lo anterior son riesgos directos en la seguridad de la población y para los propios bomberos, concretados en detalles sonrojantes como la ausencia de una escala operativa para grandes alturas, lo que afecta a más de mil edificios en la ciudad, o que el personal deba acudir sin los equipos adecuados a las intervenciones y sin el apoyo de la Unidad Médica. La Inspección de Trabajo se pronunció contra el estado en que deben trabajar los bomberos y ha exigido cambios al Área de Seguridad que siguen sin atenderse.

 

La falta de recursos materiales, como de suficientes equipos de protección para el uso de motosierras, la precaria descontaminación de los equipos, la deficiente revisión de los equipos de altura, el estado del camión de bomberos con escala de altura, así como un sinfín de irregularidades han sido denunciados también por la Inspección de Trabajo. Esta escasez de material pone en riesgo tanto a los bomberos, que no pueden llevar a cabo de forma efectiva su tarea, como por tanto a la ciudadanía.

 

Pese a la falta de personal y la desarticulación del servicio de bomberos, el equipo de gobierno lejos de atender sus demandas de más medios, como poder contar con una Unidad Médica de Emergencia operativa o con un camión escala para edificios de gran  altura en sus intervenciones, se dedica a criminalizarles y les ha imputado delitos falsos por los que han tenido que ir a declarar como investigados sin haber hecho nada. Están siendo continuamente recriminados, sancionados y acosados por la jefatura.

 

En la actualidad de los más de 100 expediente que se han abierto a los bomberos, 50 se han archivado y 61 aún siguen en curso, sin ir más lejos el Bombero que rescató a una niña colgada de una 8 planta en la barriada virgen de Belén ha estado suspendido de empleo y sueldo por parte de la jefatura en vez de estar en la calle salvando vidas.

 

Esto no es lógico y por eso nos hemos plantado y hemos dicho que basta ya de bomberos sin medios, que tengan que hacer rescates acuáticos con un peto de pescador, que tengan que enfrentarse a rescates en edificios altos a los que no llega la escala que tenemos, desde el grupo municipal de Málaga para la Gente no lo vamos a permitir.

 

Nuestro grupo exige que se cumplan los acuerdos ya aprobados por el pleno, que los bomberos pueda disponer de inmediato del brazo articulado para intervenciones en grandes altura, que no se les obligue a hacer horas extras para suplir la falta de personal sino que se les dote de más medios humanos y materiales.

 

Es la jefatura la que tendría que ser sancionada y ser expedientada por tener a los bomberos en estas condiciones lamentables, por haber imputado a los bomberos delitos falsos que se han sobreseído, por tener una gran irresponsabilidad.

 

Todo ello frente a la profesionalidad de los bomberos, salvando vidas día a día pese a que no tener ni los medios ni el personal suficiente, sin unos equipos de protección adecuados, cuando Málaga es una de las capitales más un portantes de España tenemos la ratio más baja de bomberos por habitante, por eso queremos reconocer la gran labor que están realizando. Vamos a felicitarles por sus últimas intervenciones como el rescate de la niña o el incendio de calle Cabriel, pero a la vez vamos a exigir responsabilidades políticas.

 

El colmo de la desfachatez es que la Jefatura del Real Cuerpo de Bomberos  está obligando a los funcionarios a través de órdenes internas a realizar horas extras para paliar el histórico déficit de personal que sufre el cuerpo y así poder cubrir los servicios mínimos de la huelga que el colectivo mantiene desde hace más de año y medio. 

 

Es una contrasentido porque los Bomberos no quieren haces estas horas extra y las mismas suponen un elevado coste para las arcas municipales, recordamos que han sido los propios Bomberos los que han denunciado ante los tribunales el incumplimiento sistemático del decreto de servicios mínimos firmado por el alcalde y que las horas extras son voluntarias, por lo que los Bomberos consideran que están sufriendo una situación a todas luces irregular y un abuso que vulneran el derecho a la huelga.

 

El conflicto se mantiene y el cuerpo de bomberos sigue reclamando unas mejoras justas y necesarias: cuestiones tan de sentido común como la aprobación de un nuevo reglamento, actualizado de acuerdo a las dinámicas laborales actuales, y la mejora de los recursos disponibles para desempeñar de forma correcta sus funciones.

 

El conflicto y la amenaza permanente solo han servido para que la inspección de trabajo tenga que intervenir, a causa de los daños psicosociales a los bomberos.

 

Es por ello que este grupo municipal propone la adopción de los siguientes

 

A C U E R D O S

 

1º.- Que el equipo de gobierno dé efectivo cumplimiento a los numerosos acuerdos adoptados en diferentes sesiones plenarias del último año y medio, relacionados con el Cuerpo de Bomberos de Málaga

 

2º.- Que el equipo de gobierno detenga de inmediato la apertura indiscriminada de expedientes administrativos y sancionadores.

 

3º.- Reprobar al Concejal de Seguridad por sus imputaciones falsas a la plantilla y el Comité de Huelga por la comisión de delitos graves de abandono de servicio público, desobediencia y denegación de auxilio.

 

4º.- Instar al Equipo de Gobierno a que se incoen expedientes disciplinarios al Inspector y Subinspector del Cuerpo y los demás oficiales responsables de promover las Diligencias Previas contra 61 bomberos que han sido sobreseídas.

 

5º.- Instar al equipo de gobierno a tomar medidas para que los Bomberos puedan disponer de inmediato de la escala para intervenciones en grandes alturas.

 

6º.- Instar al equipo de gobierno a un incremento de la plantilla de Bomberos suficiente para hacer frente a todas las situaciones de peligro y para la eficaz ejecución de los protocolos de actuación y atender con garantías la red de parques de bomberos.

 

7º.- Rechazar que se esté obligando a los Bomberos a través de órdenes internas a realizar horas extras para paliar el histórico déficit de personal que sufre el cuerpo y así poder cubrir los servicios mínimos de la huelga que el colectivo mantiene desde hace más de año y medio, y por tanto, instar a la jefatura a que ponga fin a esta práctica irregular.

 

8º.- Instar al equipo de gobierno al mantenimiento y dotación suficiente de los medios humanos y materiales de la Unidad Médico Sanitaria de Intervención (UMSI) imprescindible en la cadena de salvamento para evitar pérdidas de vidas humanas, cubriendo las vacantes de la UMSI antes de finalizar el año 2018.

 

9º.- Reconocer la profesionalidad de los Bomberos de Málaga, que salvan vidas día a día pese a no tener los medios ni el personal suficiente, y felicitarles por sus últimas actuaciones e intervenciones y por la gran labor que están realizando.

 

#7000impunes queremos que salgan a la luz las responsabilidades políticas en la Comisión de Investigación por los expedientes archivados de la GMU

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(Málaga, 9 de julio 2018) Esta mañana los concejales del grupo municipal IU-Málaga para la gente, Eduardo Zorrilla y Remedios Ramos han comparecido en rueda de prensa para exponer sus impresiones ante la Comisión de Investigación que se desarrollará mañana sobre las casi 12.000 infracciones urbanísticas que encontramos en el periodo 2006-2016.

En primer lugar, Zorrilla ha querido resaltar “la labor que realizan los inspectores de la Gerencia Municipal de Urbanismo, más aún si tenemos en cuenta los escasos medios que tienen y que son los primeros sorprendidos cuando ven cómo las mismas denuncias que ellos tramitaron les vuelven a llegar años después”.

Por eso, ha indicado, que “en la segunda reunión de la Comisión de Investigación de Infracciones Urbanísticas, solicitamos la presencia de sus dos jefas, Dª Esther Sedano Ramos y Dª Leonor Muñoz Pastrana, ya que son las máximas responsables a título administrativo de dichos expedientes”

Zorrilla ha declarado que sus declaraciones son muy importantes, porque de confirmarse lo que sospechan desde IU-MPG, resulta de una extremada gravedad pues podríamos hablar de delito de prevaricación.

El concejal se ha preguntado por qué de esas casi 12.000 infracciones se han tramitado sólo poco más de 2.000 o por qué en el tramo de 2006 a 2011, más de 1.000 expedientes han sido archivados sin trámite alguno.

Eduardo Zorrilla, ha insistido en que “son muchos los expedientes en los que habiéndose demostrado la existencia de una ilegalidad, han sido archivados sin trámite alguno, algo a lo que no podemos dar explicación posible”.

Para Zorrilla los datos son muy claros, ya que de los 11.834 expedientes de este periodo de 2006-2016, unos 8.500 siguen sin resolver, lo que supone un 70%, mientras que unos 3.150 expedientes han sido resueltos y archivados aunque se ha comprobado la existencia de ilegalidad.

También ha querido señalar Zorrilla, que en los años 2006, 2007 y 2008, el porcentaje de expedientes en espera está rondando el 50%, llevando así más de 10 años abiertos, enlazando esta situación de irregularidad con las declaraciones que hizo en su momento, la que fuera responsable de este Departamento, Teresa Domingo, quien fue cesada contra su voluntad por el equipo de gobierno “porque la obligaban a prevaricar y ella no quería”. Todo esto parece indicar, como señala Eduardo Zorrilla, que “o existe una responsabilidad directa por parte de los jefes de la GMU o hay unas directrices políticas para que se actúe de esta forma”

Exigimos soluciones y responsabilidades por las chapuceras obras del Guadalmedina

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Esta mañana hemos presentado una iniciativa al Pleno del Ayuntamiento de Málaga exigiendo soluciones y responsabilidades a las chapuceras obras del Guadalmedina

Texto completo de la iniciativa

MOCIÓN

         Que presenta el portavoz del Grupo Mpal. de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla Díaz, y la portavoz adjunta Remedios Ramos Sánchez, a la atención del Excmo. Ayuntamiento Pleno, relativa a las obras inacabadas que no solucionaron los problemas de malos olores en la desembocadura del Guadalmedina.

En septiembre de 2014, tras la recepción por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de las obras para acabar con los olores en la desembocadura del Guadalmedina y el pago íntegro de las mismas pese a quedarse a la mitad, trasladamos a través de una moción las quejas vecinales por lo que ellos consideraban que era una actuación chapucera en el tramo final de la desembocadura del Guadalmedina que se ejecutó como solución a los malos olores y mal estado del cauce urbano del río.

Según los vecinos afectados, esta actuación era tan sólo un parche y solución provisional para que fuera más fácil limpiar, pero que no resuelve los problemas, ya que tras la misma se seguía acumulando fango y seguían los malos olores, y porque las obras solo llegaron al final hasta el puente del Carmen.

También recordamos las discrepancias que surgieron después de que la GMU emitiese un informe técnico contrario al proyecto elaborado por EMASA para poner fin al hedor enterrando con tierra y hormigón la parte final del cauce, actualmente con agua, realizado por una ingeniera de caminos contratada para realizar estudios con el objetivo de prevenir las inundaciones en la ciudad.

La obra ejecutada finalmente, la que proponía Urbanismo, mantuvo intacta la lámina de agua en la desembocadura, extendiendo hormigón sobre el suelo de rocas para facilitar la retirada de los lodos que acumula y que motivan los malos olores.

Pero dicho proyecto, ya de por sí deficiente y chapucero, se quedó a la mitad porque se había acabado el dinero por sobrecostes en la ejecución, principalmente a causa de la avería en la draga utilizada por la empresa adjudicataria y el elevado coste de su sustitución, lo que impidió continuar con la totalidad del proyecto.

La empresa que se presentó a la licitación y que obtuvo la adjudicación de esta obra, Obrascon Huarte Lain (OHL), una de las empresas que aparecen en los papeles de Bárcenas como donante del PP a cambio de adjudicaciones, dejó la ejecución del proyecto a medio camino, puesto que los 470.000 euros de la oferta que la empresa presentó para hacerse con las obras fueron insuficientes para actuar en todo el tramo, entre los puentes de la Misericordia y el Carmen y sólo llegó la mitad.

Ejecutar el proyecto completo hubiera supuesto un importante sobrecoste, ya que con el presupuesto con el que se adjudicó la obra al final resultó no se podría avanzar más allá de donde está la presa que retiene el agua de la desembocadura, pasado el CAC y a medio camino entre los dos puentes.

En conclusión, el proyecto era desde un principio insuficiente para resolver los problemas que existían, la ejecución de las obras ha sido nefasta y dejar las obras a la mitad supone que el nivel de chapuza se eleva al cuadrado, pues no solucionan nada después de gastar 470.000 euros del dinero público.

Pero es que, para elevar el despropósito al cubo, la parte de la obra que sí se realizó, la instalación de una losa hasta el puente del Carmen, tan solo nos ha durado cuatro años, ya que al parecer por su mala ejecución y su baja calidad se ha roto.

Esto ha obligado a que, en esta ocasión con cargo a EMASA, se hayan realizado nuevas obras para la reparación de la losa de hormigón defectuosa con desperfectos como grietas y roturas que hace inservible en algunas zonas la misma.

El proyecto de EMASA consiste en reponer y reforzar la actual losa (que ya nos costó 470.000 euros) con una estructura de hormigón de 30 centímetros y una doble armadura para darle mayor consistencia, ya que la anterior era poco consistente.

Antes de eso se colocaron unas pantallas sobre la losa para evitar el paso del agua e impedir que el agua cubra la losa que se va a reparar, de forma que eso permita hacer la reparación en seco de la superficie afectada.

Después de cuatro años, de que se dejara un proyecto a medio hacer, de que estas obras se hayan demostrado insuficientes y defectuosas por su nefasta ejecución y mala calidad, sin que nadie le haya exigido nada a la empresa adjudicataria, mientras los vecinos siguen quejándose de malos olores y creen que la actuación no ha servido para nada, nadie del equipo de gobierno ha asumido ninguna responsabilidad.

En atención a todo lo anterior, proponemos los siguientes

A C U E R D O S

1º. Instar al Concejal Delegado de Ordenación del Territorio a que asuma sus responsabilidades políticas por la nefasta ejecución, los sobrecostes y nuevas obras por deficiencias y desperfectos de las anteriores en la desembocadura del Guadalmedina

2º. Instar a la Intervención General del Ayuntamiento de Málaga a que realice un informe sobre las certificaciones de obras abonadas a Obrascon Huarte Lain (OHL) con cargo al proyecto redactado y adjudicado y lo que realmente se ha ejecutado, así como pedir también un informe sobre las obras ejecutadas a CEMOSA.

3º.- Instar a la Asesoría Jurídica Municipal a realizar un informe sobre posibles reclamaciones que se pueda realizar a la empresa adjudicataria del proyecto del tramo final de la desembocadura del Guadalmedina por su deficiente ejecución de la obra.

4º.- Instar al equipo de gobierno a que informe con detalle a los grupos de la oposición de las incidencias señaladas y del coste de las obras de EMASA para reponer y reforzar la actual losa en el tramo final del río Guadalmedina con una estructura de hormigón de 30 centímetros y una doble armadura para darle mayor consistencia,

5º.- Instar al equipo de gobierno a que impulse un plan para adecentar el río y solucionar los problemas conforme a lo que piden los vecinos y consensuando con los mismos las actuaciones a realizar, contemplando más medios e inversiones para su limpieza y mejora paisajística y solución definitiva a los malos olores.
Eduardo Zorrilla Díaz          Remedios Ramos Sánchez

 

El Ayuntamiento establece una moratoria de demoliciones de edificios históricos a propuesta de Eduardo Zorrilla

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La Comisión de Ordenación del Territorio del Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado nuestra iniciativa para que el Ayuntamiento establezca una moratoria de demoliciones de edificios históricos.

Este es el texto completo de la iniciativa:

MOCIÓN

    Desde el año 1985, año de la calificación como Bien de Interés Cultural (BIC) del Centro Histórico, en las 40 hectáreas de la antigua zona intramuros medieval, la llamada almendra histórica, se han demolido 380 inmuebles históricos, lo que sumado a las 175 demoliciones entre 1957 y el año de la calificación del BIC de Conjunto, implica que el sector de la almendra han demolido 570 edificios total o parcialmente, es decir, se ha perdido el 43,6% del parque edificatorio histórico; y existen otros 40 edificios históricos en estado de ruina, un 3,1% del conjunto.

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Hay que investigar las conexiones entre Gurtel, Barcenas y el PP de Málaga

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Esta mañana hemos presentado en el Ayuntamiento de Málaga una moción urgente para que, entre otras cosas, se cree una comisión de investigación para aclarar si el PP se ha beneficiado en campañas electoras municipales, de los fondos provenientes de las tramas de corrupción y financiación ilegal.

MOCIÓN URGENTE

Que presenta el portavoz del Grupo Municipal de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla Díaz, y la concejala Remedios Ramos Sánchez, a la consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno, relativa a la corrupción política del Partido Popular y sus posibles conexiones con el Ayuntamiento de Málaga.

El pasado miércoles conocimos la Fiscalía expuso en su alegato final sus conclusiones sobre la trama Gürtel, a la que definió como “una red parasitaria que convivió en sintonía con cargos del Partido Popular durante años”. En este informe, que se alargó durante tres días, destacó los elevados costes de reparación social para intentar restañar el daño producido por lo que calificó como “un atentado directo contra el Estado de Derecho”. Una trama de corrupción de autoridades públicas del Partido Popular a un nivel tan elevado “que crearon mecanismos viciados perpetuados en el tiempo”. Para la fiscal, esta red corrupta no fue un hecho aislado, sino que era “una actividad duradera para delinquir” y apropiarse de fondos públicos de forma masiva mediante la adjudicación de contratos públicos, a través del contacto con cargos públicos del PP, a cambio del pago de comisiones de un “tres o cuatro por ciento”.

Según destacó la fiscal, “los hechos acreditados son hechos de extrema gravedad, no sólo por la naturaleza de los delitos cometidos y el perjuicio que ha provocado a los fondos públicos sino porque se extendieron y enraizaron como un modo ordinario de contratación pública durante un largo periodo de tiempo y en distintas administraciones gobernadas por el PP en las cuales algunas de sus autoridades aceptaron sobornos para enriquecerse con cargo a los fondos públicos que tenían responsabilidad de conservar, proteger y de salvaguardar”. La Fiscalía considera acreditado que el mecanismo de la trama Gürtel perjudicó gravemente al interés general esquilmando las arcas públicas, para lo que era necesaria la cooperación de los dirigentes del Partido Popular comprados a través de un sistema duradero de sobornos.

A través de la investigación judicial seguida en el “caso Gürtel”, conocimos la existencia de muchos millones de euros en cuentas bancarias en Suiza cuyo titular es Luis Bárcenas, ex senador y ex tesorero del Partido Popular, y cuyo avalista en alguna de las cuentas fue el propio Presidente del Gobierno Mariano Rajoy. Gracias a esta investigación también supimos con fondos procedentes de empresas y de contratistas se hacieron pagos de sobresueldos en dinero negro a cargos del PP.

Según la Fiscalía ha quedado plena y abrumadoramente acreditada la caja B del Partido Popular que se refleja en los papeles de Bárcenas y pide la condena del PP por lucrarse con la Gürtel. De igual forma concluye también que esta trama de corrupción generalizada hizo de los sobornos a cargos del PP “un modo de vida”.

De acuerdo con las conclusiones de la Fiscalía en el caso Gürtel, el Partido Popular “en su conjunto” se financió de forma ilegal con los delitos de la trama, por lo que solicitó al tribunal que este partido sea condenado como partícipe a título lucrativo.

Para la Fiscalía, estos hechos supondrían la existencia de un sistema de financiación ilegal, de corrupción masiva y organizada vinculada al PP. Según ya se ha relatado, los tesoreros del PP (en la actualidad 5 de ellos están acusados) presionaban a los alcaldes y los concejales para que manipularan concursos públicos a favor de las empresas que ellos elegían, algunas investigadas por el pago de sobornos a políticos.

Lamentablemente, la trama Gürtel no ha sido un hecho aislado. Durante, al menos, los últimos 20 años, el Partido Popular habría estado recibiendo donaciones en metálico de constructores y empresarios que a su vez obtenían adjudicaciones o contratos de la administración pública, sobre todo en Ayuntamientos y Comunidades gobernadas por el Partido Popular. El modus operandi comenzaba con la entrega del dinero en bolsas, maletines o maletas en el despacho del tesorero en la calle Génova. Todo este dinero presuntamente recibido como comisión por constructoras y empresas a las que se adjudicaban contratos públicos pasaba a formar parte de la contabilidad “B” del PP.

Así, hemos visto que en la supuesta contabilidad “B” del caso Bárcenas existen referencias en una docena de ocasiones a Málaga. También se puede constatar por escrito una supuesta transferencia “A Málaga” de la contabilidad nacional. Asientos contables en los papeles atribuidos a Bárcenas con las frases “De Málaga”, “A Málaga”, “Concejal de Málaga”. Hasta 12 veces y a su lado cantidades de 3.000 a 20.000 euros.

La persona que más veces aparece recibiendo sobres de dinero negro de las comisiones de la corrupción es Pedro Arriola, cónyuge de la ex alcaldesa de Málaga Celia Villalobos, que aparece en 99 asientos contables. El propio Mariano Rajoy recibe sobres de dinero negro en 42 ocasiones. Y Javier Arenas aparece en 24 ocasiones.

En ese sentido, recordamos que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz pidió los libros de contabilidad correspondientes al periodo del 1998 a 2011, 2004 y 2007 del PP en Málaga. Existen fundadas sospechas respecto a la posibilidad de que el Partido Popular acudiera ‘dopado’ a las elecciones municipales de 2003 y 2007, en las que el despliegue de medios fue ostensiblemente superior al resto de partidos.

En el año 2010 se realizan unas obras de adecuación de un local en la Avda. de Andalucía 26, entreplanta, sin licencia de obras (ni mayor ni menor) por parte de la GMU, tal como se acreditó tras comparecencias y preguntas de nuestro grupo. La obra fue realizada por una empresa y entregada a su finalización para albergar la sede del PP provincial. No se ha acreditado que el PP pagara la obra ni el alquiler del local.

En relación al caso Gürtel, hay que recordar que el Ayuntamiento de Málaga, adjudicó a la empresa BEGAR, del constructor José Luis Uribarri, imputado en la operación Gürtel, las obras de 280 VPO de Soliva por importe de 22,5 millones de euros, que luego dejó colgada al presentar un expediente de concurso de acreedores. Está empresa es investigada por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal, asociación ilícita y de falsedad.

Asimismo, se adjudicó a TECONSA, implicada en el caso Gürtel, las obras de remodelación de la carretera Azucarera-Intelhorce por valor de 4,38 millones de euros. La constructora subcontrató los trabajos a 6 empresas, algunas de las cuales denunció a TECONSA por no pagarles a pesar de haber inflado las certificaciones finales de las obras. Ante la falta de pago, las empresas dejaron paralizada la obra de la carretera Azucarera-Intelhorce cuando apenas se había ejecutado un 10%, por lo que el Ayuntamiento de Málaga tuvo que resolver el contrato y rescatar la adjudicación.

Según la supuesta contabilidad B presentada por Bárcenas, el PP de Málaga ingresó en sólo cuatro años 160.000 euros a las arcas del PP de la calle Génova, en concreto fueron 162.270 euros entre noviembre de 1998 y junio de 2001. Tal irregularidad sirvió para que desde la provincia malagueña saliesen pagos (hasta nueve) de tres millones de pesetas, dados en intervalos de entre tres y cinco meses. La contrapartida llegó a partir de julio del año 2000, cuando el dinero esta vez llegaba a la provincia con pagos que van desde 2 millones de pesetas, varios de hasta 160.000 y 20.000 pesetas, uno de 33.072 euros, bajo diversos conceptos.

La empresa Sando supone uno de los casos donde donaciones y adjudicaciones se solapan de forma más evidente. Según la supuesta contabilidad B del PP, donó al PP un total de 1’15 millones de euros, en varios pagos de 100.000 euros. Cada uno de los ingresos coincide en el tiempo con una adjudicación pública. Sando entregó 100.000 euros al PP en junio de 2003. El 17 de noviembre de ese mismo año, Sando entrega otros 100.000 euros. La historia se repite en febrero y junio de 2004 donde hay dos nuevos ingresos de 100.000 euros. Esta relación causa efecto se sigue repitiendo hasta 2007. A finales de mayo de ese año se produce un nuevo envío de 100.000 euros.

En este mismo periodo (2002 y 2007) la Gerencia de Urbanismo adjudicó obras por valor de 28 millones de euros a Sando, el 11 por ciento de la obra contratada a través de una veintena de adjudicaciones en un periodo de seis años, según la respuesta oficial recibida por nuestro grupo municipal.

De igual forma, Sando también recibió cuantiosos contratos en otras áreas del Ayuntamiento de Málaga, como la de Parques y Jardines, donde ha facturado a través de su filial Althenia unos 22 millones de euros en los últimos años.

También, según las hemerotecas, en las fechas en las que supuestamente Sando entrega todo este dinero al PP, se adjudica lo que en su día se denominó “el contrato del siglo”, que fue la adjudicación a la UTE formada por FCC, Urbaser y Sando del contrato de Limasa III, la empresa mixta que gestiona la recogida de basura y la limpieza de calles. Por el que estas empresas reciben muchos millones de euros del presupuesto público cada año. En aquel momento nuestro grupo denunció presiones políticas en la adjudicación de este contrato. (Cinco Días, 28-08-03).

En el periodo que se está juzgando, las otras dos empresas que forma la UTE de LIMASA, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y ACS-Urbaser, además del contrato de LIMASA también recibieron miles de millones en contratos públicos. De igual forma que lo hacen otras grandes constructoras como Sacyr y OHL (Thyssen).

Existen en nuestro país cientos de casos de políticos condenados por corrupción política, la inmensa mayoría del Partido Popular, que en muchos casos no han pasado por la cárcel o han sido indultados por el gobierno. No son “hechos aislados” sino una parte de todo un problema institucional que ha agravado la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones. Ante el creciente aumento de los casos de corrupción política, en muchos casos ligados a contratos de la administración local, es necesaria una respuesta rápida de los partidos políticos ante las acciones corruptas, que se adopten los mecanismos de investigación y las reformas legislativas oportunas.

Es por ello que consideramos que ante la corrupción, es necesario garantizar y reforzar el control público y situar la transparencia en la primera línea de la agenda política, aprobar leyes y tomar medidas para cortarla de raíz. A estas prácticas, se une la resistencia a la trasparencia, a dar explicaciones o dirimir responsabilidades sobre prácticas poco justificables en la gestión de lo público.

En el ámbito del Ayuntamiento de Málaga, y dado que existen numerosos indicios de conexiones de la corrupción política del Partido Popular con la administración municipal, creemos necesaria la creación de una comisión de investigación que aclare las posibles implicaciones que pudiese tener el equipo de gobierno en la presunta trama de financiación ilegal del Partido Popular.

Después de las conclusiones del caso Gürtel, y de las investigaciones del caso Bárcenas, es imprescindible que se aclaren muchas circunstancias que hoy quedan oscuras para así recuperar así la confianza de los ciudadanos en la política y en el sistema democrático.

En atención lo anterior, proponemos la adopción de los siguientes

A C U E R D O S

1º.- El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en virtud de lo establecido en el art. 172.2 del Reglamento Orgánico de Pleno (ROP), acuerda la constitución de una Comisión de Investigación para aclarar si el Partido Popular se ha beneficiado en campañas electorales municipales, de fondos procedentes de las presuntas tramas de corrupción y financiación ilegal.

2º.- Mostrar el rechazo de la Corporación a la corrupción y hacia todas aquellas personas, entidades, partidos o empresas privadas que, aprovechándose de sus cargos públicos, de su poder político o económico, o de su cercanía a quienes lo ostentan, información privilegiada, o cualquier otra causa, han realizado o realizan prácticas corruptas.

3º.- Instar al Gobierno central y al Congreso de los Diputados a realizar las reformas legislativas oportunas para luchar contra la corrupción, siguiendo las recomendaciones del Grupo contra la corrupción del Consejo de Europa, así como hacer reformas necesarias para que las empresas no puedan dar dinero a los partidos ni de forma anónima ni pública.

4º.- Exigir la dimisión del Presidente del Gobierno Mariano Rajoy, por dignidad democrática, ya que está deslegitimado por los graves casos de presunta financiación ilegal que se están conociendo y porque no puede continuar gobernando con la enorme acumulación de casos de corrupción que afectan al partido del que ha sido Presidente en todos esos años.