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#7000impunes queremos que salgan a la luz las responsabilidades políticas en la Comisión de Investigación por los expedientes archivados de la GMU

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(Málaga, 9 de julio 2018) Esta mañana los concejales del grupo municipal IU-Málaga para la gente, Eduardo Zorrilla y Remedios Ramos han comparecido en rueda de prensa para exponer sus impresiones ante la Comisión de Investigación que se desarrollará mañana sobre las casi 12.000 infracciones urbanísticas que encontramos en el periodo 2006-2016.

En primer lugar, Zorrilla ha querido resaltar “la labor que realizan los inspectores de la Gerencia Municipal de Urbanismo, más aún si tenemos en cuenta los escasos medios que tienen y que son los primeros sorprendidos cuando ven cómo las mismas denuncias que ellos tramitaron les vuelven a llegar años después”.

Por eso, ha indicado, que “en la segunda reunión de la Comisión de Investigación de Infracciones Urbanísticas, solicitamos la presencia de sus dos jefas, Dª Esther Sedano Ramos y Dª Leonor Muñoz Pastrana, ya que son las máximas responsables a título administrativo de dichos expedientes”

Zorrilla ha declarado que sus declaraciones son muy importantes, porque de confirmarse lo que sospechan desde IU-MPG, resulta de una extremada gravedad pues podríamos hablar de delito de prevaricación.

El concejal se ha preguntado por qué de esas casi 12.000 infracciones se han tramitado sólo poco más de 2.000 o por qué en el tramo de 2006 a 2011, más de 1.000 expedientes han sido archivados sin trámite alguno.

Eduardo Zorrilla, ha insistido en que “son muchos los expedientes en los que habiéndose demostrado la existencia de una ilegalidad, han sido archivados sin trámite alguno, algo a lo que no podemos dar explicación posible”.

Para Zorrilla los datos son muy claros, ya que de los 11.834 expedientes de este periodo de 2006-2016, unos 8.500 siguen sin resolver, lo que supone un 70%, mientras que unos 3.150 expedientes han sido resueltos y archivados aunque se ha comprobado la existencia de ilegalidad.

También ha querido señalar Zorrilla, que en los años 2006, 2007 y 2008, el porcentaje de expedientes en espera está rondando el 50%, llevando así más de 10 años abiertos, enlazando esta situación de irregularidad con las declaraciones que hizo en su momento, la que fuera responsable de este Departamento, Teresa Domingo, quien fue cesada contra su voluntad por el equipo de gobierno “porque la obligaban a prevaricar y ella no quería”. Todo esto parece indicar, como señala Eduardo Zorrilla, que “o existe una responsabilidad directa por parte de los jefes de la GMU o hay unas directrices políticas para que se actúe de esta forma”

Exigimos soluciones y responsabilidades por las chapuceras obras del Guadalmedina

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Esta mañana hemos presentado una iniciativa al Pleno del Ayuntamiento de Málaga exigiendo soluciones y responsabilidades a las chapuceras obras del Guadalmedina

Texto completo de la iniciativa

MOCIÓN

         Que presenta el portavoz del Grupo Mpal. de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla Díaz, y la portavoz adjunta Remedios Ramos Sánchez, a la atención del Excmo. Ayuntamiento Pleno, relativa a las obras inacabadas que no solucionaron los problemas de malos olores en la desembocadura del Guadalmedina.

En septiembre de 2014, tras la recepción por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de las obras para acabar con los olores en la desembocadura del Guadalmedina y el pago íntegro de las mismas pese a quedarse a la mitad, trasladamos a través de una moción las quejas vecinales por lo que ellos consideraban que era una actuación chapucera en el tramo final de la desembocadura del Guadalmedina que se ejecutó como solución a los malos olores y mal estado del cauce urbano del río.

Según los vecinos afectados, esta actuación era tan sólo un parche y solución provisional para que fuera más fácil limpiar, pero que no resuelve los problemas, ya que tras la misma se seguía acumulando fango y seguían los malos olores, y porque las obras solo llegaron al final hasta el puente del Carmen.

También recordamos las discrepancias que surgieron después de que la GMU emitiese un informe técnico contrario al proyecto elaborado por EMASA para poner fin al hedor enterrando con tierra y hormigón la parte final del cauce, actualmente con agua, realizado por una ingeniera de caminos contratada para realizar estudios con el objetivo de prevenir las inundaciones en la ciudad.

La obra ejecutada finalmente, la que proponía Urbanismo, mantuvo intacta la lámina de agua en la desembocadura, extendiendo hormigón sobre el suelo de rocas para facilitar la retirada de los lodos que acumula y que motivan los malos olores.

Pero dicho proyecto, ya de por sí deficiente y chapucero, se quedó a la mitad porque se había acabado el dinero por sobrecostes en la ejecución, principalmente a causa de la avería en la draga utilizada por la empresa adjudicataria y el elevado coste de su sustitución, lo que impidió continuar con la totalidad del proyecto.

La empresa que se presentó a la licitación y que obtuvo la adjudicación de esta obra, Obrascon Huarte Lain (OHL), una de las empresas que aparecen en los papeles de Bárcenas como donante del PP a cambio de adjudicaciones, dejó la ejecución del proyecto a medio camino, puesto que los 470.000 euros de la oferta que la empresa presentó para hacerse con las obras fueron insuficientes para actuar en todo el tramo, entre los puentes de la Misericordia y el Carmen y sólo llegó la mitad.

Ejecutar el proyecto completo hubiera supuesto un importante sobrecoste, ya que con el presupuesto con el que se adjudicó la obra al final resultó no se podría avanzar más allá de donde está la presa que retiene el agua de la desembocadura, pasado el CAC y a medio camino entre los dos puentes.

En conclusión, el proyecto era desde un principio insuficiente para resolver los problemas que existían, la ejecución de las obras ha sido nefasta y dejar las obras a la mitad supone que el nivel de chapuza se eleva al cuadrado, pues no solucionan nada después de gastar 470.000 euros del dinero público.

Pero es que, para elevar el despropósito al cubo, la parte de la obra que sí se realizó, la instalación de una losa hasta el puente del Carmen, tan solo nos ha durado cuatro años, ya que al parecer por su mala ejecución y su baja calidad se ha roto.

Esto ha obligado a que, en esta ocasión con cargo a EMASA, se hayan realizado nuevas obras para la reparación de la losa de hormigón defectuosa con desperfectos como grietas y roturas que hace inservible en algunas zonas la misma.

El proyecto de EMASA consiste en reponer y reforzar la actual losa (que ya nos costó 470.000 euros) con una estructura de hormigón de 30 centímetros y una doble armadura para darle mayor consistencia, ya que la anterior era poco consistente.

Antes de eso se colocaron unas pantallas sobre la losa para evitar el paso del agua e impedir que el agua cubra la losa que se va a reparar, de forma que eso permita hacer la reparación en seco de la superficie afectada.

Después de cuatro años, de que se dejara un proyecto a medio hacer, de que estas obras se hayan demostrado insuficientes y defectuosas por su nefasta ejecución y mala calidad, sin que nadie le haya exigido nada a la empresa adjudicataria, mientras los vecinos siguen quejándose de malos olores y creen que la actuación no ha servido para nada, nadie del equipo de gobierno ha asumido ninguna responsabilidad.

En atención a todo lo anterior, proponemos los siguientes

A C U E R D O S

1º. Instar al Concejal Delegado de Ordenación del Territorio a que asuma sus responsabilidades políticas por la nefasta ejecución, los sobrecostes y nuevas obras por deficiencias y desperfectos de las anteriores en la desembocadura del Guadalmedina

2º. Instar a la Intervención General del Ayuntamiento de Málaga a que realice un informe sobre las certificaciones de obras abonadas a Obrascon Huarte Lain (OHL) con cargo al proyecto redactado y adjudicado y lo que realmente se ha ejecutado, así como pedir también un informe sobre las obras ejecutadas a CEMOSA.

3º.- Instar a la Asesoría Jurídica Municipal a realizar un informe sobre posibles reclamaciones que se pueda realizar a la empresa adjudicataria del proyecto del tramo final de la desembocadura del Guadalmedina por su deficiente ejecución de la obra.

4º.- Instar al equipo de gobierno a que informe con detalle a los grupos de la oposición de las incidencias señaladas y del coste de las obras de EMASA para reponer y reforzar la actual losa en el tramo final del río Guadalmedina con una estructura de hormigón de 30 centímetros y una doble armadura para darle mayor consistencia,

5º.- Instar al equipo de gobierno a que impulse un plan para adecentar el río y solucionar los problemas conforme a lo que piden los vecinos y consensuando con los mismos las actuaciones a realizar, contemplando más medios e inversiones para su limpieza y mejora paisajística y solución definitiva a los malos olores.
Eduardo Zorrilla Díaz          Remedios Ramos Sánchez

 

El Ayuntamiento establece una moratoria de demoliciones de edificios históricos a propuesta de Eduardo Zorrilla

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La Comisión de Ordenación del Territorio del Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado nuestra iniciativa para que el Ayuntamiento establezca una moratoria de demoliciones de edificios históricos.

Este es el texto completo de la iniciativa:

MOCIÓN

    Desde el año 1985, año de la calificación como Bien de Interés Cultural (BIC) del Centro Histórico, en las 40 hectáreas de la antigua zona intramuros medieval, la llamada almendra histórica, se han demolido 380 inmuebles históricos, lo que sumado a las 175 demoliciones entre 1957 y el año de la calificación del BIC de Conjunto, implica que el sector de la almendra han demolido 570 edificios total o parcialmente, es decir, se ha perdido el 43,6% del parque edificatorio histórico; y existen otros 40 edificios históricos en estado de ruina, un 3,1% del conjunto.

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Hay que investigar las conexiones entre Gurtel, Barcenas y el PP de Málaga

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barcenas

Esta mañana hemos presentado en el Ayuntamiento de Málaga una moción urgente para que, entre otras cosas, se cree una comisión de investigación para aclarar si el PP se ha beneficiado en campañas electoras municipales, de los fondos provenientes de las tramas de corrupción y financiación ilegal.

MOCIÓN URGENTE

Que presenta el portavoz del Grupo Municipal de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla Díaz, y la concejala Remedios Ramos Sánchez, a la consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno, relativa a la corrupción política del Partido Popular y sus posibles conexiones con el Ayuntamiento de Málaga.

El pasado miércoles conocimos la Fiscalía expuso en su alegato final sus conclusiones sobre la trama Gürtel, a la que definió como “una red parasitaria que convivió en sintonía con cargos del Partido Popular durante años”. En este informe, que se alargó durante tres días, destacó los elevados costes de reparación social para intentar restañar el daño producido por lo que calificó como “un atentado directo contra el Estado de Derecho”. Una trama de corrupción de autoridades públicas del Partido Popular a un nivel tan elevado “que crearon mecanismos viciados perpetuados en el tiempo”. Para la fiscal, esta red corrupta no fue un hecho aislado, sino que era “una actividad duradera para delinquir” y apropiarse de fondos públicos de forma masiva mediante la adjudicación de contratos públicos, a través del contacto con cargos públicos del PP, a cambio del pago de comisiones de un “tres o cuatro por ciento”.

Según destacó la fiscal, “los hechos acreditados son hechos de extrema gravedad, no sólo por la naturaleza de los delitos cometidos y el perjuicio que ha provocado a los fondos públicos sino porque se extendieron y enraizaron como un modo ordinario de contratación pública durante un largo periodo de tiempo y en distintas administraciones gobernadas por el PP en las cuales algunas de sus autoridades aceptaron sobornos para enriquecerse con cargo a los fondos públicos que tenían responsabilidad de conservar, proteger y de salvaguardar”. La Fiscalía considera acreditado que el mecanismo de la trama Gürtel perjudicó gravemente al interés general esquilmando las arcas públicas, para lo que era necesaria la cooperación de los dirigentes del Partido Popular comprados a través de un sistema duradero de sobornos.

A través de la investigación judicial seguida en el “caso Gürtel”, conocimos la existencia de muchos millones de euros en cuentas bancarias en Suiza cuyo titular es Luis Bárcenas, ex senador y ex tesorero del Partido Popular, y cuyo avalista en alguna de las cuentas fue el propio Presidente del Gobierno Mariano Rajoy. Gracias a esta investigación también supimos con fondos procedentes de empresas y de contratistas se hacieron pagos de sobresueldos en dinero negro a cargos del PP.

Según la Fiscalía ha quedado plena y abrumadoramente acreditada la caja B del Partido Popular que se refleja en los papeles de Bárcenas y pide la condena del PP por lucrarse con la Gürtel. De igual forma concluye también que esta trama de corrupción generalizada hizo de los sobornos a cargos del PP “un modo de vida”.

De acuerdo con las conclusiones de la Fiscalía en el caso Gürtel, el Partido Popular “en su conjunto” se financió de forma ilegal con los delitos de la trama, por lo que solicitó al tribunal que este partido sea condenado como partícipe a título lucrativo.

Para la Fiscalía, estos hechos supondrían la existencia de un sistema de financiación ilegal, de corrupción masiva y organizada vinculada al PP. Según ya se ha relatado, los tesoreros del PP (en la actualidad 5 de ellos están acusados) presionaban a los alcaldes y los concejales para que manipularan concursos públicos a favor de las empresas que ellos elegían, algunas investigadas por el pago de sobornos a políticos.

Lamentablemente, la trama Gürtel no ha sido un hecho aislado. Durante, al menos, los últimos 20 años, el Partido Popular habría estado recibiendo donaciones en metálico de constructores y empresarios que a su vez obtenían adjudicaciones o contratos de la administración pública, sobre todo en Ayuntamientos y Comunidades gobernadas por el Partido Popular. El modus operandi comenzaba con la entrega del dinero en bolsas, maletines o maletas en el despacho del tesorero en la calle Génova. Todo este dinero presuntamente recibido como comisión por constructoras y empresas a las que se adjudicaban contratos públicos pasaba a formar parte de la contabilidad “B” del PP.

Así, hemos visto que en la supuesta contabilidad “B” del caso Bárcenas existen referencias en una docena de ocasiones a Málaga. También se puede constatar por escrito una supuesta transferencia “A Málaga” de la contabilidad nacional. Asientos contables en los papeles atribuidos a Bárcenas con las frases “De Málaga”, “A Málaga”, “Concejal de Málaga”. Hasta 12 veces y a su lado cantidades de 3.000 a 20.000 euros.

La persona que más veces aparece recibiendo sobres de dinero negro de las comisiones de la corrupción es Pedro Arriola, cónyuge de la ex alcaldesa de Málaga Celia Villalobos, que aparece en 99 asientos contables. El propio Mariano Rajoy recibe sobres de dinero negro en 42 ocasiones. Y Javier Arenas aparece en 24 ocasiones.

En ese sentido, recordamos que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz pidió los libros de contabilidad correspondientes al periodo del 1998 a 2011, 2004 y 2007 del PP en Málaga. Existen fundadas sospechas respecto a la posibilidad de que el Partido Popular acudiera ‘dopado’ a las elecciones municipales de 2003 y 2007, en las que el despliegue de medios fue ostensiblemente superior al resto de partidos.

En el año 2010 se realizan unas obras de adecuación de un local en la Avda. de Andalucía 26, entreplanta, sin licencia de obras (ni mayor ni menor) por parte de la GMU, tal como se acreditó tras comparecencias y preguntas de nuestro grupo. La obra fue realizada por una empresa y entregada a su finalización para albergar la sede del PP provincial. No se ha acreditado que el PP pagara la obra ni el alquiler del local.

En relación al caso Gürtel, hay que recordar que el Ayuntamiento de Málaga, adjudicó a la empresa BEGAR, del constructor José Luis Uribarri, imputado en la operación Gürtel, las obras de 280 VPO de Soliva por importe de 22,5 millones de euros, que luego dejó colgada al presentar un expediente de concurso de acreedores. Está empresa es investigada por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal, asociación ilícita y de falsedad.

Asimismo, se adjudicó a TECONSA, implicada en el caso Gürtel, las obras de remodelación de la carretera Azucarera-Intelhorce por valor de 4,38 millones de euros. La constructora subcontrató los trabajos a 6 empresas, algunas de las cuales denunció a TECONSA por no pagarles a pesar de haber inflado las certificaciones finales de las obras. Ante la falta de pago, las empresas dejaron paralizada la obra de la carretera Azucarera-Intelhorce cuando apenas se había ejecutado un 10%, por lo que el Ayuntamiento de Málaga tuvo que resolver el contrato y rescatar la adjudicación.

Según la supuesta contabilidad B presentada por Bárcenas, el PP de Málaga ingresó en sólo cuatro años 160.000 euros a las arcas del PP de la calle Génova, en concreto fueron 162.270 euros entre noviembre de 1998 y junio de 2001. Tal irregularidad sirvió para que desde la provincia malagueña saliesen pagos (hasta nueve) de tres millones de pesetas, dados en intervalos de entre tres y cinco meses. La contrapartida llegó a partir de julio del año 2000, cuando el dinero esta vez llegaba a la provincia con pagos que van desde 2 millones de pesetas, varios de hasta 160.000 y 20.000 pesetas, uno de 33.072 euros, bajo diversos conceptos.

La empresa Sando supone uno de los casos donde donaciones y adjudicaciones se solapan de forma más evidente. Según la supuesta contabilidad B del PP, donó al PP un total de 1’15 millones de euros, en varios pagos de 100.000 euros. Cada uno de los ingresos coincide en el tiempo con una adjudicación pública. Sando entregó 100.000 euros al PP en junio de 2003. El 17 de noviembre de ese mismo año, Sando entrega otros 100.000 euros. La historia se repite en febrero y junio de 2004 donde hay dos nuevos ingresos de 100.000 euros. Esta relación causa efecto se sigue repitiendo hasta 2007. A finales de mayo de ese año se produce un nuevo envío de 100.000 euros.

En este mismo periodo (2002 y 2007) la Gerencia de Urbanismo adjudicó obras por valor de 28 millones de euros a Sando, el 11 por ciento de la obra contratada a través de una veintena de adjudicaciones en un periodo de seis años, según la respuesta oficial recibida por nuestro grupo municipal.

De igual forma, Sando también recibió cuantiosos contratos en otras áreas del Ayuntamiento de Málaga, como la de Parques y Jardines, donde ha facturado a través de su filial Althenia unos 22 millones de euros en los últimos años.

También, según las hemerotecas, en las fechas en las que supuestamente Sando entrega todo este dinero al PP, se adjudica lo que en su día se denominó “el contrato del siglo”, que fue la adjudicación a la UTE formada por FCC, Urbaser y Sando del contrato de Limasa III, la empresa mixta que gestiona la recogida de basura y la limpieza de calles. Por el que estas empresas reciben muchos millones de euros del presupuesto público cada año. En aquel momento nuestro grupo denunció presiones políticas en la adjudicación de este contrato. (Cinco Días, 28-08-03).

En el periodo que se está juzgando, las otras dos empresas que forma la UTE de LIMASA, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y ACS-Urbaser, además del contrato de LIMASA también recibieron miles de millones en contratos públicos. De igual forma que lo hacen otras grandes constructoras como Sacyr y OHL (Thyssen).

Existen en nuestro país cientos de casos de políticos condenados por corrupción política, la inmensa mayoría del Partido Popular, que en muchos casos no han pasado por la cárcel o han sido indultados por el gobierno. No son “hechos aislados” sino una parte de todo un problema institucional que ha agravado la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones. Ante el creciente aumento de los casos de corrupción política, en muchos casos ligados a contratos de la administración local, es necesaria una respuesta rápida de los partidos políticos ante las acciones corruptas, que se adopten los mecanismos de investigación y las reformas legislativas oportunas.

Es por ello que consideramos que ante la corrupción, es necesario garantizar y reforzar el control público y situar la transparencia en la primera línea de la agenda política, aprobar leyes y tomar medidas para cortarla de raíz. A estas prácticas, se une la resistencia a la trasparencia, a dar explicaciones o dirimir responsabilidades sobre prácticas poco justificables en la gestión de lo público.

En el ámbito del Ayuntamiento de Málaga, y dado que existen numerosos indicios de conexiones de la corrupción política del Partido Popular con la administración municipal, creemos necesaria la creación de una comisión de investigación que aclare las posibles implicaciones que pudiese tener el equipo de gobierno en la presunta trama de financiación ilegal del Partido Popular.

Después de las conclusiones del caso Gürtel, y de las investigaciones del caso Bárcenas, es imprescindible que se aclaren muchas circunstancias que hoy quedan oscuras para así recuperar así la confianza de los ciudadanos en la política y en el sistema democrático.

En atención lo anterior, proponemos la adopción de los siguientes

A C U E R D O S

1º.- El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en virtud de lo establecido en el art. 172.2 del Reglamento Orgánico de Pleno (ROP), acuerda la constitución de una Comisión de Investigación para aclarar si el Partido Popular se ha beneficiado en campañas electorales municipales, de fondos procedentes de las presuntas tramas de corrupción y financiación ilegal.

2º.- Mostrar el rechazo de la Corporación a la corrupción y hacia todas aquellas personas, entidades, partidos o empresas privadas que, aprovechándose de sus cargos públicos, de su poder político o económico, o de su cercanía a quienes lo ostentan, información privilegiada, o cualquier otra causa, han realizado o realizan prácticas corruptas.

3º.- Instar al Gobierno central y al Congreso de los Diputados a realizar las reformas legislativas oportunas para luchar contra la corrupción, siguiendo las recomendaciones del Grupo contra la corrupción del Consejo de Europa, así como hacer reformas necesarias para que las empresas no puedan dar dinero a los partidos ni de forma anónima ni pública.

4º.- Exigir la dimisión del Presidente del Gobierno Mariano Rajoy, por dignidad democrática, ya que está deslegitimado por los graves casos de presunta financiación ilegal que se están conociendo y porque no puede continuar gobernando con la enorme acumulación de casos de corrupción que afectan al partido del que ha sido Presidente en todos esos años.

El Ayuntamiento aprueba una batería de medidas contra la Siniestralidad laboral a propuesta de Málaga para la Gente

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Sinestrialidad laboral

Málaga para la Gente ha reclamado esta mañana al Ayuntamiento una implicación clara en la lucha contra la siniestralidad laboral, a tenor del aumento de las muertes por accidentes en el trabajo, que este año es ya de un 30 por ciento.

Los concejales del grupo político, Eduardo Zorrilla y Remedios Ramos, se han hecho eco hoy de las cifras que han aportado los sindicatos CC.OO. y UGT ya que en lo que va de año han muerto 17 trabajadores “en el tajo”, habiéndose registrado hasta mayo un total de 7.939 accidentes en la provincia.

El portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, califica la situación de trágica y destaca que la mayoría de los accidentes laborales se dan en pequeñas y medianas empresas de la construcción y subcontratadas.

Zorrilla añade que no es casual que la precariedad vaya unida a los accidentes y que esta situación se ha fomentado con las reformas laborales y las políticas de empleo que se vienen promoviendo. “La supuesta salida a la crisis se está basando en la explotación, el abuso y peores condiciones laborales y de seguridad”, comenta el edil, quien afirma que la mayoría de los accidentes serían evitables.

La iniciativa Málaga para la Gente exige que el Ayuntamiento muestre “especial celo” en el cumplimiento de las normas de prevención en el marco de la dirección de las obras y servicios que son responsabilidad de la Corporación.

También que establezca como línea prioritaria en las actividades del Instituto Municipal de Fomento del Empleo (IMFE), la formación continua de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales.

Málaga para la Gente tambien ha propuesto al resto de grupos políticos, que el Ayuntamiento fomente una campaña de concienciación en colaboración con los sindicatos bajo el lema de “Málaga con los trabajadores y contra la siniestralidad laboral”.

Este es el texto completo de la moción

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Iniciativa contra la implantación de un nuevo canon sobre la tarifa del agua

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agua

Esta mañana Eduardo Zorrillo ha presentado al Pleno del Ayuntamiento de Málaga una iniciativa contra la la implantación canon sobre la tarifa del agua. Hace unos días el mismo explicaba en su blog  los detalles que han motivado esta iniciativa.

La iniciativa ha sido aprobada por unanimidad.

Este es el texto completo de la iniciativa.

MOCIÓN

Que presenta el portavoz del Grupo Municipal de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla Díaz, y la portavoz adjunta, Remedios Ramos Sánchez, a la consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno, relativa a la propuesta de añadir un nuevo canon a la factura de EMASA aumentado el precio del recibo de agua.

El Partido Popular, liderado por el alcalde, pretende convencer a las fuerzas políticas con representación en el consistorio, a los agentes sociales, federaciones vecinales y asociaciones de consumidores, de las bondades de añadir un nuevo canon a la factura, aumentado el precio del recibo de agua de todos los malagueños y malagueñas independientemente de la renta y la capacidad económica que tengan, para financiar obras de infraestructuras de agua y saneamiento que deberían haber sido realizadas hace años por el Ayuntamiento con los fondos recaudados de los anteriores cánones de 2006 y 2009, que gastó en obras faraónicas, museos de gemas y otros derroches similares en tiempos electorales.

La empresa municipal EMASA ha financiado ya en tres ocasiones a las arcas municipales con tres cánones impuestos, primero por el PSOE, y posteriormente por el Partido Popular, lo que sin duda obligó a EMASA a subir el recibo del agua para pagar los préstamos que hubo que suscribir para pagar sendos cánones.

EMASA una empresa pública rentable pero desde hace años viene arrastrando un endeudamiento creado artificialmente para financiar los derroches del equipo de gobierno a través de varias operaciones de ingeniería financiera.

En 2006 el gobierno municipal del PP cobró un canon en concepto de cesión de las infraestructuras de depuración a EMASA por cuantía de 52 millones de euros. En 2009, volvió a imponer otro de 75 millones de euros en concepto de canon por la concesión de las redes de suministro de agua. Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento siempre había considerado las redes de suministro de agua como de titularidad de EMASA. Sin embargo, en 2009 cambió este criterio, para declararlas municipales y cobrarle un canon de 75 millones de euros a EMASA.

Sin embargo, estas cantidades no se han destinados a inversiones para obras de infraestructuras del ciclo integral del agua que resultaban imprescindibles y urgentes, sino que el Partido Popular las destinó a otros fines distintos de las infraestructuras hidráulicas. Tampoco las destinó a dotar a Málaga de unos mejores equipamientos y servicios públicos, sino a seguir derrochando en fiascos como el Museo de las Gemas y otros derroches con afán electoralista.

Como consecuencia de esta falta de criterio, Málaga se encuentra ahora con unas infraestructuras hidráulicas atrasadas y deterioradas, y una empresa municipal del agua (EMASA) endeudada. Y todo esto quiere solventarlo nuestro alcalde gravando a los malagueños y malagueñas con un nuevo canon que se añade además al que ya existe de la junta de Andalucía y que es injusto por ser una subida de la tarifa del agua lineal y carente de proporcionalidad.

Pero es que además, el alcalde dice que necesita  130 millones de euros con los que financiar con esos fondos obras de infraestructura hidráulica, y pretende sacar ese dinero del bolsillo de los malagueños y malagueñas, pero a las en los últimos años ha eximido del pago de 155 millones de euros a grandes empresas, bancos y eléctricas, con beneficios millonarios en su cuenta de resultados, por convenios urbanísticos en Repsol, Martiricos, La Térmica, Hoyo Espartero y más recientemente Sánchez Blanca, donde el equipo de gobierno del PP está negociando rebajar 14 millones de euros de la deuda que tiene con el Consistorio a GIA, inmobiliaria vinculada a Unicaja.

En resumen, quitando recursos económicos a la gente que menos tiene, a la vez que le perdona y condona de facto el pago de sus obligaciones a grandes empresas con recursos millonarios.  Exprime a la ciudadanía estableciendo un canon aumentado el precio del recibo de agua para financiar obras a la vez que perdona dinero a grandes empresas y bancos con el que se podían financiar esas obras.

Excepto el Partido Popular, todas las fuerzas políticas con representación en el consistorio, agentes sociales, federaciones vecinales y asociaciones de consumidores, rechazan establecer este nuevo canon aumentado el precio del recibo de agua, por eso reclamamos que retire su propuesta de aumentar el precio del recibo del agua y si no da marcha atrás en su idea de imponer un nuevo canon sobre la factura del agua, tendrá que enfrentarse a la oposición de un frente común similar al que protagonizó la  Mesa contra el Tarifazo del Agua.

Ningún otro grupo político ni colectivo representativo ha dado su apoyo a la propuesta de imponer un nuevo canon. En caso que siga adelante, vamos a propiciar, colaborar  o contribuir a crear un gran frente común contra el canon, ya que un acto sumamente injusto e insolidario debe tener una respuesta ciudadana que obligue a consensuar un modelo de tarifa  de agua más equitativo.

Para el grupo municipal de Málaga para la Gente, el agua es un recurso natural y social, además de un derecho humano, lo que exige una fuerte progresividad en la forma de facturación, ya que por un lado es necesario garantizar un precio asequible a todas las personas para el consumo básico, a la vez que es necesario tasar fuertemente a los grandes grupos consumidores despilfarradores, contribuyendo así a promover un consumo responsable de este bien esencial pero finito.

Por lo anteriormente expuesto, proponemos la adopción de los siguientes

A C U E R D O S

1º.- Instar al equipo de gobierno a respetar los acuerdos alcanzados en la mesa de trabajo sobre la tarifa del agua de EMASA por  los grupos políticos, asociaciones de consumidores y usuarios, ecologistas y vecinales en los que establecieron los precios para el consumo doméstico en el recibo del agua.
2º.- Rechazar la propuesta del equipo de gobierno del PP para añadir un nuevo canon a la factura de EMASA aumentado el precio del recibo de agua de los malagueños y malagueñas independientemente de la renta y la capacidad económica que tengan, y por tanto instar al alcalde de la ciudad a que retire la misma.

Eduardo Zorrilla Díaz                                                                 Remedios Ramos Sánchez

Portavoz Málaga para la Gente                                 Portavoz Adjunta Málaga para la Gente