Aprobadas nuestras tesis sobre la responsabilidad política del Alcalde y del actual Subdelegado del Gobierno

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De la torre ART NATURA

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La Comisión de Investigación del denominado caso Art Natura ha aprobado 16 de las 23 conclusiones presentadas por el grupo municipal Málaga para la Gente, cuyo portavoz, Eduardo Zorrilla, ha presidido dicho órgano político.

El edil se ha mostrado satisfecho con el desarrollo de la comisión, aunque ha lamentado la no comparecencia de dos de los convocados a declarar, uno de ellos el que fuera secretario de Estado de Cultura del gobierno de José María Aznar, Miguel Ángel Cortés, cuya responsabilidad ha quedado clara en esta comisión al ser aprobada la tésis de MpG de que medió entre el promotor del museo de las gemas y el alcalde para que dicho proyecto viniera a Málaga e incluso se lucró personalmente a través de una de sus empresas.

Igualmente, se ha aprobado las conclusiones de Málaga para la Gente sobre los “enormes sobrecostes” de las obras de rehabilitación del edificio de Tabacalera (donde se albergaría el museo) que estuvieron motivados porque no se realizó con anterioridad un estudio de la cimentación, lo que motivó que hubiera que hacer obras de micropilotaje y de demolición de uno de los pabellones interiores,y, por lo tanto, un gran sobrecoste y retraso

Zorrilla también ha resaltado que se hayan aprobado otras conclusiones de Málaga para la Gente de gran importancia, como reconocer la responsabilidad del que fuera delegado de Cultura del Ayuntamiento en aquella época y hoy subdelegado del Gobierno en Málaga, Miguel Briones, que cuando ya se sabía que el proyecto del museo de las gemas nunca se iba a llevar a cabo, dijo en la comisión de seguimiento que no se hiciera público para “no cabrear a media Málaga”. Eso se debía a que había convocada una oferta de empleo para dicho museo a la que se habían presentado 60.000 personas, y todo ello poco antes de las elecciones de 2011.

Briones también ha sido censurado por la comisión de Art Natura que ha hecho suya las conclusiones de Málaga para la Gente relativa al gasto de cerca de seis millones de euros que ha ido desembolsando el Ayuntamiento en concepto de cánon de un museo que nunca se abrió y cuyas facturas no estaba debidamente justificadas, “como se comprueba cuando en 2011 cambia el delegado de Cultura y se dejan de abonar”, señala Zorrilla, que entiende que se trata de “una negligencia inexcusable”, tanto del hoy subdelegado del Gobierno como del resto de los  miembros de la comisión de seguimiento que debía  fiscalizar las facturas que presentaba Art Natura

Pero también el alcalde es acusado de responsabilidad en esta comisión como defendía Málaga para la Gente. Este grupo político, planteó desde el principio que el primer edil firmo un contrato “leonino”, sin garantías para el Ayuntamiento y sin un dictamen de secretario que respaldara dicha decisión.

Zorrilla recuerda que Izquierda Unida (grupo que se integra en la coalición municipal Málaga para la Gente) venía denunciando desde 2007 que lo que el PP presentó como proyecto estrella en las elecciones municipales (y después en 2011) no era más que un fiasco, que ha terminado por ser “un gran fiasco y un derroche para las arcas públicas y los bolsillos de los malagueños”.

CONCLUSIONES MÁLAGA PARA LA GENTE APROBADAS EN LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE ART NATURA:

  1. Royal Collection tuvo una colección de piedras preciosas expuesta en Valencia durante cinco años. En el año 2005 el ex secretario de Estado D. Miguel Ángel Cortés se puso en contacto con D. Fulgencio Alcaraz, Presidente de Art Natura-Royal Collection,  para ofrecerle realizar un proyecto museístico en Málaga.
  2. -El ex secretario de Estado D. Miguel Ángel Cortés presentó a D. Fulgencio Alcaraz al Alcalde de la ciudad, quien acompañado del entonces Jefe de Alcaldía, D. Javier Ferrer, viajó a Valencia a conocer el proyecto.
  3. -La adjudicación del proyecto a Art Natura-Royal Collection, S.L. fue realizada directamente por el procedimiento negociado, sin que existiese una oferta pública y la posibilidad de libre concurrencia de otras sociedades.
  4. En el contrato administrativo que se firmó entre el Ayuntamiento de Málaga y Art Natura en noviembre de 2006, no se estipularon ningún tipo de garantías o avales a favor del Ayuntamiento en caso de incumplimiento del contrato por Art Natura. Y ello sin que constara ningún informe de la Asesoría Jurídica Municipal que justificara esta omisión de un elemento común en los contratos administrativos que firman las administraciones públicas. La decisión de no incluir en el contrato ningún tipo de garantías o avales a favor del Ayuntamiento en caso de incumplimiento por Art Natura, sin informe jurídico que justificara esta decisión, constituyó una negligencia inexcusable con resultado muy perjudicial para las arcas municipales, y por tanto reprobable, de la que es responsable directo el Alcalde de nuestra ciudad.
  5. -La sociedad Torozos Legal, S.L., de la que era titular el señor Cortés cobró, en concepto de asesoramiento para su proyecto museístico en Málaga, la cantidad de 33.450.000 euros, que fueron anticipados por Art Natura y reembolsados a ésta posteriormente por el Ayuntamiento de Málaga. De esta forma la mediación del señor Cortés entre Fulgencio Alcaraz y el Alcalde de la ciudad, prevaliéndose de sus contactos y conocimientos como ex Secretario de Estado de Cultura tuvo como resultado un beneficio propio, lo que resulta, cuanto menos, reprobable desde el punto de vista de la ética política.
  6. -Las obras de rehabilitación del complejo de Tabacalera tuvieron enormes sobrecostes y un gran retraso sobre lo previsto. En principio, la Gerencia Municipal de Urbanismo presupuestó las obras en 19.500.000 euros más IVA, sin embargo el coste final alcanzó casi los más de 24 millones de euros.
  7. -Estos sobrecostes se debieron, básicamente, a que para la redacción del Proyecto Básico no se realizó ningún estudio sobre el estado de la cimentación de los edificios a rehabilitar, y ello a pesar de que el Código Técnico de la edificación obliga a comprobar la cimentación de un edificio, e incluir en el Proyecto Básico el estudio del estado de la cimentación y necesidades derivadas de ello en las obras, si hay cambio de uso o rehabilitación del edificio.
  8. -Una vez comenzadas las obras, se comprobó la necesidad de realizar obras de micropilotaje en los edificios a rehabilitar, así como de demoler interiormente y reforzar las fachadas del pabellón E-2 del complejo Tabacalera.
  9. -Las obras micropilotaje se adjudicaron directamente a Ferrovial, la misma empresa adjudicataria de las obras principales. Su coste para el Ayuntamiento fue de 5,2 millones de euros (IVA incluído). Las obras de demolición interior del edificio E-2, y reforzamiento de sus fachadas, también se adjudicaron directamente a Ferrovial, y costaron al Ayuntamiento algo más de 1,2 millones de euros (IVA incluído).
  10. -El compromiso de Ferrovial era terminar las obras de rehabilitación del complejo de Tabacalera en un plazo de 16 meses (diciembre de 2007). Sin embargo las obras se retrasaron más de cuatro años. En gran parte, este retraso vino motivado por la necesidad de acometer obras de micropilotaje y de demolición interior del pabellón, y reforzamiento de fachadas, del edificio E2.
  11. En el contrato firmado entre el Ayuntamiento y Art Natura se estipulaba que esta última debía destinar 60.000 euros al año a promoción del proyecto museístico, siendo los responsables municipales quienes decidían cómo y en qué se gastaba esa cuantía. Dicha cuantía anual se estuvo pagando por Art Natura entre 2007 y 2011, ambos inclusive.
  12. -En octubre de 2010 se convocó una oferta de empleo para el futuro proyecto museístico de 140 puestos de trabajo. Se presentaron 60.000 personas. En diciembre de ese año Art Natura comunicó su intención de resolver el contrato. Sin embargo, en una sesión de la comisión de seguimiento celebrada en marzo de 2011, apenas dos meses antes de las elecciones municipales, el señor Briones Artacho, entonces delegado de Cultura, pidió que no se informara que el museo no iba a abrir “para no cabrear a media Málaga”. La ocultación, dolosa, de esta información fue responsabilidad, primero del señor Briones y, después, de todos los miembros de la Comisión de Seguimiento.
  13. En el contrato suscrito en noviembre de 2006 entre Art Natura y el Ayuntamiento de Málaga se fijó un canon anual de 1.200.000 euros (más IVA) que el Ayuntamiento debía pagar a la primera. Sin embargo, esa cuantía, que se sepa, no se justificó en ningún informe que tuviese en cuenta criterios objetivos, tales como tiempo de explotación, previsión de visitas e ingresos provenientes de éstas y otras fuentes.
  14. El Ayuntamiento de Málaga ha pagado a Royal Collection, en concepto de canon anual, un total de 5.675.000 euros, por un proyecto de museo que finalmente no ha llegado a existir.
  15. A partir de mayo de 2011, con el cambio de delegado de Cultura, dejaron de abonarse por el Ayuntamiento tales facturas.
  16. Ni el delegado de Cultura desde 2007 a 2011, señor Briones Artacho, ni ninguno de los integrantes de la Comisión de Seguimiento de Art Natura, que debían fiscalizar todo lo relacionado con el desarrollo del proyecto desde su creación, puso nunca de manifiesto todas estas circunstancias relativas a las empresas que emitían las facturas para justificar el destino de las cantidades abonadas por el Ayuntamiento, en concepto de canon anual. Ello constituye, como mínimo, una negligencia inexcusable del delegado de Cultura de 2007 a 2011, señor Briones Artacho, y de todas las personas miembros de la comisión de seguimiento del proyecto de Art Natura que participaron en sesiones donde se examinaron tales facturas, en el cumplimiento de su deber de velar por los intereses municipales.

Vecinos apoyan la iniciativa de MpG para evitar el éxodo de residentes del Centro Histórico

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Zorrilla vuelve a acusar al alcalde de actitud servil por el lobby hostelero

(Málaga, 25 de abril 2017) Cuando se peatonalizó calle Larios, el Centro Histórico de Málaga contaba con 35.000 residentes y numerosos comercios tradicionales, que prestaban servicio y creaban empleo. Hoy, apenas quedan 4.500 vecinos y hay zonas abandonadas y sucias y una sobreexplotación de apartamentos turísticos y negocios de hostelería, denuncia una de las asociaciones que representan a estas personas.

Antonio César, portavoz de la asociación  Málaga Centro Vecinos, ha denunciado esta mañana éste y otros hechos junto a los concejales del grupo municipal Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla y Remedios Ramos, que el jueves defienden en pleno de la capital una moción encaminada a evitar esta expulsión. (se adjunta)

El centro se nos muere, por la expulsión a la que tienen sometidos a los habitantes de toda la vida. Se ha convertido en un lugar hostil, con sobreexplotación de la vía publica, y la falta de equipamiento y servicios” explica Zorrilla, que acusa al alcalde y su equipo de gobierno de servil con el lobby de la hostelería”, que está provocando que los vecinos se vean privados de sus derechos al descanso y a disfrutar de servicios y equipamientos municipales. “Son vecinos que tienen los mismos derechos que el resto de los malagueños y vemos como a diario tienen que soportar exceso de ocupación de la vía pública, con lugares por donde no podría pasar un vehículo de emergencia si hiciera falta, con ruidos que exceden lo establecido por las ordenanzas vigentes, con suciedad que generan los excesivos negocios de hostelería, etc. Pero la culpa no es más que del equipo de gobierno que ha permitido la sobreexplotación de negocios hosteleros, concediendo licencias sin ton ni son”. Además, alerta el edil, algunos representantes de negocios de hostelería han declarado que existen informes realizados por técnicos municipales que avalarían que el centro perdiera la condición de zona residencial, lo que supondría que la preminencia legal sería la de los establecimientos hosteleros por encima de quienes habitan en dicho lugar. Zorrilla califica de inaudito e insólito que pueda existir tales documentos municipales. “Es el colmo de la desfachatez que lo que se ha convertido de hecho en un parque temático de hostelería, lo sea de derecho. Esto traería como consecuencia que ya no estaríamos hablando de saturación de la vía pública, ni de niveles de ruidos, porque el interés de los negocios estaría por encima de sus residentes. Podrían campar a sus anchas, mientras los vecinos se irían definitivamente”.

Por su parte, Antonio César asegura que están siendo obligados a dejar sus casas “para crear un decorado tabernario que no tiene nada que ver con Málaga”. Denuncia que es una expulsión orquestada para que no haya vecinos, “para que no denunciemos”. También defienden el patrimonio porque, afirma, “están demoliendo edificios históricos para hacer chapuzas arquitectónicas destinadas a albergar turistas. Han expulsado a 26.000 vecinos para meter 15.000 personas que pasan unos días”.

Los residentes afirman que viven “en una cárcel”, donde falta todo tipo de servicios y recuerdan que el centro no es sólo Calle Larios, sino otras muchas que están abandonadas y sucias.

En su moción, Málaga para la Gente reclama al equipo de gobierno que adopte medidas urgentes para evitar el éxodo, con acciones concretas que afectan al urbanismo, ruido, limpieza, etc, y actue sobre la sobreexplotación de los negocios hoteleros y la proliferación desordenada y agresiva de los alojamientos turísticos.

Texto completo de la iniciativa

Centro de malaga

Moción urgente en defensa de los bomberos de Málaga

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MOCIÓN URGENTE

Que presentan el portavoz del Grupo Municipal de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla Díaz, y la portavoz adjunta, Remedios Ramos Sánchez, a la consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno, relativa al conflicto de Bomberos y la negativa del equipo de gobierno a sentarse a negociar.

Más de 4.000 personas se han manifestado este domingo por las calles de Málaga en apoyo a los bomberos, quienes han salido a la calle por segunda vez en defensa del servicio público. Sus reivindicaciones son básicas y razonables, son viables económica y jurídicamente, y ahora además de estas respaldadas por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en su sesión ordinaria del pasado 26 de enero, también están plenamente respaldadas por una amplia mayoría de la ciudadanía. Los malagueños y malagueñas apoyan a sus bomberos, el gobierno municipal del PP está sólo en su cerrazón y su negativa a sentarse a negociar cosas elementales, como la reclasificación de acuerdo con Ley andaluza de Gestión de Emergencias, la regularización de la jornada laboral o la actualización del reglamento interno.

Además, los Bomberos de Málaga insisten en la pérdida de confianza con la actual Jefatura, que se encuentra desaparecido desde el inicio del conflicto y desde que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en su sesión ordinaria del pasado del pasado 26 de enero, aprobara por 18 votos a favor y 13 en contra, solicitar el relevo de la jefatura de Bomberos por la pérdida de confianza de la plantilla, además de reprobar al concejal de Seguridad también en el pleno por su gestión realizada en torno al funcionamiento del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Málaga.

La exitosa manifestación del 24 de abril debería haber hecho reflexionar al equipo de gobierno, la voz de la calle les debería haber obligado a anunciar que se iban a sentar a negociar, si tuvieran la más mínima sensibilidad social, pero la respuesta del concejal de Seguridad ha sido justamente la contraria, en vez de tratar de apaciguar y mostrar su talante conciliador y negociador ha echado gasolina al fuego con sus declaraciones hostiles en contra de los bomberos, despreciándolos y acusándolos de todo tipo de cosas, y cerrándose en banda bajo el absurdo argumento de que mientras se mantengan las movilizaciones no se pueden sentar a negociar. El alcalde y su equipo de gobierno no sólo no han resuelto el conflicto sino que lo han recrudecido, haciendo oídos sordos a las justas reivindicaciones del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga que además cuentan con un enorme respaldo ciudadano. Una vez más este equipo de gobierno demuestra una política caciquil y antidemocrática, ignorando los acuerdos aprobados por mayoría por el Pleno Municipal del pasado mes de enero, por ello y una vez más exigimos que se cumplan todos los acuerdos plenarios adquiridos y solucione de una vez y de forma definitiva el conflicto.

Los bomberos llevan 128 días de encierro, en huelga indefinida desde el pasado 14 de marzo, la primera en la historia del Cuerpo en la ciudad, y este pasado domingo han vuelto a manifestarse junto a más de 4.000 personas y con un inmenso respaldo de la opinión pública. La amplia mayoría de la plantilla, cercana al 100% de la misma, está participando en la huelga y movilizaciones, con unas reivindicaciones justas y que deben ser asumidas ¿a qué espera el gobierno del PP para sentarse a negociar?

Por todo ello y por pura lógica, debemos pedir la dimisión del concejal de Seguridad por dejación de sus funciones y por la incompetencia demostrada para el cargo en la gestión del conflicto con los bomberos, y en el caso de que no presente la misma que sea cesado por el alcalde como responsable de esta área.

Las declaraciones del edil de Seguridad en los últimos meses y días ha causado un profundo malestar entre los bomberos, que acusan al concejal de mentir sobre los últimos conflictos, las acusaciones del edil son muy graves y poco fundamentadas.

De igual forma, solicitamos el cese del Director General de Recursos Humanos, Calidad y Seguridad, Carlos Gómez-Cambronero Sainz de la Maza, por la nefasta gestión del conflicto de Bomberos, por los expedientes sancionadores abiertos a los Bomberos impulsores de la movilización bajo diversos pretextos, y por las graves amenazas a los miembros del comité de huelga de abril consistentes en que les podría abrir otros 40 expedientes sancionadores más si persisten en las movilizaciones y que los expedientes “ya los tienes preparados y guardados en un cajón”.

De igual forma, señalamos a ambos como responsables de la situación de falta de medios humanos y materiales para desempeñar su trabajo. La plantilla de Bomberos y sus representantes llevan años comunicando las deficiencias en el servicio, la falta de mandos, la falta de inversiones, la falta de material, la falta de vehículos, las deficiencias de las instalaciones, los incumplimientos de la legislación de prevención y tantas otras cosas, comunicando por activa y pasiva la situación de descontento y la frustración de la plantilla.

En cuanto a la organización del servicio, llevan años soportando la falta de mandos intermedios, con miles de las denominadas habilitación, en realidad trabajos de superior categoría, las cuales se enmascaran con la definición “habilitaciones”, obligar a bomberos y mandos a realizar funciones de superior categoría cuando está están programadas contra su voluntad, es coercitivo e ilegal, incluso su abono tiene un carácter arbitrario y muy por debajo de lo que debería ser, quizás este sea el motivo por la falta de mandos y las miles de habilitaciones que se producen anualmente.

La plantilla de Bomberos viene observando como en los presupuestos cada vez son más los técnicos que constan en los mismos pero que no aparecen por el cuerpo de bomberos, a la vez que observan como las vacantes del personal operativo se van incrementando año tras año, sin que se tomen medidas desde el equipo de gobierno.

Los mínimos operativos en los cuales se basa los protocolos de actuación se incumplen sistemáticamente, llegando incluso a mantener parques inoperativos, o retirando salidas de la guardia para otros fines. Hay cientos de circulares, las cuales son imposibles de saber de su existencia, desaparecen de la base de datos, se retiran, se modifican, se anulan, por ello la plantilla de Bomberos lleva años solicitando un reglamento de bomberos, consensuado con la representación sindical como establece la legislación, como tiene el colectivo de bomberos de Andalucía, al parecer lo que se pretende es mantener esta desorganización del cuerpo de bomberos.

Desde el inicio del conflicto con los Bomberos ya se han dado situaciones en las emergencias, incendios o inundaciones, en los que se ha puesto en evidencia que los bomberos no tenían los medios necesarios para poder realizar su trabajo y socorrer a sus ciudadanos de los cuales son responsables de su seguridad.

El último ejemplo es el incendio de la pasada semana en Ciudad Jardín en el que murió una persona, tras el que conocimos que el brazo articulado de una de las escalas que los bomberos utilizan para llegar a los edificios más altos está averiado, por lo que no se podría intervenir utilizando este recurso en el caso de los miles de edificios de más de ocho plantas que existen en Málaga capital.

Después de su presentación pública por parte del alcalde, en rueda de prensa de autobombo a la que ya estamos acostumbrados, la escala se averió y ha estado sin arreglar por falta de presupuesto hasta que este tema ha saltado a la opinión pública y se ha conocido que no había una partida específica para su reparación.

El cuerpo de Bombero debe tener disponibles todos los medios para atender a los vecinos y vecinas de Málaga ante cualquier situación, también en incendios a partir de una octava planta si fuera necesario para que las personas que vivan por encima de esta altura cuente con todos los recursos disponibles en determinadas circunstancias, una ciudad como Málaga debe estar preparada para socorrer a sus ciudadanos/as.

Por todo lo anterior, el Grupo Municipal de Málaga para la Gente, propone la adopción de los siguientes

A C U E R D O S

1º.- El Ayuntamiento Pleno solicita la dimisión del concejal de Seguridad por dejación de sus funciones y por la incompetencia demostrada para el cargo en la gestión del conflicto con los bomberos, y en el caso de que no presente la misma que sea cesado por el alcalde como responsable de esta área.

2º.- El Ayuntamiento Pleno solicita el cese del Director General de Recursos Humanos y Seguridad, por la nefasta gestión del conflicto de Bomberos, por los expedientes sancionadores abiertos a los bomberos impulsores de la movilización bajo diversos pretextos, y por las graves amenazas consistentes en abrirles otros 40 expedientes sancionadores más si persisten con las actuales movilizaciones.

3º.- Exigir el cumplimiento de los acuerdos plenarios sobre la reclasificación de acuerdo con Ley andaluza de Gestión de Emergencias, la regularización de la jornada laboral y la actualización del reglamento interno, así como que el equipo de gobierno se siente de inmediato a negociar para solucionar de forma definitiva el conflicto.

4º.- Exigir al equipo de gobierno el aumento tanto de los medios humanos como de los medios materiales, en vehículos, en escalas, en los parques de bomberos, que sea suficiente para hacer frente a situaciones de verdaderos peligros, inundaciones, incendios o accidentes, para la eficaz ejecución de los protocolos de actuación.

Eduardo Zorrilla Díaz Remedios Ramos Sánchez

Portavoz Portavoz Adjunta

Es imprescindible dotar de presupuesto suficiente al sistema de dependencia

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Esta mañana el Ayuntamiento de Málaga ha aprobado nuestra iniciativa para pedir a todas las administraciones a dotar de fondos suficientes al sistema de dependencia. Os dejamos el texto completo de la misma:

MOCIÓN

        Que presenta la concejala del Grupo de Málaga para la Gente, Remedios Ramos Sánchez, a la Comisión de Derechos Sociales, Cultura, Educación, Deporte y Juventud, relativa al incremento del gasto social de todas las administraciones públicas y para dotar de presupuesto suficiente el sistema de dependencia.

En el año 2016, el gasto público total en servicios sociales en el estado español (incluyendo la atención a la dependencia) ascendió a 16.700 millones de euros.

La distribución de este esfuerzo es la siguiente:

  • CCAA = 60,8% (10.171,46 M€)
  • EELL = 25,5% (4.259,11 M€)
  • AGE = 13,7% (2.296,22 M€)

  Estos datos ponen en evidencia que la aportación de la Administración general del Estado a una política esencial como es la de servicios sociales en España, es significativamente baja.

Además, resulta falso que se vayan a incrementar 442 millones en los PGE para 2017, como vienen publicitando el Gobierno. En términos reales el incremento será solo de 130 millones, lo que en relación al gasto global de 2016 supone un RIDÍCULO incremento del 0,8%.

El incremento publicitado por el Gobierno y Ciudadanos se distribuye en dos bloques: 342 millones para un plan contra la pobreza infantil, y 100 millones más para la Dependencia. Pues bien, esta es la realidad de las cifras:

Sólo 30 de los 342 millones de euros de la partida contra la pobreza infantil, son un incremento real sobre los presupuestos del año anterior.

  • 102 millones provienen del programa FEAD, para ayuda alimentaria a los desfavorecidos y lucha contra la pobreza infantil. Este dinero proviene de la Unión Europea, del Fondo de Ayuda Europea a las Personas Más Desfavorecidas (FEAD). Es decir, de excedentes alimentarios que ya se han repartido en años anteriores en la misma cuantía. Y no solo a la infancia, sino a los colectivos desfavorecidos. Simplemente, en 2017 se aplicarán solo a familias desfavorecidas, con menores a su cargo ¿y el resto…?
  • 140 millones corresponden al Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados, para la atención de familias con menores. Es una partida presupuestaria que durante el año anterior ni siquiera fue gestionada, por la incapacidad o la falta de voluntad de nuestro Gobierno para admitir la entrada de refugiados, ni siquiera en los términos en los que se había comprometido.
  • 100 millones corresponden a un incremento de 30 millones en la partida de “Prestaciones básicas de servicios sociales” que, en 2016, estuvo dotada con 70 millones (por cierto, una partida que fue reducida un 67% en años que en años anteriores). Estos 30 millones constituyen así, el único incremento efectivo en los anunciados 342 millones para combatir la pobreza infantil.

  Teniendo en cuenta que los servicios sociales municipales han atendido, según datos oficiales, a unos 8 millones y medio de personas, el incremento de esta partida supone sólo 3,50 euros más por persona y año en la aportación de la Administración General del Estado para atender a las personas más desfavorecidas.

Incrementar en 100 millones la partida para la atención a la dependencia, no va a suponer un incremento efectivo de las cuantías que recibirán las Comunidades Autónomas para atender a las personas en situación de dependencia.

A nuestro juicio 100 Millones de euros más en la partida 231I de la Seguridad Social (transferencias a las comunidades autónomas para atención a la dependencia por el nivel mínimo garantizado) es papel mojado, porque no se asegura que dichos fondos se transfieran al nivel autonómico, ya que están condicionados al número de personas efectivamente atendidas y se basan en unas cuantías que insuficientes que ya fueron recortadas un 15% en 2012, mediante R.D. Ley 20/2012 de 13 de julio.

La insuficiencia de dichas cuantías provoca que las CCAA obtengan por esa vía una financiación equivalente al 18% del gasto real que realizan. Dicho de otro modo, para recibir un solo millón de esos cien, las comunidades autónomas deben acreditar un gasto efectivo de cinco millones euros.

Por otra parte –como no podía ser de otra forma- se trata de una partida ampliable, que se suplementa automáticamente en la medida en que se incorporen nuevas personas atendidas al Sistema. De hecho, en 2016 esta partida se tuvo que suplementar a final de ejercicio con 37 millones de euros más. Así pues, la cifra inicial de esta partida es irrelevante, ya que las Comunidades Autónomas no van a recibir más ni menos dinero porque esté más o menos dotada. El auténtico incremento de la financiación del Sistema por parte de la Administración General del Estado vendría de recuperar y/o ampliar las cuantías de financiación por cada persona atendida en el nivel mínimo (que es la auténtica garantía del derecho subjetivo).

Atender a todas las personas dependientes con derecho, significaría un incremento de gasto público de unos 3.000 millones más al año, la mistad de los cuales debería aportar la Administración General del Estado si el modelo de financiación del SAAD fuera justo.

En consecuencia, el proyecto de presupuestos generales del estado para 2017 abandona de nuevo a 341.301 dependientes en lista de espera, y -con un cálculo optimista- 90 de ellos seguirán falleciendo cada día sin recibir los servicios a los que tienen derecho.

Eso sí, ese número de fallecidos contribuirá trágicamente a bajar la “lista de espera”. Esperemos que el Gobierno no alardee por ello como ya hizo en el pasado de forma indignante.

Por todo ello consideramos que los PGE denotan un Estado sin una política de servicios sociales sólida y coherente, que atiende a cuestiones puntuales con parches y sin integralidad. La presión de los servicios sociales se encuentra en los niveles locales y autonómicos y es deber del Estado su correcta financiación.

España se comprometió a reducir -por ejemplo- la tasa de pobreza (Europa 2020) en 1,4 millones de personas. En lo que llevamos de programa, no solo no nos hemos acercado al objetivo sino que nos hemos alejado de él incrementado el número de pobres de en 1,3 millones más. ¡Ahora el objetivo 2020 se sitúa en 2,7 millones de pobres menos!!!

No se trata de planes puntuales, de ocurrencias o de parches, se trata de tener una política pública de servicios sociales más eficiente que requiere de una inversión inteligente y no de parches y mucho menos del abandono.

La pobreza y desigualdad se ha instalado en la sociedad española, afectando a miles de personas y de familias que cada vez ven más difícil salir de su situación. La transmisión intergeneracional dará lugar a nuevas generaciones que van a reproducir la pobreza y que cada vez van a tener más difícil salir de ella.

  •  Casi 700.000 hogares, 1,3 millones de personas, no tienen ningún ingreso (4% de los hogares)
  • La mala alimentación por motivos económicos y, en ocasiones, el hambre, son situaciones reales que afectan a más de un millón de personas en España.
  • La Tasa Arope, que es el indicador utilizado por la Unión Europea para medir la exclusión social, sitúa a España 5,6 puntos por encima de la media europea (28,6 frente al 23%)

El desmantelamiento de las políticas sociales por parte de la administración es una realidad en nuestro país. España dedica menos recursos a la protección social que la media de los países de la UE. Aunque los recortes en el gasto social – Sanidad, Educación y Servicios Sociales- han tocado fondo en 2013, todavía no se ha recuperado los niveles de inversión en esta materia que existía antes de la crisis.

  • España dedica 2,7 puntos menos del PIB a Protección Social que la media de países de la Eurozona (17,6% frente al 20,3 de la UE)

A propuesta de nuestro grupo y en otros mandatos se aprobaron por parte del Excmo. Ayuntamiento Pleno varias mociones para combatir la pobreza, y en particular la pobreza infantil, sin que se hayan adoptados medidas para dar cumplimiento a los acuerdos de dichas mociones ni dotado de presupuesto suficiente a estos planes.

Por todo ello, proponemos la adopción de los siguientes

A C U E R D O S

1º.- Instar a todas las administraciones públicas, y en particular al gobierno central, a que se incremente el gasto social  de forma suficiente para atender todas las necesidades sociales actuales y que ninguna persona se quede desatendida, en especial para reducir la pobreza y la desigualdad en nuestro país.

2º.- Instar al gobierno central y a los grupos parlamentarios, a que se dote un presupuesto suficiente y se incrementen las partidas de gasto en materia de servicios sociales y atención a la Dependencia, en particular la dotación del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, destinada a financiar los servicios sociales más básicos de las entidades locales.

3º.- Instar al equipo de gobierno a dar cumplimiento a los acuerdos plenarios adoptados para combatir la pobreza en nuestra ciudad y en particular los referidos a la realización de un plan para reducir la pobreza infantil en Málaga.

Remedios Ramos Sánchez

Concejala del Grupo Málaga para la Gente

Málaga, a 17 de abril de 2017

El Ayuntamiento se posiciona contra la reapertura del CIE de Málaga anunciada por Zoido

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La comisión de Pleno del Ayuntamiento de Málaga  celebrada esta mañana ha aprobado por unanimidad una iniciativa contra la intención del ministro Zoido de reabrir el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de  Málaga.

El PP se posicionado contra esta iniciativa de su propio partido, Aunque Ciudadanos ha pedido votación separada del resto de la iniciativa de Málaga para la Gente, para desmarcarse del segundo punto, que pedía la eliminación de todos los CIEs.

Os dejamos el texto completo de nuestra iniciativa:

MOCIÓN

Que presenta la concejala del Grupo Municipal de Málaga para la Gente, Remedios Ramos Sánchez, a la Comisión de Pleno de Derechos Sociales, Cultura, Educación, Deporte y Juventud, relativa a la acogida a los y las inmigrantes que llegan a nuestras costas.

A lo largo de la Historia, el Mediterráneo ha sido un mar de encuentro, entre el Norte y el Sur, entre Oriente y Occidente. Sus aguas bañan tres de los seis continentes: Europa, Asia y África. Ha sido la cuna de algunas de las civilizaciones más fascinantes de la antigüedad (como Egipto, Grecia o Roma), y testigo del nacimiento de tres de las mayores religiones (el Judaísmo, el Cristianismo y el Islam).

Desde su origen en los albores de la humanidad la Historia de Málaga ha estado ligada al Mediterráneo. Fundada por un pueblo marinero, los fenicios, como una colonia para el intercambio marítimo, por nuestra costa llegaron las diferentes gentes que han conformado nuestra cultura e identidad: griegos, romanos, cartagineses, o bereberes.

Lamentablemente en los últimos años el Mediterráneo se ha convertido en un mar de muerte. Huyendo de la guerra y la miseria, decenas de miles de hombres, mujeres y niños se juegan la vida, y muchos la pierden, para cruzarlo. Se calcula que sólo el año pasado murieron más de 30.000 personas intentando cruzarlo. Si no se habilitan vías de acceso legales y seguras, se seguirá condenando a miles de  personas a  perder la vida en el Mediterráneo.

En el escudo de Málaga reza entre otros, el título de “muy Hospitalaria”, que fue concedido por Real Decreto de 1901 por la valiente y solidaria conducta del pueblo malagueño en el rescate de las personas y los tripulantes de la fragata alemana “Gneiseau”, naufragada frente a nuestra costa.

Hoy Málaga no puede permanecer impasible ante el hecho de que el mismo Mediterráneo que ha conformado nuestra cultura y nuestra identidad, se haya convertido en una fosa común donde reposan los cuerpos y las ilusiones de hombres, mujeres y niños que sólo aspiraban a vivir con dignidad.

Durante estos meses se ha incrementado la llegada de pateras que arriban en nuestras costas, un hecho que relacionado con una mayor dispersión en los puntos de llegada a lo largo de nuestra franja de litoral como consecuencia de la intensificación de la vigilancia en el estrecho de Gibraltar y medidas represivas de gobierno español y de la Unión Europea.

Para el grupo municipal de “Málaga para la Gente”, ni la Ley de Extranjería, ni las directivas de la Unión Europea para convertir las fronteras en una Fortaleza inexpugnable, ni las medidas de carácter técnico puestas en marcha por el ministerio del Interior, han evitado la llegada de inmigrantes que buscan una vida mejor y se ven obligados a abandonar sus países de origen, pero lo que es peor, muchas veces no encuentran la acogida que esperan y reciben una adecuada atención humanitaria.

Estamos ante un grave problema de carácter humanitario, que requiere de una atención inmediata por parte de las administraciones públicas, con el fin de impedir el sufrimiento de seres humanos que tratan de conseguir mejores condiciones de vida.

La muerte y el sufrimiento de los inmigrantes que llegan a nuestras costas no hay que achacarla exclusivamente a su imprudencia o al desconocimiento de los problemas que les esperan en su destino, sino también y principalmente a las políticas de represión y cierre de fronteras.

Desde el grupo de “Málaga para la Gente” reclamamos a las administraciones una visión más realista ante la actual llegada de inmigrantes para que se garantice de forma suficiente la provisión de recursos para una acogida en condiciones dignas, así como las medidas que se requieran para evitar que se vulneren los derechos humanos de estas personas y nos manifestamos en contra de los Centros de Internamientos de Inmigrantes donde se priva de libertad a estas personas y en donde están en peores condiciones y tienen menos garantías que en las propias cárceles, así como contra las deportaciones forzosas y sin garantías de respeto a los Derechos Humanos.

En atención a todo lo anterior, vengo a proponer la adopción de los siguientes

A C U E R D O S

1º.- Instar a todas las administraciones públicas a que se garantice de forma suficiente la provisión de recursos para una acogida en condiciones dignas a los y las inmigrantes que llegan a nuestras costas, así como que se adopten las medidas que se requieran para evitar que se vulneren los derechos humanos de estas personas

2º.- Exigir que se eliminen los Centros de Internamientos de Inmigrantes donde se priva de libertad a estas personas y en donde están en peores condiciones y tienen menos garantías que en las propias cárceles, así como las deportaciones forzosas y sin garantías de respeto a los Derechos Humanos.

Remedios Ramos Sánchez

Concejala del Grupo Málaga para la Gente

Málaga, a 17 de abril de 2017

Llevamos al Ayuntamiento el conflicto de las trabajadoras de la limpieza de la UMA

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Meme Limpieza

Málaga para la Gente defiende en la  comisión de Economía, que se celebra el próximo lunes, que el Ayuntamiento solicite a la Universidad de Málaga que se garanticen unas condiciones laborales dignas a las trabajadoras de limpieza de esa institución y muestre su solidaridad.

Esta no es la primera vez que este grupo político e Izquierda Unida con anterioridad ha denunciado y presentado mociones, sobre los continuos conflictos y progresivo deterioro de las condiciones de trabajo que viven desde hace años las trabajadoras del sector de la limpieza de la Universidad de Málaga que hasta ahora ha venido prestando la empresa Valoriza, como adjudicataria de este servicio externalizado por la UMA.

Las trabajadoras, alrededor de 320 personas, tanto las fijas y fijas discontinuas, como las eventuales, han pertenecido formalmente a distintas empresas, ya que el servicio de limpieza en los Centros e Instalaciones de la UMA, se externalizan a través de licitaciones públicas temporales, estando obviamente obligada la empresa que  obtiene la licitación el subrogar a las trabajadoras.

Los contratos de Limpieza han sido adjudicados a las principales empresas del sector, en los últimos años a Valoriza (filial de la SACYR Valle-Hermoso) que se hizo con el contrato, en la última licitación, sin embargo las trabajadoras denunciaron que incumplió con la obligación de mantener el número de trabajadoras en plantilla.

El hecho de perder puestos de trabajo es siempre una mala noticia, pero se convierte en inadmisible cuando se está pagando con dinero público a una empresa para que los mantenga y esta incumple su obligación, ha señalado el portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla.

Las trabajadoras venían denunciando otros incumplimientos, que van desde la ausencia de renovación o adquisición de equipos, ni de los instrumentos necesarios para desarrollar el trabajo, hasta incluso incumplir la periodicidad de las reuniones previstas para el comité de salud laboral. La plantilla ha amortizado 30 puestos en los últimos años a causa de la no cobertura de vacantes por bajas, jubilaciones y vacaciones, lo que ha provocado una sobrecarga laboral insostenible, ya que tampoco ha habido incorporaciones en los nuevos edificios.

Además, las trabajadoras han denunciado que el personal de limpieza de la UMA carece de determinados productos y materiales necesarios para prestar servicio, así como que la empresa tampoco ha facilitado las mejoras y maquinaria para optimizar el servicio que se incluyeron en la adjudicación.

Después de años de ataques a las condiciones laborales, que hicieron que estas mujeres salieran a la calle y llevaran a cabo huelgas en otras ocasiones; ahora la UMA, pretende dar una vuelta de tuerca a su situación, dividiendo el servicio en lotes.

El vicegerente de planificación y coordinación de la UMA, anunció la apertura de licitaciones para que las empresas compitan por el servicio, pero en este caso, ha dividido la licitación del servicio en tres lotes, zona de El Ejido, Zona de Teatinos y zona de la ampliación; concediendo a tres empresas distintas la adjudicación de este servicio externalizado y ahora fraccionado por la UMA.

“Las trabajadoras temen y nos han manifestado su preocupación por qué creen que esto va a contribuir a aumentar aún más la precariedad de las trabajadoras de la empresa actual, al igual que se está produciendo en muchos otros sectores y servicios, con el objetivo de dividir a la plantilla y someterla a unas peores condiciones.  Nuestro grupo comparte su preocupación y apoya sus reclamaciones, que no son más que se garanticen unas condiciones laborales dignas, que este servicio de la UMA que afecta a toda la comunidad educativa no siga deteriorándose ni empeorando su calidad, que se solucionen los problemas que afectan a la plantilla, como el déficit acumulado de personal y la sobrecarga de trabajo que afecta a la salud laboral”.

Estas mujeres participaron el pasado miércoles en el encuentro con colectivos laborales en conflicto que organizó Izquierda Unida y que contó con la presencia de Alberto Garzón y los concejales de Málaga para la Gente (momento al que pertenecen las fotos que se adjuntan).

La iniciativa presentada por Málaga para la Gente ha sido aprobada por unanimidad.

Os dejamos el vídeo de la intervención de Loli, representante de las trabajadoras de la UMA.