Moción presentada por nuestro grupo municipal relativa a la implantación de gasolineras sin empleados en la ciudad.

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MOCIÓN

Que presenta el portavoz del Grupo Mpal. de Málaga para la gente, Eduardo Zorrilla Díaz, a la Comisión de Ordenación del Territorio, Vivienda, Movilidad, Accesibilidad y Seguridad, relativa a la implantación de gasolineras sin empleados en la ciudad.

Desde hace ya tiempo se está implantando en nuestra ciudad un modelo de establecimiento de venta de combustibles y carburantes  totalmente desatendido, donde no existe personal alguno que vele por los derechos fundamentales de los ciudadanos, como son la seguridad física de los mismos en la venta de  productos peligrosos como son las gasolinas, así como, con absoluto desprecio a los derechos de los consumidores y usuarios, especialmente importante en determinados colectivos específicos como son las personas con discapacidad, mayores, etc.

Este tipo de establecimientos vulneran flagrantemente la legalidad vigente, toda vez, que tanto la Ley de Hidrocarburos, norma fundamental que regula estas industrias, como  el R.D. 537/2004 de 23 de Noviembre de la legislación andaluza, imponen la presencia física de una persona por turno a fin de garantizar, tanto la seguridad como los derechos de los consumidores y usuarios.

También la Asociación FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado que estas gasolineras sin personal son ilegales y ha advertido que la  ausencia de medios humanos en estos establecimientos vulnera los derechos y la seguridad de los consumidores recogidos en el artículo 8 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

Concretamente denuncia que la ausencia de trabajadores en los servicios de abastecimiento de combustible conlleva, entre otras cosas, la imposibilidad de verificar que las cantidades de combustible surtidas son las adecuadas y que los surtidores funcionen correctamente, o poder presentar una hoja de reclamaciones o solicitar una factura. Además, supone un riesgo grave para la seguridad de los usuarios.

Las gasolineras sin personal vulneran los requisitos de seguridad exigidos en el artículo 43 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, dado que traslada la responsabilidad de la seguridad al consumidor. Esta normativa indica que “las instalaciones utilizadas para el ejercicio de esta actividad deberán cumplir con los actos de control preceptivos para cada tipo de instalación de acuerdo con las instalaciones técnicas complementarias que establezcan las condiciones técnicas y de seguridad de dichas instalaciones, así como cumplir con el resto de la normativa vigente que en cada caso sea de aplicación, en especial la referente a metrología y la protección de los consumidores y usuarios”.

Asimismo, las gasolineras desatendidas vulneran, especialmente, la protección a las personas con algún grado de discapacidad, tal y como recoge el apartado primero del artículo 29 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

En ella se contempla que “todas las personas físicas o jurídicas que, en el sector público o en el privado, suministren bienes o servicios disponibles para el público, ofrecidos fuera del ámbito de la vida privada y familiar, estarán obligadas en sus actividades y en las respectivas transacciones consiguientes, al cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, evitando discriminaciones, directas o indirectas, por motivo de o por razón de discapacidad”.

Por otro lado, la Asociación FACUA ha denunciado que dicho modelo de negocio contraviene la normativa autonómica de Andalucía, concretamente quebranta el Decreto 537/2004, de 23 de noviembre, por el que se regulan los derechos de los consumidores y usuarios en las actividades de distribución al por menor y suministro a vehículos de combustible y carburantes en instalaciones para la venta directa al público, por ello ha denunciado ante las autoridades de consumo de la Junta de Andalucía la vulneración de los derechos de los usuarios. En Andalucía existen, aproximadamente, 58 gasolineras de este tipo, de las que, al menos, una docena estarían situadas en la provincia de Málaga.

Así pues, las tres razones básicas, por los que el Grupo Municipal de Málaga Para la Gente se opone a la instalación de estos establecimientos son las siguientes:

a) Inseguridad absoluta para las personas en las operaciones de descarga de combustible y repostaje de vehículos.

b) Vulneración grave y absoluta de los derechos fundamentales de determinados colectivos, personas mayores, discapacitados, mujeres en avanzado estado de gestación etc.

c) La pérdida de empleo que este tipo de establecimientos supone, al tener que eliminar en las estaciones de Servicio atendidas al personal actualmente empleado, para poder competir en precio con este tipo de establecimientos.

Por todo lo expuesto el Grupo de Málaga Para la Gente propone la adopción de los siguientes

A C U E R D O S

ÚNICO.- El Ayuntamiento de Málaga rechaza la progresiva implantación de Estaciones de Servicio de Combustible sin personal en nuestra ciudad y no autorizará la instalación de ese tipo de estaciones de servicio porque vulneran lo establecido por la legislación, y a fin de ofrecer el cumplimiento de todas las garantías básicas en materia de seguridad y derechos fundamentales de usuarios y consumidores.

Eduardo Zorrilla Díaz

Portavoz del Grupo Municipal de Málaga Para la Gente

Málaga, a 9 de diciembre de 2015

2015.12.09. Moción Gasolineras sin Empleados

Moción que presenta nuestro grupo municipal relativa a la modificación de la ordenanza municipal reguladora de las condiciones de instalación de las infraestructuras radioeléctricas y equipos de radio comunicación.

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MOCIÓN

Que presenta el portavoz del Grupo Mpal. de Málaga para la gente, Eduardo Zorrilla Díaz, a la Comisión de Ordenación del Territorio, Vivienda, Movilidad, Accesibilidad y Seguridad, relativa a la modificación de la ordenanza municipal reguladora de las condiciones de instalación de las infraestructuras radioeléctricas y equipos de radio comunicación.

En los últimos diez años la telefonía móvil ha experimentado un crecimiento descomunal que ha supuesto la proliferación de redes de telefonía móvil y un aumento significativo de la contaminación electromagnética y de la percepción social del riesgo asociado a estas infraestructuras.

La legislación estatal no ha resuelto el impacto social y ambiental de las redes de telefonía móvil. Tenemos una legislación obsoleta que ha de ser renovada de acuerdo con las múltiples resoluciones de la UE que vienen alertando a los diferentes gobiernos, del riesgo para la salud de la población, instando a los Estados miembros a elaborar leyes y normativas ajustadas a las necesidades del momento.

El impacto que la movilización social ha tenido en los países Europeos, ha influido sin duda en las instituciones Europeas a la hora de aprobar resoluciones, que instan a los diferentes gobiernos a mantener el principio de precaución ante los numerosos estudios e informes científicos que alertan de los graves riesgos para la salud que puede producir la contaminación electromagnética en la población.

Es obligado que cualquier procedimiento para la instalación de las redes de telefonía móvil esté basado en criterios como: la salud de los ciudadanos y ciudadanas, la información y la participación activa de la población, así como el disponer de mecanismos de medición y control en tiempo real de las emisiones de estas instalaciones como garantía para nuestra salud.

Las tecnologías de la comunicación son portadoras de progreso y contribuyen a mejorar nuestro conocimiento del mundo y de las personas que nos rodean, pero algunas de ellas, en pleno desarrollo y con una feroz competencia por ganarse los mercados en los que compiten y en los que se juegan ingentes cantidades de dinero, pueden tener efectos directos o colaterales sobre nuestras vidas y dañar la salud cuando las empleamos de forma incontrolada.

Ante esto, muchos ayuntamientos, vienen estableciendo moratorias a la instalación de sistemas radiantes y/o de telefonía móvil, procediendo a la elaboración de ordenanzas municipales, todas con la intención de poner orden en la instalación de las redes de telefonía móvil y disponer de mecanismos de control y prevención que garanticen la salud de los ciudadanos y ciudadanas.

Así, sabemos que Comunidades Autónomas como Navarra, Cataluña o Castilla la Mancha, y muchos Ayuntamientos, han elaborados leyes y ordenanzas inspiradas en la aplicación del denominado Principio de Precaución, establecimiento de distancias mínimas biosanitarias y limitaciones respecto a las ondas electromagnéticas para todas las fuentes de emisión, condicionando su instalación a que estén alejadas de los centros y zonas sensibles.

La actual ordenanza municipal reguladora de las condiciones urbanísticas para la instalación de infraestructuras radioeléctricas y equipos de radio comunicación, aprobada inicialmente por la junta de gobierno local, es desreguladora y abre las puertas a la instalación indiscriminada de todo tipo de antenas emisoras de telefonía móvil y telecomunicaciones, no sólo en los tejados y azoteas de nuestras viviendas, en zonas verdes, en el centro histórico, sino también de todo tipo de antenas más reducidas en plena calle, en elementos del mobiliario urbano como quioscos o farolas.

Por esa razón y debido a los posibles efectos que sobre la salud humana tienen este tipo de instalaciones, derivados de la contaminación electromagnética, y teniendo en cuenta que el debate abierto en este sentido aconseja la aplicación del principio de prevención, desde el grupo municipal de Izquierda Unida presentamos en su momento enmiendas a dicha ordenanza que fueron rechazadas.

En la actualidad, desde el grupo de Málaga para la Gente pensamos que el equipo de gobierno está realizando una dejación de funciones respecto a los intereses de la gente y de sumisión ante los intereses de las grandes empresas de telecomunicaciones con esta ordenanza tan desreguladora de las condiciones para la instalación de las infraestructuras radioeléctricas y equipos de radio comunicación.

El objetivo que trasciende de ordenanza aprobada por el equipo de gobierno era, como decía la exposición de la misma, expresamente y textualmente, conseguir un procedimiento de concesión de las preceptivas autorizaciones administrativas que resultara ágil y efectivo, y con el cuidado, además, de que no supusiera grandes costes económicos a las empresas promotoras. Para conseguir ese objetivo había que olvidarse de un detalle, ya que lo dificultaría: la seguridad y calidad de vida de los/as malagueños/as.

Consideramos que los poderes públicos tienen la obligación, de promover activamente políticas y normas que antepongan la salud pública por encima de cualquier interés económico.

Es más, después de los pasos que recientemente han dado otros ayuntamientos en aplicación del principio de precaución, la preocupación social existente sobre posibles riesgos para la salud por la exposición a los campos electromagnéticos, así como de la información científica que existe al respecto, nos preguntamos cómo el Ayuntamiento puede realizar de una manera tan descarada una dejación de sus competencias respecto a la salud y calidad de vida de los malagueños.

Pedimos que el Ayuntamiento de Málaga, en base a la consecución del mandato constitucional de velar por el interés público, tenga en consideración la perspectiva de la prevención y precaución, con sumisión al Ordenamiento Jurídico (art. 9.1, 9.3 y 103.1 de la Constitución) y al cumplimiento del derecho constitucional de Protección de la Salud (art. 43 de la Constitución) y en cumplimiento de la obligación de, en uso de sus competencias, organizar y tutelar la salud a través de las medidas que sean precisas.

Por todo ello, pedimos la modificación de la ordenanza municipal reguladora de las condiciones de instalación de las infraestructuras radioeléctricas y equipos de radio comunicación, para que se regule en vez de desregular estas condiciones de instalación de equipos de radio comunicación.

Entre las principales medidas que solicitamos que se apliquen, lo mínimo exigible para poder atender suficientemente a la aplicación del principio de precaución, figuran:

a) Que se recoja nuevamente la prohibición de situar estas antenas a menos de 150 metros de los colegios, centros sanitarios, geriátricos, colegios, guarderías y otros lugares sensibles;

b) La prohibición de la instalación de microantenas en fachadas de edificios o en elementos del mobiliario urbano, quioscos o farolas;

c) Que se recoja nuevamente la prohibición de situarlas en zonas verdes, viales, edificios de equipamiento y en el ámbito del Centro Histórico;

d) Que se recoja la necesidad de licencia urbanística (no la simple declaración responsable) bajo unos requisitos, como la presentación de un plan de implantación, informe que valore el impacto de cada instalación, autorización de Industria y autorización del titular del emplazamiento de la antena;

Por todo lo anterior, proponemos la adopción de los siguientes

A C U E R D O S

1º.- Instar al equipo de gobierno a que inicie los trámites para la modificación de la ordenanza municipal reguladora de las condiciones de instalación de las infraestructuras radioeléctricas y equipos de radio comunicación, consensuando una nueva resultado de un proceso participativo con los grupos políticos y colectivos sociales, que tenga en consideración el principio de precaución y prevención.

2º.- Que se encargue la realización de un estudio técnico con el fin de reordenar, ubicar y racionalizar, con criterios técnicos y urbanísticos, la implantación de estas infraestructuras y asegurar un elevado nivel de protección para la salud de los/las vecinos/as, teniendo en cuenta, al menos, como parámetros en el estudio, el máximo alejamiento de zonas sensibles y suficiente cobertura.

3º.- Instar al equipo de gobierno a que incluya en el nuevo texto de la Ordenanza una mínima regulación exigible para poder atender suficientemente a la aplicación del principio de precaución y de prevención, y en concreto las siguientes medidas:

a) Que se recoja nuevamente la prohibición de situar estas antenas a menos de 150 metros de los colegios, centros sanitarios, geriátricos, colegios, guarderías y otros lugares sensibles;

b) La prohibición de la instalación de microantenas en fachadas de edificios o en elementos del mobiliario urbano, quioscos o farolas;

c) Que se recoja nuevamente la prohibición de situarlas en zonas verdes, viales, edificios de equipamiento y en el ámbito del Centro Histórico;

d) Que se recoja la necesidad de licencia urbanística (no la simple declaración responsable) bajo unos requisitos, como la presentación de un plan de implantación, informe que valore el impacto de cada instalación, autorización de Industria y autorización del titular del emplazamiento de la antena;

Eduardo Zorrilla Díaz
Portavoz del Grupo Municipal de Málaga Para la Gente

Málaga, a 9 de diciembre de 2015

2015.12.09. Moción modificación ordenanzas antenas

Moción que presenta nuestro grupo municipal relativa al Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

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MOCIÓN

Que presenta la concejala del grupo de Málaga para la Gente, Remedios Ramos Sánchez, a la Comisión de Derechos Sociales, Cultura, Educación, Deporte y Juventud, relativa al Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Desde que el 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobara la Declaración de Derechos Humanos, sigue siendo un poderoso instrumento para transformar el planeta.

Fue ésta la primera vez en la historia en la que un documento alcanza el rango de valor universal siendo aprobado por una organización internacional. Fue también la primera vez que se estipularon con todo detalle los derechos humanos y las libertades fundamentales. Iniciativa que logró un apoyo generalizado en el momento de su aprobación. La Declaración representó un hito mundial en la larga lucha por los derechos universales de hombres y mujeres.

La aprobación de la Declaración Universal fue, en gran medida, producto del ferviente deseo de paz en el período posterior a la segunda guerra mundial, fue redactada por representantes de todas las regiones y tradiciones jurídicas del mundo, y gracias a ese consenso, ha sobrevivido a la prueba del tiempo y ha resistido ataques basados en el “relativismo”.

Por esto la Declaración Universal de los Derechos Humanos representa un ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, asegurando por medidas progresivas de carácter internacional y nacional su reconocimiento y aplicación universales y efectivos.

Desde 1948, la Declaración Universal se ha traducido a más de 200 idiomas y sigue siendo uno de los documentos de derechos humanos más conocido y citado en el mundo. Con el transcurso de los años, la Declaración se ha utilizado para la defensa y promoción de los derechos de los pueblos, y la ONU ha posicionado la Declaración en el centro de un marco de principios y obligaciones que modifica las relaciones dentro de la comunidad internacional, y provee un patrón común a las Naciones Unidas, en las áreas de paz, asistencia humanitaria, desarrollo sostenible, y progreso social y económico.

Esta Declaración continúa inspirando la lucha por los derechos humanos en todo el mundo y es por eso que siempre debemos reivindicarla y hacerla nuestra.

La DUDH debe ser entendida como un compromiso por la Dignidad y la Justicia para todas las personas. Todos debemos comprender que la Declaración no es un lujo ni una lista de deseos, sino un compromiso entre los gobiernos y sus ciudadanos y ciudadanas, quienes tienen el derecho de exigir que se respete este compromiso.

Desde la aprobación de la Declaración Universal, la pobreza prevalece como el mayor problema de derechos humanos del mundo. La lucha contra la pobreza, las privaciones y la exclusión no es una cuestión de caridad y no depende de  cuan rico sea un país.

La pobreza es causa y producto de las violaciones de los derechos humanos. Debido a esta dualidad la pobreza es probablemente el más grave de los problemas de derechos humanos del mundo, por tanto ningún fenómeno social es tan amplio en su agresión a los derechos humanos como la pobreza. La pobreza desgasta o anula los derechos económicos y sociales tales como el derecho a la salud, a una vivienda adecuada, a la alimentación y al agua potable, y el derecho a la educación. Lo mismo cabe decir de los derechos civiles y políticos, tales como el derecho a un juicio justo, la participación política y la seguridad de la persona.

Ese reconocimiento fundamental está dando nueva forma al enfoque de la comunidad internacional en lo que respecta a la próxima generación de iniciativas de reducción de la pobreza.

Los derechos humanos tienen una dimensión no sólo global sino también local. Por lo tanto, los municipios son un espacio donde desarrollar a través de nuevos cauces de democracia participativa y representativa la dimensión local de los derechos humanos.

El actual contexto de estancamiento e incluso, en ocasiones, de retroceso en la aplicación efectiva de los derechos universales, lleva a reclamar a las ciudades un mayor protagonismo y responsabilidad en esta tarea.

En este sentido surgió en el año 2000 la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad, un documento que contribuye a impulsar la función de liderazgo de las ciudades en la defensa y protección de los derechos humanos. Ese documento ha sido ya suscrito por más de 400 ciudades, incluidas las principales de España como Madrid, Barcelona o Valencia.

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga aprobó, a propuesta de Izquierda Unida, en el año 2008 “Crear una Comisión de Estudio que evalúe la aprobación en Pleno de la Carta” ante la falta de cumplimiento de este acuerdo volvimos a plantear su creación en el año 2010, en el año 2011 y en el año 2013 donde este acuerdo volvió a ser ratificado por unanimidad por el Pleno del Ayuntamiento.

A día de hoy, Málaga sigue sin aparecer en la lista de ciudades firmantes de este acuerdo, y no tenemos noticias de que haya creado dicha comisión.

La firma de esta carta no es un hecho simbólico, sino un compromiso por parte del Ayuntamiento de Málaga a adaptar su ordenamiento a los principios y normas, así como los mecanismos de garantía contemplados en esta Carta.

Este hecho es importante, ya que hemos de recordar que algunas de las normativas aprobadas por este Ayuntamiento han sido denunciadas por incumplir los principios de esta Carta Europea.

En concreto la conocida como “ordenanza de convivencia”  fue denunciada por la  Sociedad Andaluza de Juristas “Grupo 17 de marzo” por vulnerar derechos fundamentales como el de reunión, manifestación y libertad de expresión, además de por criminalizar a los colectivos más débiles de la ciudad: prostitutas, mendigos, gente sin hogar, inmigrantes, etcétera.

Hechos como este, sumados al constante aumento de personas en riesgo de exclusión desde el inicio de la crisis, y a la constatación que Derechos Humanos fundamentales, como el derecho a una vivienda, todavía hoy están lejos de poder realizarse en la ciudad de Málaga, nos obliga otro año más a reafirmar nuestro compromiso con la Declaración Universal de Derechos Humanos, a fin de tomar las medidas políticas oportunas para poder alcanzar su cumplimiento.

En base a lo anterior, proponemos la adopción de los siguientes

ACUERDOS

1º.- Asumir el ámbito local como un espacio idóneo para una mayor participación ciudadana y social en lo político y en lo referente a la reclamación de los derechos universales, que son integrados en el concepto de derechos humanos de proximidad o derechos de ciudadanía.

2º.- Reafirmar nuestro compromiso de apoyar la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU como mecanismo para erradicar la pobreza del planeta y de esta forma profundizar en el respeto de los derechos humanos, asumiendo la necesidad de divulgar el valor de estos en la ciudad.

3º.- Seguir Manteniendo una relación permanente con otros municipios para compartir acciones, prácticas y políticas que hagan avanzar a los derechos humanos en sus múltiples ámbitos, así como diseñar estrategias comunes para combatir la pobreza.

4º.- Crear una Comisión de Estudio que evalúe la aprobación en Pleno de la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad, en el caso que Málaga no la haya suscrito aún.

Remedios Ramos Sánchez
Concejala del Grupo Málaga para la Gente

Málaga, 9 de diciembre de 2015

2015.12.10. Moción Declaración Universal de los Derechos Humanos

Moción que presenta nuestro grupo municipal relativa a la nefasta gestión de Limasa por parte del equipo de gobierno y respecto al anuncio de convocatoria de Huelga debido a la intransigencia de la dirección de la empresa.

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MOCIÓN URGENTE

Que presenta el portavoz del Grupo de Málaga para la gente, Eduardo Zorrilla Díaz, y la portavoz adjunta, Remedios Ramos Sánchez, a la consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno, relativa a la nefasta gestión de Limasa por parte del equipo de gobierno y respecto al anuncio de convocatoria de Huelga debido a la intransigencia de la dirección de la empresa.

La limpieza de una ciudad es uno de los principales servicios que debe prestar un Ayuntamiento, y una de las principales partidas de los presupuestos de cualquier municipio y también del nuestro. Por ello, la forma en la que este servicio se gestiona, y el modelo que se elige son de vital importancia.

El anuncio de convocatoria de Huelga, por la intransigencia de la dirección de la empresa que no es capaz de negociar con la representación de los trabajadores y trabajadoras y que actúa de una forma totalmente unilateral pretendiendo inscribir como Convenio Colectivo el acuerdo del SERCLA con motivo de la Huelga de Limpieza de finales de 2013 no refrendados por la plantilla, es la enésima demostración de la nefasta gestión por parte del equipo de gobierno de Limasa.

Pero es también el resultado del erróneo, a nuestro juicio, modelo de gestión de la limpieza de nuestra ciudad. Un modelo de empresa mixta como el de LIMASA III, en el que más de la mitad de la empresa se otorga a tres grandes constructoras (FCC, SANDO Y URBASER), mediante un contrato aún vigente que es leonino, en el que se le garantiza a la parte privada unos beneficios astronómicos y blindados, que carecen de toda lógica, y que supone un gasto y unos costes inasumibles para la ciudad.

Desde el año 2004 estas empresas, que aparecen en los papeles de Bárcenas como presuntos donantes del PP, se han embolsado más de 50 millones de euros como ingresos y beneficios derivados del contrato de Limasa. Esa vampirización del presupuesto municipal hace que Málaga pague más por el servicio de limpieza que cualquier otra ciudad de su tamaño, recibiendo además un servicio claramente insuficiente y deficiente, ya que Málaga aparece en el top ten de las ciudades más sucias del país, y la gente está muy insatisfecha señalando la limpieza como el segundo principal problema de la ciudad trae el paro. El estudio realizado por la OCU en abril de 2015 sobre 60 capitales y grandes municipios, sitúa a Málaga como la cuarta ciudad con mayor coste de la limpieza por habitante (sólo por detrás de Madrid, Barcelona y Getxo), y en el puesto 52º en cuanto a satisfacción ciudadana con la limpieza.

Pagamos mucho por una limpieza deficiente, además de la constante presión a los trabajadores para aumentar los beneficios empresariales, a los que conscientemente se difaman y criminalizan, por lo que esta nefasta gestión de Limasa del equipo de gobierno, que a veces más bien parece ser un títere de estas empresas, termina convirtiendo Limasa en una empresa en contante tensión, pues las amenazas y estas actuaciones unilaterales y agresivas empresariales obviamente son respondidas con amenazas de huelga, que ponen en peligro permanente el servicio en la ciudad.

Llevamos años advirtiendo que la vampirización de las arcas municipales que hacen los socios privados de Limasa es insostenible y empeora el servicio de limpieza. A día de hoy, absolutamente todos los datos confirman esta advertencia, empezando por los informe de la propia empresa, que reconocen que si la empresa se municipalizase y se ahorrase todos los costos derivados de mantener a los privados que la vampirizan se ahorrarían entre 21 millones de euros, en el peor de los casos, y 47 millones de euros en 5 años. Los beneficios blindados y la denominada “asistencia técnica”, así como otros capítulos que la parte privada cobra a la empresa, se eliminarían totalmente con una Limasa municipal, así como el pago del IVA. Por este concepto Limasa desembolsa cada año en torno a los 2,7 millones de euros.

La previsión del informe interno de LIMASA es coherente con experiencias de municipalización que se han realizado recientemente, como por ejemplo la del Ayuntamiento de León (del PP) que pasó de pagar 22 millones de euros por su limpieza en 2012, a 11,5 en 2013 y 2014 tras la municipalización.

Otras fuentes oficiales prevén que el ahorro podría ser todavía mayor: el informe de fiscalización del sector público local, elaborado por el Tribunal de Cuentas en 2013, pone de manifiesto que limpieza viaria privada sale un 71% más cara que la municipal. Sin embargo, en los viajes que realizó el concejal delegado de medio ambiente, de la mano de las empresas privadas, para conocer los distintos modelos de gestión, no se incluyó ninguna escala en una ciudad con un modelo de gestión 100% municipal.

A pesar de esta avalancha de evidencias que marcan claramente el camino de cómo se puede ahorrar costes y mejorar el servicio de limpieza, el alcalde de Málaga, de forma totalmente incompresible, se pone del lado de las empresas privadas en su intención de consolidar todos los recortes laborales que se realizaron a la plantilla de Limasa inscribiendo como Convenio Colectivo el acuerdo del SERCLA con motivo de la Huelga de Limpieza de finales de 2013, no refrendados por la plantilla, lo que en la práctica supone mantener la reducción del número de operarios que salen cada día a las calles, en torno a 150 operarios menos, por debajo de las necesidades del servicio, empeorando así la limpieza de la ciudad.

Además, otro informe interno, elaborado con datos oficiales de la empresa, señala que un tercio de la limpieza viaria se queda sin hacer cada día por falta de personal. Los 16 cuartelillos que existen en Málaga deben disponer cada día de 289 operarios de barrido, pero la media actual es de 197; por lo que el 32% restante no se cubre. Eso sólo en limpieza viaria, sin contar con los otros servicios de Limasa.

Un Alcalde que pone los beneficios empresariales de los socios privados por encima del interés general, por encima de la limpieza de Málaga, y que hace recaer los sacrificios sobre las espaldas de los trabajadores, pierde legitimidad. Málaga no puede permitirse un alcalde rehén de estas empresas.

La búsqueda del ahorro a través del recorte en medios técnicos y humanos para la limpieza, y el despido y precarización de los trabajadores, es funesta para la ciudad e insostenible. El alcalde pretende consolidar los recortes sobre la plantilla y siguen sin garantizar la viabilidad de LIMASA.

La única solución para la empresa, que disminuiría la factura que la ciudad paga por la limpieza, y permitiría dotar de más medios humanos y técnicos para dedicarlos a una mejora del servicio, además de evitar perjuicios y tensiones periódicas innecesarias, sería el acabar con la vampirización de Limasa por la parte privada poniendo en marcha el proceso para la municipalización del servicio de limpieza.

Por lo anteriormente expuesto, proponemos la adopción de los siguientes

A C U E R D O S

1º.- Instar al equipo de gobierno y a la dirección de Limasa a que desista de su pretensión de inscribir como Convenio Colectivo los acuerdos del SERCLA con motivo de la Huelga de Limpieza de finales de 2013, y a que abandonen las actuaciones unilaterales y se sienten a negociar con la plantilla para evitar la Huelga en el servicio de Limpieza, sobre la base de reducir el beneficio de la parte privada en vez de consolidar los recortes y la reducción de operarios por debajo de las necesidades del servicio.

2º.- Instar al equipo de gobierno a que inicie los estudios y trámites legales necesarios para la remunicipalización de la empresa mixta Limasa cuando finalice el contrato vigente, para pasar a ser una empresa de capital íntegramente municipal gestionada al 100% por el Ayuntamiento de Málaga.

3º.- Que se cumpla el compromiso adoptado por el equipo de gobierno y los acuerdos plenarios adoptados para aumentar tanto las contrataciones de personal eventual, la de los domingueros, como del personal fijo, con el objeto solucionar la reducción de operarios provocada por los recortes realizados.

Eduardo Zorrilla Díaz

Portavoz Grupo Málaga para la gente

Remedios Ramos Sánchez

Portavoz Adjunta Grupo Málaga para la gente

2015.11.27 . Moción Urgente Situación de Limasa III y anuncio de Huelga de Limpieza

Moción que presenta nuestro grupo municipal relativa al desmantelamiento y distanciamiento de las antenas de telefonía móvil en Los Guindos.

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MOCIÓN

Que presenta el portavoz del Grupo de Málaga para la gente, Eduardo Zorrilla Díaz, y la portavoz adjunta, Remedios Ramos Sánchez, a la consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno, relativa al desmantelamiento y distanciamiento de las antenas de telefonía móvil en Los Guindos.

El caso de las antenas de telefonía móvil en los Guindos es un claro ejemplo de cómo, a veces, los poderes públicos dan la espalda a las demandas de la gente y actúan en contra del interés general y en favor de intereses particulares, y es que el sentir ampliamente mayoritario de los vecinos y vecinas de los Guindos, de la comunidad escolar y personas que trabajan en esa zona, es que están rodeados y saturados de esas instalaciones y quieren su progresivo desmantelamiento y distanciamiento del Colegio Público de la barriada, además hay dos acuerdos plenarios unánimes en ese sentido, pero la realidad es que el problema persiste y se han instalado nuevas antenas, aún más potentes, pese al rechazo vecinal.

El Excmo. Ayuntamiento, en su sesión ordinaria de abril de 2015, acordó iniciar los trámites para el desmantelamiento de antenas de telefonía móvil y sus soportes en la Avda. Gregorio Diego, 37 y Camino del Pato nº 11 al 15, y que la GMU remitiera al juzgado el escrito solicitando la ejecución de la sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que afectaba a alguna de las mismas.

Existe gran preocupación del AMPA del CEIP Los Guindos y de los vecinos y vecinas del barrio, porque el mismo día que se cumplía la fecha límite en el plazo para ejecutar la sentencia que afectaba a las antenas del Camino del Pato nº 11 al 15, el pasado día 17 de noviembre, quitaron las 5 antenas y sus soportes y las pusieron en la Avda. Gregorio Diego 37, junto a las que ya existían, y en sustitución de las que quitaron instalaron un nuevo soporte, mucho más grande, y una nueva antena, de más potencia y para 4G también, con el objeto de suplir a todas las que quitaron, contando no sólo con el unánime rechazo vecinal y de toda la comunidad escolar, sino de la propia comunidad de vecinos del Camino del Pato nº 11 al 15, que no quieren esas antenas en su edificio y que ya avisaron de que no quieren renovar el contrato vigente, que se cumple en marzo de 2017, por tanto su voluntad es que estas desaparezcan.

Hasta que los mismos vecinos no vieron como el camión y grúa quitaban unas antenas para ponerlas en el otro edificio, e instalaban otras nuevas, y alertaron a las autoridades, ningún miembro del equipo de gobierno, ni de la Gerencia de Urbanismo, ni de la Junta de Distrito, le habían informado en ningún momento de que iban a ocurrir estos hechos, y daban por hecho que se iba a dar cumplimiento a los acuerdos de las mociones aprobadas de abril y julio de 2015, pero lo que ahora se encuentran, es que no se han quitado las antenas de Camino del Pato, como ellos y el pleno municipal reclamaba, sino que, con nocturnidad y alevosía, y en el último día del plazo de la sentencia, las han trasladado al edificio de Avda. Gregorio Diego, y encima han instalado un nuevo soporte y una antena, más grandes todavía.

Las antenas de telefonía móvil en la Avda. Gregorio Diego, 37 y Camino del Pato 11 al 15, están situadas a menos de 30m de las instalaciones del Colegio, cerca de otros espacios públicos y del Centro de Salud. Los vecinos y la comunidad educativa llevan años reclamando el desmantelamiento de dichas instalaciones, sin mucho éxito ni apoyo por parte del consistorio, falta de apoyo y falta de voluntad que se vuelve a constatar tras estos últimos hechos en los que se ha dado la espalda a los afectados.

Estas antenas están situadas a escasa altura, a 25 metros de las aulas de infantil y primer ciclo de primarias (3 a 7 años); a pocos metros más del edificio principal (alumnos de 8 a 12 años) a 30 metros de un parque público y a menos de 100 metros del Centro de Salud Puerta Blanca.

En atención a lo expuesto, planteamos la adopción de los siguientes

A C U E R D O S

1º.- Instar al equipo de gobierno a que, atendiendo al rechazo vecinal y de la comunidad escolar del CEIP Los Guindos, y al principio de precaución, ponga en marcha las acciones que sean oportunas para el desmantelamiento y distanciamiento de las antenas de telefonía móvil en Los Guindos.

2º.- Instar al equipo de gobierno a estudiar todas las acciones jurídicas, administrativas, políticas y de cambio de la normativa municipal posibles para este desmantelamiento y distanciamiento, así como iniciar de oficio los correspondientes expedientes respecto a los soportes de las instalaciones existentes y de los nuevos soportes instalados y las posibles afecciones a elementos estructurales de los edificios.

3º.- Instar al equipo de gobierno a dar cumplimiento a los acuerdos de las mociones aprobadas por unanimidad por el Excmo. Ayuntamiento Pleno respecto a las antenas de Los Guindos, así como que se facilite toda la información y se dé cuenta de todos los trámites y gestiones a los afectados.

Eduardo Zorrilla Díaz

Portavoz Grupo Málaga para la gente

Remedios Ramos Sánchjez

Portavoz Adjunta Grupo Málaga para la gente

Málaga, 24 de noviembre de 2015

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Moción relativa a la petición de indulto para el malagueño Francisco Molero Ojeda.

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MOCIÓN

Que presenta el portavoz del Grupo de Málaga para la gente, Eduardo Zorrilla Díaz, y la portavoz adjunta, Remedios Ramos Sánchez, a la consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno, relativa a la petición de indulto para el malagueño Francisco Molero Ojeda.

Durante los últimos años, marcados por la crisis y una situación de emergencia social, son muchas las personas, familias y colectivos que han sido castigados con recortes, reducción de derechos, estafados por los bancos, desahuciados, trabajadores/as expulsados del mundo laboral, centenares de miles de jóvenes que han tenido que abandonar el país para recuperar su proyecto de vida.

A la vez, no dejan de aflorar, un sinfín de casos de corrupción, que no deja libre a ninguno de los estamentos e instituciones del estado, esta es la realidad que nos desayunamos cada mañana.

Ante esta situación, diferentes colectivos se organizan para poder frenar todas esas políticas que dañan gravemente “el estado del bienestar” y la salud democrática y social de nuestro país, y en nuestro país se multiplican las huelgas, manifestaciones, ocupaciones, concentraciones y un sinfín de iniciativas de movilización social. Se intenta comunicar a los responsables políticos, que no tienen carta blanca para hacer con nuestro mandato electoral, lo que quieran.

El joven malagueño Francisco Molero Ojeda es uno más de tantos ciudadanos anónimos que de una forma modesta intenta contribuir a esta movilización participando en estas iniciativas sociales, es tan sólo un chaval que, con 27 años, no tiene horizonte de futuro, y que decide que esa es la mejor opción para intentar revertir un futuro tan incierto.

Esta decisión, responsable y valiente, de participar en una movilización social, y de protestar por la situación de crisis económica y social, no le ha salido gratis, ya que ha sido recientemente condenado a cinco años de cárcel por participar en la manifestación ‘Rodea el Congreso’ del 25 de abril 2013, y en los próximos días entrará en prisión y se verá privado de su libertad.

Este joven malagueño de 27 años defiende rotundamente su inocencia y ha recurrido al Tribunal Constitucional, pero esto no le exime de su entrada en prisión en los próximos días, para la que todavía no tiene fecha pero se espera que justo antes de la navidad. Francisco calcula “que a finales de año” le darán la fecha. Se ha constituido una plataforma ciudadana, en la que participan decenas de malagueños y malagueñas, que piden su indulto y su puesta en libertad, y que ha recogido miles de firmas de muchos de nuestros vecinos y vecinas.

No es el único caso, existen casos similares por movilizaciones o por el hecho de participar en la Huelga General, como por ejemplo los de Carmen, Néstor y Juan de Granada, Andrés y Reme de Jaén, Diego, Pepe, Manuel y Oscar de Sevilla, a Paqui, Raúl y Pepe de Málaga y tantos otros que están a la espera de juicio o en la cárcel, por haber hecho lo que toda persona con espíritu cívico debe hacer, velar por los derechos que nos asisten y no dejar que la democracia se deteriore.

Nuestra constitución es sagrada, tiene unos derechos fundamentales que toda institución pública y sus representantes tienen el deber de cumplir y en este caso puede que se hayan vulnerado artículos como el derecho de manifestación, derecho a la tutela judicial efectiva, presunción de inocencia y otros.

El Ayuntamiento como institución más cercana al ciudadano, debe ser sensible a esta petición y demostrar que no existe divorcio entre ella y sus vecinos. Solo recordar, que se han recogido más de mil firmas en unos días y sería incoherente, que no se sumara a esta ola de SOLIDARIDAD.

En atención a lo expuesto, planteamos la adopción de los siguientes

A C U E R D O S

1º.- El Ayuntamiento de Málaga apoya la petición de indulto solicitada al Gobierno por la Defensa de D. Francisco Molero Ojeda y avalada por miles de firmas de muchos de nuestros vecinos y vecinas.

2º.- El Excmo. Ayuntamiento Pleno apoya la solicitud realizada por la Defensa de D. Francisco Molero Ojeda, a la Audiencia Provincial de Madrid, para que suspenda la ejecución de la sentencia del procedimiento abreviado 1276/2015 (sentencia Nº 639/15) en tanto se resuelve la petición de indulto.

Eduardo Zorrilla Díaz                                       Remedios Ramos Sánchez
Portavoz Grupo Málaga para la gente         Portavoz Adjunta Grupo Málaga                                                                                   para la gente

Málaga, 24 de noviembre de 2015

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