Moción relativa al desmantelamiento de las antenas de telefonía móvil irregulares en Los Guindos.

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MOCIÓN

Que presenta el portavoz del Grupo Municipal de Málaga para la gente, Eduardo Zorrilla Díaz, y la portavoz adjunta, Remedios Ramos Sánchez, a la consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno, relativa al desmantelamiento de las antenas de telefonía móvil irregulares en Los Guindos.

Hace ya casi tres meses que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en su sesión ordinaria de abril de 2015, acordó iniciar los trámites para el desmantelamiento de antenas de telefonía móvil irregulares y sus soportes en la Avda. Gregorio Diego, 37 y Camino del Pato nº 11 al 15, así que la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) remitiera al juzgado el escrito solicitando la ejecución de la sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que afecta a alguna de las mismas

Existe una gran preocupación del AMPA del CEIP Los Guindos y también de muchos vecinos porque recientemente han estado en el juzgado y les han informado que todavía no se había recibido ningún escrito solicitando la ejecución de la sentencia. Tampoco, ni por parte de ningún miembro del equipo de gobierno, ni de la Gerencia de Urbanismo, ni por parte de la Junta de Distrito, se le ha informado en ningún momento ni se les está informando de las gestiones que se están realizando para dar cumplimiento a la Moción aprobada, ni saben absolutamente nada sobre las acciones que se están tomando para cumplir los acuerdos.

Estas antenas de telefonía móvil en los edificios situados en la Avda. Gregorio Diego, 37 y Camino del Pato 11 al 15, están situadas a menos de 30 metros de las instalaciones del Colegio, y cerca de otros espacios públicos y del Centro de Salud. Los vecinos y toda la comunidad educativa llevan años reclamando el desmantelamiento de dichas instalaciones, sin mucho éxito ni apoyo por parte del consistorio, ya que ni siquiera se ha desmantelado una antena con sentencia judicial firme que obliga a Urbanismo a su retirada, ya que los servicios jurídicos municipales no han reclamado desde hace años la ejecución de dicha sentencia, y además de las 14 antenas que se instalaron en 2002 se han instalado 3 más a posteriori.

En el año 2002 se instalaron 14 antenas de telefonía en las terrazas de los edificios situados en la Avda. Gregorio Diego, 37 y en el Camino del Pato nº 11 al 15, puesto que algunas de las mismas carecían de Licencia Municipal fueron denunciadas por los vecinos. La Gerencia de Urbanismo toleró esta situación, de hecho esas antenas aún sin licencia y con sentencia judicial firme que obliga a Urbanismo a su retirada, a fecha de hoy todavía siguen ahí.

En el año 2011, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ordenó el desmantelamiento de las antenas. Aunque las compañías recurrieron, la sentencia se hizo firme al no estimarse el recurso de las compañías. Sin embargo, como consta en la diligencia de ordenación 24/04/2012, no se ha ejecutado de forma voluntaria la sentencia firme, ni tampoco se ha solicitado (por parte de Urbanismo) mediante interposición de demanda ejecutiva, la ejecución forzosa de la misma.

Cabe la posibilidad de reapertura de las actuaciones con la interposición de una demanda ejecutiva por parte de la Gerencia de Urbanismo antes de 2016. No queremos pensar que se está dejando pasar el tiempo para que transcurrido este plazo y pese a la sentencia dejar las antenas.

Los vecinos han protestado por esta situación y no entienden por qué motivo el equipo de gobierno no está haciendo nada para cumplir con la moción plenaria aprobada por unanimidad, ni qué está llevando a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, pese a su deber de cumplir y de hacer cumplir la Ley, a ignorar una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 2011, no interponiendo una demanda ejecutiva para que se cumpla.

Estas antenas están situadas a escasa altura, a 25 metros de las aulas de infantil y primer ciclo de primarias (3 a 7 años); a pocos metros más del edificio principal (alumnos de 8 a 12 años) a 30 metros de un parque público y a menos de 100 metros del Centro de Salud Puerta Blanca.

El AMPA del CEIP Los Guindos, toda la comunidad educativa, y los vecinos de la zona han recogido más de 2.000 firmas, la mayoría de las mismas fueron ya presentadas en el registro municipal el pasado día 16 de abril de 2015, reclamando el desmantelamiento de las antenas que ordenó una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, así como que se proceda al desmantelamiento de las restantes que incumplían la ordenanza municipal cuando fueron instaladas, sin contestación a fecha de hoy.

Por lo anterior, y por ser de justicia, reclamamos al equipo de gobierno el cumplimiento de la moción aprobada por unanimidad por el Excmo. Ayuntamiento Pleno y que se realicen las gestiones e inicien los trámites para el cumplimiento de los acuerdos adoptados y el desmantelamiento de las mismas, y la ejecución de la sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que afecta a algunas de las mismas.

En atención a lo expuesto, planteamos la adopción de los siguientes

A C U E R D O S

1º.- Instar al equipo de gobierno a que, en el caso de que aún no lo hubiera hecho, solicite de forma inmediata, mediante interposición de demanda ejecutiva, la ejecución forzosa de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, como consta en la diligencia de ordenación 24/04/2012, que afecta a las referidas antenas de telefonía móvil cuyo desmantelamiento reclama el AMPA del CEIP Los Guindos.

2º.- Impulsar las gestiones oportunas para el cumplimiento de la moción aprobada por unanimidad por el Excmo. Ayuntamiento Pleno y que se inicien los trámites para llevar a cabo los acuerdos adoptados en la misma, así como facilitar toda la información y dar cuenta de los trámites y gestiones a los afectados.

Eduardo Zorrilla Díaz                                                                                    Remedios Ramos Sánchez
Portavoz Grupo Málaga para la gente                                                        Concejala Grupo Málaga para la gente

Málaga, 15 de Julio de 2015

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Moción relativa a la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana que supone un retroceso inaceptable de las libertades públicas y pone en riesgo el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, e invade competencias que son propias de las Entidades Locales, como el propio Ayuntamiento de Málaga.

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MOCIÓN

Que presenta el portavoz del Grupo Municipal de Málaga para la gente, Eduardo Zorrilla Díaz, y la portavoz adjunta, Remedios Ramos Sánchez, a la consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno, relativa a la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana que supone un retroceso inaceptable de las libertades públicas y pone en riesgo el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, e invade competencias que son propias de las Entidades Locales, como el propio Ayuntamiento de Málaga.

Ante la entrada en vigor de la reforma del Código Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana (más conocida como Ley Mordaza), el Grupo Municipal de Málaga para la gente tiene que manifestar que esta Ley supone un retroceso inaceptable de las libertades públicas y de las vías de participación democrática, limita y pone en riesgo el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, vulnera los principios de Seguridad Jurídica y de proporcionalidad, e invade claramente competencias que son propias de las Administraciones Regionales y de las Entidades Locales, por eso queremos que el Ayuntamiento de Málaga solicite al gobierno central la retirada inmediata de la misma.

Se trata, además, de una Ley que tiene en contra no solo a toda la oposición parlamentaria sino a organismos internacionales, como el Consejo de Europa, y de organizaciones no gubernamentales muy importantes, como por ejemplo Cáritas. Es una normativa que limita en exceso, los derechos y las libertades fundamentales, como la Libertad de Expresión o de Manifestación, y tiene como finalidad principal restringir de manera arbitraria las reivindicaciones de los ciudadanos, al mismo tiempo que obliga a los ciudadanos a demostrar su inocencia ente las sanciones administrativas.

Pese a todo esto, veintiún años después de la aprobación de la Ley de Seguridad ciudadana 1/92, también denominada “Ley Corcuera”, que tumbó en gran parte de su articulado el Tribunal Constitucional, el Gobierno del PP ha aprobado, en su tónica del “reformazo regresivo”, una nueva Ley que vendrá a sustituir la ya criticable Ley del 92, que costó el cargo al entonces Ministro del Interior, y que supone un claro retroceso social, un anacronismo constitucional, un trasnochado concepto de orden público y un claro atentado contra derechos y libertades democráticas.

Es un texto redactado en paralelo a la reforma del Código Penal, también de un marcado carácter restrictivo en derechos, y que viene a compensar la eliminación de la mayoría de las infracciones penales tipificadas como faltas, que con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana pasarían a considerarse infracciones administrativas de carácter muy grave, grave o leve.

La discrecionalidad que otorga a la administración a la hora de establecer sanciones, la elevada cuantía de las mismas, que en el caso de las infracciones muy graves podrían llegar a los 600.000€ y la fijación en la regulación de conductas habituales en las protestas ciudadanas, definen a esta Ley como la “Ley Mordaza”. Se habilita, un procedimiento administrativo que legaliza la criminalización y persecución de las movilizaciones y crea un instrumento gubernamental, para imposibilitar derechos democráticos básicos como la libertad de expresión y de manifestación que recoge nuestra Carta Magna como derechos fundamentales.

La norma pretende tipificar nuevas figuras delictivas, considerando tales como los escraches (a diferencia de la opinión del presidente del Supremo, Gonzalo Moliner, que declaró que “no es posible decir a priori si un escrache es o no legal”), las concentraciones ante el Congreso y el Senado o la escalada en fachadas oficiales (como ocurrió con el Palacio de las Cortes). Sanciona el uso de capuchas en manifestaciones, faculta a la policía a establecer “zonas de seguridad” en perímetros urbanos, y habilita a las fuerzas y cuerpos de seguridad  a retirar de forma expeditiva vehículos que taponen una vía pública, en caso de que los concentrados desobedezcan la orden de los antidisturbios de despejar la zona. No se citan expresamente, pero todo indica que apunta a impedir tractoradas, marchas de taxistas o de camioneros.

La Ley, supone una merma en los derechos de reunión y manifestación, sobre todo; además de castigar duramente la participación pacífica en una movilización para impedir un desahucio, por ejemplo.  El PP con este Ley intenta desorganizar al pueblo, que tengamos miedo de seguir luchando por  nuestros derechos, pero necesitaba dar una cobertura legal a todas las actuaciones desproporcionadas que ha realizado el Gobierno Central contra los activistas, dado que muchas de ellas se echaban para atrás en los juzgados. Es una Ley injusta, contraria a todos los derechos fundamentales.

Esta breve descripción de algunas conductas que serán reguladas por esta ley, nos indica que este proyecto de “Ley Mordaza”, vuelve a ubicar la seguridad ciudadana en la órbita del viejo concepto de orden público, muy alejado de la concepción democrática y constitucional de la seguridad.

Otra Ley más, por tanto, que supone un claro retroceso social, un anacronismo constitucional, un trasnochado concepto de orden público y un claro atentado contra derechos y libertades democráticas, que son encorsetadas en procedimientos sancionadores que pretenden impedir la protesta, cualquier crítica y la demostración cívica de desacuerdo político.

Por todo lo anterior, proponemos los siguientes

ACUERDOS

1º.- Exigir al Gobierno Central la inmediata derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana que supone un retroceso inaceptable de las libertades públicas y de las vías de participación democrática, limita y pone en riesgo el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, vulnera los principios de Seguridad Jurídica y de proporcionalidad, e invade claramente competencias que son propias de las Administraciones Regionales y de las Entidades Locales, como el propio Ayuntamiento de Málaga, tras ser aprobada en el Congreso de los Diputados, o cuando así lo permita la próxima mayoría parlamentaria.

2º.- Solicitar un debate consensuado entre todas las fuerzas políticas, para la elaboración de un texto que regule la materia de seguridad ciudadana, incluyendo, en el debate así mismo, la Reforma de la Ley 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, superada y obsoleta en muchos de sus aspectos, así como  la Ley Orgánica general penitenciaria. Todo ello, con el objetivo, de reformar con carácter integral, todos aquellos aspectos relacionados con la seguridad, que deberá conformar un amplio debate social, enfocado no únicamente desde los tradicionales aspectos reactivos sino y fundamentalmente, preventivos, enfocando el análisis del delito y su contención, como un problema social que abarca variables socioeconómicas y que requiere un amplio trabajo de carácter transversal.

3º.- Exigir la dimisión del actual Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, impulsor de la presente Ley, cuyos postulados preconstitucionales, son inconcebibles en una democracia, así como, por su reiterada disposición de conculcar los derechos humanos, defendiendo por ejemplo el uso de concertinas que dañan a numerosos seres humanos en nuestras fronteras, que solo desean una vida mejor.

4º.- Dar cuenta de los acuerdos plenarios al Ministerio del Interior, el Congreso y el Senado, a los portavoces de los grupos parlamentarios, al Sub-delegado del Gobierno de España, al Parlamento Andaluz, y a las Asociaciones de Vecinos y Colectivos Sociales de Málaga.

Eduardo Zorrilla Díaz                                                                                        Remedios Ramos Sánchez
Portavoz Grupo Málaga para la gente                                                            Concejala Grupo Málaga para la gente

Málaga, 15 de Julio de 2015

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Moción relativa a la aprobación de protocolos de actuación para hacer frente a los desalojos, por motivos económicos, de primeras residencias o vivienda habitual y medidas para frenar los desahucios.

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Que presenta el portavoz del Grupo Mpal. Málaga para la gente, Eduardo Zorrilla Díaz, y la portavoz adjunta, Remedios Ramos Sánchez, a la consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno, relativa a la aprobación de protocolos de actuación para hacer frente a los desalojos, por motivos económicos, de primeras residencias o vivienda habitual y medidas para frenar los desahucios.

Las políticas de vivienda son garantía de cohesión social en tiempos de crisis, una crisis que ha conllevado al aumento del paro, y con ella miles de personas en una situación límite que les impide cubrir sus necesidades básicas como el pago de su vivienda habitual. Desde que estalló la crisis, es decir, entre 2008 y el primer trimestre de 2015, se han iniciado 598.747 procesos de ejecución hipotecaria.

A pesar de las casi 600.000 ejecuciones hipotecarias iniciadas en España desde 2008, el Gobierno ha adoptado medidas insuficientes, que  no han protegido la vivienda como un derecho humano. Su alcance ha sido muy restrictivo, beneficiando únicamente a 31.500 familias. Además, las autoridades han invisibilizado la gravedad de la situación, al no ofrecer datos desagregados de cuántas personas se han visto afectadas por las ejecuciones hipotecarias ni realizar evaluaciones de impacto en derechos humanos de las políticas de vivienda, incluido el impacto de género.

En materia de vivienda y desahucios, tanto cuantitativamente como cualitativamente, no hay signos de la supuesta recuperación económica, puesto que no se ha parado ni evitado la escalada de los desahucios. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ),  entre el 1 de enero y el 31 de marzo de este año, el número de lanzamientos practicados fue de 18.869, lo que supone un incremento del 2,1 % respecto a los 18.485 del mismo periodo de 2014.

El número total de inscripciones de certificaciones por ejecuciones hipotecarias iniciadas en el primer trimestre de 2015 es de 30.952, lo que supone un 0,9% más que el cuarto trimestre de 2014. El 78,2% de las viviendas de personas físicas con ejecución hipotecaria (8.802) son viviendas habituales en propiedad. Tomando como referencia las viviendas familiares (18.363.500) existentes en España en el primer trimestre del año 2015, el 0,048% iniciaron una ejecución hipotecaria en el primer trimestre. En el primer trimestre de 2015 las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas concentran el 57,5%. El 12,9% de las ejecuciones hipotecarias en el primer trimestre son sobre viviendas nuevas y el 87,1% sobre usadas.

Los datos de Estadística muestran que el 21,1% de las ejecuciones hipotecarias iniciadas sobre viviendas en el primer trimestre corresponde a hipotecas constituidas en el año 2007, el 15,2% a hipotecas constituidas en 2006 y el 11,8% a hipotecas de 2008. El periodo 2005-2008, el del apogeo de la burbuja inmobiliaria, concentra el 58,9% de las ejecuciones hipotecarias iniciadas este trimestre

Más de la mitad de los lanzamientos o desahucios, el 52,6%, se derivó del impago de alquileres en aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU); el 43,3%, de ejecuciones hipotecarias, y el 4,1%, por otras causas. Los lanzamientos consecuencia de la LAU disminuyeron un 0,3% en términos interanuales, mientras que los derivados de ejecuciones hipotecarias aumentaron un 6%.

El informe de Amnistía internacional acusa al gobierno incumplir sus obligaciones:

“El Gobierno está incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia del derecho a la vivienda. Ni siquiera ha consultado a las personas afectadas ni a las organizaciones”, ha asegurado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. “Mientras la vivienda se siga considerando como un bien de consumo e inversión, en lugar de como un verdadero derecho humano, con obligaciones para las autoridades, no se hará frente a esta situación”, ha añadido.
En un momento de crisis económica, como el actual, es cuando las personas necesitan de una mayor protección, por esto Amnistía Internacional considera que las autoridades, además de medidas insuficientes, han adoptado otras regresivas injustificadas, contrarias al derecho internacional, como la reducción, en más del 50% del gasto público en vivienda entre 2008 y 2015.

La organización recuerda que, según el derecho internacional, existe la obligación de utilizar el máximo de recursos disponibles para garantizar el acceso al derecho a la vivienda de las personas, especialmente de las que estén en situación de mayor vulnerabilidad. Sin embargo, España cuenta con uno de los porcentajes de vivienda social más bajos de la Unión Europea, un 1,1% sólo superado por Grecia y lejos de otros como Holanda (32%), Austria (23%), Reino Unido (18%) o Francia (17%).

Además, en un país con más de tres millones de viviendas vacías, aproximadamente el 30% de todas las que existen en Europa, las autoridades de ambas comunidades y el Gobierno central no han intensificado su uso, tal y como recomendaba ya en 2008 el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a una vivienda adecuada.

Asimismo, Amnistía Internacional recuerda que la Sareb (también conocida como “banco malo” es una sociedad anónima de gestión de activos transferidos por las entidades bancarias nacionalizadas y en proceso de reestructuración) tiene en su propiedad 80.000 viviendas. La organización considera que el Gobierno debería modificar el mandato de la Sareb y promover así el uso de esas viviendas, para asegurar el acceso a las mismas de un mayor número de personas.

En momentos como estos, se tienen que encontrar soluciones inmediatas y eficaces, soluciones reales a los problemas que sufre la ciudadanía, como es la situación que se está produciendo en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en Andalucía y en todo el conjunto del Estado español, en torno a los procesos de desalojos de familias de sus viviendas habituales. Tenemos que evitar las consecuencias de la crisis que no recaigan sobre la parte más vulnerable del contrato hipotecario, las familias.

Ahora más que nunca son indispensables políticas que den garantías reales a los afectados por una situación de insolvencia, de una forma inmediata y para el futuro. Las medidas adoptadas hasta el día de hoy han sido insuficientes para resolver o paliar la situación de los deudores hipotecarios. Los ayuntamientos, como Instituciones más cercanas a la ciudadanía y conocedores de primera mano de sus problemas, no se pueden quedar de brazos cruzados.

El comportamiento de los desahucios permite comprobar el poco impacto que en cómputo global tienen las diferentes oficinas de atención a los afectados creadas por los Ayuntamientos para favorecer la renegociación con los bancos y detener los lanzamientos. Y por otro lado, demuestran que la mejoría de los datos de empleo que reflejan las estadísticas no han aliviado las economías de las familias más golpeadas por la crisis, a las que les sigue resultando igual de difícil asumir los costes de la vivienda.

El Ayuntamiento abrió una oficina para atender los casos de desahucios en el año 2012, ubicada en el edificio de Servicios Múltiples Municipales del paseo marítimo Antonio Machado, con el objetivo de garantizar una asistencia ágil a los ciudadanos que acudan a ella por estar en riesgo de ser sometidos a un procedimiento de embargo de su vivienda habitual o que se encuentren inmersos ya en el mismo.

La oficina se puso en marcha en virtud del convenio para implantar un servicio de atención a los afectados, suscrito con el Colegio de Abogados el 16 de octubre de 2012. El servicio está adscrito a la Oficina Municipal de Información al Consumidor, dependiente del Área de Promoción Empresarial y del Empleo, así como al Área de Derechos Sociales y al IMV. Pero sin llegar a ser una entidad propia, sin presupuesto ni dotada de personal más allá del que aportan las mencionadas áreas a la misma.
El artículo 47 de la Constitución Española establece que los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y exhorta a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general, para impedir la especulación.

La próxima Directiva europea sobre hipotecas, exigirá a los Estados miembros adoptar medidas para proteger a los consumidores con problemas para pagar su deuda y evitar el sobreendeudamiento.

Pero más allá de la necesidad de todos los cambios legislativos y de todas las medidas políticas y jurídicas que se tienen que realizar en el ámbito europeo, estatal y en el autonómico, no podemos estar indiferentes ante este drama que afecta a familias de nuestro municipio.

En atención a todo lo anterior, proponemos la adopción de los siguientes

A C U E R D O S

1º.- Declarar Málaga como ciudad contraria a los desalojos de viviendas familiares habituales o de primera residencia, así como iniciar un proceso para aprobar, con el correspondiente apoyo y soporte técnico, y la participación y consenso de agentes sociales, asociaciones vecinales y de consumidores, y las asociaciones de afectados por los desahucios, un protocolo de actuación para así hacer frente a los desalojos, por motivos económicos, de primeras residencias o vivienda habitual para unidades familiares.

2º.- Constituir una Comisión de Seguimiento formada por el consistorio, grupos políticos, agentes sociales, asociaciones vecinales, de consumidores, y las asociaciones que trabajan con los afectados por los desahucios, e invitar cuando se considere conveniente a los técnicos responsables, que tenga como objetivo proponer medidas a nivel municipal para garantizar el derecho a una vivienda digna.

3º.- Crear un grupo de trabajo formado por el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), la Oficina Municipal de Intermediación y los Servicios Sociales Municipales para analizar las diversas situaciones específicas generadas por los procesos judiciales de lanzamientos o desahucios, y hacer propuestas concretas de intervención, siguiendo las directrices marcadas por la comisión de seguimiento y pasando también toda la información a la referida Comisión.

4º.- Estudiar la puesta en marcha de un teléfono de atención a los afectados y de información en estos procedimientos de desahucio, así como realizar una campaña de información sobre sus derechos en los casos de procesos judiciales, y sobre sus derechos de información.

5º.- Potenciar el trabajo efectivo aumentando las funciones y presupuesto, de la oficina municipal creada para atender los casos de desahucios, de forma que amplíe su objeto más allá de una mera intermediación, con acciones para buscar alternativas que eviten desahucios por motivos económicos y para para garantizar el realojo digno de las familias afectadas, y para atender en concreto los casos de procesos judiciales de lanzamientos, así como impulsar y mejorar las funciones en esta materia del Instituto Municipal de la Vivienda y de la Oficina Municipal de Información al Consumidor.

6º.- Mejorar los protocolos de actuación de los Servicios sociales en casos de desahucios, y que se aumenten los recursos y partidas presupuestarias de gasto social destinadas a ayudas de emergencia a familias que pierden su vivienda por desahucio y se quedan en la calle sin alternativa habitacional.

7º.- El compromiso de promover de forma efectiva desde este Ayuntamiento políticas de acceso a viviendas dignas, poniendo a disposición de la ciudadanía viviendas de su titularidad, prioritariamente en régimen de alquiler social.

8º.- Acordar con las direcciones de las entidades financieras, la realización de un censo de las viviendas vacías en nuestra ciudad, fruto de un impago hipotecario y/o provenientes de un lanzamiento, y negociar también el resto del parque de viviendas no vendidas, que estén en manos de las entidades financieras y/o que tienen como titular a personas jurídicas, para poder ofrecer estas viviendas en alquiler social asequible y estudiar desde la carga en el impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) hasta la suspensión temporal de uso, según las condiciones que marque la Ley.

9º.- Solicitar a las entidades financieras que operen en Málaga la suspensión de los expedientes de desalojo y la paralización de los procedimientos judiciales en curso, para así poder buscar soluciones alternativas con la intermediación del Ayuntamiento de Málaga. Solicitar a las entidades financieras que formen parte de la Comisión de Seguimiento. Así como no contratar con las entidades que se nieguen a formar parte de esta comisión y a suscribir dicho acuerdo.

10º.- Solicitar a la SAREB un inventario de las viviendas que se encuentran en nuestro municipio para recuperarlas para el parque municipal de Vivienda Social poniéndose en alquiler para las familias más desfavorecidas e impidiendo que se vendan a “fondos buitre”.

11º.- Proponer el pertinente cambio legislativo de la normativa estatal, en materia de régimen fiscal de las entidades locales, para que en caso de transmisión de propiedad de vivienda por causa de dación en pago y /o subasta de la vivienda de primera residencia y habitual, se repercuta la deuda de pago de la plusvalía a la entidad adquirente de la vivienda.

12º.-Solicitar al Gobierno Central la modificación de la Ley Hipotecaria; un cambio legislativo urgente, que adapte el marco legal a la realidad social y que dé respuestas a las necesidades de los afectados, y que recoja la Recomendación del Parlamento Europeo aprobado en Junio del 2013, basado en el Informe sobre Vivienda Social, que pide textualmente que la normativa europea incluya procesos de renegociación de la deuda o la dación en pago para los deudores o familias en situación de quiebra.

Eduardo Zorrilla Díaz                                                                                          Remedios Ramos Sánchez
Portavoz Grupo Málaga para la gente                                                              Concejala Grupo Málaga para la gente

Málaga, 15 de Julio de 2015

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Moción relativa a la declaración de Málaga como ciudad opuesta al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP) por sus nefastas consecuencias sobre el comercio y los servicios públicos.

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Que presenta el portavoz del Grupo Municipal Málaga para la gente, Eduardo Zorrilla Díaz, y la portavoz adjunta, Remedios Ramos Sánchez, a la consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno, relativa a la declaración de Málaga como ciudad opuesta al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP) por sus nefastas consecuencias sobre el comercio y los servicios públicos.

La Unión Europea (UE) y los Estados Unidos de América (EEUU) están negociando, de espaldas a la ciudadanía y a sus representantes políticos (parlamentos nacionales y europeo) un amplio acuerdo de liberalización de comercio e inversiones, que representa un serio peligro para la democracia y la debida protección de los derechos laborales, medioambientales y de salud, anteponiendo el interés comercial de los inversores y empresas transnacionales (ETN) al interés general,
El TTIP, al perseguir la liberalización total de los servicios públicos y la apertura de prestación de los mismos a las ETN, así como a las compras y licitaciones de bienes y servicios de las Administraciones Públicas, pone en peligro todos los servicios públicos y las compras públicas, en todos los niveles de poder, y compromete la habilidad de los representantes elegidos para administrar libremente sus comunidades locales y promocionar la industria, empleo e iniciativas locales.
De este modo, las leyes del comercio priman sobre cualquier otra consideración social, e ignoran cualquier legislación continental, nacional, regional o local. Las entidades legales se encuentran ellas mismas dominadas por ajustes estructurales restrictivos debidos a los acuerdos y las políticas de libre comercio y de protección del inversor. Esta lógica desmantela los servicios públicos y suprime la libertad de los poderes locales para suministrar los servicios públicos y satisfacer las necesidades sociales de sus poblaciones, atendiendo a políticas y planes de desarrollo industrial y de fomento de la industria y empleo locales.
Las Administraciones Locales:
Al estar cerca de las necesidades de sus pueblos, tienen el deber de injerencia respecto al TTIP, y un deber de respuesta, si no quieren verse acusadas de no ayudar a la población y al planeta en peligro;
Siendo los canales adecuados para promover los servicios públicos y la industria y empleo locales, se esfuerzan para su promoción como respuesta al interés común;
Están obligadas a resolver los retos sociales, económicos y medioambientales y, consiguientemente, a defender la universalidad de los servicios públicos y la protección de la ciudadanía.
Las entidades locales desean ampliar el debate público y democrático sobre lo que está verdaderamente en juego tras este acuerdo y la suerte que correrán los servicios y compras públicos:
El comercio y la inversión solamente pueden conducir a intercambios económica y socialmente beneficiosos si respeta las necesidades humanas en todo lugar, y no se basa únicamente en el beneficio de los especuladores financieros y de las empresas multinacionales;

La eliminación programada y progresiva de los servicios públicos es al mismo tiempo la eliminación programada y progresiva de la solidaridad y la democracia;
La apertura máxima de los servicios y las compras públicas a la competencia produce efectos contraproducentes en cuanto a su accesibilidad, su calidad y su coste;
Los derechos sociales son derechos inalienables, por lo que no pueden depender exclusivamente de la lógica del mercado;
Sólo la existencia de diversos servicios públicos socialmente útiles, permite asegurar una calidad de vida digna para todos y en todas partes, en estrecho nexo con el ejercicio de la democracia;
El control público debe preservarse para garantizar el acceso a los bienes comunes y a la creación de nuevos servicios públicos, así como para favorecer la industria y empleo locales.
En atención a todo lo anterior, proponemos la adopción de los siguientes

A C U E R D O S

1º.- Instar al equipo de gobierno a que organice un debate público, donde pueda informarse sobre el contenido del mismo y expresarse las distintas posiciones respecto al mismo, con presencia de los agentes sociales y colectivos afectados, sobre las consecuencias sobre el comercio y los servicios públicos.

2º.- Declarar la ciudad de Málaga como municipio opuesto al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP), defendiendo los servicios públicos básicos para la solidaridad y redistribución social.

3º.- El Ayuntamiento de Málaga reitera su apoyo al comercio y los servicios públicos malagueños e insta al gobierno central a oponerse al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP).

4º.- Solicitar del Ministerio de Administraciones Públicas su apoyo a todas las iniciativas dirigidas a mantener el carácter público de los llamados servicios socialmente útiles.

5º.- Solicitar del Ministerio de Economía la suspensión de las negociaciones del TTIP.

6º.- Dar traslado de los acuerdos al gobierno central y a los grupos parlamentarios del Congreso.

Eduardo Zorrilla Díaz                                                                          Remedios Ramos Sánchez
Portavoz Grupo Málaga para la gente                                              Concejala Grupo Málaga para la gente

Málaga, 15 de Julio de 2015

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Moción de apoyo a las reivindicaciones del personal de mantenimiento del Servicio Andaluz de Salud.

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 MOCIÓN

 Que presenta el portavoz  del Grupo Municipal de Málaga para la gente, Eduardo Zorrilla Díaz, a la Comisión de Pleno de Economía, Hacienda, Reactivación Económica, Promoción Empresarial, Fomento del Empleo y Turismo, de apoyo a las reivindicaciones del personal de mantenimiento del Servicio Andaluz de Salud.

 Málaga para la gente apoya las reivindicaciones del personal de mantenimiento del Servicio Andaluz de Salud (SAS), nos hemos reunido con ellos varias veces y acudido a sus concentraciones, y en la presente moción intentamos recoger sus demandas frente a los intentos de privatización y queremos trasladar el apoyo del consistorio a las mismas. La plantilla de mantenimiento del SAS viene acampando en los hospitales públicos andaluces, entre ellos el Hospital Regional de Málaga, desde el pasado mes de marzo.

Entre estas reivindicaciones se encuentran, entre otras, la creación de las diferentes categorías de trabajadores de mantenimiento del SAS, integrando a estos técnicos de mantenimiento, la creación de una bolsa única de trabajo y la publicación de los listados definitivos de la carrera profesional.

En definitiva, plantean que el SAS haga una apuesta real por el mantenimiento público frente a una privatización encubierta. Las trabajadoras y los trabajadores denuncian que estas medidas adoptadas por la Junta de Andalucía preparan el terreno a la privatización del servicio público.

Un borrador del SAS propone exigirles la polivalencia en lugar de la especialización que cada uno de ellos tiene. Algunos tienen plaza fija y, otros, son personal contratado de bolsa. Así las cosas, Salud quiere que estos profesionales sepan responder ante cualquier eventualidad, y no que cada uno sepa ejercer en un campo específico, como por ejemplo la fontanería o la electricidad. En la provincia de Málaga, donde hay doscientos trabajadores, entre 80 y 100 podrían ver peligrar sus puestos de trabajo, según han calculado. Los trabajadores que se queden asumirían el doble de trabajo y, además, sin contar con la especialización actual, lo que pondría en riesgo el funcionamiento de los hospitales.

Por todo ello, se propone para su aprobación, si procede, la adopción de los siguientes

A C U E R D O S

             1º.- Mostrar el apoyo del Consistorio a las reivindicaciones del personal de mantenimiento del Servicio Andaluz de Salud (SAS), y solidarizarnos con sus demandas frente a los intentos de privatización, porque el plan previsto redundaría en una peor calidad del servicios y en el funcionamiento de los hospitales.

Eduardo Zorrilla Díaz

Portavoz del Grupo Municipal Málaga para la gente

Málaga, a 14 de julio de 2015

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Moción de apoyo a las reivindicaciones de los estibadores de Málaga.

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MOCIÓN

 Que presenta el portavoz  del Grupo Municipal de Málaga para la gente, Eduardo Zorrilla Díaz, a la Comisión de Pleno de Economía, Hacienda, Reactivación Económica, Promoción Empresarial, Fomento del Empleo y Turismo, de apoyo a las reivindicaciones de los estibadores de Málaga.

 Nuestro grupo se ha reunido con los estibadores quienes nos han pedido que reclamemos, en todas las instancias, y en particular al gobierno central, medidas contundentes contra liberalización portuaria y han denunciado la situación insostenible para el sector por falta de apoyo al mismo. En concreto, no han mostrado su preocupación por la sentencia europea que obliga a la liberalización de los puertos españoles.

El sector pide al Ministerio de Fomento que las negociaciones para la adaptación de legislación se encaminen a poner fin a la incertidumbre de los trabajadores que los lleva a una situación insostenible. Esta situación de indefinición, ocasionada por el Tribunal de Luxemburgo y por el proceso de negociación de su respuesta, solo genera inestabilidad, el mayor enemigo de los puertos españoles.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) advirtió en una sentencia del pasado mes de diciembre que la estiba de los puertos españoles debería liberalizarse. Sin embargo, Coordinadora de Estibadores opina que son solo tres los aspectos que el actual modelo español debería cambiar para adaptarse: la no obligatoriedad por parte de las empresas de formar parte de las Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores Portuarios (Sagep), la no obligatoriedad de contratar a personal preferentemente de éstas y la existencia de un 25% de fijos de las empresas.

Los estibadores portuarios europeos reunidos en la Asamblea de Zona Europea del IDC, realizaron las siguientes observaciones: a) Las políticas ultra-liberales de Europa y los planes de austeridad impuestos por la Troika son catastróficas para los pueblos de Europa. b) Que las medidas tomadas para la relanzar economía tienen el efecto contrario y aumentan el desempleo, la inseguridad y la pobreza en todos los Estados miembros.

Los trabajadores portuarios piden que las orientaciones políticas europeas sean revisadas en todos los Estados miembros para reconstruir el motor del empleo de la economía y que la riqueza producida por los trabajadores sea distribuida de manera equitativa. Los trabajadores portuarios también piden que se ponga fin a los ataques a la legislación nacional de la estiba en los puertos europeos, como la sufrida por los estibadores españoles.

De la misma forma, los estibadores recuerdan que estarán a la alerta de los planes de futuro para la liberalización de los servicios portuarios, para que la estiba quede excluida de esta legislación. De lo contrario, van a hacer todo lo posible para oponerse a ella, como ya han sido capaces de hacerlo con anterioridad.

Desde el Comité de Empresa de los Estibadores del Puerto de Málaga, nos han insistido en la necesidad de conseguir un pacto entre todos los agentes que intervienen en las distintas operativas de nuestro puerto y continúan con sus movilizaciones por la falta de reacción del gobierno central

Hay que recordar que desde 2009 los Estibadores de Málaga, se ha bajado su salario para evitar que haya despidos. Asimismo insistimos en pedir un compromiso por parte de todas las instituciones para la mejora de las comunicaciones ferroviarias, incluido el soterramiento del tramo de vías que atraviesan la ciudad, para mejorar así, el tráfico de mercancías entre nuestro puerto y el puerto seco de Antequera.

Por todo lo expuesto, proponemos para su aprobación los siguientes

A C U E R D O S

1º.- Apoyar las reivindicaciones de los Estibadores de Málaga y mostrar nuestra solidaridad por la agresión a este colectivo que suponen los planes de futuro para la liberalización de los servicios portuarios, para que la estiba quede excluida de esta legislación, así como reclamar que se ponga fin a los ataques a la legislación nacional de la estiba en los puertos europeos, como la sufrida por los estibadores españoles.

2º.- Impulsar un pacto entre todos los agentes que intervienen en las distintas operativas del Puerto de Málaga para reconstruir el recinto portuario como un motor del empleo y de la reactivación económica en Málaga, así como reclamar la mejora de las comunicaciones ferroviarias y  el soterramiento de las vías que atraviesan la ciudad, para mejorar el tráfico de mercancías entre el Puerto y el puerto seco de Antequera.

Eduardo Zorrilla Díaz

Portavoz del Grupo Municipal Málaga para la gente

Málaga, a 14 de julio de 2015

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