Moción relativa a la aprobación de protocolos de actuación para hacer frente a los desalojos, por motivos económicos, de primeras residencias o vivienda habitual y medidas para frenar los desahucios.

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MOCIÓN

Que presenta el portavoz del Grupo Mpal. Málaga para la gente, Eduardo Zorrilla Díaz, y la portavoz adjunta, Remedios Ramos Sánchez, a la consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno, relativa a la aprobación de protocolos de actuación para hacer frente a los desalojos, por motivos económicos, de primeras residencias o vivienda habitual y medidas para frenar los desahucios.

Las políticas de vivienda son garantía de cohesión social en tiempos de crisis, una crisis que ha conllevado al aumento del paro, y con ella miles de personas en una situación límite que les impide cubrir sus necesidades básicas como el pago de su vivienda habitual. Desde que estalló la crisis, es decir, entre 2008 y el primer trimestre de 2015, se han iniciado 598.747 procesos de ejecución hipotecaria.

A pesar de las casi 600.000 ejecuciones hipotecarias iniciadas en España desde 2008, el Gobierno ha adoptado medidas insuficientes, que  no han protegido la vivienda como un derecho humano. Su alcance ha sido muy restrictivo, beneficiando únicamente a 31.500 familias. Además, las autoridades han invisibilizado la gravedad de la situación, al no ofrecer datos desagregados de cuántas personas se han visto afectadas por las ejecuciones hipotecarias ni realizar evaluaciones de impacto en derechos humanos de las políticas de vivienda, incluido el impacto de género.

En materia de vivienda y desahucios, tanto cuantitativamente como cualitativamente, no hay signos de la supuesta recuperación económica, puesto que no se ha parado ni evitado la escalada de los desahucios. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ),  entre el 1 de enero y el 31 de marzo de este año, el número de lanzamientos practicados fue de 18.869, lo que supone un incremento del 2,1 % respecto a los 18.485 del mismo periodo de 2014.

El número total de inscripciones de certificaciones por ejecuciones hipotecarias iniciadas en el primer trimestre de 2015 es de 30.952, lo que supone un 0,9% más que el cuarto trimestre de 2014. El 78,2% de las viviendas de personas físicas con ejecución hipotecaria (8.802) son viviendas habituales en propiedad. Tomando como referencia las viviendas familiares (18.363.500) existentes en España en el primer trimestre del año 2015, el 0,048% iniciaron una ejecución hipotecaria en el primer trimestre. En el primer trimestre de 2015 las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas concentran el 57,5%. El 12,9% de las ejecuciones hipotecarias en el primer trimestre son sobre viviendas nuevas y el 87,1% sobre usadas.

Los datos de Estadística muestran que el 21,1% de las ejecuciones hipotecarias iniciadas sobre viviendas en el primer trimestre corresponde a hipotecas constituidas en el año 2007, el 15,2% a hipotecas constituidas en 2006 y el 11,8% a hipotecas de 2008. El periodo 2005-2008, el del apogeo de la burbuja inmobiliaria, concentra el 58,9% de las ejecuciones hipotecarias iniciadas este trimestre

Más de la mitad de los lanzamientos o desahucios, el 52,6%, se derivó del impago de alquileres en aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU); el 43,3%, de ejecuciones hipotecarias, y el 4,1%, por otras causas. Los lanzamientos consecuencia de la LAU disminuyeron un 0,3% en términos interanuales, mientras que los derivados de ejecuciones hipotecarias aumentaron un 6%.

El informe de Amnistía internacional acusa al gobierno incumplir sus obligaciones:

“El Gobierno está incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia del derecho a la vivienda. Ni siquiera ha consultado a las personas afectadas ni a las organizaciones”, ha asegurado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. “Mientras la vivienda se siga considerando como un bien de consumo e inversión, en lugar de como un verdadero derecho humano, con obligaciones para las autoridades, no se hará frente a esta situación”, ha añadido.
En un momento de crisis económica, como el actual, es cuando las personas necesitan de una mayor protección, por esto Amnistía Internacional considera que las autoridades, además de medidas insuficientes, han adoptado otras regresivas injustificadas, contrarias al derecho internacional, como la reducción, en más del 50% del gasto público en vivienda entre 2008 y 2015.

La organización recuerda que, según el derecho internacional, existe la obligación de utilizar el máximo de recursos disponibles para garantizar el acceso al derecho a la vivienda de las personas, especialmente de las que estén en situación de mayor vulnerabilidad. Sin embargo, España cuenta con uno de los porcentajes de vivienda social más bajos de la Unión Europea, un 1,1% sólo superado por Grecia y lejos de otros como Holanda (32%), Austria (23%), Reino Unido (18%) o Francia (17%).

Además, en un país con más de tres millones de viviendas vacías, aproximadamente el 30% de todas las que existen en Europa, las autoridades de ambas comunidades y el Gobierno central no han intensificado su uso, tal y como recomendaba ya en 2008 el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a una vivienda adecuada.

Asimismo, Amnistía Internacional recuerda que la Sareb (también conocida como “banco malo” es una sociedad anónima de gestión de activos transferidos por las entidades bancarias nacionalizadas y en proceso de reestructuración) tiene en su propiedad 80.000 viviendas. La organización considera que el Gobierno debería modificar el mandato de la Sareb y promover así el uso de esas viviendas, para asegurar el acceso a las mismas de un mayor número de personas.

En momentos como estos, se tienen que encontrar soluciones inmediatas y eficaces, soluciones reales a los problemas que sufre la ciudadanía, como es la situación que se está produciendo en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en Andalucía y en todo el conjunto del Estado español, en torno a los procesos de desalojos de familias de sus viviendas habituales. Tenemos que evitar las consecuencias de la crisis que no recaigan sobre la parte más vulnerable del contrato hipotecario, las familias.

Ahora más que nunca son indispensables políticas que den garantías reales a los afectados por una situación de insolvencia, de una forma inmediata y para el futuro. Las medidas adoptadas hasta el día de hoy han sido insuficientes para resolver o paliar la situación de los deudores hipotecarios. Los ayuntamientos, como Instituciones más cercanas a la ciudadanía y conocedores de primera mano de sus problemas, no se pueden quedar de brazos cruzados.

El comportamiento de los desahucios permite comprobar el poco impacto que en cómputo global tienen las diferentes oficinas de atención a los afectados creadas por los Ayuntamientos para favorecer la renegociación con los bancos y detener los lanzamientos. Y por otro lado, demuestran que la mejoría de los datos de empleo que reflejan las estadísticas no han aliviado las economías de las familias más golpeadas por la crisis, a las que les sigue resultando igual de difícil asumir los costes de la vivienda.

El Ayuntamiento abrió una oficina para atender los casos de desahucios en el año 2012, ubicada en el edificio de Servicios Múltiples Municipales del paseo marítimo Antonio Machado, con el objetivo de garantizar una asistencia ágil a los ciudadanos que acudan a ella por estar en riesgo de ser sometidos a un procedimiento de embargo de su vivienda habitual o que se encuentren inmersos ya en el mismo.

La oficina se puso en marcha en virtud del convenio para implantar un servicio de atención a los afectados, suscrito con el Colegio de Abogados el 16 de octubre de 2012. El servicio está adscrito a la Oficina Municipal de Información al Consumidor, dependiente del Área de Promoción Empresarial y del Empleo, así como al Área de Derechos Sociales y al IMV. Pero sin llegar a ser una entidad propia, sin presupuesto ni dotada de personal más allá del que aportan las mencionadas áreas a la misma.
El artículo 47 de la Constitución Española establece que los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y exhorta a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general, para impedir la especulación.

La próxima Directiva europea sobre hipotecas, exigirá a los Estados miembros adoptar medidas para proteger a los consumidores con problemas para pagar su deuda y evitar el sobreendeudamiento.

Pero más allá de la necesidad de todos los cambios legislativos y de todas las medidas políticas y jurídicas que se tienen que realizar en el ámbito europeo, estatal y en el autonómico, no podemos estar indiferentes ante este drama que afecta a familias de nuestro municipio.

En atención a todo lo anterior, proponemos la adopción de los siguientes

A C U E R D O S

1º.- Declarar Málaga como ciudad contraria a los desalojos de viviendas familiares habituales o de primera residencia, así como iniciar un proceso para aprobar, con el correspondiente apoyo y soporte técnico, y la participación y consenso de agentes sociales, asociaciones vecinales y de consumidores, y las asociaciones de afectados por los desahucios, un protocolo de actuación para así hacer frente a los desalojos, por motivos económicos, de primeras residencias o vivienda habitual para unidades familiares.

2º.- Constituir una Comisión de Seguimiento formada por el consistorio, grupos políticos, agentes sociales, asociaciones vecinales, de consumidores, y las asociaciones que trabajan con los afectados por los desahucios, e invitar cuando se considere conveniente a los técnicos responsables, que tenga como objetivo proponer medidas a nivel municipal para garantizar el derecho a una vivienda digna.

3º.- Crear un grupo de trabajo formado por el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), la Oficina Municipal de Intermediación y los Servicios Sociales Municipales para analizar las diversas situaciones específicas generadas por los procesos judiciales de lanzamientos o desahucios, y hacer propuestas concretas de intervención, siguiendo las directrices marcadas por la comisión de seguimiento y pasando también toda la información a la referida Comisión.

4º.- Estudiar la puesta en marcha de un teléfono de atención a los afectados y de información en estos procedimientos de desahucio, así como realizar una campaña de información sobre sus derechos en los casos de procesos judiciales, y sobre sus derechos de información.

5º.- Potenciar el trabajo efectivo aumentando las funciones y presupuesto, de la oficina municipal creada para atender los casos de desahucios, de forma que amplíe su objeto más allá de una mera intermediación, con acciones para buscar alternativas que eviten desahucios por motivos económicos y para para garantizar el realojo digno de las familias afectadas, y para atender en concreto los casos de procesos judiciales de lanzamientos, así como impulsar y mejorar las funciones en esta materia del Instituto Municipal de la Vivienda y de la Oficina Municipal de Información al Consumidor.

6º.- Mejorar los protocolos de actuación de los Servicios sociales en casos de desahucios, y que se aumenten los recursos y partidas presupuestarias de gasto social destinadas a ayudas de emergencia a familias que pierden su vivienda por desahucio y se quedan en la calle sin alternativa habitacional.

7º.- El compromiso de promover de forma efectiva desde este Ayuntamiento políticas de acceso a viviendas dignas, poniendo a disposición de la ciudadanía viviendas de su titularidad, prioritariamente en régimen de alquiler social.

8º.- Acordar con las direcciones de las entidades financieras, la realización de un censo de las viviendas vacías en nuestra ciudad, fruto de un impago hipotecario y/o provenientes de un lanzamiento, y negociar también el resto del parque de viviendas no vendidas, que estén en manos de las entidades financieras y/o que tienen como titular a personas jurídicas, para poder ofrecer estas viviendas en alquiler social asequible y estudiar desde la carga en el impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) hasta la suspensión temporal de uso, según las condiciones que marque la Ley.

9º.- Solicitar a las entidades financieras que operen en Málaga la suspensión de los expedientes de desalojo y la paralización de los procedimientos judiciales en curso, para así poder buscar soluciones alternativas con la intermediación del Ayuntamiento de Málaga. Solicitar a las entidades financieras que formen parte de la Comisión de Seguimiento. Así como no contratar con las entidades que se nieguen a formar parte de esta comisión y a suscribir dicho acuerdo.

10º.- Solicitar a la SAREB un inventario de las viviendas que se encuentran en nuestro municipio para recuperarlas para el parque municipal de Vivienda Social poniéndose en alquiler para las familias más desfavorecidas e impidiendo que se vendan a “fondos buitre”.

11º.- Proponer el pertinente cambio legislativo de la normativa estatal, en materia de régimen fiscal de las entidades locales, para que en caso de transmisión de propiedad de vivienda por causa de dación en pago y /o subasta de la vivienda de primera residencia y habitual, se repercuta la deuda de pago de la plusvalía a la entidad adquirente de la vivienda.

12º.-Solicitar al Gobierno Central la modificación de la Ley Hipotecaria; un cambio legislativo urgente, que adapte el marco legal a la realidad social y que dé respuestas a las necesidades de los afectados, y que recoja la Recomendación del Parlamento Europeo aprobado en Junio del 2013, basado en el Informe sobre Vivienda Social, que pide textualmente que la normativa europea incluya procesos de renegociación de la deuda o la dación en pago para los deudores o familias en situación de quiebra.

Eduardo Zorrilla Díaz                                                                                          Remedios Ramos Sánchez
Portavoz Grupo Málaga para la gente                                                              Concejala Grupo Málaga para la gente

Málaga, 15 de Julio de 2015

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Moción relativa a la declaración de Málaga como ciudad opuesta al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP) por sus nefastas consecuencias sobre el comercio y los servicios públicos.

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MOCIÓN

Que presenta el portavoz del Grupo Municipal Málaga para la gente, Eduardo Zorrilla Díaz, y la portavoz adjunta, Remedios Ramos Sánchez, a la consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno, relativa a la declaración de Málaga como ciudad opuesta al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP) por sus nefastas consecuencias sobre el comercio y los servicios públicos.

La Unión Europea (UE) y los Estados Unidos de América (EEUU) están negociando, de espaldas a la ciudadanía y a sus representantes políticos (parlamentos nacionales y europeo) un amplio acuerdo de liberalización de comercio e inversiones, que representa un serio peligro para la democracia y la debida protección de los derechos laborales, medioambientales y de salud, anteponiendo el interés comercial de los inversores y empresas transnacionales (ETN) al interés general,
El TTIP, al perseguir la liberalización total de los servicios públicos y la apertura de prestación de los mismos a las ETN, así como a las compras y licitaciones de bienes y servicios de las Administraciones Públicas, pone en peligro todos los servicios públicos y las compras públicas, en todos los niveles de poder, y compromete la habilidad de los representantes elegidos para administrar libremente sus comunidades locales y promocionar la industria, empleo e iniciativas locales.
De este modo, las leyes del comercio priman sobre cualquier otra consideración social, e ignoran cualquier legislación continental, nacional, regional o local. Las entidades legales se encuentran ellas mismas dominadas por ajustes estructurales restrictivos debidos a los acuerdos y las políticas de libre comercio y de protección del inversor. Esta lógica desmantela los servicios públicos y suprime la libertad de los poderes locales para suministrar los servicios públicos y satisfacer las necesidades sociales de sus poblaciones, atendiendo a políticas y planes de desarrollo industrial y de fomento de la industria y empleo locales.
Las Administraciones Locales:
Al estar cerca de las necesidades de sus pueblos, tienen el deber de injerencia respecto al TTIP, y un deber de respuesta, si no quieren verse acusadas de no ayudar a la población y al planeta en peligro;
Siendo los canales adecuados para promover los servicios públicos y la industria y empleo locales, se esfuerzan para su promoción como respuesta al interés común;
Están obligadas a resolver los retos sociales, económicos y medioambientales y, consiguientemente, a defender la universalidad de los servicios públicos y la protección de la ciudadanía.
Las entidades locales desean ampliar el debate público y democrático sobre lo que está verdaderamente en juego tras este acuerdo y la suerte que correrán los servicios y compras públicos:
El comercio y la inversión solamente pueden conducir a intercambios económica y socialmente beneficiosos si respeta las necesidades humanas en todo lugar, y no se basa únicamente en el beneficio de los especuladores financieros y de las empresas multinacionales;

La eliminación programada y progresiva de los servicios públicos es al mismo tiempo la eliminación programada y progresiva de la solidaridad y la democracia;
La apertura máxima de los servicios y las compras públicas a la competencia produce efectos contraproducentes en cuanto a su accesibilidad, su calidad y su coste;
Los derechos sociales son derechos inalienables, por lo que no pueden depender exclusivamente de la lógica del mercado;
Sólo la existencia de diversos servicios públicos socialmente útiles, permite asegurar una calidad de vida digna para todos y en todas partes, en estrecho nexo con el ejercicio de la democracia;
El control público debe preservarse para garantizar el acceso a los bienes comunes y a la creación de nuevos servicios públicos, así como para favorecer la industria y empleo locales.
En atención a todo lo anterior, proponemos la adopción de los siguientes

A C U E R D O S

1º.- Instar al equipo de gobierno a que organice un debate público, donde pueda informarse sobre el contenido del mismo y expresarse las distintas posiciones respecto al mismo, con presencia de los agentes sociales y colectivos afectados, sobre las consecuencias sobre el comercio y los servicios públicos.

2º.- Declarar la ciudad de Málaga como municipio opuesto al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP), defendiendo los servicios públicos básicos para la solidaridad y redistribución social.

3º.- El Ayuntamiento de Málaga reitera su apoyo al comercio y los servicios públicos malagueños e insta al gobierno central a oponerse al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP).

4º.- Solicitar del Ministerio de Administraciones Públicas su apoyo a todas las iniciativas dirigidas a mantener el carácter público de los llamados servicios socialmente útiles.

5º.- Solicitar del Ministerio de Economía la suspensión de las negociaciones del TTIP.

6º.- Dar traslado de los acuerdos al gobierno central y a los grupos parlamentarios del Congreso.

Eduardo Zorrilla Díaz                                                                          Remedios Ramos Sánchez
Portavoz Grupo Málaga para la gente                                              Concejala Grupo Málaga para la gente

Málaga, 15 de Julio de 2015

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Moción de apoyo a las reivindicaciones del personal de mantenimiento del Servicio Andaluz de Salud.

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 MOCIÓN

 Que presenta el portavoz  del Grupo Municipal de Málaga para la gente, Eduardo Zorrilla Díaz, a la Comisión de Pleno de Economía, Hacienda, Reactivación Económica, Promoción Empresarial, Fomento del Empleo y Turismo, de apoyo a las reivindicaciones del personal de mantenimiento del Servicio Andaluz de Salud.

 Málaga para la gente apoya las reivindicaciones del personal de mantenimiento del Servicio Andaluz de Salud (SAS), nos hemos reunido con ellos varias veces y acudido a sus concentraciones, y en la presente moción intentamos recoger sus demandas frente a los intentos de privatización y queremos trasladar el apoyo del consistorio a las mismas. La plantilla de mantenimiento del SAS viene acampando en los hospitales públicos andaluces, entre ellos el Hospital Regional de Málaga, desde el pasado mes de marzo.

Entre estas reivindicaciones se encuentran, entre otras, la creación de las diferentes categorías de trabajadores de mantenimiento del SAS, integrando a estos técnicos de mantenimiento, la creación de una bolsa única de trabajo y la publicación de los listados definitivos de la carrera profesional.

En definitiva, plantean que el SAS haga una apuesta real por el mantenimiento público frente a una privatización encubierta. Las trabajadoras y los trabajadores denuncian que estas medidas adoptadas por la Junta de Andalucía preparan el terreno a la privatización del servicio público.

Un borrador del SAS propone exigirles la polivalencia en lugar de la especialización que cada uno de ellos tiene. Algunos tienen plaza fija y, otros, son personal contratado de bolsa. Así las cosas, Salud quiere que estos profesionales sepan responder ante cualquier eventualidad, y no que cada uno sepa ejercer en un campo específico, como por ejemplo la fontanería o la electricidad. En la provincia de Málaga, donde hay doscientos trabajadores, entre 80 y 100 podrían ver peligrar sus puestos de trabajo, según han calculado. Los trabajadores que se queden asumirían el doble de trabajo y, además, sin contar con la especialización actual, lo que pondría en riesgo el funcionamiento de los hospitales.

Por todo ello, se propone para su aprobación, si procede, la adopción de los siguientes

A C U E R D O S

             1º.- Mostrar el apoyo del Consistorio a las reivindicaciones del personal de mantenimiento del Servicio Andaluz de Salud (SAS), y solidarizarnos con sus demandas frente a los intentos de privatización, porque el plan previsto redundaría en una peor calidad del servicios y en el funcionamiento de los hospitales.

Eduardo Zorrilla Díaz

Portavoz del Grupo Municipal Málaga para la gente

Málaga, a 14 de julio de 2015

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Moción de apoyo a las reivindicaciones de los estibadores de Málaga.

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MOCIÓN

 Que presenta el portavoz  del Grupo Municipal de Málaga para la gente, Eduardo Zorrilla Díaz, a la Comisión de Pleno de Economía, Hacienda, Reactivación Económica, Promoción Empresarial, Fomento del Empleo y Turismo, de apoyo a las reivindicaciones de los estibadores de Málaga.

 Nuestro grupo se ha reunido con los estibadores quienes nos han pedido que reclamemos, en todas las instancias, y en particular al gobierno central, medidas contundentes contra liberalización portuaria y han denunciado la situación insostenible para el sector por falta de apoyo al mismo. En concreto, no han mostrado su preocupación por la sentencia europea que obliga a la liberalización de los puertos españoles.

El sector pide al Ministerio de Fomento que las negociaciones para la adaptación de legislación se encaminen a poner fin a la incertidumbre de los trabajadores que los lleva a una situación insostenible. Esta situación de indefinición, ocasionada por el Tribunal de Luxemburgo y por el proceso de negociación de su respuesta, solo genera inestabilidad, el mayor enemigo de los puertos españoles.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) advirtió en una sentencia del pasado mes de diciembre que la estiba de los puertos españoles debería liberalizarse. Sin embargo, Coordinadora de Estibadores opina que son solo tres los aspectos que el actual modelo español debería cambiar para adaptarse: la no obligatoriedad por parte de las empresas de formar parte de las Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores Portuarios (Sagep), la no obligatoriedad de contratar a personal preferentemente de éstas y la existencia de un 25% de fijos de las empresas.

Los estibadores portuarios europeos reunidos en la Asamblea de Zona Europea del IDC, realizaron las siguientes observaciones: a) Las políticas ultra-liberales de Europa y los planes de austeridad impuestos por la Troika son catastróficas para los pueblos de Europa. b) Que las medidas tomadas para la relanzar economía tienen el efecto contrario y aumentan el desempleo, la inseguridad y la pobreza en todos los Estados miembros.

Los trabajadores portuarios piden que las orientaciones políticas europeas sean revisadas en todos los Estados miembros para reconstruir el motor del empleo de la economía y que la riqueza producida por los trabajadores sea distribuida de manera equitativa. Los trabajadores portuarios también piden que se ponga fin a los ataques a la legislación nacional de la estiba en los puertos europeos, como la sufrida por los estibadores españoles.

De la misma forma, los estibadores recuerdan que estarán a la alerta de los planes de futuro para la liberalización de los servicios portuarios, para que la estiba quede excluida de esta legislación. De lo contrario, van a hacer todo lo posible para oponerse a ella, como ya han sido capaces de hacerlo con anterioridad.

Desde el Comité de Empresa de los Estibadores del Puerto de Málaga, nos han insistido en la necesidad de conseguir un pacto entre todos los agentes que intervienen en las distintas operativas de nuestro puerto y continúan con sus movilizaciones por la falta de reacción del gobierno central

Hay que recordar que desde 2009 los Estibadores de Málaga, se ha bajado su salario para evitar que haya despidos. Asimismo insistimos en pedir un compromiso por parte de todas las instituciones para la mejora de las comunicaciones ferroviarias, incluido el soterramiento del tramo de vías que atraviesan la ciudad, para mejorar así, el tráfico de mercancías entre nuestro puerto y el puerto seco de Antequera.

Por todo lo expuesto, proponemos para su aprobación los siguientes

A C U E R D O S

1º.- Apoyar las reivindicaciones de los Estibadores de Málaga y mostrar nuestra solidaridad por la agresión a este colectivo que suponen los planes de futuro para la liberalización de los servicios portuarios, para que la estiba quede excluida de esta legislación, así como reclamar que se ponga fin a los ataques a la legislación nacional de la estiba en los puertos europeos, como la sufrida por los estibadores españoles.

2º.- Impulsar un pacto entre todos los agentes que intervienen en las distintas operativas del Puerto de Málaga para reconstruir el recinto portuario como un motor del empleo y de la reactivación económica en Málaga, así como reclamar la mejora de las comunicaciones ferroviarias y  el soterramiento de las vías que atraviesan la ciudad, para mejorar el tráfico de mercancías entre el Puerto y el puerto seco de Antequera.

Eduardo Zorrilla Díaz

Portavoz del Grupo Municipal Málaga para la gente

Málaga, a 14 de julio de 2015

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Málaga para la gente denuncia la permisividad de Urbanismo respecto a las obras ilegales que desde octubre se están realizando, sin ningún tipo de licencia ni autorización, en el Jardín histórico El Retiro.

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El portavoz del grupo Málaga para la gente, Eduardo Zorrilla, ha denunciado esta mañana la existencia de siete grandes actuaciones, obras todas ellas ilegales, en el Jardín histórico El Retiro de Churriana, una finca protegida y declarada Bien de Interés Cultural (BIC) y Patrimonio Histórico de España, el 8 de febrero de 1984, con la figura de protección como jardín histórico, y la enorme permisividad de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) ya que las mismas se están realizando desde octubre de 2014, sin ningún tipo de licencia ni autorización.

Según Zorrilla, “las obras están alterando de forma significativa la configuración de estos jardines históricos, y están suponiendo además la desaparición del lago existente en la finca, de zonas verdes y sotobosques importantes, de especies arbóreas protegidas, como ejemplares muy raros y antiguos de distintas especies y árboles, cipreses y pinos centenarios de más de 30m de altura, además de otras especies vegetales y de flora ornamental muy importantes”, subrayó.

El portavoz de Málaga para la gente informó de que las obras se iniciaron el 15 de octubre y han supuesto modificaciones importantes que han alterado la configuración de este espacio, declarado BIC, algo que para el portavoz de Málaga para la gente, “es un hecho muy grave”, a lo que ha añadido que “es incluso si cabe aún más grave, que quien debe velar por el cumplimiento de la normativa municipal, y el propio alcalde, que ha visitado al menos en una ocasión la Finca mientras estaban desarrollándose estas obras, no supiera de esto. O quizá lo sabía lo que sería mucho peor. Por esto exigimos al Partido Popular de Málaga y al alcalde Francisco de la Torre explicaciones sobre este asunto”, recalcó Zorrilla.

Por eso reclama, a través de una moción, máxima transparencia respecto a estos hechos, y que se actúe de forma contundente contra los responsables, así como que se tomen medidas para evitar estas agresiones al patrimonio histórico y botánico de la ciudad, del que forma parte esta finca y jardín histórico protegido y catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC). Asimismo exigirá a la Gerencia Municipal de Urbanismo que investigue estas ilegalidades, y que de forma inmediata inicie el correspondiente expediente de disciplina urbanística, si no lo hubiera hecho, y de forma urgente un expediente sancionador y de restablecimiento de la legalidad urbanística.

Por su parte, la concejala de la coalición, Remedios Ramos, ha explicado que la Finca de El Retiro es uno de los 11 jardines catalogados y protegidos según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y está considerado uno de los jardines históricos antiguos más importantes de España. El jardín, de unos 140.000 metros cuadrados, data del siglo XVII y contiene, según la ficha urbanística, una combinación de estilos ornamentales, con dominio de jardín francés, e inclusiones italianas y árabe. Alberga 396 ejemplares catalogados y protegidos, de 58 distintas especies, entre ellos un olmo de cerca de 200 años, y conjunto de cipreses centenarios y almencinos.

La concejala señaló que al ser un jardín protegido es inedificable, ya que el PGOU prohíbe las transformaciones que supongan la desaparición o merma de árboles o vegetación. Igualmente, incidió en que estas obras tampoco cuentan con autorización por parte de la Junta de Andalucía, como sería preceptivo al tratarse de un BIC, la tramitación de esta autorización tendría que haber sido a instancias de la GMU, una vez que este organismo hubiera recibido el proyecto y la solicitud de licencia de obras, “que ni existen ni se han solicitado”.

Moción relativa a los incumplimientos del equipo de gobierno y al recorte y reducción de contratos y horas de trabajo de los eventuales de Limasa.

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MOCIÓN

           Que presenta la concejala del Grupo Mpal. de Málaga para la gente, Remedios Ramos Sánchez, a la Comisión de Pleno de Sostenibilidad Medioambiental, relativa a los incumplimientos del equipo de gobierno y al recorte y reducción de contratos y horas de trabajo de los eventuales de Limasa.

 Cuando en diciembre de 2013 se alcanzó un acuerdo  para desconvocar la huelga de Limasa, que suponía una rebaja salarial para los trabajadores, el alcalde y el concejal de Medio Ambiente explicaron que lo que la empresa se ahorraba en salarios sería usado para contratar a más trabajadores/as eventuales para mejorar la limpieza de la ciudad.

A día de hoy, y con los datos en la mano, podemos decir claramente que el Alcalde y el concejal de Medio Ambiente mintió, ya que se ha incumplido  su compromiso de que se iba a realizar más contrataciones, pero es que, después del plan de choque de limpieza que se realizó junto antes de las elecciones, no es que las contrataciones de eventuales no hayan aumentado, sino que se han reducido drásticamente, al igual que las horas efectivas de trabajo que en los contratos de han contemplado

En julio se han realizado 39 contratos de 4 días por semana, 7 de tres días por semana, cuatro de dos días por semana y alrededor de poco más de doscientos de un día por semana (cuatro días al mes) lo que está repercutiendo en el servicio que se presta y empeorando la limpieza de la ciudad.

La consecuencia de este bajón en el número de operarios en activo es que la limpieza de las calles se realiza de manera insuficiente, apenas cubre los mínimos exigibles y con graves deficiencias. Los barrios están cada día  más sucios. Las deficiencias en el servicio no solo se perciben en el barrido, sino también en otros como la recogida selectiva o el baldeo, que prácticamente se reduce a las actuaciones imprescindibles.

Este recorte en la limpieza de la ciudad está causando alarma en la ciudadanía, a diario recibimos quejas vecinales en este sentido desde todos los distritos de la ciudad. A nuestro Grupo le preocupa mucho el devenir de esta situación, sobre todo ya en pleno verano, donde aparece la necesidad de dedicar operarios a la limpieza de playas y se multiplica la población de la ciudad debido al turismo.

También en la limpieza de las playas se han reducido, en un 50 por ciento, las horas efectivas de trabajo, ya que a los eventuales que han empleado en estas tareas se les ha hecho un contrato de dos días y de media jornada, en vez de la jornada completa como venía siendo lo habitual.

Asimismo no nos parece correcto que se haya utilizado a trabajadores/as de los planes de empleo de la Junta de Andalucía para la limpieza de las playas y paseos marítimos, cuando según el contrato y el pliego de condiciones le corresponde a Limasa prestar ese servicio y estamos pagando mucho dinero para que presten ese servicio y el equipo de gobierno ha permitido que la parte privada se lo ahorre.

Si Limasa no rectifica su política de recorte de contrataciones en la temporada turística la imagen turística de la ciudad, que es la principal industria malagueña, podría dañarse de manera preocupante.

El Grupo Municipal de Málaga para la gente se ha reunido con los eventuales de LIMASA y ha podido comprobar la justa indignación de sus trabajadores, tanto de la plantilla eventual que comprueba como la reducción de contratos dificulta el poder trabajar horas suficientes como poder recibir un salario que permita la supervivencia, como de la plantilla fija que recuerda que aceptaron solidariamente una rebaja salarial para permitir aumentar la contratación de sus compañeros eventuales y ahora se preguntan dónde ha ido a parar ese dinero detraído de sus sueldos si los eventuales en vez de aumentar disminuyen.

Los representantes de los trabajadores también nos han mostrado su preocupación por el hecho de que desde la dirección de LIMASA, no solo se está contratando a menos eventuales, sino que además estas contrataciones se están haciendo saltándose la bolsa de trabajo, una irregularidad laboral gravísima que este Ayuntamiento debe investigar inmediatamente y poner todas las medidas para que no vuelva a repetirse.

A esto se añade, la situación añadida de falta de respeto a los derechos de los/as trabajadores/as de Limasa, tanto de los fijos como de los eventuales, que han sido vulnerados por saltarse la normativa laboral y por las constantes irregularidades que se están produciendo en las bolsas de trabajo de Limasa.

Por lo anteriormente expuesto, proponemos la adopción de los siguientes

 A C U E R D O S

1º.- Instar al equipo de gobierno a que se cumplan el compromiso adoptado, tras los acuerdos alcanzados en diciembre de 2013 y los que posteriormente se alcanzaron con los eventuales de LIMASA antes de las elecciones, de que este redundaría en una mayor contratación de eventuales para reforzar el trabajo del personal fijo y temporal para una mejor limpieza de la ciudad.

2º- Instar el equipo de gobierno a investigar las irregularidades laborales y de las bolsas de trabajo de Limasa denunciados por los representantes de los trabajadores/as, tanto fijos como temporales, adoptando todas las medidas necesarias para ponerles fin y depurar las responsabilidades sobre estos hechos.

Remedios Ramos Sánchez

Concejala del Grupo Municipal Málaga para la gente

Málaga,  9 de Julio de 2015

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