Moción relativa a las declaraciones sexistas, frívolas, lamentables y degradantes para las mujeres de la concejala de Servicios Operativos, Régimen Interior, Playas y Fiestas.

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MOCIÓN

Que presenta la concejala del grupo municipal de Málaga para la gente, Remedios Ramos Sánchez, a la Comisión de Sostenibilidad Medioambiental, relativa a las declaraciones sexistas, frívolas, lamentables y degradantes para las mujeres de la concejala de Servicios Operativos, Régimen Interior, Playas y Fiestas.

En numerosas ocasiones hemos tenido que oír hablar en medios de comunicación de actitudes e incluso de agresiones sexistas de diverso tipo, a menudo durante los días de fiestas de pueblos y ciudades, que en algunos casos han sido escenario de hechos inaceptables, ya se trate de actitudes o de agresiones verbales, físicas o sexuales. En bastantes ocasiones parece ser que el sexismo que todavía caracteriza nuestra sociedad, se convierte en algo normalizado.

A los hechos en sí tenemos que añadir ciertos comentarios y declaraciones públicas intolerables en este sentido, que demuestran hasta dónde puede llegar este sexismo, como las declaraciones de la concejala de Servicios Operativos, Régimen Interior, Playas y Fiestas, Teresa Porras, en las que afirmó, refiriéndose a la Feria, que “las niñas iban con las bragas en la mano para que se le secaran”.

A nuestro juicio se trata de unos comentarios sexistas, deplorables y tan degradantes para las mujeres que no son propios de alguien con responsabilidades públicas, y desde el mismo momento en que se produjeron y tuvieron eco mediático nuestro grupo recibido llamadas de colectivos de mujeres de Málaga y de otras ciudades, en los que le mostraban su indignación con el audio en el que se puede escuchar a la Sra. Porras faltando al respeto en público a las jóvenes malagueñas, y porque además no parece inmutarse ante el comentario que ha levantado la polémica.

Son unas declaraciones que no podemos permitir aquellos grupos, instituciones y personas que trabajamos cada día por los derechos de la mujer, esta grosería no deja de ser sorprendente a la vez que inadmisible y debe tener consecuencias políticas.

Estas declaraciones ponen de manifiesto una intención de frivolizar y banalizar una vez más a las mujeres, tanto que la delegada para la Violencia de Género ha dicho que es “desmoralizante y desolador” escuchar dichas declaraciones, a la vez que recordó que las personas con responsabilidades públicas “deben dar un respeto absoluto a la Constitución, que habla de igualdad entre hombres y mujeres, y de respeto a los derechos humanos”.

Sin embargo, la concejala del equipo de gobierno no retiró dichas palabras ni pidió disculpas, por el contrario se reafirmó en las mismas y dijo que “por decir la verdad” no va a dimitir de su cargo, a la vez que el alcalde la ciudad de la ciudad y su equipo de gobierno, la apoyaban y restaban importancia a estas declaraciones. Además de toda esta carga sexista que contienen estas declaraciones, también se ha dañado la imagen de la Feria de Málaga que ha sido noticia por esto a nivel nacional.

En atención a todo lo anterior, proponemos la adopción de los siguientes

A C U E R D O S

1º.- Exigir a la concejal de Servicios Operativos, Régimen Interior, Playas y Fiestas, que retire y pida disculpas públicas por las declaraciones sexistas en las que afirmó, refiriéndose a la Feria, que las niñas iban con las bragas en la mano para que se le secaran, y que dimita por las mismas.

2º.- Reprobar al alcalde y a su equipo de gobierno por apoyar estos comentarios de carácter sexista y por restar importancia a estas declaraciones tan frívolas, lamentables, intolerables, deplorables y tan degradantes para las mujeres que no son propias de alguien con responsabilidades públicas.

Remedios Ramos Sánchez
Concejala del Grupo Málaga para la Gente

Málaga, 9 de septiembre de 2015

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Moción relativa medidas para acoger a refugiados de países en conflicto y la declaración e integración de Málaga en una red de ciudades-refugio que aloje a refugiados y demandantes de asilo.

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MOCIÓN

Que presenta la concejala del grupo municipal de Málaga para la Gente, Remedios Ramos Sánchez, a la Comisión de Pleno de Derechos Sociales, Cultura, Educación, Deporte y Juventud, relativa medidas para acoger a refugiados de países en conflicto y la declaración e integración de Málaga en una red de ciudades-refugio que aloje a refugiados y demandantes de asilo.

Conscientes de la gravedad de la situación por la que atraviesan miles de personas, ante la crisis que se está viviendo en sus países de origen, nuestra ciudad debe seguir siendo fiel a su tradición de lugar de encuentro y convivencia de distintas nacionalidades y culturas, así como de su incuestionable voluntad humanitaria y de cooperación internacional.

La primera en el peligro de la Libertad, la muy Noble, muy Leal, muy Hospitalaria, muy Benéfica y siempre Denodada Ciudad de Málaga quiere expresar claramente su voluntad de encuadrarse dentro de las ciudades solidarias, con aquellos que atraviesan por situaciones de auténtica emergencia vital.

La difícil situación que están viviendo miles de refugiados y desplazados en Europa, procedentes de diferentes países con conflictos bélicos abiertos o donde existe un flagrante incumplimiento en materia de derechos humanos, como Siria, Irak o Libia, requiere de la inmediata reacción de toda la ciudadanía europea y de su representación política. La crisis humanitaria que actualmente viven de miles de familias debe ser respondida con humanidad, solidaridad y respeto a los derechos de asilo y refugio.

Por esto consideramos que el Ayuntamiento pleno debe declarar Málaga como Ciudad-Refugio y establecer y desarrollar las medidas de acogida y asilo necesarias, sumándose a la red de ciudades de acogida impulsada por ayuntamientos como el de Barcelona o Madrid para hacer frente al drama de los refugiados que llegan a Europa procedentes de países como Siria, Irak o Libia.

Nuestro Ayuntamiento no debe quedarse al margen de esta iniciativa que se está articulando en el conjunto del Estado para acoger a las personas que huyen de la guerra y el fanatismo. El consistorio no puede darle la espalda a este drama humanitario y las administraciones más cercanas a la gente tiene el deber de ejercer la solidaridad con las miles de personas necesitadas de protección internacional y que estos días tratan de cruzar las fronteras de la Unión Europea.

Esta declaración mostraría, además, al Gobierno central, que la gente de Málaga está con los refugiados y está dispuesta y deseosa de acoger al número de refugiados que se determine, obligando al gobierno al cumplimiento de la legislación vigente en cuestiones de derecho de asilo y refugio.

Es una cuestión de derechos humanos y, por tanto, los ayuntamientos deben implicarse también en la búsqueda de soluciones y adoptar medidas como la posibilidad de que familias malagueñas acojan a refugiados que huyen de los conflictos de Oriente próximo y que se elabore de forma inmediata un registro de las familias que quieran recibirlos y acogerlos.

A nuestro juicio, la presión popular puede ser muy útil para romper la dinámica establecida por algunos gobiernos, como el español, que afirman que no tienen medios suficientes para ampliar sus cuotas de aceptación de refugiados, cuando la realidad es que los números de acogimiento que maneja el Estado español no son ni un 3% del total de lo que llega a Europa.

En atención a todo lo anterior, proponemos la adopción de los siguientes

A C U E R D O S

1º.- El Ayuntamiento declara Málaga como Ciudad-Refugio y establecerá y desarrollará todas las medidas de acogida y asilo que sean necesarias, sumándose a la red de ciudades de acogida impulsada por otros ayuntamientos como el de Barcelona o Madrid para hacer frente al drama de los refugiados que llegan a Europa procedentes de países como Siria, Irak o Libia, y otros países en conflicto.

2º.- La creación de un grupo de trabajo con todas las organizaciones que trabajan con personas refugiadas como Málaga Acoge, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la Cruz Roja o ACCEM, para estudiar e impulsar medidas inmediatas como pudieran ser que se elabore un registro de las familias que quieran recibir a estos refugiados o facilitar pisos de acogida a estas personas.

3º.- Instar al gobierno central, de manera oficial e institucional, a que modifique su posición ante la situación de las personas refugiadas, facilitando su entrada y acogida, tanto en nuestro país como en el resto de la UE, haciéndose eco de los reclamos ciudadanos y de las voces que solicitan una solución a un drama de las características que estamos viviendo en la actualidad.
4º.- Instar a la Junta de Andalucía, el Gobierno central y la Unión Europea, para que pongan los medios necesarios para la acogida urgente de las personas refugiadas, uniendo esfuerzos y recursos.

Remedios Ramos Sánchez
Concejala del Grupo Málaga para la Gente

Málaga, 3 de septiembre de 2015

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Moción urgente para la modificación de la tarifa por consumo doméstico de agua potable.

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MOCIÓN URGENTE

Que presenta el portavoz del Grupo de Málaga para la gente, Eduardo Zorrilla Díaz, y la portavoz adjunta, Remedios Ramos Sánchez, a la consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno, para la modificación de la tarifa por consumo doméstico de agua potable.

La vigente tarifa por consumo doméstico de agua, ha supuesto desde su aprobación, una subida encubierta para buena parte de los usuarios, y ha suscitado el rechazo de gran parte de la ciudadanía.

El problema de esta tarifa es que, usando como coartada la facturación por habitante, algo recomendado por el Defensor del Pueblo y apoyado por asociaciones de consumidores y ecologistas, se aprovechó para modificar la forma de aplicar la progresividad con la intención y resultado de elevar el precio a la mayoría, con el agravante de que los verdaderos grandes derrochadores de agua se les cobra prácticamente lo mismo que al consumidor medio, desincentivando así el consumo moderado.

Para aplicar la progresividad necesaria en la factura por consumo doméstico del agua, EMASA cobra el precio de cada litro con 4 precios distintos según la cantidad que se consuma. Así, el precio del agua consumida se divide en 4 “bloques”, cobrando los primeros litros al precio más barato marcado por el bloque I, y si se supera el consumo marcado para ese bloque los siguientes litros se tarifican más caros, a precio de “bloque II”, y así sucesivamente hasta los bloques III y IV, que deberían corresponder a “los grandes despilfarradores”.

-Bloque I, hasta 2 metros cúbicos habitante/mes (66 litros por habitante/ día)
-Bloque II, entre 2 y 3 metros cúbicos al mes (de 66 a 98 litros por habitante y día).
-Bloque III entre 3 y 5 metros cúbicos al mes (de 98 a 164 litros al día)
-Bloque IV cuando se superan los 5 metros cúbicos mensuales (más de 164 litros diarios).

De esta forma, en el primer bloque de pago, antes había un total de 5.000 litros y ahora sólo 2.000 por habitante; en el segundo, la diferencia es aún mayor, ya que de 7.000 litros han pasado a 1.000 litros por habitante, significa que están diseñados para que necesariamente tengamos que pasar por los bloques 2 y 3 y así pagar más.

El resultado es que se ha pasado de incluir el consumo medio (112 litros por persona y día) del bloque I al bloque III, estableciendo para los dos primeros bloques unos consumos mínimos que sólo podrían conseguirse a costa de la higiene personal o del hogar. De esta forma, se ha penalizado con subidas de entre el 6% y el 28% con respecto a las vigentes un año antes para las viviendas con una o dos personas con consumos moderados, es decir, entre 3 y 4 metros cúbicos mensuales por habitante y del 10%, en familias de tres miembros con consumos de 4 metros cúbicos.

Además, se ha de tener en cuenta que unos 60.000 hogares en la provincia de Málaga se encuentran en situación de pobreza energética por los problemas que tienen para poder afrontar el pago de las facturas del agua, la luz, el gas y otros suministros.

El equipo de gobierno oculta la principal causa del tarifazo: EMASA, es una empresa pública rentable pero desde hace años arrastra un enorme endeudamiento creado artificialmente para financiar los derroches del equipo de gobierno a través de varias operaciones de ingeniería financiera. El Ayuntamiento siempre consideró las redes de suministro de agua como de titularidad de EMASA. Sin embargo, en 2009 cambió este criterio, para declararlas municipales y cobrar un canon de 75 millones de euros a EMASA. No era el primer canon que se le imponía: en 1994, con gobierno municipal del PSOE, ya se le cobró un canon de 42 millones de euros por la concesión de las redes de saneamiento. Y en 2006, se le aplicó otro canon por depuración por 52 millones. En total, EMASA ha tenido que endeudarse por 170 millones de euros para pagar los diversos cánones aprobados por los gobiernos municipales de PSOE y PP.

Para el grupo municipal de Málaga para la gente, el agua es un recurso natural y social, además de un derecho humano, lo que exige un fuerte progresividad en la forma de facturación, ya que por un lado es necesario garantizar un precio asequible a todas las personas para el consumo básico, pero también es necesario tasar fuertemente a los grandes despilfarradores, contribuyendo así a promover un consumo responsable de este bien esencial pero finito.

Por lo anteriormente expuesto, proponemos la adopción de los siguientes

A C U E R D O S

1º.- Instar al equipo de gobierno a constituir una mesa de trabajo con grupos políticos, asociaciones de consumidores y usuarios, ecologistas y vecinales para consensuar una nueva tarifa del consumo doméstico del agua

2º.- Instar al equipo de gobierno a presentar una propuesta de modificación de la ordenanza de suministro del agua, que manteniendo la tarificación por habitante, contemple una nueva estructura por bloques que garanticen una mayor progresividad, así como unos importes que no penalicen a los consumos medios por habitante y día, y que asegure un precio asequible para el consumo básico y la cobertura de acceso al agua, con un mínimo garantizado, a las personas y familias sin recursos.

Eduardo Zorrilla Díaz                                                                                  Remedios Ramos Sánchez
Portavoz Grupo Málaga para la gente                                                      Portavoz Adjunta Grupo Málaga para la gente

Málaga a 23 de julio de 2015

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Moción relativa al desmantelamiento de las antenas de telefonía móvil irregulares en Los Guindos.

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MOCIÓN

Que presenta el portavoz del Grupo Municipal de Málaga para la gente, Eduardo Zorrilla Díaz, y la portavoz adjunta, Remedios Ramos Sánchez, a la consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno, relativa al desmantelamiento de las antenas de telefonía móvil irregulares en Los Guindos.

Hace ya casi tres meses que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en su sesión ordinaria de abril de 2015, acordó iniciar los trámites para el desmantelamiento de antenas de telefonía móvil irregulares y sus soportes en la Avda. Gregorio Diego, 37 y Camino del Pato nº 11 al 15, así que la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) remitiera al juzgado el escrito solicitando la ejecución de la sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que afecta a alguna de las mismas

Existe una gran preocupación del AMPA del CEIP Los Guindos y también de muchos vecinos porque recientemente han estado en el juzgado y les han informado que todavía no se había recibido ningún escrito solicitando la ejecución de la sentencia. Tampoco, ni por parte de ningún miembro del equipo de gobierno, ni de la Gerencia de Urbanismo, ni por parte de la Junta de Distrito, se le ha informado en ningún momento ni se les está informando de las gestiones que se están realizando para dar cumplimiento a la Moción aprobada, ni saben absolutamente nada sobre las acciones que se están tomando para cumplir los acuerdos.

Estas antenas de telefonía móvil en los edificios situados en la Avda. Gregorio Diego, 37 y Camino del Pato 11 al 15, están situadas a menos de 30 metros de las instalaciones del Colegio, y cerca de otros espacios públicos y del Centro de Salud. Los vecinos y toda la comunidad educativa llevan años reclamando el desmantelamiento de dichas instalaciones, sin mucho éxito ni apoyo por parte del consistorio, ya que ni siquiera se ha desmantelado una antena con sentencia judicial firme que obliga a Urbanismo a su retirada, ya que los servicios jurídicos municipales no han reclamado desde hace años la ejecución de dicha sentencia, y además de las 14 antenas que se instalaron en 2002 se han instalado 3 más a posteriori.

En el año 2002 se instalaron 14 antenas de telefonía en las terrazas de los edificios situados en la Avda. Gregorio Diego, 37 y en el Camino del Pato nº 11 al 15, puesto que algunas de las mismas carecían de Licencia Municipal fueron denunciadas por los vecinos. La Gerencia de Urbanismo toleró esta situación, de hecho esas antenas aún sin licencia y con sentencia judicial firme que obliga a Urbanismo a su retirada, a fecha de hoy todavía siguen ahí.

En el año 2011, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ordenó el desmantelamiento de las antenas. Aunque las compañías recurrieron, la sentencia se hizo firme al no estimarse el recurso de las compañías. Sin embargo, como consta en la diligencia de ordenación 24/04/2012, no se ha ejecutado de forma voluntaria la sentencia firme, ni tampoco se ha solicitado (por parte de Urbanismo) mediante interposición de demanda ejecutiva, la ejecución forzosa de la misma.

Cabe la posibilidad de reapertura de las actuaciones con la interposición de una demanda ejecutiva por parte de la Gerencia de Urbanismo antes de 2016. No queremos pensar que se está dejando pasar el tiempo para que transcurrido este plazo y pese a la sentencia dejar las antenas.

Los vecinos han protestado por esta situación y no entienden por qué motivo el equipo de gobierno no está haciendo nada para cumplir con la moción plenaria aprobada por unanimidad, ni qué está llevando a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, pese a su deber de cumplir y de hacer cumplir la Ley, a ignorar una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 2011, no interponiendo una demanda ejecutiva para que se cumpla.

Estas antenas están situadas a escasa altura, a 25 metros de las aulas de infantil y primer ciclo de primarias (3 a 7 años); a pocos metros más del edificio principal (alumnos de 8 a 12 años) a 30 metros de un parque público y a menos de 100 metros del Centro de Salud Puerta Blanca.

El AMPA del CEIP Los Guindos, toda la comunidad educativa, y los vecinos de la zona han recogido más de 2.000 firmas, la mayoría de las mismas fueron ya presentadas en el registro municipal el pasado día 16 de abril de 2015, reclamando el desmantelamiento de las antenas que ordenó una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, así como que se proceda al desmantelamiento de las restantes que incumplían la ordenanza municipal cuando fueron instaladas, sin contestación a fecha de hoy.

Por lo anterior, y por ser de justicia, reclamamos al equipo de gobierno el cumplimiento de la moción aprobada por unanimidad por el Excmo. Ayuntamiento Pleno y que se realicen las gestiones e inicien los trámites para el cumplimiento de los acuerdos adoptados y el desmantelamiento de las mismas, y la ejecución de la sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que afecta a algunas de las mismas.

En atención a lo expuesto, planteamos la adopción de los siguientes

A C U E R D O S

1º.- Instar al equipo de gobierno a que, en el caso de que aún no lo hubiera hecho, solicite de forma inmediata, mediante interposición de demanda ejecutiva, la ejecución forzosa de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, como consta en la diligencia de ordenación 24/04/2012, que afecta a las referidas antenas de telefonía móvil cuyo desmantelamiento reclama el AMPA del CEIP Los Guindos.

2º.- Impulsar las gestiones oportunas para el cumplimiento de la moción aprobada por unanimidad por el Excmo. Ayuntamiento Pleno y que se inicien los trámites para llevar a cabo los acuerdos adoptados en la misma, así como facilitar toda la información y dar cuenta de los trámites y gestiones a los afectados.

Eduardo Zorrilla Díaz                                                                                    Remedios Ramos Sánchez
Portavoz Grupo Málaga para la gente                                                        Concejala Grupo Málaga para la gente

Málaga, 15 de Julio de 2015

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Moción relativa a la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana que supone un retroceso inaceptable de las libertades públicas y pone en riesgo el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, e invade competencias que son propias de las Entidades Locales, como el propio Ayuntamiento de Málaga.

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MOCIÓN

Que presenta el portavoz del Grupo Municipal de Málaga para la gente, Eduardo Zorrilla Díaz, y la portavoz adjunta, Remedios Ramos Sánchez, a la consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno, relativa a la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana que supone un retroceso inaceptable de las libertades públicas y pone en riesgo el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, e invade competencias que son propias de las Entidades Locales, como el propio Ayuntamiento de Málaga.

Ante la entrada en vigor de la reforma del Código Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana (más conocida como Ley Mordaza), el Grupo Municipal de Málaga para la gente tiene que manifestar que esta Ley supone un retroceso inaceptable de las libertades públicas y de las vías de participación democrática, limita y pone en riesgo el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, vulnera los principios de Seguridad Jurídica y de proporcionalidad, e invade claramente competencias que son propias de las Administraciones Regionales y de las Entidades Locales, por eso queremos que el Ayuntamiento de Málaga solicite al gobierno central la retirada inmediata de la misma.

Se trata, además, de una Ley que tiene en contra no solo a toda la oposición parlamentaria sino a organismos internacionales, como el Consejo de Europa, y de organizaciones no gubernamentales muy importantes, como por ejemplo Cáritas. Es una normativa que limita en exceso, los derechos y las libertades fundamentales, como la Libertad de Expresión o de Manifestación, y tiene como finalidad principal restringir de manera arbitraria las reivindicaciones de los ciudadanos, al mismo tiempo que obliga a los ciudadanos a demostrar su inocencia ente las sanciones administrativas.

Pese a todo esto, veintiún años después de la aprobación de la Ley de Seguridad ciudadana 1/92, también denominada “Ley Corcuera”, que tumbó en gran parte de su articulado el Tribunal Constitucional, el Gobierno del PP ha aprobado, en su tónica del “reformazo regresivo”, una nueva Ley que vendrá a sustituir la ya criticable Ley del 92, que costó el cargo al entonces Ministro del Interior, y que supone un claro retroceso social, un anacronismo constitucional, un trasnochado concepto de orden público y un claro atentado contra derechos y libertades democráticas.

Es un texto redactado en paralelo a la reforma del Código Penal, también de un marcado carácter restrictivo en derechos, y que viene a compensar la eliminación de la mayoría de las infracciones penales tipificadas como faltas, que con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana pasarían a considerarse infracciones administrativas de carácter muy grave, grave o leve.

La discrecionalidad que otorga a la administración a la hora de establecer sanciones, la elevada cuantía de las mismas, que en el caso de las infracciones muy graves podrían llegar a los 600.000€ y la fijación en la regulación de conductas habituales en las protestas ciudadanas, definen a esta Ley como la “Ley Mordaza”. Se habilita, un procedimiento administrativo que legaliza la criminalización y persecución de las movilizaciones y crea un instrumento gubernamental, para imposibilitar derechos democráticos básicos como la libertad de expresión y de manifestación que recoge nuestra Carta Magna como derechos fundamentales.

La norma pretende tipificar nuevas figuras delictivas, considerando tales como los escraches (a diferencia de la opinión del presidente del Supremo, Gonzalo Moliner, que declaró que “no es posible decir a priori si un escrache es o no legal”), las concentraciones ante el Congreso y el Senado o la escalada en fachadas oficiales (como ocurrió con el Palacio de las Cortes). Sanciona el uso de capuchas en manifestaciones, faculta a la policía a establecer “zonas de seguridad” en perímetros urbanos, y habilita a las fuerzas y cuerpos de seguridad  a retirar de forma expeditiva vehículos que taponen una vía pública, en caso de que los concentrados desobedezcan la orden de los antidisturbios de despejar la zona. No se citan expresamente, pero todo indica que apunta a impedir tractoradas, marchas de taxistas o de camioneros.

La Ley, supone una merma en los derechos de reunión y manifestación, sobre todo; además de castigar duramente la participación pacífica en una movilización para impedir un desahucio, por ejemplo.  El PP con este Ley intenta desorganizar al pueblo, que tengamos miedo de seguir luchando por  nuestros derechos, pero necesitaba dar una cobertura legal a todas las actuaciones desproporcionadas que ha realizado el Gobierno Central contra los activistas, dado que muchas de ellas se echaban para atrás en los juzgados. Es una Ley injusta, contraria a todos los derechos fundamentales.

Esta breve descripción de algunas conductas que serán reguladas por esta ley, nos indica que este proyecto de “Ley Mordaza”, vuelve a ubicar la seguridad ciudadana en la órbita del viejo concepto de orden público, muy alejado de la concepción democrática y constitucional de la seguridad.

Otra Ley más, por tanto, que supone un claro retroceso social, un anacronismo constitucional, un trasnochado concepto de orden público y un claro atentado contra derechos y libertades democráticas, que son encorsetadas en procedimientos sancionadores que pretenden impedir la protesta, cualquier crítica y la demostración cívica de desacuerdo político.

Por todo lo anterior, proponemos los siguientes

ACUERDOS

1º.- Exigir al Gobierno Central la inmediata derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana que supone un retroceso inaceptable de las libertades públicas y de las vías de participación democrática, limita y pone en riesgo el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, vulnera los principios de Seguridad Jurídica y de proporcionalidad, e invade claramente competencias que son propias de las Administraciones Regionales y de las Entidades Locales, como el propio Ayuntamiento de Málaga, tras ser aprobada en el Congreso de los Diputados, o cuando así lo permita la próxima mayoría parlamentaria.

2º.- Solicitar un debate consensuado entre todas las fuerzas políticas, para la elaboración de un texto que regule la materia de seguridad ciudadana, incluyendo, en el debate así mismo, la Reforma de la Ley 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, superada y obsoleta en muchos de sus aspectos, así como  la Ley Orgánica general penitenciaria. Todo ello, con el objetivo, de reformar con carácter integral, todos aquellos aspectos relacionados con la seguridad, que deberá conformar un amplio debate social, enfocado no únicamente desde los tradicionales aspectos reactivos sino y fundamentalmente, preventivos, enfocando el análisis del delito y su contención, como un problema social que abarca variables socioeconómicas y que requiere un amplio trabajo de carácter transversal.

3º.- Exigir la dimisión del actual Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, impulsor de la presente Ley, cuyos postulados preconstitucionales, son inconcebibles en una democracia, así como, por su reiterada disposición de conculcar los derechos humanos, defendiendo por ejemplo el uso de concertinas que dañan a numerosos seres humanos en nuestras fronteras, que solo desean una vida mejor.

4º.- Dar cuenta de los acuerdos plenarios al Ministerio del Interior, el Congreso y el Senado, a los portavoces de los grupos parlamentarios, al Sub-delegado del Gobierno de España, al Parlamento Andaluz, y a las Asociaciones de Vecinos y Colectivos Sociales de Málaga.

Eduardo Zorrilla Díaz                                                                                        Remedios Ramos Sánchez
Portavoz Grupo Málaga para la gente                                                            Concejala Grupo Málaga para la gente

Málaga, 15 de Julio de 2015

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Moción relativa a la aprobación de protocolos de actuación para hacer frente a los desalojos, por motivos económicos, de primeras residencias o vivienda habitual y medidas para frenar los desahucios.

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MOCIÓN

Que presenta el portavoz del Grupo Mpal. Málaga para la gente, Eduardo Zorrilla Díaz, y la portavoz adjunta, Remedios Ramos Sánchez, a la consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno, relativa a la aprobación de protocolos de actuación para hacer frente a los desalojos, por motivos económicos, de primeras residencias o vivienda habitual y medidas para frenar los desahucios.

Las políticas de vivienda son garantía de cohesión social en tiempos de crisis, una crisis que ha conllevado al aumento del paro, y con ella miles de personas en una situación límite que les impide cubrir sus necesidades básicas como el pago de su vivienda habitual. Desde que estalló la crisis, es decir, entre 2008 y el primer trimestre de 2015, se han iniciado 598.747 procesos de ejecución hipotecaria.

A pesar de las casi 600.000 ejecuciones hipotecarias iniciadas en España desde 2008, el Gobierno ha adoptado medidas insuficientes, que  no han protegido la vivienda como un derecho humano. Su alcance ha sido muy restrictivo, beneficiando únicamente a 31.500 familias. Además, las autoridades han invisibilizado la gravedad de la situación, al no ofrecer datos desagregados de cuántas personas se han visto afectadas por las ejecuciones hipotecarias ni realizar evaluaciones de impacto en derechos humanos de las políticas de vivienda, incluido el impacto de género.

En materia de vivienda y desahucios, tanto cuantitativamente como cualitativamente, no hay signos de la supuesta recuperación económica, puesto que no se ha parado ni evitado la escalada de los desahucios. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ),  entre el 1 de enero y el 31 de marzo de este año, el número de lanzamientos practicados fue de 18.869, lo que supone un incremento del 2,1 % respecto a los 18.485 del mismo periodo de 2014.

El número total de inscripciones de certificaciones por ejecuciones hipotecarias iniciadas en el primer trimestre de 2015 es de 30.952, lo que supone un 0,9% más que el cuarto trimestre de 2014. El 78,2% de las viviendas de personas físicas con ejecución hipotecaria (8.802) son viviendas habituales en propiedad. Tomando como referencia las viviendas familiares (18.363.500) existentes en España en el primer trimestre del año 2015, el 0,048% iniciaron una ejecución hipotecaria en el primer trimestre. En el primer trimestre de 2015 las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas concentran el 57,5%. El 12,9% de las ejecuciones hipotecarias en el primer trimestre son sobre viviendas nuevas y el 87,1% sobre usadas.

Los datos de Estadística muestran que el 21,1% de las ejecuciones hipotecarias iniciadas sobre viviendas en el primer trimestre corresponde a hipotecas constituidas en el año 2007, el 15,2% a hipotecas constituidas en 2006 y el 11,8% a hipotecas de 2008. El periodo 2005-2008, el del apogeo de la burbuja inmobiliaria, concentra el 58,9% de las ejecuciones hipotecarias iniciadas este trimestre

Más de la mitad de los lanzamientos o desahucios, el 52,6%, se derivó del impago de alquileres en aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU); el 43,3%, de ejecuciones hipotecarias, y el 4,1%, por otras causas. Los lanzamientos consecuencia de la LAU disminuyeron un 0,3% en términos interanuales, mientras que los derivados de ejecuciones hipotecarias aumentaron un 6%.

El informe de Amnistía internacional acusa al gobierno incumplir sus obligaciones:

“El Gobierno está incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia del derecho a la vivienda. Ni siquiera ha consultado a las personas afectadas ni a las organizaciones”, ha asegurado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. “Mientras la vivienda se siga considerando como un bien de consumo e inversión, en lugar de como un verdadero derecho humano, con obligaciones para las autoridades, no se hará frente a esta situación”, ha añadido.
En un momento de crisis económica, como el actual, es cuando las personas necesitan de una mayor protección, por esto Amnistía Internacional considera que las autoridades, además de medidas insuficientes, han adoptado otras regresivas injustificadas, contrarias al derecho internacional, como la reducción, en más del 50% del gasto público en vivienda entre 2008 y 2015.

La organización recuerda que, según el derecho internacional, existe la obligación de utilizar el máximo de recursos disponibles para garantizar el acceso al derecho a la vivienda de las personas, especialmente de las que estén en situación de mayor vulnerabilidad. Sin embargo, España cuenta con uno de los porcentajes de vivienda social más bajos de la Unión Europea, un 1,1% sólo superado por Grecia y lejos de otros como Holanda (32%), Austria (23%), Reino Unido (18%) o Francia (17%).

Además, en un país con más de tres millones de viviendas vacías, aproximadamente el 30% de todas las que existen en Europa, las autoridades de ambas comunidades y el Gobierno central no han intensificado su uso, tal y como recomendaba ya en 2008 el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a una vivienda adecuada.

Asimismo, Amnistía Internacional recuerda que la Sareb (también conocida como “banco malo” es una sociedad anónima de gestión de activos transferidos por las entidades bancarias nacionalizadas y en proceso de reestructuración) tiene en su propiedad 80.000 viviendas. La organización considera que el Gobierno debería modificar el mandato de la Sareb y promover así el uso de esas viviendas, para asegurar el acceso a las mismas de un mayor número de personas.

En momentos como estos, se tienen que encontrar soluciones inmediatas y eficaces, soluciones reales a los problemas que sufre la ciudadanía, como es la situación que se está produciendo en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en Andalucía y en todo el conjunto del Estado español, en torno a los procesos de desalojos de familias de sus viviendas habituales. Tenemos que evitar las consecuencias de la crisis que no recaigan sobre la parte más vulnerable del contrato hipotecario, las familias.

Ahora más que nunca son indispensables políticas que den garantías reales a los afectados por una situación de insolvencia, de una forma inmediata y para el futuro. Las medidas adoptadas hasta el día de hoy han sido insuficientes para resolver o paliar la situación de los deudores hipotecarios. Los ayuntamientos, como Instituciones más cercanas a la ciudadanía y conocedores de primera mano de sus problemas, no se pueden quedar de brazos cruzados.

El comportamiento de los desahucios permite comprobar el poco impacto que en cómputo global tienen las diferentes oficinas de atención a los afectados creadas por los Ayuntamientos para favorecer la renegociación con los bancos y detener los lanzamientos. Y por otro lado, demuestran que la mejoría de los datos de empleo que reflejan las estadísticas no han aliviado las economías de las familias más golpeadas por la crisis, a las que les sigue resultando igual de difícil asumir los costes de la vivienda.

El Ayuntamiento abrió una oficina para atender los casos de desahucios en el año 2012, ubicada en el edificio de Servicios Múltiples Municipales del paseo marítimo Antonio Machado, con el objetivo de garantizar una asistencia ágil a los ciudadanos que acudan a ella por estar en riesgo de ser sometidos a un procedimiento de embargo de su vivienda habitual o que se encuentren inmersos ya en el mismo.

La oficina se puso en marcha en virtud del convenio para implantar un servicio de atención a los afectados, suscrito con el Colegio de Abogados el 16 de octubre de 2012. El servicio está adscrito a la Oficina Municipal de Información al Consumidor, dependiente del Área de Promoción Empresarial y del Empleo, así como al Área de Derechos Sociales y al IMV. Pero sin llegar a ser una entidad propia, sin presupuesto ni dotada de personal más allá del que aportan las mencionadas áreas a la misma.
El artículo 47 de la Constitución Española establece que los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y exhorta a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general, para impedir la especulación.

La próxima Directiva europea sobre hipotecas, exigirá a los Estados miembros adoptar medidas para proteger a los consumidores con problemas para pagar su deuda y evitar el sobreendeudamiento.

Pero más allá de la necesidad de todos los cambios legislativos y de todas las medidas políticas y jurídicas que se tienen que realizar en el ámbito europeo, estatal y en el autonómico, no podemos estar indiferentes ante este drama que afecta a familias de nuestro municipio.

En atención a todo lo anterior, proponemos la adopción de los siguientes

A C U E R D O S

1º.- Declarar Málaga como ciudad contraria a los desalojos de viviendas familiares habituales o de primera residencia, así como iniciar un proceso para aprobar, con el correspondiente apoyo y soporte técnico, y la participación y consenso de agentes sociales, asociaciones vecinales y de consumidores, y las asociaciones de afectados por los desahucios, un protocolo de actuación para así hacer frente a los desalojos, por motivos económicos, de primeras residencias o vivienda habitual para unidades familiares.

2º.- Constituir una Comisión de Seguimiento formada por el consistorio, grupos políticos, agentes sociales, asociaciones vecinales, de consumidores, y las asociaciones que trabajan con los afectados por los desahucios, e invitar cuando se considere conveniente a los técnicos responsables, que tenga como objetivo proponer medidas a nivel municipal para garantizar el derecho a una vivienda digna.

3º.- Crear un grupo de trabajo formado por el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), la Oficina Municipal de Intermediación y los Servicios Sociales Municipales para analizar las diversas situaciones específicas generadas por los procesos judiciales de lanzamientos o desahucios, y hacer propuestas concretas de intervención, siguiendo las directrices marcadas por la comisión de seguimiento y pasando también toda la información a la referida Comisión.

4º.- Estudiar la puesta en marcha de un teléfono de atención a los afectados y de información en estos procedimientos de desahucio, así como realizar una campaña de información sobre sus derechos en los casos de procesos judiciales, y sobre sus derechos de información.

5º.- Potenciar el trabajo efectivo aumentando las funciones y presupuesto, de la oficina municipal creada para atender los casos de desahucios, de forma que amplíe su objeto más allá de una mera intermediación, con acciones para buscar alternativas que eviten desahucios por motivos económicos y para para garantizar el realojo digno de las familias afectadas, y para atender en concreto los casos de procesos judiciales de lanzamientos, así como impulsar y mejorar las funciones en esta materia del Instituto Municipal de la Vivienda y de la Oficina Municipal de Información al Consumidor.

6º.- Mejorar los protocolos de actuación de los Servicios sociales en casos de desahucios, y que se aumenten los recursos y partidas presupuestarias de gasto social destinadas a ayudas de emergencia a familias que pierden su vivienda por desahucio y se quedan en la calle sin alternativa habitacional.

7º.- El compromiso de promover de forma efectiva desde este Ayuntamiento políticas de acceso a viviendas dignas, poniendo a disposición de la ciudadanía viviendas de su titularidad, prioritariamente en régimen de alquiler social.

8º.- Acordar con las direcciones de las entidades financieras, la realización de un censo de las viviendas vacías en nuestra ciudad, fruto de un impago hipotecario y/o provenientes de un lanzamiento, y negociar también el resto del parque de viviendas no vendidas, que estén en manos de las entidades financieras y/o que tienen como titular a personas jurídicas, para poder ofrecer estas viviendas en alquiler social asequible y estudiar desde la carga en el impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) hasta la suspensión temporal de uso, según las condiciones que marque la Ley.

9º.- Solicitar a las entidades financieras que operen en Málaga la suspensión de los expedientes de desalojo y la paralización de los procedimientos judiciales en curso, para así poder buscar soluciones alternativas con la intermediación del Ayuntamiento de Málaga. Solicitar a las entidades financieras que formen parte de la Comisión de Seguimiento. Así como no contratar con las entidades que se nieguen a formar parte de esta comisión y a suscribir dicho acuerdo.

10º.- Solicitar a la SAREB un inventario de las viviendas que se encuentran en nuestro municipio para recuperarlas para el parque municipal de Vivienda Social poniéndose en alquiler para las familias más desfavorecidas e impidiendo que se vendan a “fondos buitre”.

11º.- Proponer el pertinente cambio legislativo de la normativa estatal, en materia de régimen fiscal de las entidades locales, para que en caso de transmisión de propiedad de vivienda por causa de dación en pago y /o subasta de la vivienda de primera residencia y habitual, se repercuta la deuda de pago de la plusvalía a la entidad adquirente de la vivienda.

12º.-Solicitar al Gobierno Central la modificación de la Ley Hipotecaria; un cambio legislativo urgente, que adapte el marco legal a la realidad social y que dé respuestas a las necesidades de los afectados, y que recoja la Recomendación del Parlamento Europeo aprobado en Junio del 2013, basado en el Informe sobre Vivienda Social, que pide textualmente que la normativa europea incluya procesos de renegociación de la deuda o la dación en pago para los deudores o familias en situación de quiebra.

Eduardo Zorrilla Díaz                                                                                          Remedios Ramos Sánchez
Portavoz Grupo Málaga para la gente                                                              Concejala Grupo Málaga para la gente

Málaga, 15 de Julio de 2015

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