EMASA

Moción que presenta nuestro grupo municipal relativa al cumplimiento del Pacto Social del Agua.

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MOCIÓN

Que presenta la concejala del Grupo de Málaga para la gente, Remedios Ramos Sánchez, a la Comisión de Sostenibilidad Medioambiental, relativa al cumplimiento del Pacto Social del Agua.

El Pleno ordinario de la corporación del pasado mes de septiembre de este año, aprobó que el Ayuntamiento de Málaga se adhiriera al Pacto Social del Agua, considerando que “el agua es un derecho universal esencial que debemos garantizar a todos los vecinos y vecinas de Málaga, y que el agua es también un bien común que debe regularse por un modelo de gestión pública en el que no tengan cabida el negocio ni los intereses privados”.

Asimismo, el Pleno aprobó:

“Instar al equipo de gobierno a impulsar los objetivos del Pacto Social del Agua, entre los que se encuentran la prohibición de los cortes de suministro, asegurar un mínimo vital por persona y día, garantizar tarifas sostenibles, asegurar que el dinero del agua se reinvierta solo en este ámbito, aumentar el control social sobre los recursos, el respeto al medio ambiente o que la gestión pública del suministro también sea un elemento de creación de empleo.

Instar al equipo de gobierno a impulsar la Empresa Mpal de Aguas de Málaga (EMASA) como servicio público municipal esencial, guiándose mediante criterios de equidad social, sobre la base de los principios de igualdad, no discriminación y justicia social, y con un modelo participativo.”

El Pacto Social por el Agua contiene un compromiso de la entidades firmantes por una gestión pública, integrada y participativa del ciclo urbano del agua, asumiendo unos principios fundamentales, así como por el cumplimiento de las tareas que de ellos se deriven para que sea real y efectiva la gestión pública del agua, el empoderamiento de la ciudadanía y el reconociendo de su derecho a decidir.

Entre los principios fundamentales, se destacan en el Pacto:

La consideración del agua como derecho humano universal esencial, y como bien finito indispensable para la vida que tiene que ser regulado con criterios de eficiencia y solidaridad sobre la base de los principios de igualdad, equidad, no discriminación y justicia social.

En aplicación del derecho humano al agua, se establece el compromiso por una gestión del suministro con criterios de equidad social en las políticas tarifarias, garantizando una dotación mínima, entre 60 y 100 litros por persona y día, así como la renuncia a los cortes del suministro en casos de impago justificados socialmente.

El establecimiento de planes de investigación, desarrollo e innovación del ciclo del agua en las ciudades mediante la colaboración con las universidades, colegios profesionales, expertos y organizaciones sectoriales.

El fomento de programas de cooperación en materia de recursos hídricos, con apoyo a operadores públicos de los países en desarrollo, mediante alianzas de carácter público-público y la aportación de recursos y asistencia técnica a comunidades que lo necesiten.

El reconocimiento del ciclo integral del agua, lo que implica la gestión conjunta e integrada de los servicios de abastecimiento y saneamiento, incluyendo la gestión de las aguas pluviales, el drenaje del espacio urbano, el uso eficiente de la energía, la reutilización, así como otros sectores de la gestión urbana con los que interacciona.

La consideración del agua y sus ecosistemas asociados como bienes comunes que no pueden de ser objeto de apropiación en beneficio de intereses privados, lo que implica, por tanto, un modelo de gestión pública del agua, sin ánimo de lucro, que desde una perspectiva socio-ecológica respete los derechos de los ciudadanos como servicio de interés general.

La consideración de que la gestión del ciclo integral del agua puede y debe ser un yacimiento importante para la generación de nuevos empleos y mantenimiento de los ya existentes, pero evitando la precarización de las condiciones de trabajo y de la seguridad laboral, por lo que las administraciones locales y la representación legal de la plantilla deberán consensuar y acordar las medias que garanticen los derechos del personal, las condiciones de calidad, seguridad y la estabilidad en los empleos, tanto en lo gestionado directamente por el ente público gestor como en su relación con las contratas.

El compromiso de asegurar la sostenibilidad del ciclo integral del agua en la ciudad, de acuerdo con la Directiva Marco europea, desde cuatro ámbitos diferentes: Medioambiental, Económico, Estructural, y de Gestión.

El compromiso por que todos los ingresos que se obtengan a través de las tarifas de abastecimiento y saneamiento, así como los que provengan del alquiler o cesión de las infraestructuras hidráulicas públicas, subvenciones, operaciones de crédito, o cualquier otro medio vinculado al ciclo integral del agua, se destinen a sufragar, sin ánimo de lucro, los costes de dichos servicios.

La promoción de nuevas formas de control social y de democracia participativa, que garanticen transparencia y participación ciudadana efectiva y proactiva, tal y como estableció la Convención de Aarhus, traspuesta a la normativa europea por la Directiva 2003/35/CE, de 26 de mayo de 2003, y a la normativa española por la Ley 27/2006, de 18 de julio, reguladora de los “derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente”.

En consecuencia, la apuesta por un modelo de gestión en el que el ente público gestor rinda cuentas de sus actividades y decisiones, tanto a los poderes públicos de los que dependa como a la gente, facilitando la implicación a las personas y actores sociales vinculados al ciclo urbano del agua en la planificación de la gestión, promoviendo los consensos necesarios para avanzar en base a principios comunes, y velando para que se asegure el acceso de la ciudadanía a la información básica de la gestión del ciclo integral del agua mediante varios mecanismos:

• Batería de indicadores significativos para los distintos ámbitos de la gestión (técnicos, financieros, sociales, medioambientales, patrimoniales), accesibles a través de internet y que sean comprensibles para la ciudadanía.

• Publicidad a todos los acuerdos y resoluciones que adopten los órganos de dirección del ente gestor, así como a las condiciones de prestación de los servicios contratados con terceros.

• Constitución de un Consejo Social integrado en el propio ente gestor con competencias efectivas de control sobre cuestiones clave que trate el Consejo de Administración del ente público gestor. El Consejo Social estará constituido por una asamblea integrada por diversos actores de la sociedad civil y por los agentes sociales. Se regirá por un reglamento aprobado por la totalidad de sus componentes en asamblea general. Los representantes del Consejo Social se integrarán, con voz y voto, en el Consejo de Administración del ente público gestor del ciclo integral del agua.

• Poniendo los medios necesarios que faciliten a la ciudadanía la realización de consultas públicas, solicitud de información y presentación de reclamaciones.

La cooperación del ente que preste el servicio de gestión municipal con organizaciones de operadores públicos, que promocionan de manera efectiva la gestión pública y participativa del agua.

El compromiso de impulsar campañas de fomento del agua de “grifo” y los impactos ecológicos relacionados con el agua embotellada.

El compromiso por hacer lo necesario para que las normas municipales vigentes (reglamentos, ordenanzas, etc.) se adapten al presente pacto, especialmente en todo lo relativo a la aplicación efectiva del derecho humano al agua.

Por lo anteriormente expuesto, proponemos la adopción de los siguientes

A C U E R D O S

1º.- Constituir la Mesa del Pacto Social del Agua con representantes de las formaciones policitas representadas en el pleno y de la sociedad civil (federaciones de asociaciones de vecinos, asociaciones de consumidores, comité de empresa de EMASA, sindicatos más representativos, asociaciones de comerciantes, asociaciones ecologistas con mayor implantación en nuestra ciudad, y otros agentes sociales implicados en la gestión del ciclo integral del agua) con el fin de desarrollar dicho pacto.

2º.- Instar al Consejo de Administración de EMASA a que, en la próxima sesión ordinaria del mismo, se introduzca como punto en el orden del día la entrada en la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS)

Remedios Ramos Sánchez

Concejala del Grupo Municipal Málaga para la gente

Málaga, 9 de diciembre de 2015

2015.12.09. Moción Medio Ambiente Pacto Social del Agua

Moción relativa a la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (E.B.A.R.) de Arroyo Jaboneros.

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Que presenta el portavoz del Grupo de Málaga para la gente, Eduardo Zorrilla Díaz, y la portavoz adjunta, Remedios Ramos Sánchez, a la consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno, relativa a la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (E.B.A.R.) de Arroyo Jaboneros.

No es la primera vez que se habla en el pleno municipal de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (E.B.A.R.) de Arroyo Jaboneros, pues los grupos municipales de IU y PSOE han presentado mociones y comparecencias desde el año 2008. La presentada en marzo de 2011 por el grupo PSOE, y la presentada en abril de 2013 por IU, fueron aprobadas por unanimidad. Sin embargo, pese a ello, no se ha cumplido los acuerdos plenarios adoptados, ni actuado de acuerdo a la legalidad y al interés público.

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros de la Corporación asistentes a la votación, dio su aprobación a la referida Moción y, consecuentemente, adoptó los siguientes acuerdos:

Punto Primero: Que el Ayuntamiento de Málaga proceda a recuperar la clasificación de “zona verde” de la zona donde se ubica la E.B.A.R de Pedregalejo, eliminando la calificación de Sistema Técnico, para la mejora y calidad de vida de los vecinos del entorno.

Punto Segundo: Que se proceda al traslado de la E.B.A.R., a la mayor urgencia posible, una vez que se haya consensuado la nueva ubicación entre colectivos, asociaciones, vecinos y administraciones.

El problema arranca cuando la Empresa Municipal de Aguas de Málaga (EMASA) construyó la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (E.B.A.R) en una zona clasificada como verde, denominada “Antiguo Vivero de Obras Públicas”, en Arroyo Jaboneros. Los terrenos estaban afectados al Ministerio de Fomento, que abrió contra EMASA expedientes sancionadores por la construcción de instalaciones con ocupación de dominio público, sin la autorización preceptiva del Ministerio de Fomento.

Desde la construcción de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales esta ha generado una enorme polémica y la oposición de los vecinos. La Estación, situada en el margen del arroyo Jaboneros y con tuberías que discurren por el propio cauce del arroyo, se construyó en zona verde, con un simple permiso, que no licencia, de obligada obtención incluso para organismos oficiales y modificando el PGOU posteriormente para intentar legalizar la actuación denominando la zona como Servicio técnico.

La E.B.A.R está causando muchos problemas a los vecinos del entorno, que tienen que soportar diariamente ruidos y malos olores, situación que repercute en la calidad de vida de los residentes. Desde el primer momento se avisó de los graves problemas medioambientales y efectos perjudiciales para la calidad ambiental en los sectores vecinales, hosteleros y turísticos a ambos lados del arroyo Jaboneros.

Las familias que viven al lado de esta estación de bombeo están pasando por problemas de salud bastante importantes, problemas de ruido y problemas de olores. Ha acudido al defensor del pueblo, así como a diferentes instancias en donde hasta la fecha siempre les han dado la razón.

En agosto de 2011 el nuevo PGOU entra en vigor con la calificación de sistema técnico para la parcela pese a las alegaciones presentadas por Manuel Hijano, vecino colindante a la EBAR. Tras comprobar que el PGOU mantiene la calificación de la zona como sistema técnico, Manuel Hijano presentó un recurso ante el TSJA. En Junio de 2015 el TSJA falla a favor de la demanda de este vecino y obliga a que el suelo recupere la condición de zona verde, lo que implica el traslado de la estación.

Tras años de lucha en el terreno administrativo, y en el judicial, Manuel Hijano ha logrado en los tribunales su primera victoria. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) le ha dado la razón y obliga al Ayuntamiento de Málaga a volver a calificar como zona verde el suelo contiguo a su vivienda en el que puso en marcha hace diez años.

El fallo del TSJA, que es firme, obliga al equipo de gobierno a modificar el actual Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) para suprimir la calificación como sistema técnico del suelo en el que se realizó la estación, cuya instalación comenzó sin licencia e incluso motivó un expediente por infracción de Urbanismo que luego fue archivado, cuestión que este particular también tiene recurrida ante el TSJA y para la que aún no hay sentencia. La calificación como sistema técnico en el actual PGOU -en los anteriores de 1983 y de 1997 era zona verde- fue introducida por la Gerencia Municipal de Urbanismo en la segunda aprobación que recibió el plan en 2008 y después de que EMASA lo solicitara expresamente.

La sentencia del TSJA considera que la decisión de modificar la calificación del espacio en el que construyó la estación de bombeo de zona verde a sistema técnico, lo que el demandante considera que solo tuvo como objetivo dar cobertura legal a una instalación que carece de ella, no estuvo motivada suficientemente, ya que este supuesto solo debe permitirse a los casos en los que primen intereses generales de un modo potente. Es más, el tribunal recalca que la decisión administrativa no justifica que deba ser esa ubicación la más apropiada, ya que lesiona o menoscaba derechos fundamentales de las personas, como el disfrute de un medio ambiente adecuado previsto en el artículo 45 de la Constitución.

Además, el fallo del alto tribunal cree que la actuación del equipo de gobierno en este caso es cercana, cuando no incursa, en desviación de poder, que puede presumirse desde irregularidades y anteriores actuaciones municipales al construir una estación de bombeo en una zona verde.

El TSJA ya ha dado parte al Ayuntamiento para que ejecuten la sentencia y cambien el PGOU, de forma que el suelo recupere su condición de zona verde, algo que el pleno municipal ya aprobó de forma unánime, a raíz de una moción del PSOE, en marzo de 2011, y otra de IU, en abril de 2013.

La sentencia también puede tener efectos penales para el Consistorio puesto que ha sido solicitada por ocho colectivos vecinales de El Palo para adjuntarla a la denuncia que presentaron el pasado mes de julio ante la Fiscalía por este asunto y por otro semejante junto al arroyo Gálica, donde también existe otra estación de bombeo construida, según critican los vecinos, sobre zona verde.

En conclusión, se han violado los derechos más elementales de los residentes y sin embargo, si no hubiera sido por la constancia de este vecino, estos se hubieran visto abocados a marcharse de sus casas, ya que esa es la única alternativa que el equipo de gobierno planteaba, incluso proponiéndoles en algún caso comprarles la casa, ante la falta de voluntad política para solucionar el tema, que ha gozado de una incomprensible complacencia y tolerancia por parte de aquellas instancias que están obligadas a hacer respetar derechos y no a amparar, ni mucho menos cometer abusos y atropellos.

La administración municipal tiene que ejecutar lo aprobado por unanimidad por el pleno, acatar y cumplir la sentencia, aplicando la legalidad vigente, ya que lo que está en juego es el respeto a derechos fundamentales frente a los que no pueden prevalecer otros intereses.

En atención a lo anterior, venimos a proponer la adopción de los siguientes

A C U E R D O S

Único.- Instar al equipo de gobierno a la ejecución a la mayor urgencia posible, de los acuerdos plenarios adoptados relativos al traslado de la EBAR de Arroyo Jaboneros, acatar y cumplir la sentencia, así como a la recuperación de este espacio como una verde, modificando el PGOU, eliminando así la calificación de Sistema Técnico, para la mejora y calidad de vida de los vecinos del entorno.

Eduardo Zorrilla Díaz                                                                                       Remedios Ramos Sánchez

Portavoz Grupo Málaga para la gente                                                           Portavoz Adjunta Grupo Málaga para la gente

Málaga, a 23 de octubre de 2015

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Moción relativa al Pacto Social del Agua y de impulso del servicio público de aguas.

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MOCIÓN

Que presenta el portavoz del Grupo de Málaga para la gente, Eduardo Zorrilla Díaz, y la portavoz adjunta, Remedios Ramos Sánchez, a la consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno, relativa al Pacto Social del Agua y de impulso del servicio público de aguas.

En el año 2010, la resolución A/RES/64/292 de la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) reconocía al agua potable como derecho humano esencial. Como tal, el acceso a ese servicio público esencial debe ser garantizado a todas las personas.

En aplicación de este derecho humano, la gestión del suministro del agua debería guiarse mediante criterios de equidad social sobre la base de los principios de igualdad, no discriminación y justicia social. Para ello resulta fundamental, entre otras cuestiones, garantizar una dotación mínima y el compromiso de no cortar el suministro en casos de impago justificados socialmente. Igualmente, el agua y todos sus ecosistemas asociados son bienes comunes que no pueden de ser objeto de apropiación en beneficio de intereses privados.

En este sentido, desde hace meses diversas organizaciones y plataformas de la sociedad civil de todo el estado vienen reclamando la necesidad de blindar el suministro de agua ante los intereses de las empresas privadas por hacer negocio con este servicio, así como un cambio de modelo de gestión del agua urbana para que sea pública, democrática y participativa.

Las bases del nuevo modelo vienen recogidas en el Pacto Social del Agua Pública. Entre sus objetivos se encuentran la prohibición de los cortes de suministro -asegurando un mínimo de entre 60 y 100 litros por persona y día en caso de impago justificado-, garantizar tarifas sostenibles, asegurar que el dinero del agua se reinvierta solo en este ámbito, aumentar el control social sobre los recursos, el respeto al medio ambiente o que la gestión del suministro también sea un elemento de creación de empleo.

La mercantilización del agua no puede derivar en que, en definitiva, en una empresa pública que presta un servicio público esencial, como EMASA, presentar una buena cuenta de resultados se haga en base al incremento de las tarifas, perjudicando a los usuarios, o a los recortes laborales y las privatizaciones y subcontrataciones, perjudicando a los empleados.

La Empresa Mpal. de Aguas de Málaga (EMASA) creada en 1986 a partir de la estructura de los Servicios Municipales de Abastecimiento de Agua, es una empresa pública municipal, que ha reflotado en tres ocasiones las arcas municipales con tres cánones impuestos primero por el PSOE y luego por el Partido Popular, lo que sin duda obligó a EMASA a subir el recibo del agua para hacerse cargo de los préstamos que hubo de adquirir para pagar sendos cánones.

EMASA destaca por la calidad de su plantilla, con un alto nivel profesional y de capacitación técnica, pero en los últimos años a la vez que se están produciendo recortes salariales y ajustes laborales a sus empleados, existe derroche en las retribuciones de sus 16 directivos, en gastos de tarjetas de crédito, en dietas y viajes, en cursos de alta dirección, en externalizaciones que son innecesarias, en pagar a despachos privados de abogados a pesar de contar con un servicio jurídico, o en la privatización de servicios instrumentales mediante la subcontratación.

Los directivos de EMASA siguen cobrando retribuciones, a nuestro juicio, excesivas, a lo que se unen otras retribuciones, dietas y viajes, alquiler de coches, hoteles, restaurantes, que se abonan a directivos en el desarrollo de sus funciones profesionales fuera de Málaga.

Asimismo, por ejemplo, se han gastado más de 160.000 euros a EMASA en cursos de alta formación para los directivos de la empresa, e incluso se han financiado cursos de idiomas en el extranjero, por ejemplo, en Australia, a directivos de la empresa que se encontraban en excedencia.

De igual forma, EMASA ha gastado más de 2 millones de euros en despachos privados de abogados para el cobro de las facturas, cuando a nuestro juicio, como regla general, de eso debe encargarse GESTRISAM, y cuando la propia EMASA dispone de unos Servicios Jurídicos.

Para nosotros la prioridad, debe de ser los miles de hogares que en Málaga se encuentran en situación de pobreza energética por los problemas que tienen para poder afrontar el pago de las facturas de suministros, entre ellos del agua.

Para el grupo municipal de MALAGA PARA LA GENTE, el agua es un recurso natural y social además de un derecho humano, lo que exige un fuerte progresividad en la forma de facturación, ya que por un lado es necesario garantizar un precio asequible a todas las personas para el consumo básico, pero también es necesario tasar fuertemente a los grandes despilfarradores, contribuyendo así a promover un consumo responsable de este bien esencial pero finito.

Desde el Grupo Municipal de MALAGA PARA LA GENTE creemos que este nuevo modelo planteado por el Pacto Social del Agua se ajusta a la defensa del agua como un Derecho Humano esencial y que además serviría de impulso del servicio público de aguas.

Por lo anteriormente expuesto, proponemos la adopción de los siguientes

A C U E R D O S

1º.- El Pleno del Ayuntamiento de Málaga se adhiere al Pacto Social del Agua, considera que el agua es un derecho universal esencial que debemos garantizar a todos los vecinos y vecinas de Málaga, y que se trata de un bien común que debe regularse por un modelo de gestión pública en el que no tengan cabida ni el negocio ni los intereses privados.

2º.- Instar al equipo de gobierno a impulsar los objetivos del Pacto Social del Agua, entre los que se encuentran la prohibición de los cortes de suministro, asegurar un mínimo vital por persona y día, garantizar tarifas sostenibles, asegurar que el dinero del agua se reinvierta solo en este ámbito, aumentar el control social sobre los recursos, el respeto al medio ambiente o que la gestión pública del suministro también sea un elemento de creación de empleo.

3º.- Instar al equipo de gobierno a impulsar la Empresa Mpal de Aguas de Málaga (EMASA) como servicio público municipal esencial, guiándose mediante criterios de equidad social, sobre la base de los principios de igualdad, no discriminación y justicia social, y con un modelo participativo.

Eduardo Zorrilla Díaz                                                                          Remedios Ramos Sánchez
Portavoz Grupo Málaga para la gente                                              Portavoz Adjunta Grupo Málaga para la gente

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Moción urgente para la modificación de la tarifa por consumo doméstico de agua potable.

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MOCIÓN URGENTE

Que presenta el portavoz del Grupo de Málaga para la gente, Eduardo Zorrilla Díaz, y la portavoz adjunta, Remedios Ramos Sánchez, a la consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno, para la modificación de la tarifa por consumo doméstico de agua potable.

La vigente tarifa por consumo doméstico de agua, ha supuesto desde su aprobación, una subida encubierta para buena parte de los usuarios, y ha suscitado el rechazo de gran parte de la ciudadanía.

El problema de esta tarifa es que, usando como coartada la facturación por habitante, algo recomendado por el Defensor del Pueblo y apoyado por asociaciones de consumidores y ecologistas, se aprovechó para modificar la forma de aplicar la progresividad con la intención y resultado de elevar el precio a la mayoría, con el agravante de que los verdaderos grandes derrochadores de agua se les cobra prácticamente lo mismo que al consumidor medio, desincentivando así el consumo moderado.

Para aplicar la progresividad necesaria en la factura por consumo doméstico del agua, EMASA cobra el precio de cada litro con 4 precios distintos según la cantidad que se consuma. Así, el precio del agua consumida se divide en 4 “bloques”, cobrando los primeros litros al precio más barato marcado por el bloque I, y si se supera el consumo marcado para ese bloque los siguientes litros se tarifican más caros, a precio de “bloque II”, y así sucesivamente hasta los bloques III y IV, que deberían corresponder a “los grandes despilfarradores”.

-Bloque I, hasta 2 metros cúbicos habitante/mes (66 litros por habitante/ día)
-Bloque II, entre 2 y 3 metros cúbicos al mes (de 66 a 98 litros por habitante y día).
-Bloque III entre 3 y 5 metros cúbicos al mes (de 98 a 164 litros al día)
-Bloque IV cuando se superan los 5 metros cúbicos mensuales (más de 164 litros diarios).

De esta forma, en el primer bloque de pago, antes había un total de 5.000 litros y ahora sólo 2.000 por habitante; en el segundo, la diferencia es aún mayor, ya que de 7.000 litros han pasado a 1.000 litros por habitante, significa que están diseñados para que necesariamente tengamos que pasar por los bloques 2 y 3 y así pagar más.

El resultado es que se ha pasado de incluir el consumo medio (112 litros por persona y día) del bloque I al bloque III, estableciendo para los dos primeros bloques unos consumos mínimos que sólo podrían conseguirse a costa de la higiene personal o del hogar. De esta forma, se ha penalizado con subidas de entre el 6% y el 28% con respecto a las vigentes un año antes para las viviendas con una o dos personas con consumos moderados, es decir, entre 3 y 4 metros cúbicos mensuales por habitante y del 10%, en familias de tres miembros con consumos de 4 metros cúbicos.

Además, se ha de tener en cuenta que unos 60.000 hogares en la provincia de Málaga se encuentran en situación de pobreza energética por los problemas que tienen para poder afrontar el pago de las facturas del agua, la luz, el gas y otros suministros.

El equipo de gobierno oculta la principal causa del tarifazo: EMASA, es una empresa pública rentable pero desde hace años arrastra un enorme endeudamiento creado artificialmente para financiar los derroches del equipo de gobierno a través de varias operaciones de ingeniería financiera. El Ayuntamiento siempre consideró las redes de suministro de agua como de titularidad de EMASA. Sin embargo, en 2009 cambió este criterio, para declararlas municipales y cobrar un canon de 75 millones de euros a EMASA. No era el primer canon que se le imponía: en 1994, con gobierno municipal del PSOE, ya se le cobró un canon de 42 millones de euros por la concesión de las redes de saneamiento. Y en 2006, se le aplicó otro canon por depuración por 52 millones. En total, EMASA ha tenido que endeudarse por 170 millones de euros para pagar los diversos cánones aprobados por los gobiernos municipales de PSOE y PP.

Para el grupo municipal de Málaga para la gente, el agua es un recurso natural y social, además de un derecho humano, lo que exige un fuerte progresividad en la forma de facturación, ya que por un lado es necesario garantizar un precio asequible a todas las personas para el consumo básico, pero también es necesario tasar fuertemente a los grandes despilfarradores, contribuyendo así a promover un consumo responsable de este bien esencial pero finito.

Por lo anteriormente expuesto, proponemos la adopción de los siguientes

A C U E R D O S

1º.- Instar al equipo de gobierno a constituir una mesa de trabajo con grupos políticos, asociaciones de consumidores y usuarios, ecologistas y vecinales para consensuar una nueva tarifa del consumo doméstico del agua

2º.- Instar al equipo de gobierno a presentar una propuesta de modificación de la ordenanza de suministro del agua, que manteniendo la tarificación por habitante, contemple una nueva estructura por bloques que garanticen una mayor progresividad, así como unos importes que no penalicen a los consumos medios por habitante y día, y que asegure un precio asequible para el consumo básico y la cobertura de acceso al agua, con un mínimo garantizado, a las personas y familias sin recursos.

Eduardo Zorrilla Díaz                                                                                  Remedios Ramos Sánchez
Portavoz Grupo Málaga para la gente                                                      Portavoz Adjunta Grupo Málaga para la gente

Málaga a 23 de julio de 2015

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