participación ciudadana

Una LIMASA pública, transparente, eficiente y participativa.

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Esta mañana hemos presentado la iniciativa que llevaremos mañana al Pleno del Ayuntamiento de Málaga, junto a Juanjo Espinosa, para asegurar que la futura empresa municipal de limpieza de Málaga tiene un gestión transparente, eficiente y participativa.

MOCIÓN URGENTE

 Que presenta el portavoz del Grupo Municipal de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla Díaz, la concejala del mismo grupo, Remedios Ramos Sánchez, y el concejal no adscrito Juanjo Espinosa Sampedro, al Excmo. Ayuntamiento Pleno, relativa a la futura empresa pública de limpieza viaria, recogida y gestión de residuos.

  Desde el comienzo de este mandato, tanto el grupo municipal Málaga Para la Gente, (mucho tiempo atrás como Izquierda Unida) como el concejal no adscrito Juanjo Espinosa, venimos defiendo la idea de que un servicio de competencia municipal, estratégico, y esencial para nuestra ciudad como es el de la Limpieza viaria, la recogida y gestión de residuos, ha de ser gestionado de forma pública y en ningún caso a través de una gestión privada que persiga un beneficio privado de lo que consideramos un servicio público.

  Nuestros argumentos, reiterados de forma constante tanto a través de numerosas mociones a este pleno como de forma pública, siempre han sido en favor de la urgente necesidad de hacer municipal el servicio por tres razones que consideramos fundamentales: ahorro, transparencia y eficiencia del servicio desde una gestión pública.

  En abril del año 2017 finalizó el contrato del servicio de limpieza viaria, recogida y gestión de residuos en nuestra ciudad, siendo el momento oportuno para tomar el control de la empresa y afrontarla desde una gestión directa por parte del Ayuntamiento. Lejos de esto, desde el equipo de gobierno del Partido Popular se decidió prorrogar el servicio de manera indefinida, prolongando así el desastre que el modelo de gestión mixta ha supuesto para Málaga. Una gestión que además de poco transparente ha resultado a todas luces más cara y menos eficaz, dejando como resultado una ciudad sucia.

  Las consecuencias de la prórroga, -después de 16 años de contrato- dilatando la agónica situación de la empresa mixta, han supuesto una gran pérdida de tiempo para este servicio esencial en nuestra ciudad. Está situación no ha permitido llevar a cabo las inversiones necesarias para el servicio y su modernización, a través de un diseño empresarial público y eficiente. A esto hay que sumar, las negligentes políticas de negociación con la parte social que llevó a situaciones de conflicto, y el continuo deterioro del servicio en lo que a los barrios y distritos se refiere.  

 Por el contrario, dicha prorroga -que fecha de hoy continúa vigente- ha permitido a la parte privada continuar la vampirizaciónlas arcas públicas, al mantener la gestión mixta que nos obliga a afrontar costes que nos ahorraríamos en caso de municipalizar el servicio: canon de asistencia técnica, impuestos, beneficios empresariales.

 En diciembre del pasado año, el Alcalde anunciaba su apuesta por una solución híbrida” para Limasa, despejando así el camino para que Ciudadanos apoyara los presupuestos de la ciudad. El Sr. De La Torre anunció entonces que pondría en manos privadas las tareas de limpieza viaria -la que más beneficiosa podría resultar- y en manos municipales la parte de recogida de residuos -la que asumiría mayores inversiones y más costes.  

  Hace apenas una semana, en el pleno del debate sobre el estado de la ciudad, el Alcalde sorpresivamente manifestó su firme intención de municipalizar el servicio, iniciando un proceso para afrontarlo desde una gestión pública. Curiosamente, el Sr. De La Torre hacía uso de los mismos argumentos con los que nosotros venimos defendiendo esta posición: ahorro, transparencia y eficacia. Argumentos que en numerosas ocasiones hemos reiterado, manifestando que es una apuesta decidida por los intereses de la ciudad.

  Una decisión que sin duda saludamos, aunque no dejaremos de insistir que llega con más de 17 años de retraso, en los que se ha condenado a nuestra ciudad a pagar mucho por un servicio a todas luces ineficiente y opaco. En cualquier caso, compartimos las palabras expresadas por el Alcalde en el pasado Pleno, en la que afirmaba rotundamente que el ahorro que supondrá la municipalización del servicio repercutirá en mejoras para el mismo y pondrá fin a la espiral de conflictos con la parte social y la judicialización de estos, cosa que todos esperamos y deseamos.

  Sumado a todo esto, se proponía introducir criterios de productividad, mediante sistemas automáticos de control, y encuestas de satisfacción a la población a la que condicionar el carácter municipal del servicio, cosa esta última que no compartimos y que entendemos que no se puede condicionar el servicio a encuestas de opinión.

  Una gestión directa del servicio tiene que partir de un modelo empresarial público con un diseño serio y eficiente, y por supuesto susceptible a una constante evaluación, sin que esto suponga condicionar el carácter municipal de la empresa, y sí para llevar a cabo propuesta de mejoras. El futuro servicio, además de ponerse en marcha con la mayor brevedad posible, ha de contar con una planificación y un plan de viabilidad riguroso en cuanto a las inversiones necesarias para la renovación de la flota y las infraestructuras; la modernización del servicio;  la gestión de residuos desde la sostenibilidad, etc.

  Además, y de forma inmediata se debe poner en marcha un calendario de negociaciones con los trabajadores y trabajadoras que dé forma a un nuevo convenio colectivo, partiendo del convenio vigente 2010-12 reconocido por sentencia judicial, llevándolo al marco de una empresa municipal. Un convenio para el largo plazo que garantice la estabilidad y la paz social, teniendo en cuenta el marco laboral tras el cambio de gobierno.

  Del mismo modo, el equipo de gobierno tiene que comprometerse a favorecer un calendario de información con el resto de fuerzas políticas sobre el proceso de municipalización del servicio, así como con los agentes sociales y colectivos sociales de Málaga.

  Por último, defendemos que el futuro de la empresa municipal debería ser una referencia y una oportunidad para establecer una gestión pública que cuente con la máxima transparencia y la participación, contando con las fuerzas representativas de la ciudadanía tanto grupos políticos, sindicatos, asociaciones de consumidores y de vecinos y vecinas, así como, proveerse de un consejo consultivo con personas de reconocido prestigio en el ámbito de la gestión pública y el medio ambiente.

En atención a lo anterior, proponemos los siguientes

ACUERDOS

  1. El Ayuntamiento de Málaga, el equipo de gobierno y resto de grupos políticos, asumirán el compromiso político de blindarel carácter Público de la nueva empresa de Limpieza Viaria, Recogida y gestión de residuos, hasta que se amorticen la totalidad de las inversiones y costes de la puesta en marcha de la nueva sociedad municipal.
  2. El Ayuntamiento de Málaga evaluará permanentemente la gestión municipal de la empresa pública, a través de unos protocolos de control de calidad claramente establecidos que al menos comprenderán los siguientes indicadores:
          • Comparativos  de la gestión privada anterior y la pública actual.
          • De evaluación de la gestión directiva de la empresa.
          • De evaluación de la gestión política de la empresa.
          • De evaluación del servicio prestado y grado de satisfacción de los vecinos-as de la ciudad.
  1.  El Ayuntamiento de Málaga dispondrá de un Consejo de Administración para la nueva sociedad, que garantice la gestión democrática y participada contando con la incorporación, con voz pero sin voto, de representantes vecinales, de consumidores, además de los grupos políticos y los sindicatos.
  1. El Ayuntamiento de Málaga creará un consejo consultivo con personalidades de reconocido prestigio de la ciudad en el ámbito de la gestión pública y el medio ambiente, a propuesta de los distintos grupos políticos, que informará al consejo de administración y validará los controles de calidad.
  1. Instar al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Málaga a acordar el nuevo convenio laboral de la nueva sociedad municipal de limpieza viaria, recogida y gestión de residuos, partiendo como convenio marco del convenio actual 2010-12 asumible desde el ámbito municipal, que asegure un acuerdo a largo plazo para consolidar la estabilidad empresarial del nuevo modelo y la paz social. 
  2. Instar al equipo de gobierno a exigir a los socios privados que devuelvan a Limasa el canon de asistencia técnica cobrado a través de la compensación económica.

 

Eduardo Zorrilla Díaz Remedios Ramos Sánchez      Juanjo Espinosa Sampedro

Málaga para la Gente       Málaga para la Gente                  Concejal no adscrito

 

Málaga, a 27 de junio de 2018

Moción presentada por nuestro grupo municipal relativa al impulso de la transparencia y la participación ciudadana

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MOCIÓN

Que presenta la portavoz adjunta del Grupo de ‘Málaga para la Gente’, Remedios Ramos Sánchez, a la Comisión de Derechos Sociales, Cultura, Educación, Deporte y Juventud, relativa al impulso de la transparencia y la participación ciudadana.

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno exige que los municipios tengan un portal de transparencia público en sus páginas web de modo que a través de un único punto de acceso el ciudadano pueda obtener toda la información disponible. En el art. 2 de dicha Ley de Transparencia se indica que todas las administraciones públicas deben someterse a esta ley. Sin embargo, tras observar el portal de transparencia de la página web del Ayuntamiento, aunque reconocemos que se ha avanzado en los últimos años, notamos algunas deficiencias que deben ser subsanadas y mejoradas.

El equipo de gobierno tiene que entender que nos encontramos en un momento histórico, en el plano político y social, donde la ciudadanía reclama una mayor democracia, una participación real en la política y una transparencia total en la gestión de lo público. No debemos olvidar que los Ayuntamientos son los organismos públicos más cercanos a la ciudadanía, donde muchas vecinas y vecinos se dirigen para iniciar trámites o ser derivados a otros departamentos u organismos. Es por ello que la puerta de entrada a la gestión pública debe y tiene que ser un reflejo de aquello que demanda.

Por tanto, la transparencia y la participación ciudadana no solo deben ser palabras que rellenen los programas electorales o titulares de noticias. Se han de promover acciones que potencien la participación real de la ciudadanía en la gestión de lo público. El distanciamiento de la política en relación a la sociedad debe acortarse con mecanismos que faciliten la transparencia de las decisiones tomadas en este Ayuntamiento. Entendemos que es necesario mejorar y/o dotar de herramientas a la corporación municipal que faciliten el acceso a la información por parte de la ciudadanía, de la cuál esperamos encontrar consenso con el resto de grupos representados en este Ayuntamiento con el fin de que redunde en el beneficio de la ciudadanía de nuestra ciudad.

La gran proliferación de casos de corrupción en la vida política o comportamientos poco éticos y nada ejemplares, pese a su apariencia legal, sobre excesos de poder por parte de algunos cargos que se apropian indebidamente del dinero público, hace que las medidas sobre transparencia deban estar en la agenda política de esta corporación. La importancia de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en las administraciones públicas se hacen patente con la cada vez mayor presencia de herramientas informáticas que permitan a todas las personas el acceso a la información y a los trámites administrativos, avanzando en la necesaria democratización de la información, apoyándonos en el abaratamiento de los medios y en la implementación de las mejoras técnicas que sean precisas y que nos permite hoy en día la tecnología.

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, señala en su Capítulo II, sobre Publicidad activa, señala lo siguiente:

Artículo 5. Principios generales.-

1. Los sujetos enumerados en el artículo 2.1 publicarán de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública.
2. Las obligaciones de transparencia contenidas en este capítulo se entienden sin perjuicio de la aplicación de la normativa autonómica correspondiente o de otras disposiciones específicas que prevean un régimen más amplio en materia de publicidad.
3. Serán de aplicación, en su caso, los límites al derecho de acceso a la información pública previstos en el artículo 14 y, especialmente, el derivado de la protección de datos de carácter personal, regulado en el artículo 15. A este respecto, cuando la información contuviera datos especialmente protegidos, la publicidad sólo se llevará a cabo previa disociación de los mismos.
4. La información sujeta a las obligaciones de transparencia será publicada en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web y de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y, preferiblemente, en formatos reutilizables. Se establecerán los mecanismos adecuados para facilitar la accesibilidad, la interoperabilidad, la calidad y la reutilización de la información publicada así como su identificación y localización.
Cuando se trate de entidades sin ánimo de lucro que persigan exclusivamente fines de interés social o cultural y cuyo presupuesto sea inferior a 50.000 euros, el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta Ley podrá realizarse utilizando los medios electrónicos puestos a su disposición por la Administración Pública de la que provenga la mayor parte de las ayudas o subvenciones públicas percibidas.
5. Toda la información será comprensible, de acceso fácil y gratuito y estará a disposición de las personas con discapacidad en una modalidad suministrada por medios o en formatos adecuados de manera que resulten accesibles y comprensibles, conforme al principio de accesibilidad universal y diseño para todos.

Artículo 6. Información institucional, organizativa y de planificación.

1. Los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de este título publicarán información relativa a las funciones que desarrollan, la normativa que les sea de aplicación así como a su estructura organizativa. A estos efectos, incluirán un organigrama actualizado que identifique a los responsables de los diferentes órganos y su perfil y trayectoria profesional.
2. Las Administraciones Públicas publicarán los planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución. Su grado de cumplimiento y resultados deberán ser objeto de evaluación y publicación periódica junto con los indicadores de medida y valoración, en la forma en que se determine por cada Administración competente.
En el ámbito de la Administración General del Estado corresponde a las inspecciones generales de servicios la evaluación del cumplimiento de estos planes y programas.

Artículo 7. Información de relevancia jurídica.

Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, publicarán:
a) Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros órganos en la medida en que supongan una interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos.
b) Los Anteproyectos de Ley y los proyectos de Decretos Legislativos cuya iniciativa les corresponda, cuando se soliciten los dictámenes a los órganos consultivos correspondientes. En el caso en que no sea preceptivo ningún dictamen la publicación se realizará en el momento de su aprobación.
c) Los proyectos de Reglamentos cuya iniciativa les corresponda. Cuando sea preceptiva la solicitud de dictámenes, la publicación se producirá una vez que estos hayan sido solicitados a los órganos consultivos correspondientes sin que ello suponga, necesariamente, la apertura de un trámite de audiencia pública.
d) Las memorias e informes que conformen los expedientes de elaboración de los textos normativos, en particular, la memoria del análisis de impacto normativo regulada por el Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio.
e) Los documentos que, conforme a la legislación sectorial vigente, deban ser sometidos a un período de información pública durante su tramitación.

Artículo 8. Información económica, presupuestaria y estadística.

1. Los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título deberán hacer pública, como mínimo, la información relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria que se indican a continuación:
a) Todos los contratos, con indicación del objeto, duración, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del contrato. Igualmente serán objeto de publicación las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos. La publicación de la información relativa a los contratos menores podrá realizarse trimestralmente.
Asimismo, se publicarán datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público.
b) La relación de los convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su objeto, plazo de duración, modificaciones realizadas, obligados a la realización de las prestaciones y, en su caso, las obligaciones económicas convenidas. Igualmente, se publicarán las encomiendas de gestión que se firmen, con indicación de su objeto, presupuesto, duración, obligaciones económicas y las subcontrataciones que se realicen con mención de los adjudicatarios, procedimiento seguido para la adjudicación e importe de la misma.
c) Las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios.
d) Los presupuestos, con descripción de las principales partidas presupuestarias e información actualizada y comprensible sobre su estado de ejecución y sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas.
e) Las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por parte de los órganos de control externo que sobre ellos se emitan.
f) Las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables de las entidades incluidas en el ámbito de la aplicación de este título. Igualmente, se harán públicas las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del abandono del cargo.
g) Las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los empleados públicos así como las que autoricen el ejercicio de actividad privada al cese de los altos cargos de la Administración General del Estado o asimilados según la normativa autonómica o local.
h) Las declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes locales, en los términos previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Cuando el reglamento no fije los términos en que han de hacerse públicas estas declaraciones se aplicará lo dispuesto en la normativa de conflictos de intereses en el ámbito de la Administración General del Estado. En todo caso, se omitirán los datos relativos a la localización concreta de los bienes inmuebles y se garantizará la privacidad y seguridad de sus titulares.
i) La información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos que sean de su competencia, en los términos que defina cada administración competente.
2. Los sujetos mencionados en el artículo 3 deberán publicar la información a la que se refieren las letras a) y b) del apartado primero de este artículo cuando se trate de contratos o convenios celebrados con una Administración Pública. Asimismo, habrán de publicar la información prevista en la letra c) en relación a las subvenciones que reciban cuando el órgano concedente sea una Administración Pública.
3. Las Administraciones Públicas publicarán la relación de los bienes inmuebles que sean de su propiedad o sobre los que ostenten algún derecho real.

Artículo 9. Control.

1. El cumplimiento por la Administración General del Estado de las obligaciones contenidas en este capítulo será objeto de control por parte del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
2. En ejercicio de la competencia prevista en el apartado anterior, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, de acuerdo con el procedimiento que se prevea reglamentariamente, podrá dictar resoluciones en las que se establezcan las medidas que sea necesario adoptar para el cese del incumplimiento y el inicio de las actuaciones disciplinarias que procedan.
3. El incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa reguladas en este capítulo tendrá la consideración de infracción grave a los efectos de aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora.

Por otro lado, pensamos que no puede haber transparencia sin participación ciudadana, por eso hay que seguir avanzando en el derecho a la información y de participación ciudadana en el ámbito local, buscando implicación y compromiso con la acción pública de toda la sociedad, asumiendo compromisos de buen gobierno y realización de prácticas ejemplares, en los ámbitos de rendición de cuentas, adoptar un compromiso ético, participación en la toma de decisiones y diseño y evaluación de servicios públicos.

En atención a lo anterior, proponemos la adopción de los siguientes

ACUERDOS

1º.- Instar al equipo de gobierno a continuar avanzando en la aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, mejorando la actual información del portal de transparencia de la página web del Ayuntamiento de Málaga, Organismos Autónomos y Empresas, subsanando las posibles deficiencias y toda información que no se incluye pese a que se contempla en la mencionada Ley.

2º.- Instar a equipo de gobierno a que, en particular, publique los costes definitivos de los festejos que sufraga el erario municipal, especialmente las fiestas populares, incluyendo los contratos con artistas, infraestructuras y personal destinado a dichos eventos, así como que también se publique en la página web todos los procedimientos y criterios de concesión de todo tipo de subvenciones y ayudas, y comprobación, en su caso, del cumplimiento de los fines para los que fue concedida.

3º.- Instar al equipo de gobierno a continuar avanzando en los derechos a la información y de participación ciudadana en el ámbito local, buscando implicación y compromiso con la acción pública de toda la sociedad, asumiendo compromisos de buen gobierno y realización de prácticas ejemplares en los ámbitos de rendición de cuentas, adoptar un compromiso ético, participación en la toma de decisiones y diseño y evaluación de servicios públicos.

Remedios Ramos Sánchez
Portavoz Adjunta Grupo Málaga para la Gente

Málaga, a 12 de julio 2016

2016.07.12. Moción Transparencia y participación ciudadana

Moción relativa a diversas iniciativas en materia de participación ciudadana.

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MOCIÓN

Que presenta el portavoz del Grupo de Málaga para la gente, Eduardo Zorrilla Díaz, y la portavoz adjunta, Remedios Ramos Sánchez, a la consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno, relativa a diversas iniciativas en materia de participación ciudadana.

Hemos conocido y conocemos diversas iniciativas en materia de participación ciudadana, que el equipo de gobierno ha hecho públicas, pero que no han tenido mucha difusión y sobre las cuales no conocemos ha sido su recorrido ni para qué han servido, a la vez que hemos recibido quejas por su gestión y mal funcionamiento.

Por ejemplo, no sabemos que recorrido ha tenido ni para qué ha servido la iniciativa que el equipo de gobierno anunció en noviembre de 2014 y que se desarrolló en los meses siguientes y hasta justo antes de las elecciones municipales en materia de participación ciudadana consistente en que una carpa del Ayuntamiento que iba a recorrer los barrios para recabar las opiniones de los vecinos, iba a estar de forma rotatoria quince días en cada distrito, para lo que se utilizarán también, al parecer, los 25 opinómetros que el equipo de gobierno compró por 200.000€ con fondos estatales.

Tampoco sabemos muy bien en que consiste, y nos extraña la poca difusión que ha tenido la misma, la nueva herramienta puesta en marcha por el equipo de gobierno como un medio cómodo y eficaz para conocer las propuestas, peticiones y quejas de los malagueños, vía Internet, se trata de la web ‘Málaga Contesta’, una especie de foro digital en el que los vecinos pueden expresar sus peticiones, sugerencias o quejas, que pueden ser votadas y completadas con los comentarios de otros usuarios del sistema, para que sean contestadas por el equipo de gobierno. Sin embargo, aparte de la escasa difusión, hemos recibido quejas por su mal funcionamiento, y decenas de propuestas ciudadanas sobre asuntos de lo más variado, está sin contestar por los concejales o las respuestas han llegado a tardar hasta cuatro meses.

Todo ello a la vez que el Sistema de Quejas y Sugerencias Municipal, implantado desde hace años no funciona tampoco, no se contesta ni se presentan los informes de forma anual, tal como está establecido, ni está funcionando la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones.

Por otro lado, han pasado ya casi tres meses desde que se aprobó, a instancias de una moción de nuestro grupo, que este año de implantaría de nuevo y se iniciaría el proceso para elaborar los Presupuestos Participativos para 2016, pero no se han avanzado mucho, o nada, pues no nos consta que se haya tomado ninguna iniciativa al respecto, hurtando a la ciudadanía la posibilidad de debatir sobre los problemas que pudiesen haber surgido y proponer soluciones.

En 2009, último año en que se destinó una partida específica en los presupuestos, se recibieron 3.500 sugerencias de los ciudadanos. Los vecinos siempre se han mostrado interesados en mandar propuestas. Muchas de ellas referidas a problemas de asfaltado, acerado y pequeñas obras, la mayoría eran micro-actuaciones con un importe menor a los 50.000 euros.

En atención a todo lo anterior, proponemos la adopción de los siguientes

A C U E R D O S

1º.- Instar al equipo de gobierno a realizar de forma inmediata todas las gestiones oportunas para el cumplimiento de los acuerdos plenarios para implantar y poner en marcha el proceso para los Presupuestos Participativos para 2016 implicando a la ciudadanía en la toma decisión sobre la forma en que se invierte el dinero público.

2º.- Instar al equipo de gobierno a dar cuenta de forma detallada de las iniciativas en materia de participación ciudadana, que el equipo de gobierno ha hecho públicas, como la carpa que iba a recorrer los barrios para recabar las opiniones de los vecinos o la nueva herramienta puesta en marcha para conocer las propuestas, peticiones y quejas vía Internet, la web ‘Málaga Contesta’, así como informar sobre sus coste, desarrollo, difusión, recorrido, conclusiones y para que han servido, a la vez que responder a las quejas recibidas por mal funcionamiento.

3º.- Impulsar y mejorar el Sistema de Quejas y Sugerencias Municipal, implantado desde hace años, presentando los informes de forma anual, tal como está establecido, así como mejorar el funcionamiento de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones.

Eduardo Zorrilla Díaz                                                                             Remedios Ramos Sánchez

Portavoz Grupo Málaga para la gente                                                 Portavoz Adjunta Grupo Málaga para la gente

Málaga, 18 de septiembre de 2015

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