Remedios Ramos

Moción relativa al desmantelamiento de las antenas de telefonía móvil irregulares en Los Guindos.

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MOCIÓN

Que presenta el portavoz del Grupo Municipal de Málaga para la gente, Eduardo Zorrilla Díaz, y la portavoz adjunta, Remedios Ramos Sánchez, a la consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno, relativa al desmantelamiento de las antenas de telefonía móvil irregulares en Los Guindos.

Hace ya casi tres meses que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en su sesión ordinaria de abril de 2015, acordó iniciar los trámites para el desmantelamiento de antenas de telefonía móvil irregulares y sus soportes en la Avda. Gregorio Diego, 37 y Camino del Pato nº 11 al 15, así que la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) remitiera al juzgado el escrito solicitando la ejecución de la sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que afecta a alguna de las mismas

Existe una gran preocupación del AMPA del CEIP Los Guindos y también de muchos vecinos porque recientemente han estado en el juzgado y les han informado que todavía no se había recibido ningún escrito solicitando la ejecución de la sentencia. Tampoco, ni por parte de ningún miembro del equipo de gobierno, ni de la Gerencia de Urbanismo, ni por parte de la Junta de Distrito, se le ha informado en ningún momento ni se les está informando de las gestiones que se están realizando para dar cumplimiento a la Moción aprobada, ni saben absolutamente nada sobre las acciones que se están tomando para cumplir los acuerdos.

Estas antenas de telefonía móvil en los edificios situados en la Avda. Gregorio Diego, 37 y Camino del Pato 11 al 15, están situadas a menos de 30 metros de las instalaciones del Colegio, y cerca de otros espacios públicos y del Centro de Salud. Los vecinos y toda la comunidad educativa llevan años reclamando el desmantelamiento de dichas instalaciones, sin mucho éxito ni apoyo por parte del consistorio, ya que ni siquiera se ha desmantelado una antena con sentencia judicial firme que obliga a Urbanismo a su retirada, ya que los servicios jurídicos municipales no han reclamado desde hace años la ejecución de dicha sentencia, y además de las 14 antenas que se instalaron en 2002 se han instalado 3 más a posteriori.

En el año 2002 se instalaron 14 antenas de telefonía en las terrazas de los edificios situados en la Avda. Gregorio Diego, 37 y en el Camino del Pato nº 11 al 15, puesto que algunas de las mismas carecían de Licencia Municipal fueron denunciadas por los vecinos. La Gerencia de Urbanismo toleró esta situación, de hecho esas antenas aún sin licencia y con sentencia judicial firme que obliga a Urbanismo a su retirada, a fecha de hoy todavía siguen ahí.

En el año 2011, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ordenó el desmantelamiento de las antenas. Aunque las compañías recurrieron, la sentencia se hizo firme al no estimarse el recurso de las compañías. Sin embargo, como consta en la diligencia de ordenación 24/04/2012, no se ha ejecutado de forma voluntaria la sentencia firme, ni tampoco se ha solicitado (por parte de Urbanismo) mediante interposición de demanda ejecutiva, la ejecución forzosa de la misma.

Cabe la posibilidad de reapertura de las actuaciones con la interposición de una demanda ejecutiva por parte de la Gerencia de Urbanismo antes de 2016. No queremos pensar que se está dejando pasar el tiempo para que transcurrido este plazo y pese a la sentencia dejar las antenas.

Los vecinos han protestado por esta situación y no entienden por qué motivo el equipo de gobierno no está haciendo nada para cumplir con la moción plenaria aprobada por unanimidad, ni qué está llevando a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, pese a su deber de cumplir y de hacer cumplir la Ley, a ignorar una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 2011, no interponiendo una demanda ejecutiva para que se cumpla.

Estas antenas están situadas a escasa altura, a 25 metros de las aulas de infantil y primer ciclo de primarias (3 a 7 años); a pocos metros más del edificio principal (alumnos de 8 a 12 años) a 30 metros de un parque público y a menos de 100 metros del Centro de Salud Puerta Blanca.

El AMPA del CEIP Los Guindos, toda la comunidad educativa, y los vecinos de la zona han recogido más de 2.000 firmas, la mayoría de las mismas fueron ya presentadas en el registro municipal el pasado día 16 de abril de 2015, reclamando el desmantelamiento de las antenas que ordenó una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, así como que se proceda al desmantelamiento de las restantes que incumplían la ordenanza municipal cuando fueron instaladas, sin contestación a fecha de hoy.

Por lo anterior, y por ser de justicia, reclamamos al equipo de gobierno el cumplimiento de la moción aprobada por unanimidad por el Excmo. Ayuntamiento Pleno y que se realicen las gestiones e inicien los trámites para el cumplimiento de los acuerdos adoptados y el desmantelamiento de las mismas, y la ejecución de la sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que afecta a algunas de las mismas.

En atención a lo expuesto, planteamos la adopción de los siguientes

A C U E R D O S

1º.- Instar al equipo de gobierno a que, en el caso de que aún no lo hubiera hecho, solicite de forma inmediata, mediante interposición de demanda ejecutiva, la ejecución forzosa de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, como consta en la diligencia de ordenación 24/04/2012, que afecta a las referidas antenas de telefonía móvil cuyo desmantelamiento reclama el AMPA del CEIP Los Guindos.

2º.- Impulsar las gestiones oportunas para el cumplimiento de la moción aprobada por unanimidad por el Excmo. Ayuntamiento Pleno y que se inicien los trámites para llevar a cabo los acuerdos adoptados en la misma, así como facilitar toda la información y dar cuenta de los trámites y gestiones a los afectados.

Eduardo Zorrilla Díaz                                                                                    Remedios Ramos Sánchez
Portavoz Grupo Málaga para la gente                                                        Concejala Grupo Málaga para la gente

Málaga, 15 de Julio de 2015

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Moción relativa a la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana que supone un retroceso inaceptable de las libertades públicas y pone en riesgo el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, e invade competencias que son propias de las Entidades Locales, como el propio Ayuntamiento de Málaga.

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MOCIÓN

Que presenta el portavoz del Grupo Municipal de Málaga para la gente, Eduardo Zorrilla Díaz, y la portavoz adjunta, Remedios Ramos Sánchez, a la consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno, relativa a la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana que supone un retroceso inaceptable de las libertades públicas y pone en riesgo el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, e invade competencias que son propias de las Entidades Locales, como el propio Ayuntamiento de Málaga.

Ante la entrada en vigor de la reforma del Código Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana (más conocida como Ley Mordaza), el Grupo Municipal de Málaga para la gente tiene que manifestar que esta Ley supone un retroceso inaceptable de las libertades públicas y de las vías de participación democrática, limita y pone en riesgo el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, vulnera los principios de Seguridad Jurídica y de proporcionalidad, e invade claramente competencias que son propias de las Administraciones Regionales y de las Entidades Locales, por eso queremos que el Ayuntamiento de Málaga solicite al gobierno central la retirada inmediata de la misma.

Se trata, además, de una Ley que tiene en contra no solo a toda la oposición parlamentaria sino a organismos internacionales, como el Consejo de Europa, y de organizaciones no gubernamentales muy importantes, como por ejemplo Cáritas. Es una normativa que limita en exceso, los derechos y las libertades fundamentales, como la Libertad de Expresión o de Manifestación, y tiene como finalidad principal restringir de manera arbitraria las reivindicaciones de los ciudadanos, al mismo tiempo que obliga a los ciudadanos a demostrar su inocencia ente las sanciones administrativas.

Pese a todo esto, veintiún años después de la aprobación de la Ley de Seguridad ciudadana 1/92, también denominada “Ley Corcuera”, que tumbó en gran parte de su articulado el Tribunal Constitucional, el Gobierno del PP ha aprobado, en su tónica del “reformazo regresivo”, una nueva Ley que vendrá a sustituir la ya criticable Ley del 92, que costó el cargo al entonces Ministro del Interior, y que supone un claro retroceso social, un anacronismo constitucional, un trasnochado concepto de orden público y un claro atentado contra derechos y libertades democráticas.

Es un texto redactado en paralelo a la reforma del Código Penal, también de un marcado carácter restrictivo en derechos, y que viene a compensar la eliminación de la mayoría de las infracciones penales tipificadas como faltas, que con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana pasarían a considerarse infracciones administrativas de carácter muy grave, grave o leve.

La discrecionalidad que otorga a la administración a la hora de establecer sanciones, la elevada cuantía de las mismas, que en el caso de las infracciones muy graves podrían llegar a los 600.000€ y la fijación en la regulación de conductas habituales en las protestas ciudadanas, definen a esta Ley como la “Ley Mordaza”. Se habilita, un procedimiento administrativo que legaliza la criminalización y persecución de las movilizaciones y crea un instrumento gubernamental, para imposibilitar derechos democráticos básicos como la libertad de expresión y de manifestación que recoge nuestra Carta Magna como derechos fundamentales.

La norma pretende tipificar nuevas figuras delictivas, considerando tales como los escraches (a diferencia de la opinión del presidente del Supremo, Gonzalo Moliner, que declaró que “no es posible decir a priori si un escrache es o no legal”), las concentraciones ante el Congreso y el Senado o la escalada en fachadas oficiales (como ocurrió con el Palacio de las Cortes). Sanciona el uso de capuchas en manifestaciones, faculta a la policía a establecer “zonas de seguridad” en perímetros urbanos, y habilita a las fuerzas y cuerpos de seguridad  a retirar de forma expeditiva vehículos que taponen una vía pública, en caso de que los concentrados desobedezcan la orden de los antidisturbios de despejar la zona. No se citan expresamente, pero todo indica que apunta a impedir tractoradas, marchas de taxistas o de camioneros.

La Ley, supone una merma en los derechos de reunión y manifestación, sobre todo; además de castigar duramente la participación pacífica en una movilización para impedir un desahucio, por ejemplo.  El PP con este Ley intenta desorganizar al pueblo, que tengamos miedo de seguir luchando por  nuestros derechos, pero necesitaba dar una cobertura legal a todas las actuaciones desproporcionadas que ha realizado el Gobierno Central contra los activistas, dado que muchas de ellas se echaban para atrás en los juzgados. Es una Ley injusta, contraria a todos los derechos fundamentales.

Esta breve descripción de algunas conductas que serán reguladas por esta ley, nos indica que este proyecto de “Ley Mordaza”, vuelve a ubicar la seguridad ciudadana en la órbita del viejo concepto de orden público, muy alejado de la concepción democrática y constitucional de la seguridad.

Otra Ley más, por tanto, que supone un claro retroceso social, un anacronismo constitucional, un trasnochado concepto de orden público y un claro atentado contra derechos y libertades democráticas, que son encorsetadas en procedimientos sancionadores que pretenden impedir la protesta, cualquier crítica y la demostración cívica de desacuerdo político.

Por todo lo anterior, proponemos los siguientes

ACUERDOS

1º.- Exigir al Gobierno Central la inmediata derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana que supone un retroceso inaceptable de las libertades públicas y de las vías de participación democrática, limita y pone en riesgo el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, vulnera los principios de Seguridad Jurídica y de proporcionalidad, e invade claramente competencias que son propias de las Administraciones Regionales y de las Entidades Locales, como el propio Ayuntamiento de Málaga, tras ser aprobada en el Congreso de los Diputados, o cuando así lo permita la próxima mayoría parlamentaria.

2º.- Solicitar un debate consensuado entre todas las fuerzas políticas, para la elaboración de un texto que regule la materia de seguridad ciudadana, incluyendo, en el debate así mismo, la Reforma de la Ley 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, superada y obsoleta en muchos de sus aspectos, así como  la Ley Orgánica general penitenciaria. Todo ello, con el objetivo, de reformar con carácter integral, todos aquellos aspectos relacionados con la seguridad, que deberá conformar un amplio debate social, enfocado no únicamente desde los tradicionales aspectos reactivos sino y fundamentalmente, preventivos, enfocando el análisis del delito y su contención, como un problema social que abarca variables socioeconómicas y que requiere un amplio trabajo de carácter transversal.

3º.- Exigir la dimisión del actual Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, impulsor de la presente Ley, cuyos postulados preconstitucionales, son inconcebibles en una democracia, así como, por su reiterada disposición de conculcar los derechos humanos, defendiendo por ejemplo el uso de concertinas que dañan a numerosos seres humanos en nuestras fronteras, que solo desean una vida mejor.

4º.- Dar cuenta de los acuerdos plenarios al Ministerio del Interior, el Congreso y el Senado, a los portavoces de los grupos parlamentarios, al Sub-delegado del Gobierno de España, al Parlamento Andaluz, y a las Asociaciones de Vecinos y Colectivos Sociales de Málaga.

Eduardo Zorrilla Díaz                                                                                        Remedios Ramos Sánchez
Portavoz Grupo Málaga para la gente                                                            Concejala Grupo Málaga para la gente

Málaga, 15 de Julio de 2015

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Moción relativa a la aprobación de protocolos de actuación para hacer frente a los desalojos, por motivos económicos, de primeras residencias o vivienda habitual y medidas para frenar los desahucios.

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Que presenta el portavoz del Grupo Mpal. Málaga para la gente, Eduardo Zorrilla Díaz, y la portavoz adjunta, Remedios Ramos Sánchez, a la consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno, relativa a la aprobación de protocolos de actuación para hacer frente a los desalojos, por motivos económicos, de primeras residencias o vivienda habitual y medidas para frenar los desahucios.

Las políticas de vivienda son garantía de cohesión social en tiempos de crisis, una crisis que ha conllevado al aumento del paro, y con ella miles de personas en una situación límite que les impide cubrir sus necesidades básicas como el pago de su vivienda habitual. Desde que estalló la crisis, es decir, entre 2008 y el primer trimestre de 2015, se han iniciado 598.747 procesos de ejecución hipotecaria.

A pesar de las casi 600.000 ejecuciones hipotecarias iniciadas en España desde 2008, el Gobierno ha adoptado medidas insuficientes, que  no han protegido la vivienda como un derecho humano. Su alcance ha sido muy restrictivo, beneficiando únicamente a 31.500 familias. Además, las autoridades han invisibilizado la gravedad de la situación, al no ofrecer datos desagregados de cuántas personas se han visto afectadas por las ejecuciones hipotecarias ni realizar evaluaciones de impacto en derechos humanos de las políticas de vivienda, incluido el impacto de género.

En materia de vivienda y desahucios, tanto cuantitativamente como cualitativamente, no hay signos de la supuesta recuperación económica, puesto que no se ha parado ni evitado la escalada de los desahucios. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ),  entre el 1 de enero y el 31 de marzo de este año, el número de lanzamientos practicados fue de 18.869, lo que supone un incremento del 2,1 % respecto a los 18.485 del mismo periodo de 2014.

El número total de inscripciones de certificaciones por ejecuciones hipotecarias iniciadas en el primer trimestre de 2015 es de 30.952, lo que supone un 0,9% más que el cuarto trimestre de 2014. El 78,2% de las viviendas de personas físicas con ejecución hipotecaria (8.802) son viviendas habituales en propiedad. Tomando como referencia las viviendas familiares (18.363.500) existentes en España en el primer trimestre del año 2015, el 0,048% iniciaron una ejecución hipotecaria en el primer trimestre. En el primer trimestre de 2015 las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas concentran el 57,5%. El 12,9% de las ejecuciones hipotecarias en el primer trimestre son sobre viviendas nuevas y el 87,1% sobre usadas.

Los datos de Estadística muestran que el 21,1% de las ejecuciones hipotecarias iniciadas sobre viviendas en el primer trimestre corresponde a hipotecas constituidas en el año 2007, el 15,2% a hipotecas constituidas en 2006 y el 11,8% a hipotecas de 2008. El periodo 2005-2008, el del apogeo de la burbuja inmobiliaria, concentra el 58,9% de las ejecuciones hipotecarias iniciadas este trimestre

Más de la mitad de los lanzamientos o desahucios, el 52,6%, se derivó del impago de alquileres en aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU); el 43,3%, de ejecuciones hipotecarias, y el 4,1%, por otras causas. Los lanzamientos consecuencia de la LAU disminuyeron un 0,3% en términos interanuales, mientras que los derivados de ejecuciones hipotecarias aumentaron un 6%.

El informe de Amnistía internacional acusa al gobierno incumplir sus obligaciones:

“El Gobierno está incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia del derecho a la vivienda. Ni siquiera ha consultado a las personas afectadas ni a las organizaciones”, ha asegurado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. “Mientras la vivienda se siga considerando como un bien de consumo e inversión, en lugar de como un verdadero derecho humano, con obligaciones para las autoridades, no se hará frente a esta situación”, ha añadido.
En un momento de crisis económica, como el actual, es cuando las personas necesitan de una mayor protección, por esto Amnistía Internacional considera que las autoridades, además de medidas insuficientes, han adoptado otras regresivas injustificadas, contrarias al derecho internacional, como la reducción, en más del 50% del gasto público en vivienda entre 2008 y 2015.

La organización recuerda que, según el derecho internacional, existe la obligación de utilizar el máximo de recursos disponibles para garantizar el acceso al derecho a la vivienda de las personas, especialmente de las que estén en situación de mayor vulnerabilidad. Sin embargo, España cuenta con uno de los porcentajes de vivienda social más bajos de la Unión Europea, un 1,1% sólo superado por Grecia y lejos de otros como Holanda (32%), Austria (23%), Reino Unido (18%) o Francia (17%).

Además, en un país con más de tres millones de viviendas vacías, aproximadamente el 30% de todas las que existen en Europa, las autoridades de ambas comunidades y el Gobierno central no han intensificado su uso, tal y como recomendaba ya en 2008 el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a una vivienda adecuada.

Asimismo, Amnistía Internacional recuerda que la Sareb (también conocida como “banco malo” es una sociedad anónima de gestión de activos transferidos por las entidades bancarias nacionalizadas y en proceso de reestructuración) tiene en su propiedad 80.000 viviendas. La organización considera que el Gobierno debería modificar el mandato de la Sareb y promover así el uso de esas viviendas, para asegurar el acceso a las mismas de un mayor número de personas.

En momentos como estos, se tienen que encontrar soluciones inmediatas y eficaces, soluciones reales a los problemas que sufre la ciudadanía, como es la situación que se está produciendo en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en Andalucía y en todo el conjunto del Estado español, en torno a los procesos de desalojos de familias de sus viviendas habituales. Tenemos que evitar las consecuencias de la crisis que no recaigan sobre la parte más vulnerable del contrato hipotecario, las familias.

Ahora más que nunca son indispensables políticas que den garantías reales a los afectados por una situación de insolvencia, de una forma inmediata y para el futuro. Las medidas adoptadas hasta el día de hoy han sido insuficientes para resolver o paliar la situación de los deudores hipotecarios. Los ayuntamientos, como Instituciones más cercanas a la ciudadanía y conocedores de primera mano de sus problemas, no se pueden quedar de brazos cruzados.

El comportamiento de los desahucios permite comprobar el poco impacto que en cómputo global tienen las diferentes oficinas de atención a los afectados creadas por los Ayuntamientos para favorecer la renegociación con los bancos y detener los lanzamientos. Y por otro lado, demuestran que la mejoría de los datos de empleo que reflejan las estadísticas no han aliviado las economías de las familias más golpeadas por la crisis, a las que les sigue resultando igual de difícil asumir los costes de la vivienda.

El Ayuntamiento abrió una oficina para atender los casos de desahucios en el año 2012, ubicada en el edificio de Servicios Múltiples Municipales del paseo marítimo Antonio Machado, con el objetivo de garantizar una asistencia ágil a los ciudadanos que acudan a ella por estar en riesgo de ser sometidos a un procedimiento de embargo de su vivienda habitual o que se encuentren inmersos ya en el mismo.

La oficina se puso en marcha en virtud del convenio para implantar un servicio de atención a los afectados, suscrito con el Colegio de Abogados el 16 de octubre de 2012. El servicio está adscrito a la Oficina Municipal de Información al Consumidor, dependiente del Área de Promoción Empresarial y del Empleo, así como al Área de Derechos Sociales y al IMV. Pero sin llegar a ser una entidad propia, sin presupuesto ni dotada de personal más allá del que aportan las mencionadas áreas a la misma.
El artículo 47 de la Constitución Española establece que los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y exhorta a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general, para impedir la especulación.

La próxima Directiva europea sobre hipotecas, exigirá a los Estados miembros adoptar medidas para proteger a los consumidores con problemas para pagar su deuda y evitar el sobreendeudamiento.

Pero más allá de la necesidad de todos los cambios legislativos y de todas las medidas políticas y jurídicas que se tienen que realizar en el ámbito europeo, estatal y en el autonómico, no podemos estar indiferentes ante este drama que afecta a familias de nuestro municipio.

En atención a todo lo anterior, proponemos la adopción de los siguientes

A C U E R D O S

1º.- Declarar Málaga como ciudad contraria a los desalojos de viviendas familiares habituales o de primera residencia, así como iniciar un proceso para aprobar, con el correspondiente apoyo y soporte técnico, y la participación y consenso de agentes sociales, asociaciones vecinales y de consumidores, y las asociaciones de afectados por los desahucios, un protocolo de actuación para así hacer frente a los desalojos, por motivos económicos, de primeras residencias o vivienda habitual para unidades familiares.

2º.- Constituir una Comisión de Seguimiento formada por el consistorio, grupos políticos, agentes sociales, asociaciones vecinales, de consumidores, y las asociaciones que trabajan con los afectados por los desahucios, e invitar cuando se considere conveniente a los técnicos responsables, que tenga como objetivo proponer medidas a nivel municipal para garantizar el derecho a una vivienda digna.

3º.- Crear un grupo de trabajo formado por el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), la Oficina Municipal de Intermediación y los Servicios Sociales Municipales para analizar las diversas situaciones específicas generadas por los procesos judiciales de lanzamientos o desahucios, y hacer propuestas concretas de intervención, siguiendo las directrices marcadas por la comisión de seguimiento y pasando también toda la información a la referida Comisión.

4º.- Estudiar la puesta en marcha de un teléfono de atención a los afectados y de información en estos procedimientos de desahucio, así como realizar una campaña de información sobre sus derechos en los casos de procesos judiciales, y sobre sus derechos de información.

5º.- Potenciar el trabajo efectivo aumentando las funciones y presupuesto, de la oficina municipal creada para atender los casos de desahucios, de forma que amplíe su objeto más allá de una mera intermediación, con acciones para buscar alternativas que eviten desahucios por motivos económicos y para para garantizar el realojo digno de las familias afectadas, y para atender en concreto los casos de procesos judiciales de lanzamientos, así como impulsar y mejorar las funciones en esta materia del Instituto Municipal de la Vivienda y de la Oficina Municipal de Información al Consumidor.

6º.- Mejorar los protocolos de actuación de los Servicios sociales en casos de desahucios, y que se aumenten los recursos y partidas presupuestarias de gasto social destinadas a ayudas de emergencia a familias que pierden su vivienda por desahucio y se quedan en la calle sin alternativa habitacional.

7º.- El compromiso de promover de forma efectiva desde este Ayuntamiento políticas de acceso a viviendas dignas, poniendo a disposición de la ciudadanía viviendas de su titularidad, prioritariamente en régimen de alquiler social.

8º.- Acordar con las direcciones de las entidades financieras, la realización de un censo de las viviendas vacías en nuestra ciudad, fruto de un impago hipotecario y/o provenientes de un lanzamiento, y negociar también el resto del parque de viviendas no vendidas, que estén en manos de las entidades financieras y/o que tienen como titular a personas jurídicas, para poder ofrecer estas viviendas en alquiler social asequible y estudiar desde la carga en el impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) hasta la suspensión temporal de uso, según las condiciones que marque la Ley.

9º.- Solicitar a las entidades financieras que operen en Málaga la suspensión de los expedientes de desalojo y la paralización de los procedimientos judiciales en curso, para así poder buscar soluciones alternativas con la intermediación del Ayuntamiento de Málaga. Solicitar a las entidades financieras que formen parte de la Comisión de Seguimiento. Así como no contratar con las entidades que se nieguen a formar parte de esta comisión y a suscribir dicho acuerdo.

10º.- Solicitar a la SAREB un inventario de las viviendas que se encuentran en nuestro municipio para recuperarlas para el parque municipal de Vivienda Social poniéndose en alquiler para las familias más desfavorecidas e impidiendo que se vendan a “fondos buitre”.

11º.- Proponer el pertinente cambio legislativo de la normativa estatal, en materia de régimen fiscal de las entidades locales, para que en caso de transmisión de propiedad de vivienda por causa de dación en pago y /o subasta de la vivienda de primera residencia y habitual, se repercuta la deuda de pago de la plusvalía a la entidad adquirente de la vivienda.

12º.-Solicitar al Gobierno Central la modificación de la Ley Hipotecaria; un cambio legislativo urgente, que adapte el marco legal a la realidad social y que dé respuestas a las necesidades de los afectados, y que recoja la Recomendación del Parlamento Europeo aprobado en Junio del 2013, basado en el Informe sobre Vivienda Social, que pide textualmente que la normativa europea incluya procesos de renegociación de la deuda o la dación en pago para los deudores o familias en situación de quiebra.

Eduardo Zorrilla Díaz                                                                                          Remedios Ramos Sánchez
Portavoz Grupo Málaga para la gente                                                              Concejala Grupo Málaga para la gente

Málaga, 15 de Julio de 2015

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Moción relativa a la declaración de Málaga como ciudad opuesta al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP) por sus nefastas consecuencias sobre el comercio y los servicios públicos.

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Que presenta el portavoz del Grupo Municipal Málaga para la gente, Eduardo Zorrilla Díaz, y la portavoz adjunta, Remedios Ramos Sánchez, a la consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno, relativa a la declaración de Málaga como ciudad opuesta al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP) por sus nefastas consecuencias sobre el comercio y los servicios públicos.

La Unión Europea (UE) y los Estados Unidos de América (EEUU) están negociando, de espaldas a la ciudadanía y a sus representantes políticos (parlamentos nacionales y europeo) un amplio acuerdo de liberalización de comercio e inversiones, que representa un serio peligro para la democracia y la debida protección de los derechos laborales, medioambientales y de salud, anteponiendo el interés comercial de los inversores y empresas transnacionales (ETN) al interés general,
El TTIP, al perseguir la liberalización total de los servicios públicos y la apertura de prestación de los mismos a las ETN, así como a las compras y licitaciones de bienes y servicios de las Administraciones Públicas, pone en peligro todos los servicios públicos y las compras públicas, en todos los niveles de poder, y compromete la habilidad de los representantes elegidos para administrar libremente sus comunidades locales y promocionar la industria, empleo e iniciativas locales.
De este modo, las leyes del comercio priman sobre cualquier otra consideración social, e ignoran cualquier legislación continental, nacional, regional o local. Las entidades legales se encuentran ellas mismas dominadas por ajustes estructurales restrictivos debidos a los acuerdos y las políticas de libre comercio y de protección del inversor. Esta lógica desmantela los servicios públicos y suprime la libertad de los poderes locales para suministrar los servicios públicos y satisfacer las necesidades sociales de sus poblaciones, atendiendo a políticas y planes de desarrollo industrial y de fomento de la industria y empleo locales.
Las Administraciones Locales:
Al estar cerca de las necesidades de sus pueblos, tienen el deber de injerencia respecto al TTIP, y un deber de respuesta, si no quieren verse acusadas de no ayudar a la población y al planeta en peligro;
Siendo los canales adecuados para promover los servicios públicos y la industria y empleo locales, se esfuerzan para su promoción como respuesta al interés común;
Están obligadas a resolver los retos sociales, económicos y medioambientales y, consiguientemente, a defender la universalidad de los servicios públicos y la protección de la ciudadanía.
Las entidades locales desean ampliar el debate público y democrático sobre lo que está verdaderamente en juego tras este acuerdo y la suerte que correrán los servicios y compras públicos:
El comercio y la inversión solamente pueden conducir a intercambios económica y socialmente beneficiosos si respeta las necesidades humanas en todo lugar, y no se basa únicamente en el beneficio de los especuladores financieros y de las empresas multinacionales;

La eliminación programada y progresiva de los servicios públicos es al mismo tiempo la eliminación programada y progresiva de la solidaridad y la democracia;
La apertura máxima de los servicios y las compras públicas a la competencia produce efectos contraproducentes en cuanto a su accesibilidad, su calidad y su coste;
Los derechos sociales son derechos inalienables, por lo que no pueden depender exclusivamente de la lógica del mercado;
Sólo la existencia de diversos servicios públicos socialmente útiles, permite asegurar una calidad de vida digna para todos y en todas partes, en estrecho nexo con el ejercicio de la democracia;
El control público debe preservarse para garantizar el acceso a los bienes comunes y a la creación de nuevos servicios públicos, así como para favorecer la industria y empleo locales.
En atención a todo lo anterior, proponemos la adopción de los siguientes

A C U E R D O S

1º.- Instar al equipo de gobierno a que organice un debate público, donde pueda informarse sobre el contenido del mismo y expresarse las distintas posiciones respecto al mismo, con presencia de los agentes sociales y colectivos afectados, sobre las consecuencias sobre el comercio y los servicios públicos.

2º.- Declarar la ciudad de Málaga como municipio opuesto al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP), defendiendo los servicios públicos básicos para la solidaridad y redistribución social.

3º.- El Ayuntamiento de Málaga reitera su apoyo al comercio y los servicios públicos malagueños e insta al gobierno central a oponerse al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP).

4º.- Solicitar del Ministerio de Administraciones Públicas su apoyo a todas las iniciativas dirigidas a mantener el carácter público de los llamados servicios socialmente útiles.

5º.- Solicitar del Ministerio de Economía la suspensión de las negociaciones del TTIP.

6º.- Dar traslado de los acuerdos al gobierno central y a los grupos parlamentarios del Congreso.

Eduardo Zorrilla Díaz                                                                          Remedios Ramos Sánchez
Portavoz Grupo Málaga para la gente                                              Concejala Grupo Málaga para la gente

Málaga, 15 de Julio de 2015

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Moción relativa a los incumplimientos del equipo de gobierno y al recorte y reducción de contratos y horas de trabajo de los eventuales de Limasa.

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MOCIÓN

           Que presenta la concejala del Grupo Mpal. de Málaga para la gente, Remedios Ramos Sánchez, a la Comisión de Pleno de Sostenibilidad Medioambiental, relativa a los incumplimientos del equipo de gobierno y al recorte y reducción de contratos y horas de trabajo de los eventuales de Limasa.

 Cuando en diciembre de 2013 se alcanzó un acuerdo  para desconvocar la huelga de Limasa, que suponía una rebaja salarial para los trabajadores, el alcalde y el concejal de Medio Ambiente explicaron que lo que la empresa se ahorraba en salarios sería usado para contratar a más trabajadores/as eventuales para mejorar la limpieza de la ciudad.

A día de hoy, y con los datos en la mano, podemos decir claramente que el Alcalde y el concejal de Medio Ambiente mintió, ya que se ha incumplido  su compromiso de que se iba a realizar más contrataciones, pero es que, después del plan de choque de limpieza que se realizó junto antes de las elecciones, no es que las contrataciones de eventuales no hayan aumentado, sino que se han reducido drásticamente, al igual que las horas efectivas de trabajo que en los contratos de han contemplado

En julio se han realizado 39 contratos de 4 días por semana, 7 de tres días por semana, cuatro de dos días por semana y alrededor de poco más de doscientos de un día por semana (cuatro días al mes) lo que está repercutiendo en el servicio que se presta y empeorando la limpieza de la ciudad.

La consecuencia de este bajón en el número de operarios en activo es que la limpieza de las calles se realiza de manera insuficiente, apenas cubre los mínimos exigibles y con graves deficiencias. Los barrios están cada día  más sucios. Las deficiencias en el servicio no solo se perciben en el barrido, sino también en otros como la recogida selectiva o el baldeo, que prácticamente se reduce a las actuaciones imprescindibles.

Este recorte en la limpieza de la ciudad está causando alarma en la ciudadanía, a diario recibimos quejas vecinales en este sentido desde todos los distritos de la ciudad. A nuestro Grupo le preocupa mucho el devenir de esta situación, sobre todo ya en pleno verano, donde aparece la necesidad de dedicar operarios a la limpieza de playas y se multiplica la población de la ciudad debido al turismo.

También en la limpieza de las playas se han reducido, en un 50 por ciento, las horas efectivas de trabajo, ya que a los eventuales que han empleado en estas tareas se les ha hecho un contrato de dos días y de media jornada, en vez de la jornada completa como venía siendo lo habitual.

Asimismo no nos parece correcto que se haya utilizado a trabajadores/as de los planes de empleo de la Junta de Andalucía para la limpieza de las playas y paseos marítimos, cuando según el contrato y el pliego de condiciones le corresponde a Limasa prestar ese servicio y estamos pagando mucho dinero para que presten ese servicio y el equipo de gobierno ha permitido que la parte privada se lo ahorre.

Si Limasa no rectifica su política de recorte de contrataciones en la temporada turística la imagen turística de la ciudad, que es la principal industria malagueña, podría dañarse de manera preocupante.

El Grupo Municipal de Málaga para la gente se ha reunido con los eventuales de LIMASA y ha podido comprobar la justa indignación de sus trabajadores, tanto de la plantilla eventual que comprueba como la reducción de contratos dificulta el poder trabajar horas suficientes como poder recibir un salario que permita la supervivencia, como de la plantilla fija que recuerda que aceptaron solidariamente una rebaja salarial para permitir aumentar la contratación de sus compañeros eventuales y ahora se preguntan dónde ha ido a parar ese dinero detraído de sus sueldos si los eventuales en vez de aumentar disminuyen.

Los representantes de los trabajadores también nos han mostrado su preocupación por el hecho de que desde la dirección de LIMASA, no solo se está contratando a menos eventuales, sino que además estas contrataciones se están haciendo saltándose la bolsa de trabajo, una irregularidad laboral gravísima que este Ayuntamiento debe investigar inmediatamente y poner todas las medidas para que no vuelva a repetirse.

A esto se añade, la situación añadida de falta de respeto a los derechos de los/as trabajadores/as de Limasa, tanto de los fijos como de los eventuales, que han sido vulnerados por saltarse la normativa laboral y por las constantes irregularidades que se están produciendo en las bolsas de trabajo de Limasa.

Por lo anteriormente expuesto, proponemos la adopción de los siguientes

 A C U E R D O S

1º.- Instar al equipo de gobierno a que se cumplan el compromiso adoptado, tras los acuerdos alcanzados en diciembre de 2013 y los que posteriormente se alcanzaron con los eventuales de LIMASA antes de las elecciones, de que este redundaría en una mayor contratación de eventuales para reforzar el trabajo del personal fijo y temporal para una mejor limpieza de la ciudad.

2º- Instar el equipo de gobierno a investigar las irregularidades laborales y de las bolsas de trabajo de Limasa denunciados por los representantes de los trabajadores/as, tanto fijos como temporales, adoptando todas las medidas necesarias para ponerles fin y depurar las responsabilidades sobre estos hechos.

Remedios Ramos Sánchez

Concejala del Grupo Municipal Málaga para la gente

Málaga,  9 de Julio de 2015

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Moción relativa a la limpieza y retirada de residuos de la parte alta del cauce urbano del río Guadalmedina y zonas adyacentes.

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MOCIÓN

       Que presenta la concejala del Grupo Mpal. de Málaga para la gente, Remedios Ramos Sánchez, a la Comisión de Pleno de Sostenibilidad Medioambiental, relativa a la limpieza y retirada de residuos de la parte alta del cauce urbano del río Guadalmedina y zonas adyacentes.

 Para conseguir una ciudad sostenible y habitable es importante la recuperación medioambiental del patrimonio natural privilegiado como pueden ser los montes, ríos y arroyos del lugar donde habitamos. El río Guadalmedina junto a montes y arroyos adyacentes, forma parte de ese patrimonio privilegiado de nuestra ciudad, es el río de la capital, nuestro río.

Por este motivo, hemos planteado la recuperación del río Guadalmedina para la ciudad de Málaga, recuperarlo para devolverlo a su estado natural realizando una actuación integral hidrológica forestal en su cauce y zonas adyacentes, con el objetivo de lograr un entorno saludable, mejorar la calidad de vida y que nuestro río sirva de espacio recreativo para los habitantes y visitantes de la ciudad.

Tanto en este año, como en los anteriores, se procedió a la limpieza del cauce pero no se llevó a cabo una actuación integral de limpieza y restauración en la parte alta del cauce urbano, es decir, la zona que va desde el estadio de la Rosaleda hasta la Presa, y en las zonas del entorno, que abarcan los distritos de Palma Palmilla y de Ciudad Jardín, sobre todo en la zona adyacente a La Virreinas.

Han contactado con nosotros vecinos que nos han denunciado el abandono, la existencia de aguas estancadas y la degradación, del cauce alto del río Guadalmedina y en concreto sobre todo en la zona que va desde la comisaria de la policía hasta el puente de la Palmilla.

Esto ha provocado la indignación de los vecinos de los barrios más afectados por el estancamiento de las aguas en las pozas existentes en esta zona del cauce, donde existen ya hasta tortugas, por mala situación higiénico-sanitaria de este tramo del río, su estado de abandono, enorme suciedad, detritus, residuos urbanos, muebles, basuras y por este motivo, plagas de mosquitos que invaden la zona.

El equipo de gobierno se desentiende del problema, ya que según el Área de Medio Ambiente es competencia de la Junta de Andalucía. La zona está en su peor momento, con el agua estancada y residuos que se acumulan entre la maleza. El olor es fuerte, con presencia de mosquitos, ratas y tortugas.

En base a lo anterior proponemos, los siguientes

A C U E R D O S

1º.- Instar al equipo de gobierno a realizar una actuación en materia de su competencia como la retirada de residuos urbanos, muebles y basura, con el objetivo de solucionar estos problemas, y las plagas de mosquitos que invaden la zona, con la desinsectación de la zona.

2º.- Instar a las administraciones públicas competentes, equipo de gobierno y Junta de Andalucía, a que desde la colaboración entre administraciones se inicien gestiones oportunas para limpiar y acondicionar el cauce alto y tramo medio del río Guadalmedina hasta la presa al objeto de su mejora medioambiental.

Remedios Ramos Sánchez

Concejala del Grupo Municipal Málaga para la gente

Málaga,  9 de Julio de 2015

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