Sistema de Atención a la Dependencia

En defensa de las personas dependientes de Málaga

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El grupo municipal de Málaga para la Gente ha presentado una moción para su debate en la comisión de Derechos Sociales, Cultura, Educación, Deporte y Juventud en la que piden que el Ayuntamiento inste al Gobierno central a que pague la deuda de 97 millones de euros con Málaga por la ley de dependencia.

En concreto, según ha explicado la viceportavoz de Málaga para la Gente, Remedios Ramos, estas cantidades “se corresponden con las no abonadas desde 2012 por este concepto” y que “beneficiaría en más de un tercio de esa cantidad, a las personas dependientes residentes en Málaga capital, lo que a modo de ejemplo permitiría construir al menos tres hospitales de altas prestaciones en Málaga, entre ellos el tan ansiado tercer hospital para la zona oeste de nuestra ciudad”, ha dicho.

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Es imprescindible dotar de presupuesto suficiente al sistema de dependencia

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Esta mañana el Ayuntamiento de Málaga ha aprobado nuestra iniciativa para pedir a todas las administraciones a dotar de fondos suficientes al sistema de dependencia. Os dejamos el texto completo de la misma:

MOCIÓN

        Que presenta la concejala del Grupo de Málaga para la Gente, Remedios Ramos Sánchez, a la Comisión de Derechos Sociales, Cultura, Educación, Deporte y Juventud, relativa al incremento del gasto social de todas las administraciones públicas y para dotar de presupuesto suficiente el sistema de dependencia.

En el año 2016, el gasto público total en servicios sociales en el estado español (incluyendo la atención a la dependencia) ascendió a 16.700 millones de euros.

La distribución de este esfuerzo es la siguiente:

  • CCAA = 60,8% (10.171,46 M€)
  • EELL = 25,5% (4.259,11 M€)
  • AGE = 13,7% (2.296,22 M€)

  Estos datos ponen en evidencia que la aportación de la Administración general del Estado a una política esencial como es la de servicios sociales en España, es significativamente baja.

Además, resulta falso que se vayan a incrementar 442 millones en los PGE para 2017, como vienen publicitando el Gobierno. En términos reales el incremento será solo de 130 millones, lo que en relación al gasto global de 2016 supone un RIDÍCULO incremento del 0,8%.

El incremento publicitado por el Gobierno y Ciudadanos se distribuye en dos bloques: 342 millones para un plan contra la pobreza infantil, y 100 millones más para la Dependencia. Pues bien, esta es la realidad de las cifras:

Sólo 30 de los 342 millones de euros de la partida contra la pobreza infantil, son un incremento real sobre los presupuestos del año anterior.

  • 102 millones provienen del programa FEAD, para ayuda alimentaria a los desfavorecidos y lucha contra la pobreza infantil. Este dinero proviene de la Unión Europea, del Fondo de Ayuda Europea a las Personas Más Desfavorecidas (FEAD). Es decir, de excedentes alimentarios que ya se han repartido en años anteriores en la misma cuantía. Y no solo a la infancia, sino a los colectivos desfavorecidos. Simplemente, en 2017 se aplicarán solo a familias desfavorecidas, con menores a su cargo ¿y el resto…?
  • 140 millones corresponden al Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados, para la atención de familias con menores. Es una partida presupuestaria que durante el año anterior ni siquiera fue gestionada, por la incapacidad o la falta de voluntad de nuestro Gobierno para admitir la entrada de refugiados, ni siquiera en los términos en los que se había comprometido.
  • 100 millones corresponden a un incremento de 30 millones en la partida de “Prestaciones básicas de servicios sociales” que, en 2016, estuvo dotada con 70 millones (por cierto, una partida que fue reducida un 67% en años que en años anteriores). Estos 30 millones constituyen así, el único incremento efectivo en los anunciados 342 millones para combatir la pobreza infantil.

  Teniendo en cuenta que los servicios sociales municipales han atendido, según datos oficiales, a unos 8 millones y medio de personas, el incremento de esta partida supone sólo 3,50 euros más por persona y año en la aportación de la Administración General del Estado para atender a las personas más desfavorecidas.

Incrementar en 100 millones la partida para la atención a la dependencia, no va a suponer un incremento efectivo de las cuantías que recibirán las Comunidades Autónomas para atender a las personas en situación de dependencia.

A nuestro juicio 100 Millones de euros más en la partida 231I de la Seguridad Social (transferencias a las comunidades autónomas para atención a la dependencia por el nivel mínimo garantizado) es papel mojado, porque no se asegura que dichos fondos se transfieran al nivel autonómico, ya que están condicionados al número de personas efectivamente atendidas y se basan en unas cuantías que insuficientes que ya fueron recortadas un 15% en 2012, mediante R.D. Ley 20/2012 de 13 de julio.

La insuficiencia de dichas cuantías provoca que las CCAA obtengan por esa vía una financiación equivalente al 18% del gasto real que realizan. Dicho de otro modo, para recibir un solo millón de esos cien, las comunidades autónomas deben acreditar un gasto efectivo de cinco millones euros.

Por otra parte –como no podía ser de otra forma- se trata de una partida ampliable, que se suplementa automáticamente en la medida en que se incorporen nuevas personas atendidas al Sistema. De hecho, en 2016 esta partida se tuvo que suplementar a final de ejercicio con 37 millones de euros más. Así pues, la cifra inicial de esta partida es irrelevante, ya que las Comunidades Autónomas no van a recibir más ni menos dinero porque esté más o menos dotada. El auténtico incremento de la financiación del Sistema por parte de la Administración General del Estado vendría de recuperar y/o ampliar las cuantías de financiación por cada persona atendida en el nivel mínimo (que es la auténtica garantía del derecho subjetivo).

Atender a todas las personas dependientes con derecho, significaría un incremento de gasto público de unos 3.000 millones más al año, la mistad de los cuales debería aportar la Administración General del Estado si el modelo de financiación del SAAD fuera justo.

En consecuencia, el proyecto de presupuestos generales del estado para 2017 abandona de nuevo a 341.301 dependientes en lista de espera, y -con un cálculo optimista- 90 de ellos seguirán falleciendo cada día sin recibir los servicios a los que tienen derecho.

Eso sí, ese número de fallecidos contribuirá trágicamente a bajar la “lista de espera”. Esperemos que el Gobierno no alardee por ello como ya hizo en el pasado de forma indignante.

Por todo ello consideramos que los PGE denotan un Estado sin una política de servicios sociales sólida y coherente, que atiende a cuestiones puntuales con parches y sin integralidad. La presión de los servicios sociales se encuentra en los niveles locales y autonómicos y es deber del Estado su correcta financiación.

España se comprometió a reducir -por ejemplo- la tasa de pobreza (Europa 2020) en 1,4 millones de personas. En lo que llevamos de programa, no solo no nos hemos acercado al objetivo sino que nos hemos alejado de él incrementado el número de pobres de en 1,3 millones más. ¡Ahora el objetivo 2020 se sitúa en 2,7 millones de pobres menos!!!

No se trata de planes puntuales, de ocurrencias o de parches, se trata de tener una política pública de servicios sociales más eficiente que requiere de una inversión inteligente y no de parches y mucho menos del abandono.

La pobreza y desigualdad se ha instalado en la sociedad española, afectando a miles de personas y de familias que cada vez ven más difícil salir de su situación. La transmisión intergeneracional dará lugar a nuevas generaciones que van a reproducir la pobreza y que cada vez van a tener más difícil salir de ella.

  •  Casi 700.000 hogares, 1,3 millones de personas, no tienen ningún ingreso (4% de los hogares)
  • La mala alimentación por motivos económicos y, en ocasiones, el hambre, son situaciones reales que afectan a más de un millón de personas en España.
  • La Tasa Arope, que es el indicador utilizado por la Unión Europea para medir la exclusión social, sitúa a España 5,6 puntos por encima de la media europea (28,6 frente al 23%)

El desmantelamiento de las políticas sociales por parte de la administración es una realidad en nuestro país. España dedica menos recursos a la protección social que la media de los países de la UE. Aunque los recortes en el gasto social – Sanidad, Educación y Servicios Sociales- han tocado fondo en 2013, todavía no se ha recuperado los niveles de inversión en esta materia que existía antes de la crisis.

  • España dedica 2,7 puntos menos del PIB a Protección Social que la media de países de la Eurozona (17,6% frente al 20,3 de la UE)

A propuesta de nuestro grupo y en otros mandatos se aprobaron por parte del Excmo. Ayuntamiento Pleno varias mociones para combatir la pobreza, y en particular la pobreza infantil, sin que se hayan adoptados medidas para dar cumplimiento a los acuerdos de dichas mociones ni dotado de presupuesto suficiente a estos planes.

Por todo ello, proponemos la adopción de los siguientes

A C U E R D O S

1º.- Instar a todas las administraciones públicas, y en particular al gobierno central, a que se incremente el gasto social  de forma suficiente para atender todas las necesidades sociales actuales y que ninguna persona se quede desatendida, en especial para reducir la pobreza y la desigualdad en nuestro país.

2º.- Instar al gobierno central y a los grupos parlamentarios, a que se dote un presupuesto suficiente y se incrementen las partidas de gasto en materia de servicios sociales y atención a la Dependencia, en particular la dotación del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, destinada a financiar los servicios sociales más básicos de las entidades locales.

3º.- Instar al equipo de gobierno a dar cumplimiento a los acuerdos plenarios adoptados para combatir la pobreza en nuestra ciudad y en particular los referidos a la realización de un plan para reducir la pobreza infantil en Málaga.

Remedios Ramos Sánchez

Concejala del Grupo Málaga para la Gente

Málaga, a 17 de abril de 2017

Moción presentada por nuestro grupo municipal relativa a la defensa de las personas dependientes de nuestra ciudad

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MOCIÓN

Que presenta la concejala del grupo municipal de Málaga para la Gente, Remedios Ramos Sánchez, a la Comisión de Pleno de Derechos Sociales, Cultura, Educación, Deporte y Juventud, relativa a la defensa de las personas dependientes de nuestra ciudad.

Según el XVI Dictamen del Observatorio de la Dependencia, publicado el febrero de este año, en España hay 1.180.435 personas en situación de dependencia reconocida, un 2,5% de la población. Un tercio de estas personas (384.326) no recibe ninguna prestación o servicio del sistema de atención a la dependencia. En los últimos cuatro años, más de 125.000 personas han fallecido mientras esperaban recibir las prestaciones o servicios a los que tienen derecho

El recorte acumulado del Gobierno Rajoy asciende a 2.865 millones de euros considerando la supresión del nivel acordado, la reducción del nivel mínimo y la supresión de las cotizaciones de cuidadoras familiares. La aportación de los usuarios (copago) se estima en un 20% sobre el total de gasto directo del sistema más de lo que aporta el Gobierno de España.

El XVI Dictamen del Observatorio de la Dependencia es un dictamen un tanto especial porque contiene la información de la gestión del SAAD referida al ciclo político completo del Gobierno presidido por Rajoy, recoge la culminación del calendario progresivo de implantación de la Ley, y actualmente el sistema de atención a la dependencia se encuentra en punto crucial de su desarrollo. Creemos llegado el momento de tomar alguna decisión basada en las evidencias de la gestión. O se invierte de manera decidida o se admite que el Estado no es capaz de garantizar los derechos contenidos en una Ley.

El Dictamen destaca, además de los datos de cobertura y de desatención del Sistema, su sorprendente capacidad para la generación de empleo: 182.000 empleos directos están vinculados a este Sistema a final de 2015. La ratio de empleos directos por millón de euros de gasto público es de 35. Si se atendiera ya a las 384.000 personas en espera –cumpliendo así con la Ley- se generarían más de 90.000 empleos directos ex-novo, y con un incremento del gasto público de solo 1.631 millones de euros/año (2.643 M€/año de los que se recuperarían 1.012 M€/año en retornos por impuestos y cotizaciones a la seguridad social).

El gasto público se distribuye incumpliendo lo previsto en la Ley, que establece una financiación al 50% por parte de la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas. La realidad es que, debido al modelo de financiación y a las reducidas cuantías del Nivel Mínimo, la Administración General del Estado aporta solo el 22,6% del gasto público y las Comunidades Autónomas el 77,4% restante. Por su parte, la aportación de los usuarios (copago) se estima en un 20% sobre el total de gasto directo del sistema.

En consecuencia, para un desarrollo digno del SAAD acorde a lo dispuesto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, consideramos imprescindible un pacto de Estado que replantee el modelo de financiación del Sistema de Atención a la Dependencia, con epicentro en el modelo de financiación autonómica a debatir en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Hasta tanto es urgente reponer los recortes en la financiación estatal de la Dependencia. Derogar la disposición transitoria 11 del R.D. 20/2012 en el que se reduce un 13% el nivel mínimo y reponer el nivel acordado suprimido en las Leyes del PGE desde 2012.

Los continuos recortes legales y presupuestarios a la Ley, impuestos unilateralmente por la Administración Central en materia de Atención a las Dependencias, han propiciado que dicha cobertura asistencial como derecho de las personas dependientes se haya puesto seriamente en peligro.

Los representantes de colectivos sociales denuncian además que la destrucción de empleo, la precarización del mismo a través de reducciones de jornada, suspensiones de contrato, empeoramiento de las condiciones laborales, modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, inaplicaciones de convenio o retrasos inadmisibles en el pago de las nóminas se han convertido en la situación habitual que padecen miles de trabajadoras y trabajadores vinculados a la dependencia en Andalucía, afectando directamente esta situación de precariedad laboral y cercenamiento de derechos en la salud psíquica y bienestar mental de las trabajadoras y trabajadoras en su grado máximo, por su intensidad y falta de justicia en su resolución.

El Ayuntamiento de Málaga debe intentar debe intentar, en la medida de sus posibilidades, seguir ofreciendo a través de sus empresas publicas creadas para tal fin la atención a estas personas, por lo que una vez firmado el convenio de colaboración con la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía para desarrollar la promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas de Dependencia, nuestro grupo piensa que la misma se debe impulsar a través de la Empresa Más Cerca, empresa creada para tal fin, y por tanto sin contrataciones externas en este ámbito.

En atención a todo lo anterior, proponemos la adopción de los siguientes:

A C U E R D O S

1º.- Instar al gobierno central a impulsar un pacto de Estado que replantee el modelo de financiación del Sistema de Atención a la Dependencia, con epicentro en el modelo de financiación autonómica a debatir en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

2º.- Instar al gobierno central a reponer los recortes en la financiación estatal de la Dependencia y derogar la disposición transitoria 11 del R.D. 20/2012 en el que se reduce un 13% el nivel mínimo y reponer el nivel acordado suprimido en las Leyes del PGE desde 2012.

3º.- Instar el gobierno central a normalizar la cobertura de plazas del SAAD, erradicando las listas de espera y reactivando las valoraciones de nuevos usuarios. Esto debe generar la recuperación de los niveles de atención a las personas dependientes, pero también la recuperación y la generación de empleo.

4º.- Instar al gobierno central a mejorar la cobertura del SAAD volviendo al anterior baremo que evite la exclusión del SAAD de muchas personas, además de un Sistema de financiación suficiente en función del coste real de los servicios, que cumpla con el compromiso de financiación del 50%.

5º.- Instar al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Málaga a que desarrolle la Ley promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas de Dependencia a través de la Empresa Municipal Más Cerca, empresa creada para tal fin, y sin contrataciones externas en este ámbito.

Remedios Ramos Sánchez

Concejala del Grupo Málaga para la Gente

Málaga, a 8 de marzo de 2016

2016.03.08. Moción Defensa de las personas dependientes