transparencia

Una LIMASA pública, transparente, eficiente y participativa.

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Esta mañana hemos presentado la iniciativa que llevaremos mañana al Pleno del Ayuntamiento de Málaga, junto a Juanjo Espinosa, para asegurar que la futura empresa municipal de limpieza de Málaga tiene un gestión transparente, eficiente y participativa.

MOCIÓN URGENTE

 Que presenta el portavoz del Grupo Municipal de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla Díaz, la concejala del mismo grupo, Remedios Ramos Sánchez, y el concejal no adscrito Juanjo Espinosa Sampedro, al Excmo. Ayuntamiento Pleno, relativa a la futura empresa pública de limpieza viaria, recogida y gestión de residuos.

  Desde el comienzo de este mandato, tanto el grupo municipal Málaga Para la Gente, (mucho tiempo atrás como Izquierda Unida) como el concejal no adscrito Juanjo Espinosa, venimos defiendo la idea de que un servicio de competencia municipal, estratégico, y esencial para nuestra ciudad como es el de la Limpieza viaria, la recogida y gestión de residuos, ha de ser gestionado de forma pública y en ningún caso a través de una gestión privada que persiga un beneficio privado de lo que consideramos un servicio público.

  Nuestros argumentos, reiterados de forma constante tanto a través de numerosas mociones a este pleno como de forma pública, siempre han sido en favor de la urgente necesidad de hacer municipal el servicio por tres razones que consideramos fundamentales: ahorro, transparencia y eficiencia del servicio desde una gestión pública.

  En abril del año 2017 finalizó el contrato del servicio de limpieza viaria, recogida y gestión de residuos en nuestra ciudad, siendo el momento oportuno para tomar el control de la empresa y afrontarla desde una gestión directa por parte del Ayuntamiento. Lejos de esto, desde el equipo de gobierno del Partido Popular se decidió prorrogar el servicio de manera indefinida, prolongando así el desastre que el modelo de gestión mixta ha supuesto para Málaga. Una gestión que además de poco transparente ha resultado a todas luces más cara y menos eficaz, dejando como resultado una ciudad sucia.

  Las consecuencias de la prórroga, -después de 16 años de contrato- dilatando la agónica situación de la empresa mixta, han supuesto una gran pérdida de tiempo para este servicio esencial en nuestra ciudad. Está situación no ha permitido llevar a cabo las inversiones necesarias para el servicio y su modernización, a través de un diseño empresarial público y eficiente. A esto hay que sumar, las negligentes políticas de negociación con la parte social que llevó a situaciones de conflicto, y el continuo deterioro del servicio en lo que a los barrios y distritos se refiere.  

 Por el contrario, dicha prorroga -que fecha de hoy continúa vigente- ha permitido a la parte privada continuar la vampirizaciónlas arcas públicas, al mantener la gestión mixta que nos obliga a afrontar costes que nos ahorraríamos en caso de municipalizar el servicio: canon de asistencia técnica, impuestos, beneficios empresariales.

 En diciembre del pasado año, el Alcalde anunciaba su apuesta por una solución híbrida” para Limasa, despejando así el camino para que Ciudadanos apoyara los presupuestos de la ciudad. El Sr. De La Torre anunció entonces que pondría en manos privadas las tareas de limpieza viaria -la que más beneficiosa podría resultar- y en manos municipales la parte de recogida de residuos -la que asumiría mayores inversiones y más costes.  

  Hace apenas una semana, en el pleno del debate sobre el estado de la ciudad, el Alcalde sorpresivamente manifestó su firme intención de municipalizar el servicio, iniciando un proceso para afrontarlo desde una gestión pública. Curiosamente, el Sr. De La Torre hacía uso de los mismos argumentos con los que nosotros venimos defendiendo esta posición: ahorro, transparencia y eficacia. Argumentos que en numerosas ocasiones hemos reiterado, manifestando que es una apuesta decidida por los intereses de la ciudad.

  Una decisión que sin duda saludamos, aunque no dejaremos de insistir que llega con más de 17 años de retraso, en los que se ha condenado a nuestra ciudad a pagar mucho por un servicio a todas luces ineficiente y opaco. En cualquier caso, compartimos las palabras expresadas por el Alcalde en el pasado Pleno, en la que afirmaba rotundamente que el ahorro que supondrá la municipalización del servicio repercutirá en mejoras para el mismo y pondrá fin a la espiral de conflictos con la parte social y la judicialización de estos, cosa que todos esperamos y deseamos.

  Sumado a todo esto, se proponía introducir criterios de productividad, mediante sistemas automáticos de control, y encuestas de satisfacción a la población a la que condicionar el carácter municipal del servicio, cosa esta última que no compartimos y que entendemos que no se puede condicionar el servicio a encuestas de opinión.

  Una gestión directa del servicio tiene que partir de un modelo empresarial público con un diseño serio y eficiente, y por supuesto susceptible a una constante evaluación, sin que esto suponga condicionar el carácter municipal de la empresa, y sí para llevar a cabo propuesta de mejoras. El futuro servicio, además de ponerse en marcha con la mayor brevedad posible, ha de contar con una planificación y un plan de viabilidad riguroso en cuanto a las inversiones necesarias para la renovación de la flota y las infraestructuras; la modernización del servicio;  la gestión de residuos desde la sostenibilidad, etc.

  Además, y de forma inmediata se debe poner en marcha un calendario de negociaciones con los trabajadores y trabajadoras que dé forma a un nuevo convenio colectivo, partiendo del convenio vigente 2010-12 reconocido por sentencia judicial, llevándolo al marco de una empresa municipal. Un convenio para el largo plazo que garantice la estabilidad y la paz social, teniendo en cuenta el marco laboral tras el cambio de gobierno.

  Del mismo modo, el equipo de gobierno tiene que comprometerse a favorecer un calendario de información con el resto de fuerzas políticas sobre el proceso de municipalización del servicio, así como con los agentes sociales y colectivos sociales de Málaga.

  Por último, defendemos que el futuro de la empresa municipal debería ser una referencia y una oportunidad para establecer una gestión pública que cuente con la máxima transparencia y la participación, contando con las fuerzas representativas de la ciudadanía tanto grupos políticos, sindicatos, asociaciones de consumidores y de vecinos y vecinas, así como, proveerse de un consejo consultivo con personas de reconocido prestigio en el ámbito de la gestión pública y el medio ambiente.

En atención a lo anterior, proponemos los siguientes

ACUERDOS

  1. El Ayuntamiento de Málaga, el equipo de gobierno y resto de grupos políticos, asumirán el compromiso político de blindarel carácter Público de la nueva empresa de Limpieza Viaria, Recogida y gestión de residuos, hasta que se amorticen la totalidad de las inversiones y costes de la puesta en marcha de la nueva sociedad municipal.
  2. El Ayuntamiento de Málaga evaluará permanentemente la gestión municipal de la empresa pública, a través de unos protocolos de control de calidad claramente establecidos que al menos comprenderán los siguientes indicadores:
          • Comparativos  de la gestión privada anterior y la pública actual.
          • De evaluación de la gestión directiva de la empresa.
          • De evaluación de la gestión política de la empresa.
          • De evaluación del servicio prestado y grado de satisfacción de los vecinos-as de la ciudad.
  1.  El Ayuntamiento de Málaga dispondrá de un Consejo de Administración para la nueva sociedad, que garantice la gestión democrática y participada contando con la incorporación, con voz pero sin voto, de representantes vecinales, de consumidores, además de los grupos políticos y los sindicatos.
  1. El Ayuntamiento de Málaga creará un consejo consultivo con personalidades de reconocido prestigio de la ciudad en el ámbito de la gestión pública y el medio ambiente, a propuesta de los distintos grupos políticos, que informará al consejo de administración y validará los controles de calidad.
  1. Instar al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Málaga a acordar el nuevo convenio laboral de la nueva sociedad municipal de limpieza viaria, recogida y gestión de residuos, partiendo como convenio marco del convenio actual 2010-12 asumible desde el ámbito municipal, que asegure un acuerdo a largo plazo para consolidar la estabilidad empresarial del nuevo modelo y la paz social. 
  2. Instar al equipo de gobierno a exigir a los socios privados que devuelvan a Limasa el canon de asistencia técnica cobrado a través de la compensación económica.

 

Eduardo Zorrilla Díaz Remedios Ramos Sánchez      Juanjo Espinosa Sampedro

Málaga para la Gente       Málaga para la Gente                  Concejal no adscrito

 

Málaga, a 27 de junio de 2018

Investigar las 7.000 denuncias que urbanismo ha dejado impunes

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El grupo municipal de Málaga para la Gente pedirá en el pleno de este viernes una comisión de investigación sobre los expedientes de infracciones urbanísticas entre los años 2006 y 2016, según han informado este martes los concejales Eduardo Zorrilla y Remedios Ramos.

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Zorrilla y Ramos han anunciado la moción, que han presentado después de las numerosas ocasiones en las que este grupo ha reclamado información, “sin obtener datos, salvo algunos verbales, e intentado maquillarlos”. Han recordado que entre los años 2006 y 2016 se han registrado 7.000 infracciones urbanísticas, “que han quedado impunes, la mayoría por no haber sido tramitadas, porque las han dejado caducar o prescribir”. Zorrilla considera estos hechos “uno de los escándalos más graves  del PP, que ha metido en el cajón o ha amontonado a un lado miles de infracciones, perdiendo, además los ingresos”.

El portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, se ha preguntado “el interés que tiene el PP en estos hechos y en mantener sólo tres inspectores, cuando había seis. También porqué los jefes han defendido que es personal suficiente”.

“Queremos luz y taquígrafos”, ha incidido el concejal, al tiempo que ha explicado que “el equipo de gobierno apunta ahora tramitar los expedientes en función de una puntuación en base a criterios desconocidos; en el colmo del esperpento”. Por ello, Zorrilla quiere saber qué criterios serían esos y si entre ellos estaría “ser amiguete del PP de Málaga”.

Texto completo de la iniciativa

MOCIÓN

         Que presenta el portavoz del Grupo Mpal. de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla Díaz, y la portavoz adjunta Remedios Ramos Sánchez, a la atención del Excmo. Ayuntamiento Pleno, para la creación de una comisión de investigación de infracciones urbanísticas sin tramitar y reforzar la plantilla de inspectores.

La Comisión de Transparencia celebrada a principios de este mes no ha servido para arrojar luz respecto a la oscura gestión de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Málaga y la opacidad del equipo de gobierno en lo referido a la tramitación de infracciones urbanísticas en el periodo 2006-2016, nadie ha explicado por qué no se han tramitado 7.000 sanciones que han quedado impunes durante la última década ni qué ha pasado con esos expedientes sin tramitar.

Este asunto ha pasado por la comisión de Urbanismo, por el pleno municipal, por la comisión especial de Transparencia y por un consejo rector extraordinario de la Gerencia de Urbanismo donde ya se aprobó realizar una auditoría para conocer la situación de esos expedientes de infracción.

Sin embargo, a fecha de hoy aún no se nos han entregado ni un solo papel ni la relación numérica y estadística de la situación de estos expedientes, ni resultado de ninguna investigación interna, ni conclusiones de auditoría alguna, saltándose todos los acuerdos vinculantes de la moción de nuestro grupo aprobada en junio de 2017 y de los propios principios de la comisión, ya que se presentan los temas con una mes de antelación para facilitar documentación, informes y expedientes relacionados.

Así, sólo hemos obtenido una información verbal e imprecisa del concejal del Área en la última comisión municipal, lo que nos obliga a seguir insistiendo en reclamar luz y taquígrafos en este asunto frente a la actual opacidad y falta de transparencia.

Según admitió el propio concejal, entre los años 2009 y 2016 fueron archivados 810 expedientes que caducaron, una cifra que forma parte de las 2.593 denuncias sin tramitar. A ello se le unen además las 3.938 causas abiertas entre 2006 a 2009 que el edil incluso afirmó desconocer su paradero al no cursarse. Lo que se traduce en millones de euros que han dejado de ingresar las arcas municipales porque las constructoras y promotoras no han tenido que pagar las sanciones en algunos casos.

El concejal aseguró, verbalmente, ya que no facilitó ni un solo papel por escrito, que de las 2.593 denuncias interpuestas entre 2009 y 2016, 300 no eran realmente denuncias urbanísticas; 18 estaban duplicadas; 461 deberían haberse archivado por ausencia de infracción; 991 están vivas y en trámite; y 810 han quedado prescritas definitivamente al pasar los cuatro años que dice la Ley por fallos administrativos.

Respecto al periodo comprendido entre 2006 y 2009 admitió que infringieron la Ley al no tramitar las casi 4.000 denuncias, tal y como exige la LOUA pero cree que fue una buena gestión a pesar de no saber qué había sido de ellas.

Lo ocurrido con los expedientes de infracciones urbanísticas que se han dejado caducar y prescribir constituye un escándalo sin precedentes, en los años de gestión de PP al frente del Ayuntamiento este es uno de los casos más graves.

Las cifras sobre las que verbalmente se ha informado parecen un mero intento de maquillar la dimensión de la situación  y restar importancia diciendo que sólo se trata de errores administrativos, pero a la vez también pide disculpas y se reconoce de facto que no se está cumpliendo con la normativa urbanística, añadiendo la afirmación de que el equipo de gobierno no es partidario de aplicar la Ley sancionando a quienes hacen obras menores sin la correspondiente licencia, algo que es gravísimo.

No se ha actuado conforme a la Ley, pero es que además el propio concejal lo ha reconocido y pese a ello el equipo de gobierno del PP se niega a darnos todos los datos que pedimos por escrito. Si no tuvieran nada que ocultar nos hubieran facilitado ya todos los documentos que llevamos más de seis meses pidiendo y esperando. Están haciendo un alarde de enorme hipocresía pidiendo disculpas pero a la vez negando la información. La falta de transparencia y opacidad respecto a este asunto es total.

No vamos a parar hasta arrojar luz sobre este asunto, primero queremos los datos y documentos, y que comparezcan los responsables de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) en una Comisión de Investigación. Si esto responde a una decisión arbitraria o sin justificar sería muy grave por lo que una vez que analicemos los datos exigiremos que se depuren las responsabilidades políticas y de cualquier tipo.

El Reglamento Orgánica del Pleno (ROP) contempla en su Art. 172, la creación Comisiones no permanentes por acuerdo del Pleno para un asunto concreto, con fines de estudio, elaboración de propuestas u otros de naturaleza análoga, que se regirán por su acuerdo de constitución y, supletoriamente, por las normas reguladoras de las Comisiones permanentes, y se extinguirán automáticamente una vez hayan terminado de desarrollar las funciones que motivaron su creación.

En el Apartado 2 del Artículo 172, específicamente, se señala que las Comisiones de Investigación se podrán crear por mayoría simple, a propuesta del Alcalde, de la Junta de Gobierno Local, o de un Grupo Municipal. Sus conclusiones se reflejarán en un dictamen que habrá de ser debatido y votado por el Pleno.

El reglamento no dice nada en cuanto a su duración, no tiene por qué alargarse en el tiempo como lo hicieron las comisiones de Art Natura y Limasa, que implicaban muchas vertientes y cuestiones para analizar, así como a distintas Áreas.

En el caso de la situación de los expedientes de infracciones urbanísticas que no ha tramitado la GMU en el periodo 2006-2016 dejando que caduquen y prescriban, al tratarse una cuestión concreta, no necesita tantas sesiones como las anteriores.

Por este motivo, pensamos que el instrumento más adecuado, en vista de que todo los demás han fallado, para poner luz y taquígrafos y aclarar que ha pasado con 7.000 infracciones urbanísticas en el periodo 2006-2016 que no se han tramitado, sería la creación de una comisión de investigación de la situación de los expedientes.

Por otro lado, a raíz de la iniciativa de nuestro grupo en la comisión municipal de transparencia, pudimos confirmar que la GMU solo dispone de tres inspectores para realizar las inspecciones, atender las denuncias  de la policía local y comprobar el millar de expedientes de infracciones urbanísticas que se abren de media cada año.

A nuestro grupo municipal este número de inspectores resulta, a todas luces, completamente insuficiente para una ciudad de las dimensiones de Málaga, más aún cuando por ejemplo en Sevilla cuentan con ocho inspectores  dedicados a estas tareas.

Las personas responsables de este departamento de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) informaron que está a punto de ver la luz un plan para impulsar el servicio de inspección que priorizará las infracciones más graves (no sabemos qué pasará con las menos graves) pero no contempla aumentar el número de inspectores lo que suponer mermar la efectividad y la eficacia del servicio de inspección.

Por ello pensamos que para impulsar el servicio de inspección y que este sea efectivo y eficaz y pueda tramitar todas las infracciones como es obligatorio según las leyes y normativa vigente es necesario aumentar el número de inspectores.

Sólo se puede trabajar activamente con una menor carga de trabajo y estando a pie de obra, lamentamos que la falta de inspectores y decisiones, que cuanto menos rayan en la prevaricación, como la decisión de no tramitar expedientes de infracciones urbanísticas, mermen la eficacia de la GMU y provoquen la sensación de impunidad en ver de convertirse dicha eficacia en un elemento disuasorio muy importante.

En atención a todo lo anterior, proponemos la adopción de los siguientes

 

A CU E R D O S

 

1.- Instar al equipo de gobierno a que, en atención a lo establecido en el artículo 172.2 del reglamento Orgánico del Pleno (ROP), se proceda con carácter urgente a la creación de una comisión de investigación sobre los expedientes de infracciones que en el en el periodo 2006-2016 no se hayan tramitado o hayan caducado y prescrito.

2.- Para el desarrollo de los trabajos de dicha comisión, se entregará de forma urgente e inmediata, toda la información: relación de expedientes, conclusiones de la investigación interna y detalle de la situación de los mismos.

3.- Instar al equipo de gobierno a reforzar el servicio de inspección de la GMU con la incorporación nuevos inspectores, en número suficiente para que este servicio sea efectivo y eficaz y para que se puedan tramitar todas las infracciones urbanísticas.

 

Eduardo Zorrilla Díaz                                                               Remedios Ramos Sánchez

Portavoz Málaga para la Gente                                           Concejala Málaga para la Gente

Málaga, a 16 de marzo de 2018

Dar transparencia a la reforma del Hotel Miramar

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HOTEL MIRAMAR

Hoy hemos llevado a la comisión de transparencia del Ayuntamiento de Málaga las obras del Hotel Miramar, edificio que forma parte del Catálogo del Patrimonio Histórico Andaluz.

Estas obras han estado desde su inicio vinculadas a diferentes denuncias sobre irregularidades entre las que destaca la construcción de una nueva estructura en la cubierta del edificio, un edificio cuya singularidad obliga a mantener la estructura original.

No ha ayudado a aclarar estas irregularidades el oscurantismo con el que ha tratado el asunto el que el equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Málaga. Desde Málaga para la Gente hemos llevado durante los últimos meses diferentes iniciativas de cara a conocer los detalles de las inspecciones realizadas. A pesar de ellos seguimos sin recibir ninguno de los documentos a los que, como concejales de este Ayuntamiento, tenemos derechos a consultar.

Esta situación nos ha llevado a llevar el tema a la comisión de transparencia para que lo analice.  Puedes leer el texto completo de la iniciativa en el enlace

INiCIATIVA: Transparencia al HOTEL MIRAMAR

Moción presentada por nuestro grupo municipal relativa al impulso de la transparencia y la participación ciudadana

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MOCIÓN

Que presenta la portavoz adjunta del Grupo de ‘Málaga para la Gente’, Remedios Ramos Sánchez, a la Comisión de Derechos Sociales, Cultura, Educación, Deporte y Juventud, relativa al impulso de la transparencia y la participación ciudadana.

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno exige que los municipios tengan un portal de transparencia público en sus páginas web de modo que a través de un único punto de acceso el ciudadano pueda obtener toda la información disponible. En el art. 2 de dicha Ley de Transparencia se indica que todas las administraciones públicas deben someterse a esta ley. Sin embargo, tras observar el portal de transparencia de la página web del Ayuntamiento, aunque reconocemos que se ha avanzado en los últimos años, notamos algunas deficiencias que deben ser subsanadas y mejoradas.

El equipo de gobierno tiene que entender que nos encontramos en un momento histórico, en el plano político y social, donde la ciudadanía reclama una mayor democracia, una participación real en la política y una transparencia total en la gestión de lo público. No debemos olvidar que los Ayuntamientos son los organismos públicos más cercanos a la ciudadanía, donde muchas vecinas y vecinos se dirigen para iniciar trámites o ser derivados a otros departamentos u organismos. Es por ello que la puerta de entrada a la gestión pública debe y tiene que ser un reflejo de aquello que demanda.

Por tanto, la transparencia y la participación ciudadana no solo deben ser palabras que rellenen los programas electorales o titulares de noticias. Se han de promover acciones que potencien la participación real de la ciudadanía en la gestión de lo público. El distanciamiento de la política en relación a la sociedad debe acortarse con mecanismos que faciliten la transparencia de las decisiones tomadas en este Ayuntamiento. Entendemos que es necesario mejorar y/o dotar de herramientas a la corporación municipal que faciliten el acceso a la información por parte de la ciudadanía, de la cuál esperamos encontrar consenso con el resto de grupos representados en este Ayuntamiento con el fin de que redunde en el beneficio de la ciudadanía de nuestra ciudad.

La gran proliferación de casos de corrupción en la vida política o comportamientos poco éticos y nada ejemplares, pese a su apariencia legal, sobre excesos de poder por parte de algunos cargos que se apropian indebidamente del dinero público, hace que las medidas sobre transparencia deban estar en la agenda política de esta corporación. La importancia de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en las administraciones públicas se hacen patente con la cada vez mayor presencia de herramientas informáticas que permitan a todas las personas el acceso a la información y a los trámites administrativos, avanzando en la necesaria democratización de la información, apoyándonos en el abaratamiento de los medios y en la implementación de las mejoras técnicas que sean precisas y que nos permite hoy en día la tecnología.

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, señala en su Capítulo II, sobre Publicidad activa, señala lo siguiente:

Artículo 5. Principios generales.-

1. Los sujetos enumerados en el artículo 2.1 publicarán de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública.
2. Las obligaciones de transparencia contenidas en este capítulo se entienden sin perjuicio de la aplicación de la normativa autonómica correspondiente o de otras disposiciones específicas que prevean un régimen más amplio en materia de publicidad.
3. Serán de aplicación, en su caso, los límites al derecho de acceso a la información pública previstos en el artículo 14 y, especialmente, el derivado de la protección de datos de carácter personal, regulado en el artículo 15. A este respecto, cuando la información contuviera datos especialmente protegidos, la publicidad sólo se llevará a cabo previa disociación de los mismos.
4. La información sujeta a las obligaciones de transparencia será publicada en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web y de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y, preferiblemente, en formatos reutilizables. Se establecerán los mecanismos adecuados para facilitar la accesibilidad, la interoperabilidad, la calidad y la reutilización de la información publicada así como su identificación y localización.
Cuando se trate de entidades sin ánimo de lucro que persigan exclusivamente fines de interés social o cultural y cuyo presupuesto sea inferior a 50.000 euros, el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta Ley podrá realizarse utilizando los medios electrónicos puestos a su disposición por la Administración Pública de la que provenga la mayor parte de las ayudas o subvenciones públicas percibidas.
5. Toda la información será comprensible, de acceso fácil y gratuito y estará a disposición de las personas con discapacidad en una modalidad suministrada por medios o en formatos adecuados de manera que resulten accesibles y comprensibles, conforme al principio de accesibilidad universal y diseño para todos.

Artículo 6. Información institucional, organizativa y de planificación.

1. Los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de este título publicarán información relativa a las funciones que desarrollan, la normativa que les sea de aplicación así como a su estructura organizativa. A estos efectos, incluirán un organigrama actualizado que identifique a los responsables de los diferentes órganos y su perfil y trayectoria profesional.
2. Las Administraciones Públicas publicarán los planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución. Su grado de cumplimiento y resultados deberán ser objeto de evaluación y publicación periódica junto con los indicadores de medida y valoración, en la forma en que se determine por cada Administración competente.
En el ámbito de la Administración General del Estado corresponde a las inspecciones generales de servicios la evaluación del cumplimiento de estos planes y programas.

Artículo 7. Información de relevancia jurídica.

Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, publicarán:
a) Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros órganos en la medida en que supongan una interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos.
b) Los Anteproyectos de Ley y los proyectos de Decretos Legislativos cuya iniciativa les corresponda, cuando se soliciten los dictámenes a los órganos consultivos correspondientes. En el caso en que no sea preceptivo ningún dictamen la publicación se realizará en el momento de su aprobación.
c) Los proyectos de Reglamentos cuya iniciativa les corresponda. Cuando sea preceptiva la solicitud de dictámenes, la publicación se producirá una vez que estos hayan sido solicitados a los órganos consultivos correspondientes sin que ello suponga, necesariamente, la apertura de un trámite de audiencia pública.
d) Las memorias e informes que conformen los expedientes de elaboración de los textos normativos, en particular, la memoria del análisis de impacto normativo regulada por el Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio.
e) Los documentos que, conforme a la legislación sectorial vigente, deban ser sometidos a un período de información pública durante su tramitación.

Artículo 8. Información económica, presupuestaria y estadística.

1. Los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título deberán hacer pública, como mínimo, la información relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria que se indican a continuación:
a) Todos los contratos, con indicación del objeto, duración, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del contrato. Igualmente serán objeto de publicación las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos. La publicación de la información relativa a los contratos menores podrá realizarse trimestralmente.
Asimismo, se publicarán datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público.
b) La relación de los convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su objeto, plazo de duración, modificaciones realizadas, obligados a la realización de las prestaciones y, en su caso, las obligaciones económicas convenidas. Igualmente, se publicarán las encomiendas de gestión que se firmen, con indicación de su objeto, presupuesto, duración, obligaciones económicas y las subcontrataciones que se realicen con mención de los adjudicatarios, procedimiento seguido para la adjudicación e importe de la misma.
c) Las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios.
d) Los presupuestos, con descripción de las principales partidas presupuestarias e información actualizada y comprensible sobre su estado de ejecución y sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas.
e) Las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por parte de los órganos de control externo que sobre ellos se emitan.
f) Las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables de las entidades incluidas en el ámbito de la aplicación de este título. Igualmente, se harán públicas las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del abandono del cargo.
g) Las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los empleados públicos así como las que autoricen el ejercicio de actividad privada al cese de los altos cargos de la Administración General del Estado o asimilados según la normativa autonómica o local.
h) Las declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes locales, en los términos previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Cuando el reglamento no fije los términos en que han de hacerse públicas estas declaraciones se aplicará lo dispuesto en la normativa de conflictos de intereses en el ámbito de la Administración General del Estado. En todo caso, se omitirán los datos relativos a la localización concreta de los bienes inmuebles y se garantizará la privacidad y seguridad de sus titulares.
i) La información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos que sean de su competencia, en los términos que defina cada administración competente.
2. Los sujetos mencionados en el artículo 3 deberán publicar la información a la que se refieren las letras a) y b) del apartado primero de este artículo cuando se trate de contratos o convenios celebrados con una Administración Pública. Asimismo, habrán de publicar la información prevista en la letra c) en relación a las subvenciones que reciban cuando el órgano concedente sea una Administración Pública.
3. Las Administraciones Públicas publicarán la relación de los bienes inmuebles que sean de su propiedad o sobre los que ostenten algún derecho real.

Artículo 9. Control.

1. El cumplimiento por la Administración General del Estado de las obligaciones contenidas en este capítulo será objeto de control por parte del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
2. En ejercicio de la competencia prevista en el apartado anterior, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, de acuerdo con el procedimiento que se prevea reglamentariamente, podrá dictar resoluciones en las que se establezcan las medidas que sea necesario adoptar para el cese del incumplimiento y el inicio de las actuaciones disciplinarias que procedan.
3. El incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa reguladas en este capítulo tendrá la consideración de infracción grave a los efectos de aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora.

Por otro lado, pensamos que no puede haber transparencia sin participación ciudadana, por eso hay que seguir avanzando en el derecho a la información y de participación ciudadana en el ámbito local, buscando implicación y compromiso con la acción pública de toda la sociedad, asumiendo compromisos de buen gobierno y realización de prácticas ejemplares, en los ámbitos de rendición de cuentas, adoptar un compromiso ético, participación en la toma de decisiones y diseño y evaluación de servicios públicos.

En atención a lo anterior, proponemos la adopción de los siguientes

ACUERDOS

1º.- Instar al equipo de gobierno a continuar avanzando en la aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, mejorando la actual información del portal de transparencia de la página web del Ayuntamiento de Málaga, Organismos Autónomos y Empresas, subsanando las posibles deficiencias y toda información que no se incluye pese a que se contempla en la mencionada Ley.

2º.- Instar a equipo de gobierno a que, en particular, publique los costes definitivos de los festejos que sufraga el erario municipal, especialmente las fiestas populares, incluyendo los contratos con artistas, infraestructuras y personal destinado a dichos eventos, así como que también se publique en la página web todos los procedimientos y criterios de concesión de todo tipo de subvenciones y ayudas, y comprobación, en su caso, del cumplimiento de los fines para los que fue concedida.

3º.- Instar al equipo de gobierno a continuar avanzando en los derechos a la información y de participación ciudadana en el ámbito local, buscando implicación y compromiso con la acción pública de toda la sociedad, asumiendo compromisos de buen gobierno y realización de prácticas ejemplares en los ámbitos de rendición de cuentas, adoptar un compromiso ético, participación en la toma de decisiones y diseño y evaluación de servicios públicos.

Remedios Ramos Sánchez
Portavoz Adjunta Grupo Málaga para la Gente

Málaga, a 12 de julio 2016

2016.07.12. Moción Transparencia y participación ciudadana