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Investigar las 7.000 denuncias que urbanismo ha dejado impunes

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El grupo municipal de Málaga para la Gente pedirá en el pleno de este viernes una comisión de investigación sobre los expedientes de infracciones urbanísticas entre los años 2006 y 2016, según han informado este martes los concejales Eduardo Zorrilla y Remedios Ramos.

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Zorrilla y Ramos han anunciado la moción, que han presentado después de las numerosas ocasiones en las que este grupo ha reclamado información, “sin obtener datos, salvo algunos verbales, e intentado maquillarlos”. Han recordado que entre los años 2006 y 2016 se han registrado 7.000 infracciones urbanísticas, “que han quedado impunes, la mayoría por no haber sido tramitadas, porque las han dejado caducar o prescribir”. Zorrilla considera estos hechos “uno de los escándalos más graves  del PP, que ha metido en el cajón o ha amontonado a un lado miles de infracciones, perdiendo, además los ingresos”.

El portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, se ha preguntado “el interés que tiene el PP en estos hechos y en mantener sólo tres inspectores, cuando había seis. También porqué los jefes han defendido que es personal suficiente”.

“Queremos luz y taquígrafos”, ha incidido el concejal, al tiempo que ha explicado que “el equipo de gobierno apunta ahora tramitar los expedientes en función de una puntuación en base a criterios desconocidos; en el colmo del esperpento”. Por ello, Zorrilla quiere saber qué criterios serían esos y si entre ellos estaría “ser amiguete del PP de Málaga”.

Texto completo de la iniciativa

MOCIÓN

         Que presenta el portavoz del Grupo Mpal. de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla Díaz, y la portavoz adjunta Remedios Ramos Sánchez, a la atención del Excmo. Ayuntamiento Pleno, para la creación de una comisión de investigación de infracciones urbanísticas sin tramitar y reforzar la plantilla de inspectores.

La Comisión de Transparencia celebrada a principios de este mes no ha servido para arrojar luz respecto a la oscura gestión de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Málaga y la opacidad del equipo de gobierno en lo referido a la tramitación de infracciones urbanísticas en el periodo 2006-2016, nadie ha explicado por qué no se han tramitado 7.000 sanciones que han quedado impunes durante la última década ni qué ha pasado con esos expedientes sin tramitar.

Este asunto ha pasado por la comisión de Urbanismo, por el pleno municipal, por la comisión especial de Transparencia y por un consejo rector extraordinario de la Gerencia de Urbanismo donde ya se aprobó realizar una auditoría para conocer la situación de esos expedientes de infracción.

Sin embargo, a fecha de hoy aún no se nos han entregado ni un solo papel ni la relación numérica y estadística de la situación de estos expedientes, ni resultado de ninguna investigación interna, ni conclusiones de auditoría alguna, saltándose todos los acuerdos vinculantes de la moción de nuestro grupo aprobada en junio de 2017 y de los propios principios de la comisión, ya que se presentan los temas con una mes de antelación para facilitar documentación, informes y expedientes relacionados.

Así, sólo hemos obtenido una información verbal e imprecisa del concejal del Área en la última comisión municipal, lo que nos obliga a seguir insistiendo en reclamar luz y taquígrafos en este asunto frente a la actual opacidad y falta de transparencia.

Según admitió el propio concejal, entre los años 2009 y 2016 fueron archivados 810 expedientes que caducaron, una cifra que forma parte de las 2.593 denuncias sin tramitar. A ello se le unen además las 3.938 causas abiertas entre 2006 a 2009 que el edil incluso afirmó desconocer su paradero al no cursarse. Lo que se traduce en millones de euros que han dejado de ingresar las arcas municipales porque las constructoras y promotoras no han tenido que pagar las sanciones en algunos casos.

El concejal aseguró, verbalmente, ya que no facilitó ni un solo papel por escrito, que de las 2.593 denuncias interpuestas entre 2009 y 2016, 300 no eran realmente denuncias urbanísticas; 18 estaban duplicadas; 461 deberían haberse archivado por ausencia de infracción; 991 están vivas y en trámite; y 810 han quedado prescritas definitivamente al pasar los cuatro años que dice la Ley por fallos administrativos.

Respecto al periodo comprendido entre 2006 y 2009 admitió que infringieron la Ley al no tramitar las casi 4.000 denuncias, tal y como exige la LOUA pero cree que fue una buena gestión a pesar de no saber qué había sido de ellas.

Lo ocurrido con los expedientes de infracciones urbanísticas que se han dejado caducar y prescribir constituye un escándalo sin precedentes, en los años de gestión de PP al frente del Ayuntamiento este es uno de los casos más graves.

Las cifras sobre las que verbalmente se ha informado parecen un mero intento de maquillar la dimensión de la situación  y restar importancia diciendo que sólo se trata de errores administrativos, pero a la vez también pide disculpas y se reconoce de facto que no se está cumpliendo con la normativa urbanística, añadiendo la afirmación de que el equipo de gobierno no es partidario de aplicar la Ley sancionando a quienes hacen obras menores sin la correspondiente licencia, algo que es gravísimo.

No se ha actuado conforme a la Ley, pero es que además el propio concejal lo ha reconocido y pese a ello el equipo de gobierno del PP se niega a darnos todos los datos que pedimos por escrito. Si no tuvieran nada que ocultar nos hubieran facilitado ya todos los documentos que llevamos más de seis meses pidiendo y esperando. Están haciendo un alarde de enorme hipocresía pidiendo disculpas pero a la vez negando la información. La falta de transparencia y opacidad respecto a este asunto es total.

No vamos a parar hasta arrojar luz sobre este asunto, primero queremos los datos y documentos, y que comparezcan los responsables de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) en una Comisión de Investigación. Si esto responde a una decisión arbitraria o sin justificar sería muy grave por lo que una vez que analicemos los datos exigiremos que se depuren las responsabilidades políticas y de cualquier tipo.

El Reglamento Orgánica del Pleno (ROP) contempla en su Art. 172, la creación Comisiones no permanentes por acuerdo del Pleno para un asunto concreto, con fines de estudio, elaboración de propuestas u otros de naturaleza análoga, que se regirán por su acuerdo de constitución y, supletoriamente, por las normas reguladoras de las Comisiones permanentes, y se extinguirán automáticamente una vez hayan terminado de desarrollar las funciones que motivaron su creación.

En el Apartado 2 del Artículo 172, específicamente, se señala que las Comisiones de Investigación se podrán crear por mayoría simple, a propuesta del Alcalde, de la Junta de Gobierno Local, o de un Grupo Municipal. Sus conclusiones se reflejarán en un dictamen que habrá de ser debatido y votado por el Pleno.

El reglamento no dice nada en cuanto a su duración, no tiene por qué alargarse en el tiempo como lo hicieron las comisiones de Art Natura y Limasa, que implicaban muchas vertientes y cuestiones para analizar, así como a distintas Áreas.

En el caso de la situación de los expedientes de infracciones urbanísticas que no ha tramitado la GMU en el periodo 2006-2016 dejando que caduquen y prescriban, al tratarse una cuestión concreta, no necesita tantas sesiones como las anteriores.

Por este motivo, pensamos que el instrumento más adecuado, en vista de que todo los demás han fallado, para poner luz y taquígrafos y aclarar que ha pasado con 7.000 infracciones urbanísticas en el periodo 2006-2016 que no se han tramitado, sería la creación de una comisión de investigación de la situación de los expedientes.

Por otro lado, a raíz de la iniciativa de nuestro grupo en la comisión municipal de transparencia, pudimos confirmar que la GMU solo dispone de tres inspectores para realizar las inspecciones, atender las denuncias  de la policía local y comprobar el millar de expedientes de infracciones urbanísticas que se abren de media cada año.

A nuestro grupo municipal este número de inspectores resulta, a todas luces, completamente insuficiente para una ciudad de las dimensiones de Málaga, más aún cuando por ejemplo en Sevilla cuentan con ocho inspectores  dedicados a estas tareas.

Las personas responsables de este departamento de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) informaron que está a punto de ver la luz un plan para impulsar el servicio de inspección que priorizará las infracciones más graves (no sabemos qué pasará con las menos graves) pero no contempla aumentar el número de inspectores lo que suponer mermar la efectividad y la eficacia del servicio de inspección.

Por ello pensamos que para impulsar el servicio de inspección y que este sea efectivo y eficaz y pueda tramitar todas las infracciones como es obligatorio según las leyes y normativa vigente es necesario aumentar el número de inspectores.

Sólo se puede trabajar activamente con una menor carga de trabajo y estando a pie de obra, lamentamos que la falta de inspectores y decisiones, que cuanto menos rayan en la prevaricación, como la decisión de no tramitar expedientes de infracciones urbanísticas, mermen la eficacia de la GMU y provoquen la sensación de impunidad en ver de convertirse dicha eficacia en un elemento disuasorio muy importante.

En atención a todo lo anterior, proponemos la adopción de los siguientes

 

A CU E R D O S

 

1.- Instar al equipo de gobierno a que, en atención a lo establecido en el artículo 172.2 del reglamento Orgánico del Pleno (ROP), se proceda con carácter urgente a la creación de una comisión de investigación sobre los expedientes de infracciones que en el en el periodo 2006-2016 no se hayan tramitado o hayan caducado y prescrito.

2.- Para el desarrollo de los trabajos de dicha comisión, se entregará de forma urgente e inmediata, toda la información: relación de expedientes, conclusiones de la investigación interna y detalle de la situación de los mismos.

3.- Instar al equipo de gobierno a reforzar el servicio de inspección de la GMU con la incorporación nuevos inspectores, en número suficiente para que este servicio sea efectivo y eficaz y para que se puedan tramitar todas las infracciones urbanísticas.

 

Eduardo Zorrilla Díaz                                                               Remedios Ramos Sánchez

Portavoz Málaga para la Gente                                           Concejala Málaga para la Gente

Málaga, a 16 de marzo de 2018

Dar transparencia a la reforma del Hotel Miramar

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HOTEL MIRAMAR

Hoy hemos llevado a la comisión de transparencia del Ayuntamiento de Málaga las obras del Hotel Miramar, edificio que forma parte del Catálogo del Patrimonio Histórico Andaluz.

Estas obras han estado desde su inicio vinculadas a diferentes denuncias sobre irregularidades entre las que destaca la construcción de una nueva estructura en la cubierta del edificio, un edificio cuya singularidad obliga a mantener la estructura original.

No ha ayudado a aclarar estas irregularidades el oscurantismo con el que ha tratado el asunto el que el equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Málaga. Desde Málaga para la Gente hemos llevado durante los últimos meses diferentes iniciativas de cara a conocer los detalles de las inspecciones realizadas. A pesar de ellos seguimos sin recibir ninguno de los documentos a los que, como concejales de este Ayuntamiento, tenemos derechos a consultar.

Esta situación nos ha llevado a llevar el tema a la comisión de transparencia para que lo analice.  Puedes leer el texto completo de la iniciativa en el enlace

INiCIATIVA: Transparencia al HOTEL MIRAMAR

Moción presentada por nuestro grupo municipal relativa al impulso de la transparencia y la participación ciudadana

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MOCIÓN

Que presenta la portavoz adjunta del Grupo de ‘Málaga para la Gente’, Remedios Ramos Sánchez, a la Comisión de Derechos Sociales, Cultura, Educación, Deporte y Juventud, relativa al impulso de la transparencia y la participación ciudadana.

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno exige que los municipios tengan un portal de transparencia público en sus páginas web de modo que a través de un único punto de acceso el ciudadano pueda obtener toda la información disponible. En el art. 2 de dicha Ley de Transparencia se indica que todas las administraciones públicas deben someterse a esta ley. Sin embargo, tras observar el portal de transparencia de la página web del Ayuntamiento, aunque reconocemos que se ha avanzado en los últimos años, notamos algunas deficiencias que deben ser subsanadas y mejoradas.

El equipo de gobierno tiene que entender que nos encontramos en un momento histórico, en el plano político y social, donde la ciudadanía reclama una mayor democracia, una participación real en la política y una transparencia total en la gestión de lo público. No debemos olvidar que los Ayuntamientos son los organismos públicos más cercanos a la ciudadanía, donde muchas vecinas y vecinos se dirigen para iniciar trámites o ser derivados a otros departamentos u organismos. Es por ello que la puerta de entrada a la gestión pública debe y tiene que ser un reflejo de aquello que demanda.

Por tanto, la transparencia y la participación ciudadana no solo deben ser palabras que rellenen los programas electorales o titulares de noticias. Se han de promover acciones que potencien la participación real de la ciudadanía en la gestión de lo público. El distanciamiento de la política en relación a la sociedad debe acortarse con mecanismos que faciliten la transparencia de las decisiones tomadas en este Ayuntamiento. Entendemos que es necesario mejorar y/o dotar de herramientas a la corporación municipal que faciliten el acceso a la información por parte de la ciudadanía, de la cuál esperamos encontrar consenso con el resto de grupos representados en este Ayuntamiento con el fin de que redunde en el beneficio de la ciudadanía de nuestra ciudad.

La gran proliferación de casos de corrupción en la vida política o comportamientos poco éticos y nada ejemplares, pese a su apariencia legal, sobre excesos de poder por parte de algunos cargos que se apropian indebidamente del dinero público, hace que las medidas sobre transparencia deban estar en la agenda política de esta corporación. La importancia de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en las administraciones públicas se hacen patente con la cada vez mayor presencia de herramientas informáticas que permitan a todas las personas el acceso a la información y a los trámites administrativos, avanzando en la necesaria democratización de la información, apoyándonos en el abaratamiento de los medios y en la implementación de las mejoras técnicas que sean precisas y que nos permite hoy en día la tecnología.

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, señala en su Capítulo II, sobre Publicidad activa, señala lo siguiente:

Artículo 5. Principios generales.-

1. Los sujetos enumerados en el artículo 2.1 publicarán de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública.
2. Las obligaciones de transparencia contenidas en este capítulo se entienden sin perjuicio de la aplicación de la normativa autonómica correspondiente o de otras disposiciones específicas que prevean un régimen más amplio en materia de publicidad.
3. Serán de aplicación, en su caso, los límites al derecho de acceso a la información pública previstos en el artículo 14 y, especialmente, el derivado de la protección de datos de carácter personal, regulado en el artículo 15. A este respecto, cuando la información contuviera datos especialmente protegidos, la publicidad sólo se llevará a cabo previa disociación de los mismos.
4. La información sujeta a las obligaciones de transparencia será publicada en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web y de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y, preferiblemente, en formatos reutilizables. Se establecerán los mecanismos adecuados para facilitar la accesibilidad, la interoperabilidad, la calidad y la reutilización de la información publicada así como su identificación y localización.
Cuando se trate de entidades sin ánimo de lucro que persigan exclusivamente fines de interés social o cultural y cuyo presupuesto sea inferior a 50.000 euros, el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta Ley podrá realizarse utilizando los medios electrónicos puestos a su disposición por la Administración Pública de la que provenga la mayor parte de las ayudas o subvenciones públicas percibidas.
5. Toda la información será comprensible, de acceso fácil y gratuito y estará a disposición de las personas con discapacidad en una modalidad suministrada por medios o en formatos adecuados de manera que resulten accesibles y comprensibles, conforme al principio de accesibilidad universal y diseño para todos.

Artículo 6. Información institucional, organizativa y de planificación.

1. Los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de este título publicarán información relativa a las funciones que desarrollan, la normativa que les sea de aplicación así como a su estructura organizativa. A estos efectos, incluirán un organigrama actualizado que identifique a los responsables de los diferentes órganos y su perfil y trayectoria profesional.
2. Las Administraciones Públicas publicarán los planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución. Su grado de cumplimiento y resultados deberán ser objeto de evaluación y publicación periódica junto con los indicadores de medida y valoración, en la forma en que se determine por cada Administración competente.
En el ámbito de la Administración General del Estado corresponde a las inspecciones generales de servicios la evaluación del cumplimiento de estos planes y programas.

Artículo 7. Información de relevancia jurídica.

Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, publicarán:
a) Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros órganos en la medida en que supongan una interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos.
b) Los Anteproyectos de Ley y los proyectos de Decretos Legislativos cuya iniciativa les corresponda, cuando se soliciten los dictámenes a los órganos consultivos correspondientes. En el caso en que no sea preceptivo ningún dictamen la publicación se realizará en el momento de su aprobación.
c) Los proyectos de Reglamentos cuya iniciativa les corresponda. Cuando sea preceptiva la solicitud de dictámenes, la publicación se producirá una vez que estos hayan sido solicitados a los órganos consultivos correspondientes sin que ello suponga, necesariamente, la apertura de un trámite de audiencia pública.
d) Las memorias e informes que conformen los expedientes de elaboración de los textos normativos, en particular, la memoria del análisis de impacto normativo regulada por el Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio.
e) Los documentos que, conforme a la legislación sectorial vigente, deban ser sometidos a un período de información pública durante su tramitación.

Artículo 8. Información económica, presupuestaria y estadística.

1. Los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título deberán hacer pública, como mínimo, la información relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria que se indican a continuación:
a) Todos los contratos, con indicación del objeto, duración, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del contrato. Igualmente serán objeto de publicación las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos. La publicación de la información relativa a los contratos menores podrá realizarse trimestralmente.
Asimismo, se publicarán datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público.
b) La relación de los convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su objeto, plazo de duración, modificaciones realizadas, obligados a la realización de las prestaciones y, en su caso, las obligaciones económicas convenidas. Igualmente, se publicarán las encomiendas de gestión que se firmen, con indicación de su objeto, presupuesto, duración, obligaciones económicas y las subcontrataciones que se realicen con mención de los adjudicatarios, procedimiento seguido para la adjudicación e importe de la misma.
c) Las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios.
d) Los presupuestos, con descripción de las principales partidas presupuestarias e información actualizada y comprensible sobre su estado de ejecución y sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas.
e) Las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por parte de los órganos de control externo que sobre ellos se emitan.
f) Las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables de las entidades incluidas en el ámbito de la aplicación de este título. Igualmente, se harán públicas las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del abandono del cargo.
g) Las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los empleados públicos así como las que autoricen el ejercicio de actividad privada al cese de los altos cargos de la Administración General del Estado o asimilados según la normativa autonómica o local.
h) Las declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes locales, en los términos previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Cuando el reglamento no fije los términos en que han de hacerse públicas estas declaraciones se aplicará lo dispuesto en la normativa de conflictos de intereses en el ámbito de la Administración General del Estado. En todo caso, se omitirán los datos relativos a la localización concreta de los bienes inmuebles y se garantizará la privacidad y seguridad de sus titulares.
i) La información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos que sean de su competencia, en los términos que defina cada administración competente.
2. Los sujetos mencionados en el artículo 3 deberán publicar la información a la que se refieren las letras a) y b) del apartado primero de este artículo cuando se trate de contratos o convenios celebrados con una Administración Pública. Asimismo, habrán de publicar la información prevista en la letra c) en relación a las subvenciones que reciban cuando el órgano concedente sea una Administración Pública.
3. Las Administraciones Públicas publicarán la relación de los bienes inmuebles que sean de su propiedad o sobre los que ostenten algún derecho real.

Artículo 9. Control.

1. El cumplimiento por la Administración General del Estado de las obligaciones contenidas en este capítulo será objeto de control por parte del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
2. En ejercicio de la competencia prevista en el apartado anterior, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, de acuerdo con el procedimiento que se prevea reglamentariamente, podrá dictar resoluciones en las que se establezcan las medidas que sea necesario adoptar para el cese del incumplimiento y el inicio de las actuaciones disciplinarias que procedan.
3. El incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa reguladas en este capítulo tendrá la consideración de infracción grave a los efectos de aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora.

Por otro lado, pensamos que no puede haber transparencia sin participación ciudadana, por eso hay que seguir avanzando en el derecho a la información y de participación ciudadana en el ámbito local, buscando implicación y compromiso con la acción pública de toda la sociedad, asumiendo compromisos de buen gobierno y realización de prácticas ejemplares, en los ámbitos de rendición de cuentas, adoptar un compromiso ético, participación en la toma de decisiones y diseño y evaluación de servicios públicos.

En atención a lo anterior, proponemos la adopción de los siguientes

ACUERDOS

1º.- Instar al equipo de gobierno a continuar avanzando en la aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, mejorando la actual información del portal de transparencia de la página web del Ayuntamiento de Málaga, Organismos Autónomos y Empresas, subsanando las posibles deficiencias y toda información que no se incluye pese a que se contempla en la mencionada Ley.

2º.- Instar a equipo de gobierno a que, en particular, publique los costes definitivos de los festejos que sufraga el erario municipal, especialmente las fiestas populares, incluyendo los contratos con artistas, infraestructuras y personal destinado a dichos eventos, así como que también se publique en la página web todos los procedimientos y criterios de concesión de todo tipo de subvenciones y ayudas, y comprobación, en su caso, del cumplimiento de los fines para los que fue concedida.

3º.- Instar al equipo de gobierno a continuar avanzando en los derechos a la información y de participación ciudadana en el ámbito local, buscando implicación y compromiso con la acción pública de toda la sociedad, asumiendo compromisos de buen gobierno y realización de prácticas ejemplares en los ámbitos de rendición de cuentas, adoptar un compromiso ético, participación en la toma de decisiones y diseño y evaluación de servicios públicos.

Remedios Ramos Sánchez
Portavoz Adjunta Grupo Málaga para la Gente

Málaga, a 12 de julio 2016

2016.07.12. Moción Transparencia y participación ciudadana