Urbanismo

El Ayuntamiento establece una moratoria de demoliciones de edificios históricos a propuesta de Eduardo Zorrilla

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La Comisión de Ordenación del Territorio del Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado nuestra iniciativa para que el Ayuntamiento establezca una moratoria de demoliciones de edificios históricos.

Este es el texto completo de la iniciativa:

MOCIÓN

    Desde el año 1985, año de la calificación como Bien de Interés Cultural (BIC) del Centro Histórico, en las 40 hectáreas de la antigua zona intramuros medieval, la llamada almendra histórica, se han demolido 380 inmuebles históricos, lo que sumado a las 175 demoliciones entre 1957 y el año de la calificación del BIC de Conjunto, implica que el sector de la almendra han demolido 570 edificios total o parcialmente, es decir, se ha perdido el 43,6% del parque edificatorio histórico; y existen otros 40 edificios históricos en estado de ruina, un 3,1% del conjunto.

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#SalvemosLaMundial El Ayuntamiento rechaza incluir garantías en el futuro acuerdo con Braser

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braser

La Comisión de Ordenación del Territorio del Pleno ha rechazado hoy nuestra iniciativa para que el Ayuntamiento establezca garantías en el nuevo convenio con Braser, con los votos en contra de PP y la abstención del Cs.

MOCIÓN

Que presenta el portavoz del Grupo Mpal de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla Díaz, a la Comisión de Ordenación del Territorio, Vivienda, Movilidad, Accesibilidad y Seguridad, relativa a la nueva adenda al Convenio de Hoyo de Espartero que están negociando la promotora Braser y la Gerencia de Urbanismo.

La adenda al Convenio de Hoyo de Espartero, aprobada en 2014, supuso una novación de las obligaciones asumidas por Braser en el convenio original de 2008, en la que rebajan las cantidades a pagar la promotora al perdonarle casi 1,5 millones de euros menos de lo previsto, además de rediseñar y ampliar los plazos de pagos y obligaciones.  

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Un Parque Fluvial para el Guadalmedina

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Esta mañana Eduardo Zorrilla ha presentado a la comisión de urbanismo del Ayuntamiento de Málaga nuestra iniciativa para la construcción del un Parque Fluvial para el Guadalmedina.

La iniciativa ha sido rechazada con los votos en contra del PP y la abstención de Cs

MOCIÓN

          Que presenta el portavoz del Grupo Mpal de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla Díaz, a la Comisión de Ordenación del Territorio, Vivienda, Movilidad, Accesibilidad y Seguridad, relativa a la integración urbana del Guadalmedina.

La Junta de Andalucía ha dado, el pasado mes de marzo, su visto bueno a la vía ciclista en la parte alta del Guadalmedina, tras varias modificaciones realizadas por los técnicos municipales, a mediados del año pasado, para adecuar a las exigencias de la administración autonómica el proyecto original.

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#SalvarArraijanal Última playa virgen de Málaga

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Esta mañana Eduardo Zorrilla ha presentado una iniciativa, Junto a Juanjo Espinosa, para salvar la última playa virgen de Málaga. La moción fie rechazada por los votos en contra de PP, PSOE y Cs.

MOCIÓN

          Que presenta el portavoz del Grupo Mpal de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla Díaz, y el concejal no adscrito Juanjo Espinosa Sampedro, a la Comisión de Ordenación del Territorio, Vivienda, Movilidad, Seguridad y Accesibilidad, relativa a la recuperación de Arraijanal para su uso público.

Nuestro grupo municipal siempre ha defendido que la prioridad para los suelos de Arraijanal sea que se dediquen a Parque Marítimo Terrestre Litoral en la totalidad del Sistema General de Espacios Libres, SGIT-BM.2, PM.6 “Parque de Arraijanal”, que está contemplado en el PGOU, y del PM.8 del POTAUM “Parque Metropolitano”,  para su uso público y disfrute de la ciudadanía, y que se realice una propuesta coherente de conjunto y no se empiece a dividir y construir en este espacio sin ningún sentido.

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Investigar las 7.000 denuncias que urbanismo ha dejado impunes

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El grupo municipal de Málaga para la Gente pedirá en el pleno de este viernes una comisión de investigación sobre los expedientes de infracciones urbanísticas entre los años 2006 y 2016, según han informado este martes los concejales Eduardo Zorrilla y Remedios Ramos.

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Zorrilla y Ramos han anunciado la moción, que han presentado después de las numerosas ocasiones en las que este grupo ha reclamado información, “sin obtener datos, salvo algunos verbales, e intentado maquillarlos”. Han recordado que entre los años 2006 y 2016 se han registrado 7.000 infracciones urbanísticas, “que han quedado impunes, la mayoría por no haber sido tramitadas, porque las han dejado caducar o prescribir”. Zorrilla considera estos hechos “uno de los escándalos más graves  del PP, que ha metido en el cajón o ha amontonado a un lado miles de infracciones, perdiendo, además los ingresos”.

El portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, se ha preguntado “el interés que tiene el PP en estos hechos y en mantener sólo tres inspectores, cuando había seis. También porqué los jefes han defendido que es personal suficiente”.

“Queremos luz y taquígrafos”, ha incidido el concejal, al tiempo que ha explicado que “el equipo de gobierno apunta ahora tramitar los expedientes en función de una puntuación en base a criterios desconocidos; en el colmo del esperpento”. Por ello, Zorrilla quiere saber qué criterios serían esos y si entre ellos estaría “ser amiguete del PP de Málaga”.

Texto completo de la iniciativa

MOCIÓN

         Que presenta el portavoz del Grupo Mpal. de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla Díaz, y la portavoz adjunta Remedios Ramos Sánchez, a la atención del Excmo. Ayuntamiento Pleno, para la creación de una comisión de investigación de infracciones urbanísticas sin tramitar y reforzar la plantilla de inspectores.

La Comisión de Transparencia celebrada a principios de este mes no ha servido para arrojar luz respecto a la oscura gestión de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Málaga y la opacidad del equipo de gobierno en lo referido a la tramitación de infracciones urbanísticas en el periodo 2006-2016, nadie ha explicado por qué no se han tramitado 7.000 sanciones que han quedado impunes durante la última década ni qué ha pasado con esos expedientes sin tramitar.

Este asunto ha pasado por la comisión de Urbanismo, por el pleno municipal, por la comisión especial de Transparencia y por un consejo rector extraordinario de la Gerencia de Urbanismo donde ya se aprobó realizar una auditoría para conocer la situación de esos expedientes de infracción.

Sin embargo, a fecha de hoy aún no se nos han entregado ni un solo papel ni la relación numérica y estadística de la situación de estos expedientes, ni resultado de ninguna investigación interna, ni conclusiones de auditoría alguna, saltándose todos los acuerdos vinculantes de la moción de nuestro grupo aprobada en junio de 2017 y de los propios principios de la comisión, ya que se presentan los temas con una mes de antelación para facilitar documentación, informes y expedientes relacionados.

Así, sólo hemos obtenido una información verbal e imprecisa del concejal del Área en la última comisión municipal, lo que nos obliga a seguir insistiendo en reclamar luz y taquígrafos en este asunto frente a la actual opacidad y falta de transparencia.

Según admitió el propio concejal, entre los años 2009 y 2016 fueron archivados 810 expedientes que caducaron, una cifra que forma parte de las 2.593 denuncias sin tramitar. A ello se le unen además las 3.938 causas abiertas entre 2006 a 2009 que el edil incluso afirmó desconocer su paradero al no cursarse. Lo que se traduce en millones de euros que han dejado de ingresar las arcas municipales porque las constructoras y promotoras no han tenido que pagar las sanciones en algunos casos.

El concejal aseguró, verbalmente, ya que no facilitó ni un solo papel por escrito, que de las 2.593 denuncias interpuestas entre 2009 y 2016, 300 no eran realmente denuncias urbanísticas; 18 estaban duplicadas; 461 deberían haberse archivado por ausencia de infracción; 991 están vivas y en trámite; y 810 han quedado prescritas definitivamente al pasar los cuatro años que dice la Ley por fallos administrativos.

Respecto al periodo comprendido entre 2006 y 2009 admitió que infringieron la Ley al no tramitar las casi 4.000 denuncias, tal y como exige la LOUA pero cree que fue una buena gestión a pesar de no saber qué había sido de ellas.

Lo ocurrido con los expedientes de infracciones urbanísticas que se han dejado caducar y prescribir constituye un escándalo sin precedentes, en los años de gestión de PP al frente del Ayuntamiento este es uno de los casos más graves.

Las cifras sobre las que verbalmente se ha informado parecen un mero intento de maquillar la dimensión de la situación  y restar importancia diciendo que sólo se trata de errores administrativos, pero a la vez también pide disculpas y se reconoce de facto que no se está cumpliendo con la normativa urbanística, añadiendo la afirmación de que el equipo de gobierno no es partidario de aplicar la Ley sancionando a quienes hacen obras menores sin la correspondiente licencia, algo que es gravísimo.

No se ha actuado conforme a la Ley, pero es que además el propio concejal lo ha reconocido y pese a ello el equipo de gobierno del PP se niega a darnos todos los datos que pedimos por escrito. Si no tuvieran nada que ocultar nos hubieran facilitado ya todos los documentos que llevamos más de seis meses pidiendo y esperando. Están haciendo un alarde de enorme hipocresía pidiendo disculpas pero a la vez negando la información. La falta de transparencia y opacidad respecto a este asunto es total.

No vamos a parar hasta arrojar luz sobre este asunto, primero queremos los datos y documentos, y que comparezcan los responsables de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) en una Comisión de Investigación. Si esto responde a una decisión arbitraria o sin justificar sería muy grave por lo que una vez que analicemos los datos exigiremos que se depuren las responsabilidades políticas y de cualquier tipo.

El Reglamento Orgánica del Pleno (ROP) contempla en su Art. 172, la creación Comisiones no permanentes por acuerdo del Pleno para un asunto concreto, con fines de estudio, elaboración de propuestas u otros de naturaleza análoga, que se regirán por su acuerdo de constitución y, supletoriamente, por las normas reguladoras de las Comisiones permanentes, y se extinguirán automáticamente una vez hayan terminado de desarrollar las funciones que motivaron su creación.

En el Apartado 2 del Artículo 172, específicamente, se señala que las Comisiones de Investigación se podrán crear por mayoría simple, a propuesta del Alcalde, de la Junta de Gobierno Local, o de un Grupo Municipal. Sus conclusiones se reflejarán en un dictamen que habrá de ser debatido y votado por el Pleno.

El reglamento no dice nada en cuanto a su duración, no tiene por qué alargarse en el tiempo como lo hicieron las comisiones de Art Natura y Limasa, que implicaban muchas vertientes y cuestiones para analizar, así como a distintas Áreas.

En el caso de la situación de los expedientes de infracciones urbanísticas que no ha tramitado la GMU en el periodo 2006-2016 dejando que caduquen y prescriban, al tratarse una cuestión concreta, no necesita tantas sesiones como las anteriores.

Por este motivo, pensamos que el instrumento más adecuado, en vista de que todo los demás han fallado, para poner luz y taquígrafos y aclarar que ha pasado con 7.000 infracciones urbanísticas en el periodo 2006-2016 que no se han tramitado, sería la creación de una comisión de investigación de la situación de los expedientes.

Por otro lado, a raíz de la iniciativa de nuestro grupo en la comisión municipal de transparencia, pudimos confirmar que la GMU solo dispone de tres inspectores para realizar las inspecciones, atender las denuncias  de la policía local y comprobar el millar de expedientes de infracciones urbanísticas que se abren de media cada año.

A nuestro grupo municipal este número de inspectores resulta, a todas luces, completamente insuficiente para una ciudad de las dimensiones de Málaga, más aún cuando por ejemplo en Sevilla cuentan con ocho inspectores  dedicados a estas tareas.

Las personas responsables de este departamento de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) informaron que está a punto de ver la luz un plan para impulsar el servicio de inspección que priorizará las infracciones más graves (no sabemos qué pasará con las menos graves) pero no contempla aumentar el número de inspectores lo que suponer mermar la efectividad y la eficacia del servicio de inspección.

Por ello pensamos que para impulsar el servicio de inspección y que este sea efectivo y eficaz y pueda tramitar todas las infracciones como es obligatorio según las leyes y normativa vigente es necesario aumentar el número de inspectores.

Sólo se puede trabajar activamente con una menor carga de trabajo y estando a pie de obra, lamentamos que la falta de inspectores y decisiones, que cuanto menos rayan en la prevaricación, como la decisión de no tramitar expedientes de infracciones urbanísticas, mermen la eficacia de la GMU y provoquen la sensación de impunidad en ver de convertirse dicha eficacia en un elemento disuasorio muy importante.

En atención a todo lo anterior, proponemos la adopción de los siguientes

 

A CU E R D O S

 

1.- Instar al equipo de gobierno a que, en atención a lo establecido en el artículo 172.2 del reglamento Orgánico del Pleno (ROP), se proceda con carácter urgente a la creación de una comisión de investigación sobre los expedientes de infracciones que en el en el periodo 2006-2016 no se hayan tramitado o hayan caducado y prescrito.

2.- Para el desarrollo de los trabajos de dicha comisión, se entregará de forma urgente e inmediata, toda la información: relación de expedientes, conclusiones de la investigación interna y detalle de la situación de los mismos.

3.- Instar al equipo de gobierno a reforzar el servicio de inspección de la GMU con la incorporación nuevos inspectores, en número suficiente para que este servicio sea efectivo y eficaz y para que se puedan tramitar todas las infracciones urbanísticas.

 

Eduardo Zorrilla Díaz                                                               Remedios Ramos Sánchez

Portavoz Málaga para la Gente                                           Concejala Málaga para la Gente

Málaga, a 16 de marzo de 2018

#SalvemosLaMundial ante los reiterados incumplimientos del promotor del convenio de Hoyo de Esparteros

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Esta mañana hemos llevado una iniciativa al Pleno del Ayuntamiento de Málaga sobre los reiterados incumplimientos del promotor del convenio de Hoyo de Esparteros.

La moción ha sdio aprobada con el apoyo de todos los grupos salvo el PP.

MOCIÓN

Que presenta el portavoz del Grupo Mpal. de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla Díaz, y la portavoz adjunta Remedios Ramos Sánchez, a la consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno, relativa a los reiterados incumplimientos del promotor del convenio de Hoyo de Espartero y sobre el plazo ilimitado para pagar su deuda.

La deuda contraída con la Hacienda Municipal por la promotora del convenio de Hoyo de Espartero, es un derecho de cobro de naturaleza pública no tributaría, derivada de la aprobación del proyecto de reparcelación de la UE SUNC-Sector 4 (10 de diciembre de 2014) por el Consejo Rector de la GMU, en cumplimiento de la Adenda del mencionado Convenio de Planeamiento, aprobada por acuerdo pleno el 27 de marzo de 2014.

La adenda al Convenio de Hoyo de Espartero aprobada en 2014 supuso una novación de las obligaciones asumidas por Braser en el convenio original de 2008, en la que rebajan las cantidades que tenía que pagar la promotora, para perdonarle casi 1,5 millones de euros menos de lo previsto en el convenio, además de rediseñar y ampliar los plazos para hacer frente a esos pagos y obligaciones.  

En base al proyecto de reparcelación de Hoyo Esparteros, aprobado por el consejo rector de 10 de diciembre de 2014, tal como establecía la adenda al convenio, se requirió a Braser el cumplimento de sus obligaciones y a realizar los primeros pagos, en el plazo de un mes desde la notificación del mencionado acuerdo, que expiró el 5 de febrero de 2015.

Han pasado tres años, el 5 de febrero de 2015, la promotora Braser, tal como se le requería, debía de haber presentado un aval de 139.208’13 euros (incumplido), consignar 74.695’37 euros en la Caja General de Depósitos (incumplido) y abonar al consistorio los aprovechamientos urbanísticos valorados en 4.848.354’09 euros (incumplido)

Hasta ahora la promotora Braser no ha mostrado su voluntad en el cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio, no solo en lo relativo a la deuda en concepto de aprovechamientos, sino que tampoco ha depositado el aval exigido ni ha justificado la consignación de cantidad alguna en la caja general de depósitos. No ha pagado nada, para mayor abundamiento debe 38.306’58 euros del IBI de estos inmuebles.

En febrero de 2016 la cantidad que le reclamaba la Hacienda Municipal ya era de 6.176.784’10 euros, resultante de la suma del principal 4.848’474’09 euros, 969.694’82€ de recargo, 209.087’65€ de intereses de demora, y 149.527’74 euros de intereses.

Sin embargo, hasta el 1 de diciembre de 2016 se le concedieron tres prórrogas y de facto con posterioridad un aplazamiento ilimitado para estudiar una primera propuesta de pago, ya rechazada por el Interventor Municipal, y una segunda propuesta de pago que se formalizó el 22 de diciembre que conlleva, una vez aceptada, un aplazamiento formal mientras se tramita una nueva adenda, a la adenda interior del convenio, que supondrá, como la anterior, una novación para rebajar las obligaciones y rediseñar los plazos, con el objetivo de poder aceptar así la propuesta presentada por Braser

A la vista de lo anterior y dado que la mercantil Braser ha incumplido con todas las obligaciones de abono acordadas se debía de haber continuado con el procedimiento de cobro, tal y como la legislación establece.

Pero la empresa Braser no ha pagado al consistorio y el equipo de gobierno dice que no va a iniciar el procedimiento ni para cobrar la deuda ni para resolver el convenio urbanístico por los incumplimientos del promotor, además ha manifestado que el mismo tiene un tiempo ilimitado para pagar sin necesidad de pedir una nueva prórroga y que si paga en cualquier momento concederá la licencia al promotor con el abono de un aval.

Por eso y al objeto de preservar los intereses municipales, nuestro grupo rechaza que se tramite una nueva adenda al convenio de Hoyo de Espartero que supondrá, como la anterior, una novación para rebajar las obligaciones y rediseñar los plazos, insistimos al en que deben cumplir con los acuerdos adoptados para iniciar la resolución del convenio y exigir además una indemnización al promotor por daños y perjuicios.

Disponemos de los informes jurídicos que avalan la decisión de no seguir con el proyecto por incumplimiento reiterado de la promotora, que adeuda ya más de seis millones de euros al Ayuntamiento de Málaga, y que ha incumplido sus obligaciones, no sólo con el consistorio sino también con los propietarios de los solares colindantes que adquirió y con la entidad bancaria que le concedió el préstamo para comprarlos.

En atención a todo lo anterior, planteamos para su aprobación los siguientes

A C U E R D O S

          1º.- Rechazar la indulgencia del equipo de gobierno con la promotora del Convenio de Hoyo de Espartero, que primero perdonó, a través de una adenda, casi 1,5 millones de euros menos de lo previsto en el convenio, y luego permitió que durante más de tres años haya incumplido todas sus obligaciones y no haya pagado su deuda al Consistorio.

2º.- A la vista de lo anterior y dado que la mercantil Braser ha incumplido todas las obligaciones de abono acordadas reiteradamente y transcurridos más de tres años sin que se haya abonado nada de la deuda se debe continuar con el procedimiento de cobro, tal y como la legislación establece.

3º.- Rechazar la tramitación de una nueva adenda, favorable a los intereses de la promotora y que les eximiría de los pagos y obligaciones establecidas en la anterior, que al igual que la anterior supondrá otra novación para rebajar las obligaciones y rediseñar los plazos, con el objetivo de poder aceptar así la propuesta presentada por Braser.
Eduardo Zorrilla Díaz                                                                           Remedios Ramos Sánchez

Portavoz                                                                                                                 Portavoz Adjunta

Málaga, a 16 de febrero de 2018